Laura Rosalía Chávez García

Expediente 608/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
608/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Laura Rosalía Chávez García

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió en consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la interesada se encuentre en oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente, la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "1. QUINTO. Este tribunal advierte de oficio una diversa causa de improcedencia a la invocada por la juzgadora de Distrito, por tanto es innecesario ocuparse de los agravios propuestos por la parte recurrente. 2. Sirve de sustento, por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 30/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo." 3. Este tribunal advierte de oficio la materialización del diverso motivo de improcedencia derivado del precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". 4. De los preceptos anteriores se colige la improcedencia del amparo cuando derive de alguna disposición de la propia ley reglamentaria. 5. Asimismo, el citado artículo 107, fracción V, establece de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, son los que afecten materialmente derechos sustantivos (tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte), dentro de ellos se encuentran, por citar algunos, la integridad personal, libertad en sus diversas manifestaciones, posesión o propiedad. 6. La procedencia del amparo respecto de actos que afectan esos derechos se justifica en la medida que sus efectos de ninguna manera se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la falta de materia, por cuanto no existiría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. 7. Entonces, interpretada en sentido contrario dicha disposición, el amparo es improcedente cuando el acto reclamado afecte derechos de naturaleza adjetiva o procesal y no trastoque prerrogativas sustantivas. 8. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia con registro 917723, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, página 154, Tomo VI, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." 9. Ahora, para evidenciar la actualización de la causa de inviabilidad invocada es pertinente destacar, en lo que interesa, los antecedentes del acto reclamado. 10. a) En proveído dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el tribunal administrativo requirió al promovente del juicio de nulidad para efecto de que adecuara su demanda conforme a la legislación aplicable, apercibida de que en caso de no hacerlo se valoraría su demanda en los términos presentados (foja 10 del tomo I del anexo del juicio de amparo). 11. b) Mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós se requirió nuevamente al promovente para que en el término de cinco días del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, exhibiera copias suficientes para el traslado de ley, del a) documento con el que se acreditara la representación con la que promueve, otorgada a más tardar la fecha de la presentación de la demanda o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada; b) la resolución impugnada y su constancia de notificación; y c) las pruebas ofrecidas en el capítulo respectivo de su escrito de demanda, apercibida de que en caso de no exhibirlas se tendría por no interpuesta la demanda. 12. Finalmente se hizo del conocimiento que dicho proveído, así como las subsecuentes notificaciones se harían por Boletín Jurisdiccional sin enviarse previamente el aviso electrónico, hasta en tanto no se señalara dirección de correo electrónico para tales efectos (foja 48 ídem). 13. c) Inconforme con dicho auto, el promovente promovió incidente de nulidad de notificaciones, el cual se admitió a trámite en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós y fue resuelto el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de declararlo procedente, pero infundado (fojas 85 y 89 a101 ibídem). Este es el acto reclamado en el juicio de garantías. 14. d) En proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós se levantó la suspensión del juicio en lo principal, derivado de la resolución del incidente de nulidad de notificaciones, el cual reconoció la legalidad del diverso auto de diez de junio de esa anualidad (foja 104 ibidem). 15. e) Finalmente, en acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el magistrado supernumerario adscrito a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se determinó que la actora omitió desahogar el requerimiento formulado en auto de diez de junio de dos mil veintidós, pues no se desprendía que hubiera exhibido la documentación requerida, por tanto dicha omisión acarreaba como consecuencia tener por no presentada la demanda (foja 108 ibídem). 16. En ese sentido, se advierte que la resolución de la nulidad de notificaciones reclamada, versó únicamente sobre cuestiones procesales, en tanto se reclamó el auto de diez de junio de dos mil veintidós en el cual se ordenó hacer la notificación por boletín judicial a la quejosa sin que mediara previamente el aviso electrónico, ante la omisión de proporcionar correo electrónico. 17. Aunado a ello se determinó la legalidad de la notificación por boletín judicial sin que mediara previamente el referido aviso electrónico. 18. Por tanto, dicha determinación interlocutoria se trata de una cuestión procesal que puede ser impugnada como violación al reclamarse la resolución que ponga fin al juicio en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo. 19. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 38/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." 20. No obsta que el criterio citado se emitiera con sustento en preceptos de la Ley de Amparo abrogada, en tanto el contenido del artículo 159, fracción V, de que se trata, se reprodujo en el diverso 172, fracción V, de la legislación de la materia vigente, por tanto dicho criterio sigue siendo aplicable en lo conducente. 21. Ello de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." 22. Sin que sea óbice a lo anterior que con motivo de la resolución del incidente de nulidad de notificaciones quedara firme el apercibimiento consistente en tener por no presentada la demanda en caso de omitir cumplir con el requerimiento realizado en el auto de diez de junio de dos mil veintidós. 23. Pues ello, por sí solo tampoco es una cuestión que transgreda los derechos fundamentales de la parte recurrente. 24. Lo anterior, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 234/2013 en relación con el apercibimiento de tener por no presentada la demanda consideró: "(.) El apercibimiento 31. En cuanto a ese segundo elemento que integra el auto de prevención, debe partirse de la base de que, por regla general, el apercibimiento sólo produce la probabilidad de la consecuencia señalada por el órgano jurisdiccional, en el entendido de que tal resultado necesariamente se actualiza hasta la resolución que lo hace efectivo, bien por la conducta contumaz de la parte a la que se ha prevenido, o bien, por la deficiencia en el desahogo del requerimiento. 32. Ciertamente, en cuanto a la aplicación de la sanción, el Juez que ha prevenido a alguna de las partes, no queda constreñido a aplicar indefectiblemente la consecuencia de su advertencia, pues ello depende de los términos en que se cumpla la prevención o de que tal cumplimiento no se verifique. En ese sentido, las manifestaciones que llegue a expresar el interesado pueden llevar al juzgador a emitir una resolución en la que considere que los requisitos que antes estimó omitidos están satisfechos con el desahogo, o a emprender un nuevo análisis de las cuestiones que generaron la prevención y determinar que los requisitos omitidos realmente no son indispensables para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso de que se trate o que, en realidad, la cuestión que se consideraba irregular, no era tal. En ese sentido, ante la serie de posibilidades que se pueden presentar con motivo del cumplimiento que se llegue a verificar a cargo de la parte requerida, la regla general es que la resolución que hace efectivo el apercibimiento es la que causa el perjuicio al promovente. 33. Sin embargo, no debe soslayarse que existen casos en los que el puro apercibimiento genera la afectación a algún derecho sustantivo por tratarse de una sanción desproporcionada en relación con el requerimiento que se formula y que, por sí mismo, es susceptible de producir un daño a la esfera jurídica del justiciable que, ante un eventual incumplimiento puede verse desprovisto, incluso, de algún derecho fundamental. 34. En los casos que contienden, ambos tribunales emitieron apercibimiento en el sentido de que, la conducta contumaz del quejoso para desahogar la prevención establecida llevaría a tener por no presentada la demanda, esto, no obstante que, en el caso de Jalisco tal sanción no se encuentra prevista para el preciso supuesto en que la demanda contenga acciones contrarias o contradictorias (lo que sí ocurre en la legislación de Puebla) sino que el Juez de la causa aplicó las disposiciones que prevén cómo debe proceder el Juez ante una demanda que adolezca de oscuridad o de irregularidades en sus planteamientos. (.) 45. En atención a lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que la potencial afectación sustancial a la materia del proceso y la afectación al derecho de acción se genera desde el momento mismo en que el órgano jurisdiccional provee sobre la demanda, pues entonces vincula al justiciable a seguir el juicio respecto de una sola de las acciones intentadas y, además, le apercibe con desechar, en su totalidad, la demanda en caso de no realizar tal elección. Ante ese escenario no puede obligarse al justiciable a esperar que el Juez provea sobre el posible desahogo del requerimiento y menos aún que haga efectivo el apercibimiento, ya que de verificarse el cumplimiento de lo requerido, el juzgador admitirá la demanda solamente respecto de aquella pretensión que el actor haya preferido, sobre la cual se continuará con el trámite correspondiente, es decir, con el emplazamiento del demandado, quien dará contestación a la demanda admitida en los términos apuntados, en el entendido de que el ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como la formulación de alegatos se limitará al tema de la pretensión admitida. Luego, para el caso de que el demandante impugne mediante el juicio de amparo indirecto el auto admisorio de la demanda (que es el que proveyó sobre el desahogo de la prevención), es evidente que una eventual concesión de amparo derivada de que las acciones intentadas no eran contrarias, contradictorias o incompatibles, llevaría a la reposición del procedimiento para admitir el escrito inicial en los términos originalmente propuestos, con todas las consecuencias procesales, empleo de recursos humanos y materiales que ello implica, en el entendido de que la continuación del juicio no podría ser materia de suspensión, al tratarse de una cuestión de orden público. 46. Todo lo anterior pone de manifiesto que el acto de la prevención es, por sí mismo, el que genera una afectación sustancial en el desarrollo del proceso, sobre lo que será la materia de la litis, y una perturbación al derecho de acción, que hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional, cumplido obviamente el principio de definitividad, para verificar si la manera de proceder del juzgador se encuentra justificada de acuerdo con el orden jurídico aplicable al caso, pues si bien la interpretación de la demanda por el Juez es cosa debida a su función jurisdiccional, puede ocurrir que en esa interpretación haya incurrido en alguna inexactitud (por ejemplo, porque las pretensiones formuladas no sean contrarias, contradictorias o incompatibles); asimismo, cuando el orden normativo se lo permita, el Juez de amparo podrá verificar que la sanción con la que ha apercibido el Juez de la causa para el caso de contumacia sea proporcional al requerimiento.(14) (.)". 25. En ese sentido, se obtiene que en el caso el solo apercibimiento de ninguna manera actualiza una afectación a derechos fundamentales, en específico al derecho de acción, pues acorde a la determinación transcrita se advierte que por regla general ello no ocurre, salvo que dicha medida sea desproporcionada en relación con el requerimiento formulado. 26. Lo cual tampoco ocurre en el presente supuesto, pues acorde con el artículo 15, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se contempla como sanción de tener por no presentada la demanda cuando se omita exhibir los documentos relativos a la acreditación de la personalidad, dónde consta la resolución impugnada, así como las copias de la demanda y anexos de esta para cada una de las partes. 27. Así las cosas, se advierte que la resolución recaída al incidente de nulidad de notificaciones intentado contra el auto de diez de junio de dos mil veintidós, es una acto dictado en juicio que de ninguna manera incide de forma directa e inmediata en los derechos fundamentales de la parte quejosa, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. 28. Dado que dicha determinación da lugar al sobreseimiento del presente juicio, aunque por una causal diversa a la invocada por la juzgadora constitucional, procede dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo. 29. En ese sentido procede confirmar el sobreseimiento del juicio de amparo, aunque por una causa de improcedencia diversa." En tales condiciones, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, parte tercero interesada en el presente asunto, con tal carácter, téngasele por apersonada, por formulados los alegatos que vierte y como domicilio designado para oír y recibir notificaciones de su parte, el ubicado en Circuito Zacatecas, número cuatrocientos uno (401), Ciudad Gobierno, en esta ciudad.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Se admite la demanda de amparo. Córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y pónganse a su disposición los autos por el término de quince días para los efectos legales consiguientes. Se tiene por emplazada a la tercera interesada Hinostroza Martínez, en términos de la constancia que remite la autoridad responsable; asimismo, hágasele saber que dispone de quince días para que presente alegatos o promueva amparo adhesivo. Por otra parte, de la revisión de las constancias que remitió el tribunal responsable se desprende que en el presente asunto le resulta el carácter de tercero interesada a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, sin que se haga necesario requerir su emplazamiento toda vez que de las constancias que remite la Sala responsable, se advierte que fue emplazada; así mismo, hágasele saber que dispone de quince días para que presente alegatos. Téngase como domicilio designado para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el que indica y por autorizado para tal efecto a quien menciona. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado en el punto TERCERO del diverso ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este asunto; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este Tribunal.

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