Laura Rodríguez López

Expediente 1761/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1761/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Laura Rodríguez López

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Coordinador de Organización de Archivos Judiciales, de la Dirección General de Archivo y Documentación por medio del cual, solicita se devuelva el original del juicio de amparo 401/2012, cuaderno principal e incidente de suspensión, al inmueble que corresponde (Centro Archivístico Judicial) o en su caso realizar la renovación del vale de préstamo respectivo. Al respecto, toda vez que la parte quejosa no compareció a la devolución de las copias certificadas que solicita, no obstante el termino transcurrido del cual se advierte desinterés de la parte quejosa, por lo tanto, resulta innecesario la retención del expediente en cita y en atención que el presente expediente, así como el incidente de suspensión se encuentran en calidad de préstamo, devuélvanse al Centro de Manejo Documental y Digitalización, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por Laura Rodríguez López, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Menor Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1761/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Se DESECHA DE PLANO en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, el dispositivo 112 indica: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". En cumplimiento a lo anterior y una vez realizado el estudio respectivo de la presente demanda, se estima que debe desecharse de plano al existir motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de acuerdo con el análisis siguiente: El artículo 61, fracción XXIII DE LA Ley de Amparo, dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, (aplicado a contrario sensu) establece lo siguiente: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: - - - IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". En la demanda de amparo, se precisó como acto reclamado: / Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo el quejoso expreso lo siguiente: / Quedando de manifiesto que el juicio mercantil 563/2016-2 de donde emana el acto reclamado, está en etapa de ejecución de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio. En ese orden de ideas, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia que motivan se deseche de plano la demanda de amparo, pues conforme al citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento en el caso de ejecución; supuesto en el que no se ubica el acuerdo reclamado, ya que si bien, es respecto a la ejecución de la sentencia dictada en autos del juicio natural, no se trata de la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Actos intermedios en ejecución de sentencia, que no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, en el caso a estudio la resolución que culmine con el procedimiento de ejecución, donde podrá la parte quejosa hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia número 1ª./J. 29/2003, visible en la página 11, del tomo XVII, Junio de 2003, aprobada por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de veintiuno de mayo del dos mil tres, que establece: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Así como en la tesis 2ª. VIII/98, de Segunda Sala, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". También encuentra apoyo en el criterio sustentado en la tesis VIII. 1º. 26 K, visible en la página 780, Tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. CASOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO). Los juicios constan de tres etapas y, en esa consideración, hay actos: 1. Fuera o antes del juicio conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo; 2. En juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo; 3. Después de concluido el juicio, esto es, a partir de dictada la sentencia y son todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución, previsto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Estos últimos se subdividen: a) En ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; b) Para la ejecución de sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. De lo anterior se establece, que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, lo que se deduce de la interpretación conjunta de la fracción III del artículo 114 y 113 de la Ley de Amparo. Esto acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues esa actuación resulta básica y determinante para la promoción del amparo. En ese orden de ideas, queda evidenciado que se actualiza la causa de improcedencia del juicio invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV (aplicado a contrario sensu), de la Ley de Amparo, toda vez que, los actos que reclama el quejoso, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo tanto, ante la actualización notoria y manifiesta de la causa de improcedencia en estudio; lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de amparo a los licenciados que propone, con excepción del profesionista Agustín Díaz López, a quien se le tiene por autorizado únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, en virtud de que no se encuentra registrado en el Registro y Consulta de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ente el Poder Judicial de la Federación, para ser autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la ley de amparo. Ahora bien, y, dada la carga excesiva de trabajo de este Juzgado de Distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice la presente notificación inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21, de la Ley de amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por Alejandra Cuevas Hernández, Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a Alejandra Cuevas Hernández, Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, remita lo siguiente: Copia certificada del acuse de recibo del oficio girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenado mediante proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho. Copia certificada de las constancias de notificación personal de las partes, ordenado mediante proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho. Informe la fecha que señaló para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora y a cargo de los atestes Alejandro Cruz Martínez y Miguel Ángel Nava Carmona, remitiendo constancias con las cuales acredite su dicho, esto dentro de los autos del juicio laboral. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano