Laura Patricia Mercado Manzano

Expediente 151/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
151/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Laura Patricia Mercado Manzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 151/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 151/2018-V-B, promovido por Laura Patricia Mercado Manzano, por derecho propio, contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnado y recibido ese día, Laura Patricia Mercado Manzano, por derecho propio, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue prevenida por auto de treinta siguiente. Por escrito presentado el siete de febrero actual, la quejosa aclaró que el estado procesal del juicio de origen, era la etapa de desahogo de pruebas y alegatos y que su acto reclamado consistía en el señalamiento del uno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, determinado por la autoridad responsable en actuación de quince de enero del año en curso. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de ocho de febrero de este año (fojas 33 a 40); se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Seguida la secuela procesal, por auto de uno de marzo actual (foja 78), se fijaron las trece horas con quince minutos del dieciséis siguiente, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual tiene ejecución material en Morelos. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La fecha señalada en actuación de quince de enero de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017, esto es, el uno de marzo de dos mil dieciocho, a las ocho horas con treinta minutos. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Aun cuando en el informe justificado (foja 76), la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, negó el acto reclamado, éste se tiene por cierto. La certeza del acto reclamado, sin perjuicio de lo que más adelante se diga, se desprende de la actuación de quince de enero de dos mil dieciocho, en la que la propia autoridad señaló el uno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo deviene improcedente contra el acto reclamado, ya que sobrevino la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado. La citada porción legal dice en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. La aludida regla general se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La quejosa presentó la demanda de amparo el veintinueve de enero de dos mil dieciocho. A la luz de las constancias exhibidas por la autoridad responsable con el informe justificado, ciertamente a la instauración del juicio de amparo, el acto reclamado existía y tenía un efecto en el juicio de origen; que, en suma, consistía en que el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen, continuaría el uno de marzo de dos mil dieciocho. Sin embargo, ese efecto cesó con posterioridad, por las razones que se darán enseguida. El acto reclamado reviste una naturaleza positiva, pues se trata de una fecha para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen, que la autoridad responsable señaló en actuación de quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 332 a 345 del anexo uno). Como se dijo, a la instauración del juicio de amparo, la determinación combatida estaba vigente y, por tanto, es inconcuso que afectaba la esfera jurídica de la quejosa. Sin embargo, el efecto de ese acto positivo cesó precisamente el uno de marzo de dos mil dieciocho, cuando continuó el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017, aun cuando [el desahogo] no hubiera concluido. Abundando en lo dicho en el párrafo que antecede, la causa de la cesación, fue que la fecha señalada para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017, combatida por la quejosa, fue superada procesalmente por las acciones de la autoridad responsable, de continuar el desahogo de la audiencia en esa data, el desahogo, valga la redundancia, de las pruebas de declaración de parte a cargo de la quejosa y testimoniales a cargo de Rafael Guzmán Castro y Jesica Nava Lastra, sin obviar que fueron promovidos incidentes de tachas y que fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia (fojas 88 a 98 de la pieza principal). En efecto, las acciones de la autoridad responsable de continuar el desahogo de la referida audiencia el uno de marzo de dos mil dieciocho, desahogar pruebas y señalar las diez horas con treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia, creó una situación que pasó a regir en el juicio civil en sustitución de la que en un momento imperó por la emisión del acto positivo reclamado y cuya causa generadora no fue la decisión adoptada en la actuación de quince de enero del año en curso, que fue la que la parte quejosa reclamó por estimar inconstitucional. Luego, es inconcuso que la determinación adoptada por la autoridad responsable en actuación de quince de enero de dos mil dieciocho, que en su momento fijó la data para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen y que la parte quejosa estimó contraria a derecho, ya no tiene más efectos en el procedimiento, de ahí que a nada práctico llevaría examinar su constitucionalidad, pues a la luz de los artículos 1º y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica. La procedencia de la cesación de efectos fundada en la sustitución procesal del acto reclamado, aun cuando sus efectos no sean necesariamente favorables al quejoso, sino por el solo hecho de que sea un nuevo acto el que rija, neutralizando el originalmente reclamado, se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: III.2o.C. J/22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 176051 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Pag. 1579 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Debe decirse que no se examina la legalidad o ilegalidad de la actuación de uno de marzo de dos mil dieciocho, en todo ni en parte, lo que incluye el desahogo de las pruebas y el señalamiento de diversa fecha para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, porque ello no forma parte de la litis. La citada exclusión de estudio no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. A mayor abundamiento, una de las razones que justifica la cesación de efectos del acto reclamado, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, no los surtirá más y no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que precise el otorgamiento del amparo para ser borrada. En el caso, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, porque como se explicó, ya no surte efectos en el procedimiento, pues ahora impera en el procedimiento una nueva situación jurídica, y, por consiguiente, la situación jurídica que motivó el acto reclamado, ya no tiene efectos en la esfera jurídica de la quejosa. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Pero, además, en el hipotético caso de analizar el acto reclamado y hallarlo inconstitucional, el efecto del amparo sería que la responsable dejara insubsistente la fecha combatida y señalara una nueva ajustada a derecho, lo que perjudicaría a la quejosa porque en la actuación de uno de marzo de dos mi dieciocho, la autoridad responsable desahogó pruebas, de modo que otorgar a la quejosa el amparo contra el acto reclamado, implicaría la insubsistencia de la actuación de uno de marzo actual y significaría un retroceso en el procedimiento, en contravención a la impartición de justicia; lo que sería contrario a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, con fundamento en esta porción legal y en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto reclamado. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Laura Patricia Mercado Manzano, contra el acto reclamado identificado en el considerando segundo de esta sentencia, por las causas expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Cúmplase el Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hoy veinte de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada DAVBID NAVA ABARCA, la sentencia de veinte de marzo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 151/2018-V-B, promovido por Laura Patricia Mercado Manzano, por derecho propio, contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnado y recibido ese día, Laura Patricia Mercado Manzano, por derecho propio, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue prevenida por auto de treinta siguiente. Por escrito presentado el siete de febrero actual, la quejosa aclaró que el estado procesal del juicio de origen, era la etapa de desahogo de pruebas y alegatos y que su acto reclamado consistía en el señalamiento del uno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, determinado por la autoridad responsable en actuación de quince de enero del año en curso. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de ocho de febrero de este año (fojas 33 a 40); se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Seguida la secuela procesal, por auto de uno de marzo actual (foja 78), se fijaron las trece horas con quince minutos del dieciséis siguiente, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual tiene ejecución material en Morelos. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La fecha señalada en actuación de quince de enero de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017, esto es, el uno de marzo de dos mil dieciocho, a las ocho horas con treinta minutos. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Aun cuando en el informe justificado (foja 76), la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, negó el acto reclamado, éste se tiene por cierto. La certeza del acto reclamado, sin perjuicio de lo que más adelante se diga, se desprende de la actuación de quince de enero de dos mil dieciocho, en la que la propia autoridad señaló el uno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo deviene improcedente contra el acto reclamado, ya que sobrevino la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado. La citada porción legal dice en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. La aludida regla general se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La quejosa presentó la demanda de amparo el veintinueve de enero de dos mil dieciocho. A la luz de las constancias exhibidas por la autoridad responsable con el informe justificado, ciertamente a la instauración del juicio de amparo, el acto reclamado existía y tenía un efecto en el juicio de origen; que, en suma, consistía en que el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen, continuaría el uno de marzo de dos mil dieciocho. Sin embargo, ese efecto cesó con posterioridad, por las razones que se darán enseguida. El acto reclamado reviste una naturaleza positiva, pues se trata de una fecha para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen, que la autoridad responsable señaló en actuación de quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 332 a 345 del anexo uno). Como se dijo, a la instauración del juicio de amparo, la determinación combatida estaba vigente y, por tanto, es inconcuso que afectaba la esfera jurídica de la quejosa. Sin embargo, el efecto de ese acto positivo cesó precisamente el uno de marzo de dos mil dieciocho, cuando continuó el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017, aun cuando [el desahogo] no hubiera concluido. Abundando en lo dicho en el párrafo que antecede, la causa de la cesación, fue que la fecha señalada para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 400 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en el juicio 111/2017, combatida por la quejosa, fue superada procesalmente por las acciones de la autoridad responsable, de continuar el desahogo de la audiencia en esa data, el desahogo, valga la redundancia, de las pruebas de declaración de parte a cargo de la quejosa y testimoniales a cargo de Rafael Guzmán Castro y Jesica Nava Lastra, sin obviar que fueron promovidos incidentes de tachas y que fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia (fojas 88 a 98 de la pieza principal). En efecto, las acciones de la autoridad responsable de continuar el desahogo de la referida audiencia el uno de marzo de dos mil dieciocho, desahogar pruebas y señalar las diez horas con treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, para la continuación del desahogo de la audiencia, creó una situación que pasó a regir en el juicio civil en sustitución de la que en un momento imperó por la emisión del acto positivo reclamado y cuya causa generadora no fue la decisión adoptada en la actuación de quince de enero del año en curso, que fue la que la parte quejosa reclamó por estimar inconstitucional. Luego, es inconcuso que la determinación adoptada por la autoridad responsable en actuación de quince de enero de dos mil dieciocho, que en su momento fijó la data para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen y que la parte quejosa estimó contraria a derecho, ya no tiene más efectos en el procedimiento, de ahí que a nada práctico llevaría examinar su constitucionalidad, pues a la luz de los artículos 1º y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica. La procedencia de la cesación de efectos fundada en la sustitución procesal del acto reclamado, aun cuando sus efectos no sean necesariamente favorables al quejoso, sino por el solo hecho de que sea un nuevo acto el que rija, neutralizando el originalmente reclamado, se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: III.2o.C. J/22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 176051 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Pag. 1579 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Debe decirse que no se examina la legalidad o ilegalidad de la actuación de uno de marzo de dos mil dieciocho, en todo ni en parte, lo que incluye el desahogo de las pruebas y el señalamiento de diversa fecha para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, porque ello no forma parte de la litis. La citada exclusión de estudio no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. A mayor abundamiento, una de las razones que justifica la cesación de efectos del acto reclamado, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, no los surtirá más y no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que precise el otorgamiento del amparo para ser borrada. En el caso, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, porque como se explicó, ya no surte efectos en el procedimiento, pues ahora impera en el procedimiento una nueva situación jurídica, y, por consiguiente, la situación jurídica que motivó el acto reclamado, ya no tiene efectos en la esfera jurídica de la quejosa. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Pero, además, en el hipotético caso de analizar el acto reclamado y hallarlo inconstitucional, el efecto del amparo sería que la responsable dejara insubsistente la fecha combatida y señalara una nueva ajustada a derecho, lo que perjudicaría a la quejosa porque en la actuación de uno de marzo de dos mi dieciocho, la autoridad responsable desahogó pruebas, de modo que otorgar a la quejosa el amparo contra el acto reclamado, implicaría la insubsistencia de la actuación de uno de marzo actual y significaría un retroceso en el procedimiento, en contravención a la impartición de justicia; lo que sería contrario a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, con fundamento en esta porción legal y en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto reclamado. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Laura Patricia Mercado Manzano, contra el acto reclamado identificado en el considerando segundo de esta sentencia, por las causas expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Cúmplase el Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hoy veinte de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de la audiencia desahogada el uno de marzo de dos mil dieciocho en el juicio ordinario civil 111/2017, en atención al requerimiento efectuado el cinco de marzo actual; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin perjuicio de su relación en audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

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