Laura Remedios Moreno Ceja
Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Remedios Moreno Ceja
Actuaciones
- Principal
1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que la demanda que dio origen a este sumario se presentó como amparo directo y la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, adjuntó a su informe justificado, el juicio ordinario civil 441/2020 y toca 69/2021, de los cuales emanó el acto reclamado, formándose un tomo de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO Intégrese el oficio de incompetencia y sus anexos, suscrito por la autoridad que lo suscribe; en atención a su contenido, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por lo que acúsese de recibo; por tanto, regístrese bajo el número 493/2021-III-A y acúsese el recibo correspondiente. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se colige que el promovente del amparo reclama: La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-69/2021, que declaró insubsistente la sentencia definitiva de uno de marzo de este año, emitida por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora Michoacán y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil 441/2020 ante la actualización de un litisconsorcio pasivo necesario. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, éste último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. Ello es así, porque los artículos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. De acuerdo con la porción de los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, el acto reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del procedimiento natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En otras palabras, se considera que el acto reclamado, no causa afectación a la parte promovente, lo que se sostiene debido a que podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable, en el juicio 441/2020, o en su defecto, podrá combatirse en el supuesto de obtener un fallo adverso al combatirse la sentencia que se dicte en dicho procedimiento judicial, en términos de lo previsto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio no reúne la calidad de "imposible reparación", pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, se trata esencialmente de una resolución que declaró insubsistente la sentencia definitiva de uno de marzo de este año, emitida por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora Michoacán y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil 441/2020, pues la parte quejosa estaría en aptitud de recurrir, en caso de que le sea desfavorable, el fallo que ponga fin al juicio, como ya se dijo en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, ya que para ello se necesita una situación concreta, que afecte de forma directa e inmediata el ejercicio de un derecho sustantivo de la parte quejosa, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Robustece el criterio anterior, en lo conducente la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la diversa emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en la Novena Época; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 25, de epígrafe y sinopsis: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CONTRA SU DESECHAMIENTO, COMO VIOLACIÓN PROCESAL, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 146/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 20, de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.", sustentó la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra la resolución que confirma el desechamiento de la reconvención, por estimar que dicho acto procesal es de ejecución irreparable, pues impide que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, afectando de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 965, fracción I, del título décimo sexto-Bis, denominado: "De las Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario", del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal "las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, el Juez la admitirá si procede y reservará su tramitación para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. ...". Por tanto, cuando en una controversia de arrendamiento se interponga apelación contra la no admisión o desechamiento de la reconvención, ésta será resuelta en conjunto con aquella que se promueva contra la sentencia definitiva, lo cual coloca al quejoso en imposibilidad jurídica y material de impugnar esa cuestión en juicio de amparo indirecto, porque éste resultaría improcedente por no haberse observado el principio de definitividad que rige en dicho juicio; ello, porque en el juicio de amparo sólo es susceptible analizar la resolución que desecha la reconvención contra la cual no proceda recurso ordinario alguno. En consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, en el que las apelaciones intermedias se resuelven en conjunto con aquella que se interponga contra la definitiva, es jurídicamente posible analizar en amparo directo, como violación procesal, la resolución que confirma el desechamiento o no admisión de la reconvención, pues de no aceptarse esa situación jamás sería analizada en juicio de amparo la posible transgresión a las garantías individuales del peticionario de garantías." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Laura Remedios Moreno Ceja, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: RADICACIÓN Y REGISTRO Intégrese el oficio de incompetencia y sus anexos, suscrito por la autoridad que lo suscribe; en atención a su contenido, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por lo que acúsese de recibo; por tanto, regístrese bajo el número 493/2021-III-A y acúsese el recibo correspondiente. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se colige que el promovente del amparo reclama: La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-69/2021, que declaró insubsistente la sentencia definitiva de uno de marzo de este año, emitida por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora Michoacán y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil 441/2020 ante la actualización de un litisconsorcio pasivo necesario. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, éste último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. Ello es así, porque los artículos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. De acuerdo con la porción de los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, el acto reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del procedimiento natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En otras palabras, se considera que el acto reclamado, no causa afectación a la parte promovente, lo que se sostiene debido a que podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable, en el juicio 441/2020, o en su defecto, podrá combatirse en el supuesto de obtener un fallo adverso al combatirse la sentencia que se dicte en dicho procedimiento judicial, en términos de lo previsto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio no reúne la calidad de "imposible reparación", pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, se trata esencialmente de una resolución que declaró insubsistente la sentencia definitiva de uno de marzo de este año, emitida por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora Michoacán y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil 441/2020, pues la parte quejosa estaría en aptitud de recurrir, en caso de que le sea desfavorable, el fallo que ponga fin al juicio, como ya se dijo en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, ya que para ello se necesita una situación concreta, que afecte de forma directa e inmediata el ejercicio de un derecho sustantivo de la parte quejosa, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Robustece el criterio anterior, en lo conducente la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la diversa emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en la Novena Época; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 25, de epígrafe y sinopsis: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CONTRA SU DESECHAMIENTO, COMO VIOLACIÓN PROCESAL, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 146/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 20, de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.", sustentó la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra la resolución que confirma el desechamiento de la reconvención, por estimar que dicho acto procesal es de ejecución irreparable, pues impide que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, afectando de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 965, fracción I, del título décimo sexto-Bis, denominado: "De las Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario", del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal "las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, el Juez la admitirá si procede y reservará su tramitación para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. ...". Por tanto, cuando en una controversia de arrendamiento se interponga apelación contra la no admisión o desechamiento de la reconvención, ésta será resuelta en conjunto con aquella que se promueva contra la sentencia definitiva, lo cual coloca al quejoso en imposibilidad jurídica y material de impugnar esa cuestión en juicio de amparo indirecto, porque éste resultaría improcedente por no haberse observado el principio de definitividad que rige en dicho juicio; ello, porque en el juicio de amparo sólo es susceptible analizar la resolución que desecha la reconvención contra la cual no proceda recurso ordinario alguno. En consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, en el que las apelaciones intermedias se resuelven en conjunto con aquella que se interponga contra la definitiva, es jurídicamente posible analizar en amparo directo, como violación procesal, la resolución que confirma el desechamiento o no admisión de la reconvención, pues de no aceptarse esa situación jamás sería analizada en juicio de amparo la posible transgresión a las garantías individuales del peticionario de garantías." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Laura Remedios Moreno Ceja, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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