Laura Patricia Ramos Hernández

Expediente 1329/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1329/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Laura Patricia Ramos Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR LISTA A SUS AUTORIZADOS.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos del GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO El promovente en los apartados correspondientes señala como autoridad responsable a: 1.- Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 2.- Secretario de Gobernación del Estado de Puebla 3.- Director de Ejecución de Sentencia de la Secretaria de Gobernación del Estado de Puebla Como Ejecutoras 4.- Director de Centros de Reinserción del Estado de Puebla. 5.- Director del C entro de Reinserción Social en la Ciudad de Puebla. Como acto reclamado el siguiente: ".De la autoridad señalada como responsable ORDENADORA, les reclamo lo que se conoce como PRORROGA DE JURISDICCIÓN de mi traslado del Centro de Social de Reinserción Puebla, en donde actualmente me encuentro recluida; al Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y/o Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán y/o a cualquier otro C entro de Reinserción Social en el Estado, y las consecuencias de dicha determinación que no son otras que tratan de ejecutar mi traslado en forma atentatoria. Y de las EJECUTORAS reclamo la EJECUCIÓN de la orden de traslado de la hoy quejosa del C entro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, en donde actualmente me encuentro recluida; al C entro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y/o Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán y/o a cualquier otro C entro de Reinserción Social en el Estado, motivo por el cual tengo el temor fundado de que se ejecute dicha orden dejándome en completo estado de indefensión" A partir de lo anterior se conoce que el quejoso reclama básicamente la orden de traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentran a cualquier otro. Sin embargo, contra tal acto el juicio de amparo es improcedente, por lo cual procede desechar la demanda. En efecto, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El inconforme relata que actualmente está recluido en el Centro de Penitenciario de Puebla, a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal de Puebla, dentro del proceso ******************** por el delito de ******************** De lo cual se observa que la orden de traslado y su ejecución combativa es meramente administrativa, supuesto en el que el juicio de amparo es improcedente contra dicha orden de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Entonces, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) En tal fracción se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo cual acontece en el caso, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Conforme a lo anterior, uno de los supuestos contra los cuales procede la controversia referida, es en materia de traslados, la cual puede ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo en su contra, debe agotarse ese medio de defensa ordinario y, al no hacerlo, se actualiza el motivo de improcedencia referido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, téngasele por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el lugar de su reclusión, esto es, el Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona, quienes tienen registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. Así también, al no advertirse diverso domicilio en el cual deban realizarse las notificaciones de carácter personal a los autorizados del quejoso, se les realizarán a través de las listas publicadas en este juzgado. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido en el apartado que sigue, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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