Laura Ramírez Díaz

Expediente 1259/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1259/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Laura Ramírez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veintiuno de noviembre del año en curso, en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Recurso de revisión. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por los autorizados de la parte tercera interesada; y, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, téngasele interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el original, copia del mismo, este expediente y un tomo de prueba, al Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1259/2019, promovida por Laura Ramírez Díaz. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Por tanto, este juzgado procede a realizar el estudio de la misma, de la que se advierte que la parte quejosa reclama en lo medular de la autoridad que señala como responsable: La retención del impuesto sobre la renta aplicado inexactamente en el pago de su finiquito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, con motivo de su jubilación, toda vez que considera que dicho descuento fue aplicado de manera inexacta de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese contexto, se estima que en relación al acto reclamado, se surte de modo manifiesto e indudable una causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras la quejosa no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de los anexos que se exhibieron con la demanda, se observa que la quejosa tuvo conocimiento de la aplicación del acto del cual se duele en la presente instancia constitucional al momento de recibir su pago de finiquito, que lo fue el dieciséis de diciembre de dos mil trece, y si bien es cierto que se trata de copias simples, dicha manifestación se concatena con las manifestaciones realizadas en su escrito de demanda, las cuales realizó bajo protesta de decir verdad. Por tanto, si la demanda que nos ocupa se presentó hasta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la promoción del juicio es extemporánea, lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, respecto a la manifestación realizada por la parte quejosa, en el sentido de que hace valer como hecho notorio, la sentencia emitida por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente número 25505/16-17-12-5, dígasele que este juzgador no se encuentra obligado a resolver en el mismo sentido, toda vez que dicho criterio no resulta vinculatorio para decidir sobre el presente juicio de amparo. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda para tal efecto. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Angel Herrera Badillo y Felipe Estrada Vergara, en virtud de que tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los órganos Jurisdiccionales y al restante en términos restringidos, en virtud de que no cuenta con su cédula registrada en el sistema mencionado en líneas anteriores. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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