Laura Prince Jardines
Expediente 1016/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Prince Jardines
- Juez Cuarto de Primera Instancia Distrito Judicial de Misantla, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIECINUEVE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos, la determinación que dice: Xalapa, Veracruz, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Laura Lucia Prince Jardines, mediante el cual da cumplimento al requerimiento que se le hiciera por veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones y como su nombre correcto Laura Lucía Prince Jardines. Al respecto se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número I.6o.C.J/19, sustentada por la Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO. Es pertinente precisar el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional, como enseguida se realiza: La resolución emitida en el toca 1850/2019, del índice de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante la cual revoca la sentencia emitida en los autos del expediente 818/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Distrito Judicial de Misantla. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto juzga estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a). Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b). Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c). Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Ahora, de acuerdo a lo expuesto por quien formula la demanda de amparo, el acto reclamado se emitió dentro de un procedimiento, ya que se dictó en una toca de apelación relativo al expediente 818/18, en el que el quejoso es parte actora; por tanto, es inconcuso que no se ubica en el supuesto de excepción "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", a que se refiere la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo y tampoco se aprecia que se encuentre en alguna de las hipótesis a que se refiere tal dispositivo legal. En ese tenor, el plazo para la presentación de la demanda de amparo que ahora se intenta, debe obedecer al de quince días. Acotado lo anterior, debe desecharse de plano la demanda de amparo toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que éste no se promovió dentro de los quince días siguientes en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto combatido, como enseguida se explicara. En primer lugar, debe acudirse al contenido del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 81. Se notificarán personalmente los emplazamientos para contestar una demanda, para posiciones o reconocimiento de firmas y documentos, libros o papeles y cuando se haga saber el envío de los autos a otro tribunal, así como cuando en el juicio se haya dejado de actuar por más de noventa días naturales." El artículo transcrito establece cuáles determinaciones deben notificarse en forma personal, sin que en se indique que las sentencias deban ser notificadas de forma personal. Apuntado lo anterior, de las constancias que remitió la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, las cuales integran el toca 1850/2019, se advierte que se ordenó la notificación por lista de acuerdos de la resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve, efectuándose dicha notificación el mismo día. Así, resulta inconcuso que el término para promover la demanda de amparo transcurrió en demasía, pues el impetrante de amparo pretendió combatir dicha determinación en amparo hasta el cinco de noviembre de dos mil diecinueve; por ende, es indudable que la presentación de la misma resulta en extemporánea, pues el término legal empezó a transcurrir el día trece de septiembre del año en curso, por ende, el término concluyó el cuatro de octubre del presente año, ello considerando como días inhábiles el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre, por ser sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre último, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia VIII.2o. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que al rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN A PARTIR DE UNA PRIMERA NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO SE HAYA PRACTICADO OTRA POSTERIOR. Cuando se desprenda de autos que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa siguiendo los lineamientos que al efecto establezca la ley adjetiva aplicable, y luego, motu proprio, el actuario respectivo realiza otra notificación, debe desecharse por extemporánea la demanda de amparo que se intenta, si su presentación se realiza fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado tal plazo a partir de la primera notificación puesto que, mientras no se declare su nulidad, surte sus efectos y es desde ese momento cuando empieza a correr el citado término." Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado Del Séptimo Circuito, que al rubro y texto dice: TERMINOS JUDICIALES. COMO DEBEN COMPUTARSE (CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si las partes o sus procuradores no acuden al tribunal a notificarse dentro del término que señala el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles veracruzano, en correcta interpretación del artículo 92 y su correlativo número 78 del propio ordenamiento, la notificación se dará por hecha y surtirá sus efectos el día siguiente al de aquel en que se publique el acuerdo respectivo en la puerta del tribunal o en su tabla de avisos, bien sea en la propia fecha del acuerdo o en otra posterior, en la inteligencia de que los términos se contarán desde que la publicación se haga; de consiguiente, es claro que el invocado artículo 92 debe interpretarse en el sentido de que los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta sus efectos la notificación y no desde el día siguiente en que se hubiere hecho, porque precisamente dentro de este último plazo apenas surte sus efectos. Igualmente, se cita por sus consideraciones jurídicas la tesis aislada Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido siguiente: "TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL DE 15 DIAS QUE FIJA EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, EMPIEZA A CONTAR A PARTIR DE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DE LA RESOLUCION RECLAMADA, DE ACUERDO CON LA LEY DEL ACTO QUE RIJA LA NOTIFICACION. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de 15 días que establece el propio precepto para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija dicha notificación, y no es aplicable el artículo 24 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, porque se refiere al cómputo de los términos dentro del procedimiento de amparo, y la notificación de la resolución reclamada sin lugar a dudas que se llevó al cabo antes de la iniciación de ese procedimiento, de ahí que debe regularse por disposición legal que rija el acto combatido. En las relatadas condiciones, se afirma que la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige, existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En este contexto, ante la manifiesta e indudable presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que al no tratarse de un caso de excepción, de los previstos por las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17, de la propia Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el escrito que se acuerda y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Delgado Hernández, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 121362. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado en auto de veintiuno de los actuales, remitiendo al efecto copia certificada de la resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y tómese en consideración el momento procesal oportuno.
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