Laura Patricia Castaldi Aceves
Expediente 1099/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Laura Patricia Castaldi Aceves
Actuaciones
- Principal
. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de quince de noviembre del presente año, se tuvo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, informando que se turnaron los autos para el dictado del laudo correspondiente dentro del incidente de liquidación, sin que a la fecha se haya informado el sentido en el que fue dictado. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad de cuenta, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada del laudo dictado dentro del incidente de liquidación. Apercibimiento. De no hacerlo así, dentro del término concedido, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito que signa la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintidós de noviembre del presente año. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por ******, y en atención al contenido de los mismos, acuérdese lo siguiente: Desahogo de prevención. En atención al escrito de cuenta, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento en tiempo y forma a la prevención hecha por esta autoridad federal en los presentes autos. Competencia. Ahora, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. [...]En ese tenor, de la lectura íntegra del escrito de demanda, esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en tratándose de leyes o normas generales que se reclaman por su propia entrada en vigor (autoaplicativas), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, si bien es cierto que las leyes autoaplicativas no requieren de un acto posterior de autoridad para que tengan obligatoriedad, también es cierto que posteriormente deberán tener un acto por el cual se cumplan, ya sea por voluntad propia o por mandato de la autoridad, y con base en ello, el Juez competente para conocer del amparo contra esas leyes, es el que se encuentre en donde deben ser acatadas; verbigracia, en el caso de normas fiscales, en el domicilio fiscal del contribuyente. [...] Luego, considerando que al instar el juicio de control constitucional, por una parte, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ha desempeñado como maestra en el servicio estatal adscrita a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California. Por otro lado, junto con la demanda se exhibe talón de impresión del recibo de pago relativo al mes de octubre del año en curso, expedido en Tijuana; así como constancia expedida por delegado de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con fecha de despacho de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y copia simple de la credencial para votar a nombre de la quejosa, de cuyo contenido se desprende como domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California. De lo que es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden de las relatadas documentales, que el domicilio de la peticionaria se ubica en la municipalidad indicada, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. [...] Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada, habida cuenta que si el aspecto por el que se combate la norma versa sobre las prestaciones que percibe la quejosa en su calidad de maestra del sistema educativo estatal (qué se le paga y qué se le pagará), es inconcuso que al reclamar la quejosa la Ley de mérito, como autoaplicativa tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde radica la peticionaria en Tijuana, Baja California, conforme se constata a través de los documentos que anexó; máxime que la propia constancia de servicios precisa que desempeña su labor en aquél municipio. [...] Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Sexto de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Laura Patricia Castaldi Aceves, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en turno, en Tijuana, Baja California. Consecuentemente, remítase al indicado órgano la demanda referida junto con sus copias y anexos, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme; solicítese respetuosamente para que dentro del plazo previsto en el citado artículo 48 de la ley de la materia, envíe el acuse de recibo correspondiente y comunique su determinación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Oficios. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda los oficios y anexos remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. Vías de cumplimiento. Atento a su contenido, se tiene a la autoridad de referencia, informando que se encuentra en vías de dar cumplimiento al fallo protector, y para acreditar lo anterior remite constancia de la actuación que ha llevado a cabo para tal efecto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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