Laura Patricia Escobar Escobar
Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2023
Partes del expediente
- Laura Patricia Escobar Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el presente juicio no se aperturó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que, no se advierten documentos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Visto; el oficio signado por la Jueza Especializada del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; remite constancias en apoyo al mismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones; y proporciona el correo electrónico jlaboraltuxtla@poderjudicialchiapas.gob.mx. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Por otra parte, con fundamento en los ordinales 119 y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad oficiante, las que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la quejosa reclamó de la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con sede en esta ciudad: La omisión de notificar el auto admisorio dictado dentro de los autos del juicio laboral 864/2022, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza Especializada del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere el quejoso, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el veintinueve de mayo de la anualidad en curso, notificó a la parte actora Laura Patricia Escobar Escobar -aquí quejosa-, el auto admisorio de diecisiete de abril de la anualidad en curso; y en cuanto al emplazamiento de la parte demandada, se advierte que en autos del juicio laboral de origen, obra la razón de la actuaria judicial del juzgado responsable de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; en el que manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazarla; toda vez que, al constituirse en el domicilio correcto, proporcionado por la parte actora, fue informada que la persona moral buscada ya no se encuentra en dicho lugar, y que actualmente ese domicilio es ocupado por una notaría; por lo que informó, que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento con lo ordenado en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En ese tenor, el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de notificar el auto admisorio dictado dentro de los autos del juicio laboral 864/2022, de su índice), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. No obsta a lo anterior, el hecho que a la parte demandada no se le haya notificado y emplazado en el juicio laboral, pues ello se debió a la imposibilidad asentada por la fedataria adscrita a la responsable, por lo que, dicha notificación está sujeta a que la actora proporcione su domicilio actual y correcto. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien; téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala la autoridad oficiante. Por otra parte, la responsable proporciona correo electrónico, para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de un correo electrónico oficial, se deberá tomar nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se puedan entablar comunicaciones a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio signado por la Jueza Especializada del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; remite constancias en apoyo al mismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones; y proporciona el correo electrónico jlaboraltuxtla@poderjudicialchiapas.gob.mx. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Por otra parte, con fundamento en los ordinales 119 y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad oficiante, las que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la quejosa reclamó de la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con sede en esta ciudad: La omisión de notificar el auto admisorio dictado dentro de los autos del juicio laboral 864/2022, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza Especializada del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere el quejoso, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el veintinueve de mayo de la anualidad en curso, notificó a la parte actora Laura Patricia Escobar Escobar -aquí quejosa-, el auto admisorio de diecisiete de abril de la anualidad en curso; y en cuanto al emplazamiento de la parte demandada, se advierte que en autos del juicio laboral de origen, obra la razón de la actuaria judicial del juzgado responsable de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; en el que manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazarla; toda vez que, al constituirse en el domicilio correcto, proporcionado por la parte actora, fue informada que la persona moral buscada ya no se encuentra en dicho lugar, y que actualmente ese domicilio es ocupado por una notaría; por lo que informó, que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento con lo ordenado en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En ese tenor, el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de notificar el auto admisorio dictado dentro de los autos del juicio laboral 864/2022, de su índice), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. No obsta a lo anterior, el hecho que a la parte demandada no se le haya notificado y emplazado en el juicio laboral, pues ello se debió a la imposibilidad asentada por la fedataria adscrita a la responsable, por lo que, dicha notificación está sujeta a que la actora proporcione su domicilio actual y correcto. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien; téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala la autoridad oficiante. Por otra parte, la responsable proporciona correo electrónico, para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de un correo electrónico oficial, se deberá tomar nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se puedan entablar comunicaciones a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Visto el escrito de cuenta, signado por ****, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en auto de veintisiete de abril del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido se tiene a la parte quejosa ****, cumpliendo con el requerimiento que se le formuló en auto de veintisiete de abril del año en curso. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad y acto precisados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región I, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La omisión de notificar el auto admisorio dictado dentro de los autos del juicio laboral 864/2022. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar tramitar el incidente relativo al no haber sido solicitado. AUDIENCIA. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES Y CONSTANCIAS. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá rendir su informe justificado a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que será acreedor a las multas a que fue apercibido en el párrafo que precede. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. PREVENCIONES. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedor a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Requerimiento especial a la autoridad responsable. De conformidad con lo establecido en el artículo 257 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; a efecto de privilegiar la comunicación procesal mediante la vía electrónica, y con ello implementar el mandato constitucional de impartición pronta de justicia, SE REQUIERE a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, proporcione un correo electrónico oficial de la institución a la que pertenezca, así como un número telefónico en donde se puedan entablar comunicaciones con dicha autoridad, y para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "****", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "****". EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. PRUEBAS. Por lo que hace a la prueba documental consistente en las constancias, que remita la autoridad responsable, se reserva proveer hasta en tanto se cuente con el informe justificado que rinda la autoridad responsable. TERCERO INTERESADO. Resérvese proveer lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE O TERCERO INTERESADA. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio.....
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