Laura Patricia Navarro Flores
Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Laura Patricia Navarro Flores
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Laura Patricia Navarro Flores, por conducto de su apoderado legal Miguel Galván Zavala; fórmese el expediente relativo con el número 836/2023-VI, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: De la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (toca 432/2023): - La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, que confirmó el auto de veintinueve de mayo del año en curso, por el cual no se admitió a trámite el recurso de apelación planteado contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se regularizó el procedimiento a fin de notificar a Carlos Sánchez Fuentes, al advertir que es la persona legitimada pasivamente para responder de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, dejando sin efectos el turno para dictar sentencia ordenado en autos. Del Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez (expediente 928/2022): -El auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. -El auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO Respecto de los actos reclamados precisados con antelación, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Lo anterior, debido a que, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha determinación en sí misma sólo implica la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales. Esto es, los actos reclamados no generan afectación a derechos sustantivos de la quejosa, en virtud que no le restringen algún derecho sustantivo, sino únicamente de carácter adjetivo, atendiendo a que la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés que confirmó el auto de veintinueve de mayo del año en curso, por el cual no se admitió a trámite el recurso de apelación planteado contra el proveído de dieciocho de mayo del presente, mediante el que se determinó regularizar el procedimiento a fin de notificar a Carlos Sánchez Fuentes, al advertir que es la persona legitimada pasivamente para responder de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, dejando sin efectos el turno para dictar sentencia ordenado en autos; únicamente atañen a cuestiones adjetivas, ya que el que se ordene la notificación precisada con anterioridad, a fin de que el juicio de origen esté debidamente integrado, no trae consigo un daño de imposible reparación. Al respecto, nuestro más Alto Tribunal, ha emitido criterio en el sentido de que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) Afecten materialmente derechos; y 2) Esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, los actos reclamados carecen de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Lo anterior es así, ya que el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio; esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución y autos reclamados, constituyen una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituyen un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. De ahí, que los actos reclamados no encuadran en la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para ser examinados aisladamente en el juicio biinstancial, existiendo todavía la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el procedimiento judicial de que se trata, situación ante la cual las consecuencias del alegado perjuicio se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Por otro lado, en el supuesto de que la promovente no obtenga resolución favorable, podrá hacer valer la transgresión manifestada como violación procesal en los agravios expresados al interponer el recurso correspondiente, o en última instancia, puede ser combatida mediante el amparo que se haga valer contra la resolución que en definitiva se dicte en dicho procedimiento. Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, novena época, registro digital 170244, de rubro y contenido: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del numeral 12, primer párrafo, de la ley en cita, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el ordinal 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los numerales 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
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