Laura Reyes Hernández
Expediente 1102/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Laura Reyes Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de diez de septiembre del año en curso, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IV. Acuerdo de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se desechó la demanda de amparo. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Laura Reyes Hernández, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. . . . En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario a su interpretación, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De esta disposición se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca 427/2021, del índice de la Primera Sala Civil de Texcoco, Estado de México, mediante la cual declara la nulidad de notificación practicada a la demandada Elisa Hernández Celedón, en el juicio sumario de usucapión de origen, tramitado ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, Estado de México, y ordenó se realice nuevamente. En ese sentido, con dichos actos, eventualmente, sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de la determinación reclamada y su posible ejecución, no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó y en el que tiene la calidad de actora. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento y analizadas que fueron las manifestaciones realizadas por la quejosa, respecto del juicio en primera y segunda instancia, sus únicos efectos consisten en que se reponga el procedimiento, realice nuevamente el emplazamiento del parte actora; cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. En relación con lo anterior y precisamente por las manifestaciones realizadas por la quejosa bajo protesta de decir verdad, es que se estima, existe la certeza de que la reposición del procedimiento, reclamada en esta sede constitucional, no repercute materialmente en los derechos sustantivos de la solicitante del amparo. Pues en todo caso, las afectaciones que pudiere sufrir la quejosa a nivel patrimonial o por el retraso en obtener una sentencia a su favor no afecta derechos sustantivos sino sólo adjetivos. . . . . . . Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio. IV. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado expresamente. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Juan Manuel González Sánchez, por contar con registro de su cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF, mientras que a la diversa persona se le tiene por autoriza en términos del artículo 24 del citado ordenamiento. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa para que la continuación del presente juicio de amparo, la realice vía electrónica, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. V. Copias y reproducción de constancias. a). Expedición de copias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b). Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. VII. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
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