Laura Ramírez Sánchez
Expediente 304/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/04/2015
Partes del expediente
- Laura Ramírez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la resolución emitida en el presente asunto, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de siete del presente mes y año (foja 36), remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a la quejosa y a la parte demandada, respecto del laudo emitido el uno de abril del dos mil quince, en autos del expediente laboral ++ Atento a lo anterior, se tiene por cumplimentado el requerimiento formulado a la responsable, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. En consecuencia, del estado procesal de autos, se advierte que al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado; refiriendo que el uno de diciembre de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución y laudo correspondiente; sin embargo, no se había resuelto; ello, hasta el día uno de abril del año en curso, el cual fue notificado a las partes de conformidad con las constancias que adjunta la responsable al oficio que se acuerda en esta fecha. En ese sentido debe decirse que la demanda que dio origen al sumario en que se actúa fue presentada el veintisiete de febrero de dos mil quince (foja 1), en la oficina de correspondencia común; y si bien es cierto que se admitió el veintisiete siguiente (foja 6 y 7), también lo es que a su presentación no se había emitido el laudo en el juicio de origen, ni se habían efectuado las notificaciones relativas a las partes. Luego, tomando en consideración que la autoridad oficiante, como complemento a su informe justificado, remitió el oficio con número de folio 2405 (foja 26), al que adjuntó copias certificadas del laudo dictado el uno de abril del año en curso, en autos del expediente ++, por lo que le fueron requeridas las constancias de notificación respectiva, lo que en esta fecha aconteció; por tanto, al realizar un estudio de las constancias antes mencionadas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho humano vulnerado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se traten y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consistió en la omisión de dictar el laudo dentro de expediente laboral ++. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el uno de abril del año en curso, consistente en el laudo correspondiente al expediente laboral ++, la cual se notificó a la quejosa; es decir, tales actuaciones fueron emitidas con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, como en éste caso fue la violación al artículo 17° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, resulta innecesario el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para su celebración. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a través del cual remite copia certificada del laudo dictado el uno del presente mes y año, en autos del expediente ++ En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida, admitida y desahogada la probanza exhibida dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en atención a las constancias remitidas por la responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del término improrrogable de tres días, remita copia certificada, completa y legible de la constancia de notificación realizada a la quejosa respecto del laudo emitido, o bien manifieste la imposibilidad legal para hacerlo, pues se consideran necesarias para resolver el presente juicio. Apercibida de que no dar cumplimiento a lo anterior, le será impuesta una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en esta entidad, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 238 y 259 de la ley de la materia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que de las constancias que remitió la autoridad responsable el veinticuatro de marzo pasado, se advierte que, con fundamento en el articulo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, les recae el carácter de terceros interesados a: ++, con domicilio ubicado ++ Por por tanto, para que estén en aptitud de comparecer al presente asunto, en conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y 27, fracción II de la Ley de Amparo, envíese despacho dirigido al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro con residencia en Atlacomulco, para que ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio antes referido, y con copia de la demanda de garantías y del auto admisorio, le notifique a los terceros referidos la radicación del presente juicio de amparo, haciéndoles saber el derecho que tienen para apersonarse en él, ofrecer pruebas y formular alegatos. Asimismo, deberá requerirles en el momento de la diligencia, para que dentro del plazo de tres días, señalen expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o su zona conurbada, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, inciso c) y 116, párrafo segundo, ambos de la ley de la materia, 297, fracción II, 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las diez horas con quince minutos del veinticuatro de abril de dos mil quince, para su celebración.
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