Laura Rosa de la Vega Gutierrez

Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
724/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Laura Rosa de la Vega Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y numeral 21, párrafo primero, inciso a), del acuerdo general citado; por tanto, el sumario principal es susceptible de destrucción y el original del incidente de suspensión de depuración. Transferencia del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 724/2022, promovido por ********, por conducto de su apoderada, contra el acto que reclama del Juez Especializado en Materia Laboral del Primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil veintidós (foja 1 a 9). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El quince de junio de dos mil veintidós (fojas 18 a 23). TERCERO. Emplazamiento al Ministerio Público. El diecisiete de junio de dos mil veintidós (foja 27). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos atribuidos una autoridad en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de acuerdo con el análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, este es el acto reclamado: Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós en el que se requiere a la parte quejosa la exhibición de constancias de no conciliación en relación a las personas físicas demandadas en el juicio laboral ORD 1T 136/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado: Se tiene por cierto el acto reclamado al Juez señalado como responsable, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de improcedencia advertidas de oficio. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión a la promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. Acto derivado de un consentido. En esa tesitura, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque éste deriva del diverso de diecinueve de abril de dos mil veintidós, a través del cual el Juez Especializado en Materia Laboral del Primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos previno la demanda laboral a efecto de que la parte actora -aquí quejosa- exhibiera las constancias de no conciliación respecto a los demandados físicos **********************, determinación que fue consentida por la parte quejosa por no haber sido impugnada. El término "Actos derivados de otros consentidos", surgió de la interpretación de juicios de amparo tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales se determinó como improcedente la acción de amparo ejercida contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la Ley considera como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió por alguna vía. Ahora, toda vez que el concepto de "Actos derivados de otros consentidos", tiene su origen en jurisprudencia y no en una disposición legal expresa y detallada, volviendo compleja su aplicación, el Máximo Tribunal del País, ha determinado que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato, otro acto consentido por la parte quejosa; por ende, para que se actualice la causal en cuestión, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes: 1. La existencia de un acto previo en contra del cual la parte quejosa no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, y 2. Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero, el cual, desde luego, no se combata por vicios propios. El análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con él, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado, y demostrar desde luego que el acto inicial haya sido consentido por la parte quejosa. De esa manera, previamente se deben justificar las razones y causas por las cuales, el acuerdo subyacente al reclamado constituye un acto consentido. En el caso, conviene resaltar que, para que un acto se considere que fue consentido tácitamente, de deben cumplir las siguientes condiciones: a) Ser un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra los actos en mención, una vez agotada la instancia en la vía ordinaria (revisión de actos); d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que el diverso auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral de origen, cumple el requisito precisado en el inciso a) porque, a través de éste el Juez determinó en siguiente: ".PREVENCIÓN. Con lo anterior y en virtud de que la parte actora reconoce haber prestado sus servicios para la Sociedad Civil, lo que encuadra en los supuestos del artículo 685 Ter fracción I y IV de la Ley Federal del Trabajo, en los que se requiere la exhibición de un elemento que permita arribar a una presunción, a un indicio o una evidencia, sin embargo en el caso de los demás demandados, no existe tal presunción o evidencia, razón por la con fundamento en o dispuesto por los artículos 684 inciso E, fracción IV, 518 y 521 fracción II de la Ley Federal del Trabajo se REQUIERE A LA PARTE ACTORA para que en el plazo de TRES DÍAS contados a partir de su legal notificación, exhiba las constancias de NO CONCILIACIÓN a nombre de los demandados OVIDIO NOVAL NICOLAO, ELENA ROSALES "N", MIRIAM RUIZ CHÁVEZ, PATRICIA ITURBIDE FRANCO, BETTINA FLATOWSE GERSKOG y HELENA GONZÁLEZ LÓPEZ; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, el presente expediente se turnará al referido CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, para el desahogo del requisito de procedibilidad que señala el numeral 684 B de la ley Federal del Trabajo, respecto de los demandados mencionados; lo anterior debido a que si bien en el escrito inicial de demanda se les da la calidad de demandados, lo cierto es que en la explicación de los hechos y pruebas, precisa que se trata de funcionarios y representantes al servicio de las persona moral denominada COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA S.C." Asimismo, el requisito relacionado con el inciso b), está cumplido, pues la quejosa es parte formal del juicio natural (actora) y al estar inmersa en el juicio, tuvo conocimiento del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, pues incluso por escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de abril de dos mil veintidós, manifestó que "no podría dar cumplimiento a la prevención, toda vez que fue víctima de discriminación al encontrarse en los supuestos que establece el artículo 685 fracciones I y IV inciso a) de la Ley Federal del Trabajo y, no obstante ello exhibió la constancia de solicitud de conciliación para lo cual solicitó una prórroga". En cuanto a los requisitos precisados en los incisos c) y d) también están reunidos, puesto que el multicitado acuerdo no fue recurrido de ninguna forma por la hoy quejosa. Finalmente, se considera que el último elemento, identificado con el inciso e), está igualmente acreditado, pues de las copias certificadas de la controversia de origen no se advierte que la parte quejosa hubiera promovido algún recurso contra el acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, ni, por consiguiente, la acción constitucional; por tanto, ante la falta de impugnación dentro del término legal para ello, resulta indudable que la determinación asumida en ese proveído se encuentra firme y surtiendo todos sus efectos. Bajo ese contexto, se colige, sin lugar a dudas, que el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, es el origen y causa del auto reclamado en el presente asunto, constituyendo acto consentido tácitamente y por ello está acreditado el primero de los requisitos necesarios para la actualización de la causa de improcedencia materia de estudio, consistente en la existencia de un acto previo consentido por la parte quejosa. Precisado lo anterior, procede ahora analizar si en el caso está acreditado el segundo de los requisitos necesarios para declarar que el acuerdo reclamado constituye un acto derivado de otro consentido. Pues bien, este requisito exige que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo, sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero, el que, desde luego, no se combata por vicios propios. Al respecto, el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, efectivamente constituye una consecuencia legal forzosa del diverso de diecinueve de abril de dos mil veintidós. Ello es así porque el auto reclamado visible a fojas 58 y 59, recayó al escrito presentado por la actora, en el que manifestó que "no podría dar cumplimiento a la prevención, toda vez que fue víctima de discriminación al encontrarse en los supuestos que establece el artículo 685 fracciones I y IV inciso a) de la Ley Federal del Trabajo y, no obstante ello exhibió la constancia de solicitud de conciliación para lo cual solicitó una prórroga", por lo que, el Tribunal Laboral responsable acordó lo siguiente: ". Visto el escrito de cuenta, se reitera que este Tribunal admitió la demanda únicamente por cuanto al COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA, S.C., no así por cuanto a las personas físicas OVIDIO NOVAL NICOLAO, ELENA ROSALES "N", MIRIAM RUIZ CHÁVEZ, PATRICIA ITURBIDE FRANCO, BETTINA FLATOWSE GERSKOG y HELENA GONZÁLEZ LÓPEZ, de quienes por no tener la calidad de patrones, como la propia accionante lo reconoce y por no encontrarse en los supuestos de excepción del artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, debiendo cumplir con el requisito de procedibilidad que deriva del artículo 123 Apartado A fracción XX de la Constitución Federal, en relación con los numerales 684-B y 872-B fracción I del Ordenamiento legal antes invocado; asimismo las decisiones asumidas por este Tribunal se llevan a cabo en ejercicio de la autonomía judicial que le otorga el precepto constitucional citado, así como en base a la experiencia y capacidad en materia laboral; por lo que se reitera el requerimiento formulado respecto de los codemandados físicos OVIDIO NOVAL NICOLAO, ELENA ROSALES "N", MIRIAM RUIZ CHÁVEZ, PATRICIA ITURBIDE FRANCO, BETTINA FLATOWSE GERSKOG y HELENA GONZÁLEZ LÓPEZ; en tales consideraciones y en virtud de que exhibe el acuse de solicitud de conciliación de fecha veintisiete de abril de del dos mil veintidós, respecto de los codemandados físicos mencionados, se le concede la prorroga que solicita, hasta en tanto el CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS expida las constancias correspondientes." Además, tomando en consideración que para el cumplimiento de este último requisito también es necesario que el acto reclamado no se reclame por vicios propios, al respecto, este Juzgador considera importante resaltar que para comprobar si se da o no, es preciso imponerse de los conceptos de violación, sin que ello implique un estudio de los mismos, pues únicamente se denota la forma en que los motivos de inconformidad se encuentran planteados, a efecto de verificar si controvierten realmente la resolución reclamada por ilegalidades inherentes a la misma, o bien, los dirige contra la resolución que dio origen al acto reclamado. En ese contexto, de la lectura de los conceptos de violación expresados en la demanda, se advierte que las violaciones alegadas las hace derivar del auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por haberse dictado sin tomar en consideración que la actora -aquí quejosa- se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en el artículo 685 fracciones I y IV de la Ley Federal del Trabajo, para la exhibición de la constancia de no conciliación, de lo que se colige que lo que la quejosa reclama en este juicio es una decisión que la autoridad reiteró del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, queda de manifiesto que en el presente asunto, la verdadera intención de la quejosa, no es combatir el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, sino lo decretado en el diverso de diecinueve de abril de dos mil veintidós, razón por la cual se colige que el auto reclamado constituye una consecuencia directa o forzosa de éste último, es decir, no se controvierten por vicios propios, y por tanto, el auto que tuvo que haber combatido era el de diecinueve de abril del año en curso, en el que primigeniamente le fueron requeridas las constancias de no conciliación. En esa tesitura, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto analizado en el presente considerando al actualizarse la causa de improcedencia prevista en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; apoyándose la decisión en la jurisprudencia de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Cambio de situación jurídica. Aunado a lo anterior, en el caso, además se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica...". En efecto, del primer párrafo de la fracción XVII del precepto 61, de la Ley de Amparo, antes transcrito, se desprende que es improcedente el juicio de amparo, cuando en un procedimiento judicial exista un cambio de situación jurídica por la que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Así, son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: 1.- Que se esté en presencia de un acto que emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. 2.- Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. 3.- Que por esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo del análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca, en virtud de que, la nueva situación jurídica, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambie el estado general de las cosas. 4.- Que haya independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de manera que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación la tesis CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso particular, las constancias de autos revelan que igualmente ha sobrevenido la causal invocada, por lo siguiente: El diecinueve de abril del año en curso, el Primero Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, tuvo por recibida la demanda promovida por ******, en el que: Admitió por cuanto al demandado Colegio Cristóbal Colon de Cuernavaca Sociedad Civil. Previno la demanda a fin de que la parte actora exhibiera las constancias de no conciliación en relación a los demandados físicos. Suspendió el procedimiento hasta en tanto se exhiban las referidas constancias de no conciliación. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, la parte quejosa manifiesta que no podrá dar cumplimiento a la prevención formulada, toda vez que fue víctima de discriminación por parte de los demandados físicos, por lo que se encuentra en los supuestos que establece el artículo 685 fracciones I y IV inciso a) de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, exhibió constancia de solicitud de conciliación y solicitó prórroga para poder exhibirlas. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, el Tribunal responsable reitera el requerimiento de la exhibición de constancias de no conciliación de las personas físicas demandadas, argumentando que éstos no tenían la calidad de patrones de la actora, por lo que no se encontraban en los supuestos de excepción del artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia, concedió prórroga a la quejosa hasta en tanto le sean expedidas las referidas constancias. Así, seguidos los trámites procesales, el catorce de julio del año en curso, se ordenó levantar la suspensión del procedimiento y se admitió a trámite la demanda laboral en contra de *********** ordenando emplazar a juicio laboral a los demandados. En ese sentido, si bien a través del acto reclamado (acuerdo de veintinueve de abril del año en curso), a se requirió a la parte quejosa la exhibición de las constancias de no conciliación respecto a los demandados físicos, lo cierto es que mediante oficio ******* el Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos remitió las referidas constancias, motivo por el cual, el tribunal responsable se pronunció respecto a la demanda laboral promovida por la aquí quejosa, admitiéndola a trámite. Por lo anterior, se concluye que con motivo de los acuerdos de treinta de junio y catorce de julio, ambos del año en curso, ha cambiado la situación jurídica y, por consiguiente, este juzgador no puede analizar el acto reclamado, toda vez que ello conllevaría a trastocar la actual determinación de admisión de demanda laboral, con lo que se advierte que de facto también han cambiado las circunstancias que prevalecían al momento de emitirse el acto reclamado. Con otras palabras, si bien inicialmente la quejosa reclamó el requerimiento de exhibición de las constancias de no conciliación con los demandados físicos, durante la tramitación del presente juicio de amparo, la quejosa compareció al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos a fin de obtenerlas, dando como resultado que el Tribunal laboral admitiera su demanda inicial; por tanto, es claro que la situación que prevalecía al momento de la presentación de la demanda de amparo ha cambiado quedando irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. Por consiguiente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo con apoyo en el dispositivo 63 fracción V, de la citada legislación. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, no es posible estudiar los conceptos de violación, los argumentos encaminados directa o indirectamente a fortalecerlos ni las tesis que la parte quejosa invocó para apoyarlos, sólo en lo que respecta al acto reclamado por el que se decreta el sobreseimiento; asimismo, no es factible analizar las manifestaciones formuladas en torno a él, aun si plantean la improcedencia del amparo en su contra. Ello es así, porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los efectos del sobreseimiento se fundamentan en las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", y registros electrónicos 239006 y 195744, respectivamente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 119 y 217 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por *********, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO" Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad da cumplimiento a requerimiento y remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Especializado en Materia Laboral del Primer Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial en el Estado, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo de trece de julio del año en curso, informa que por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora subsanando la prevención realizada, por lo que se ordenó levantar la suspensión decretada, admitiéndose la demanda, sin que se pudiera efectuar el emplazamiento de la misma, por lo que mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós se requirió a la parte actora proporcionara el domicilio en el cual deba realizarse el emplazamiento, adjuntando diversas constancias. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

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