Laura Patricia Ramos Hernandez

Expediente 682/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
682/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
04/08/2016

Partes del expediente

  • Laura Patricia Ramos Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 03 DE AGOSTO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 339 a 350) en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el dos de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 188/2015. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los careos constitucionales entre la inculpada con las agraviadas (Anel Aide "N", Araceli "N" y María Esthela "N") a quienes no notificó, y a María Guadalupe "N", vuelva a citarla; en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tal probanza ya se hubiera desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica de la inculpada ahora quejosa, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa de la inculpada, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tal prueba deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera la quejosa gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio. d) Cabe aclarar, que esta reposición no implica dejar en libertad a la quejosa, ni insubsistentes las diligencies de pruebas ya desahogadas." (fojas 348 vuelta y 349). Resolución que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 433 a 436). Así, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por oficio 4558 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 651 a 791), remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la causa penal 188/2015 de su índice, de la que se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de dos de junio de dos mil quince, así como la diversa de veintiocho de mayo con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 763). - En auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, señaló las dieciséis horas del veinticinco de junio de dos mil dieciséis y las once horas del día veintiséis de junio del mismo año, para el desahogo de los careos entre la inculpada aquí quejosa Patricia Ramos Hernández, con las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor, Araceli Alcántara Santibañez y María Guadalupe Martínez González (fojas 655 y 656). Y, toda vez que las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor y Araceli Alcántara Santibañez, tienen sus domicilios ubicados en Chalco, ciudad de México y Tlaxcala, respectivamente, ordenó girar exhortos a los Jueces de lo Penal en turno de dichos lugares para que, en auxilio de sus labores les notificara a dichas atestes sobre su comparecencia para el desahogo de los referidos careos (fojas 655 a 662). Exhortos que, según se advierte de autos, envió por mensajería rápida "DHL", el día veintitrés de junio de dos mil dieciséis (fojas 694, 695, 703, 704, 708 y 709). Y, respecto de la agraviada María Guadalupe Martínez González, habilitó al diligenciario de su adscripción para que le notificara sobre su comparecencia en el domicilio señalado en autos; sin embargo, según se advierte de la razón de notificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, que el Diligenciario adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, no pudo realizar la misma, ya que una vez cerciorado de ser el domicilio buscado, fue informado por una persona que no quiso identificarse, por lo que procedió a describirla, que ahí no vive la testigo buscada y que tampoco la conoce (fojas 690 y 691). - En certificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar que se intentó entablar comunicación vía telefónica con las testigos Araceli Alcántara Santibañez y María Esthela Pascacio Melchor, en los números telefónicos registrados en autos; sin embargo, respecto de la primera testigo, dicha llamada resultó infructuosa ya que fue respondida por una persona del sexo femenino quien dijo no conocer a la referida ateste; y, respecto de la segunda testigo, la llamada fue atendida por ella misma, pero manifestó no tener dinero para comparecer a la ciudad de Puebla (foja 725). Por otro lado, el juez de la causa en proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, ordenó la presentación de las referidas testigos por conducto de la fuerza pública (fojas 725 vuelta y 726). Sin embargo, mediante oficio 35 el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, informó al titular de dicho órgano jurisdiccional su imposibilidad de poder presentar a dichas atestes, ya que no cuenta con medios idóneos para citarlas (foja 734). Igualmente obra el oficio AEI/UCS/7877/2016 de veinticinco de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en ausencia del titular de la Agencia Estatal de Investigación, le informó al titular del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la orden de presentación de las testigos, pues dijo no contar con el tiempo suficiente para ello (fojas 768 y 769). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Así las cosas, como se puede advertir el juez de la causa, tomó todas las providencias necesarias a su alcance para poder desahogar los referidos careos indicados en la sentencia amparadora. Sin que sea óbice que, según se advierte de constancias el exhorto dirigido al Juez de lo Penal con residencia en Chalco, no haya llegado a su destino, según se advierte del proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, por lo que el juez de la causa requirió al encargado o representante legal de la empresa denominada "DHL", para que le informara el trámite y destino de dicha comunicación (foja 808); lo cual no resulta imputable a dicho juez natural. Asimismo, tampoco resulta imputable al juez responsable que el exhorto dirigido al Juez de lo Penal en la ciudad de México, le haya llegado a éste de forma extemporánea, como se advierte del auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 821); ya que, como se indicó anteriormente, el juez de la causa, envió inmediatamente los exhortos en comento a sus respectivos destinatarios el veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Así, y toda vez que las agraviadas no comparecieron a la diligencia de careos en comento, a pesar de todas las gestiones realizadas por el juez de la causa, como se advierte de las certificaciones de veinticinco y veintiséis de junio de dos mil dieciséis (foja 737), en resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, procedió a resolver la situación jurídica de la indiciada, aquí quejosa, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual (fojas 738 a 764). Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Josefina Galdino Próspero EL PROVEÍDO DE 03 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 339 a 350) en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el dos de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 188/2015. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los careos constitucionales entre la inculpada con las agraviadas (Anel Aide "N", Araceli "N" y María Esthela "N") a quienes no notificó, y a María Guadalupe "N", vuelva a citarla; en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tal probanza ya se hubiera desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica de la inculpada ahora quejosa, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa de la inculpada, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tal prueba deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera la quejosa gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio. d) Cabe aclarar, que esta reposición no implica dejar en libertad a la quejosa, ni insubsistentes las diligencies de pruebas ya desahogadas." (fojas 348 vuelta y 349). Resolución que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 433 a 436). Así, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por oficio 4558 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 651 a 791), remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la causa penal 188/2015 de su índice, de la que se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de dos de junio de dos mil quince, así como la diversa de veintiocho de mayo con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 763). - En auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, señaló las dieciséis horas del veinticinco de junio de dos mil dieciséis y las once horas del día veintiséis de junio del mismo año, para el desahogo de los careos entre la inculpada aquí quejosa Patricia Ramos Hernández, con las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor, Araceli Alcántara Santibañez y María Guadalupe Martínez González (fojas 655 y 656). Y, toda vez que las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor y Araceli Alcántara Santibañez, tienen sus domicilios ubicados en Chalco, ciudad de México y Tlaxcala, respectivamente, ordenó girar exhortos a los Jueces de lo Penal en turno de dichos lugares para que, en auxilio de sus labores les notificara a dichas atestes sobre su comparecencia para el desahogo de los referidos careos (fojas 655 a 662). Exhortos que, según se advierte de autos, envió por mensajería rápida "DHL", el día veintitrés de junio de dos mil dieciséis (fojas 694, 695, 703, 704, 708 y 709). Y, respecto de la agraviada María Guadalupe Martínez González, habilitó al diligenciario de su adscripción para que le notificara sobre su comparecencia en el domicilio señalado en autos; sin embargo, según se advierte de la razón de notificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, que el Diligenciario adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, no pudo realizar la misma, ya que una vez cerciorado de ser el domicilio buscado, fue informado por una persona que no quiso identificarse, por lo que procedió a describirla, que ahí no vive la testigo buscada y que tampoco la conoce (fojas 690 y 691). - En certificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar que se intentó entablar comunicación vía telefónica con las testigos Araceli Alcántara Santibañez y María Esthela Pascacio Melchor, en los números telefónicos registrados en autos; sin embargo, respecto de la primera testigo, dicha llamada resultó infructuosa ya que fue respondida por una persona del sexo femenino quien dijo no conocer a la referida ateste; y, respecto de la segunda testigo, la llamada fue atendida por ella misma, pero manifestó no tener dinero para comparecer a la ciudad de Puebla (foja 725). Por otro lado, el juez de la causa en proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, ordenó la presentación de las referidas testigos por conducto de la fuerza pública (fojas 725 vuelta y 726). Sin embargo, mediante oficio 35 el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, informó al titular de dicho órgano jurisdiccional su imposibilidad de poder presentar a dichas atestes, ya que no cuenta con medios idóneos para citarlas (foja 734). Igualmente obra el oficio AEI/UCS/7877/2016 de veinticinco de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en ausencia del titular de la Agencia Estatal de Investigación, le informó al titular del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la orden de presentación de las testigos, pues dijo no contar con el tiempo suficiente para ello (fojas 768 y 769). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Así las cosas, como se puede advertir el juez de la causa, tomó todas las providencias necesarias a su alcance para poder desahogar los referidos careos indicados en la sentencia amparadora. Sin que sea óbice que, según se advierte de constancias el exhorto dirigido al Juez de lo Penal con residencia en Chalco, no haya llegado a su destino, según se advierte del proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, por lo que el juez de la causa requirió al encargado o representante legal de la empresa denominada "DHL", para que le informara el trámite y destino de dicha comunicación (foja 808); lo cual no resulta imputable a dicho juez natural. Asimismo, tampoco resulta imputable al juez responsable que el exhorto dirigido al Juez de lo Penal en la ciudad de México, le haya llegado a éste de forma extemporánea, como se advierte del auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 821); ya que, como se indicó anteriormente, el juez de la causa, envió inmediatamente los exhortos en comento a sus respectivos destinatarios el veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Así, y toda vez que las agraviadas no comparecieron a la diligencia de careos en comento, a pesar de todas las gestiones realizadas por el juez de la causa, como se advierte de las certificaciones de veinticinco y veintiséis de junio de dos mil dieciséis (foja 737), en resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, procedió a resolver la situación jurídica de la indiciada, aquí quejosa, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual (fojas 738 a 764). Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 339 a 350) en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el dos de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 188/2015. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los careos constitucionales entre la inculpada con las agraviadas (Anel Aide "N", Araceli "N" y María Esthela "N") a quienes no notificó, y a María Guadalupe "N", vuelva a citarla; en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tal probanza ya se hubiera desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica de la inculpada ahora quejosa, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa de la inculpada, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tal prueba deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera la quejosa gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio. d) Cabe aclarar, que esta reposición no implica dejar en libertad a la quejosa, ni insubsistentes las diligencies de pruebas ya desahogadas." (fojas 348 vuelta y 349). Resolución que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 433 a 436). Así, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por oficio 4558 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 651 a 791), remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la causa penal 188/2015 de su índice, de la que se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de dos de junio de dos mil quince, así como la diversa de veintiocho de mayo con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 763). - En auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, señaló las dieciséis horas del veinticinco de junio de dos mil dieciséis y las once horas del día veintiséis de junio del mismo año, para el desahogo de los careos entre la inculpada aquí quejosa Patricia Ramos Hernández, con las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor, Araceli Alcántara Santibañez y María Guadalupe Martínez González (fojas 655 y 656). Y, toda vez que las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor y Araceli Alcántara Santibañez, tienen sus domicilios ubicados en Chalco, ciudad de México y Tlaxcala, respectivamente, ordenó girar exhortos a los Jueces de lo Penal en turno de dichos lugares para que, en auxilio de sus labores les notificara a dichas atestes sobre su comparecencia para el desahogo de los referidos careos (fojas 655 a 662). Exhortos que, según se advierte de autos, envió por mensajería rápida "DHL", el día veintitrés de junio de dos mil dieciséis (fojas 694, 695, 703, 704, 708 y 709). Y, respecto de la agraviada María Guadalupe Martínez González, habilitó al diligenciario de su adscripción para que le notificara sobre su comparecencia en el domicilio señalado en autos; sin embargo, según se advierte de la razón de notificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, que el Diligenciario adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, no pudo realizar la misma, ya que una vez cerciorado de ser el domicilio buscado, fue informado por una persona que no quiso identificarse, por lo que procedió a describirla, que ahí no vive la testigo buscada y que tampoco la conoce (fojas 690 y 691). - En certificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar que se intentó entablar comunicación vía telefónica con las testigos Araceli Alcántara Santibañez y María Esthela Pascacio Melchor, en los números telefónicos registrados en autos; sin embargo, respecto de la primera testigo, dicha llamada resultó infructuosa ya que fue respondida por una persona del sexo femenino quien dijo no conocer a la referida ateste; y, respecto de la segunda testigo, la llamada fue atendida por ella misma, pero manifestó no tener dinero para comparecer a la ciudad de Puebla (foja 725). Por otro lado, el juez de la causa en proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, ordenó la presentación de las referidas testigos por conducto de la fuerza pública (fojas 725 vuelta y 726). Sin embargo, mediante oficio 35 el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, informó al titular de dicho órgano jurisdiccional su imposibilidad de poder presentar a dichas atestes, ya que no cuenta con medios idóneos para citarlas (foja 734). Igualmente obra el oficio AEI/UCS/7877/2016 de veinticinco de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en ausencia del titular de la Agencia Estatal de Investigación, le informó al titular del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la orden de presentación de las testigos, pues dijo no contar con el tiempo suficiente para ello (fojas 768 y 769). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Así las cosas, como se puede advertir el juez de la causa, tomó todas las providencias necesarias a su alcance para poder desahogar los referidos careos indicados en la sentencia amparadora. Sin que sea óbice que, según se advierte de constancias el exhorto dirigido al Juez de lo Penal con residencia en Chalco, no haya llegado a su destino, según se advierte del proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, por lo que el juez de la causa requirió al encargado o representante legal de la empresa denominada "DHL", para que le informara el trámite y destino de dicha comunicación (foja 808); lo cual no resulta imputable a dicho juez natural. Asimismo, tampoco resulta imputable al juez responsable que el exhorto dirigido al Juez de lo Penal en la ciudad de México, le haya llegado a éste de forma extemporánea, como se advierte del auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 821); ya que, como se indicó anteriormente, el juez de la causa, envió inmediatamente los exhortos en comento a sus respectivos destinatarios el veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Así, y toda vez que las agraviadas no comparecieron a la diligencia de careos en comento, a pesar de todas las gestiones realizadas por el juez de la causa, como se advierte de las certificaciones de veinticinco y veintiséis de junio de dos mil dieciséis (foja 737), en resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, procedió a resolver la situación jurídica de la indiciada, aquí quejosa, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual (fojas 738 a 764). Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio 5040 y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de seis de julio del actual, téngase a la referida autoridad remitiendo copias certificadas de las diligencias realizadas a fin de notificar a Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor, Araceli Alcántara Santibañez y María Guadalupe Martínez González. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, así como con el oficio 4558 y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, agregase el oficio 4736, visto su contenido téngase a la referida autoridad informando que señalo las dieciséis horas del catorce de julio del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de careos entre la inculpada aquí quejosa Patricia Ramos Hernández, con las agraviadas Anel Aide Flores Preciado, María Esthela Pascacio Melchor, Araceli Alcántara Santibañez y María Guadalupe Martínez González, y toda vez que la citada información ya no es materia de los efectos de la sentencia amparadora, agréguese únicamente para que obre como corresponda.

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