Laura Palmira Sierra Mendez
Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Laura Palmira Sierra Mendez
- Erick Armando Aguilar Mosqueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito; al que adjunta, el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 26/2022, relativo a la recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa Laura Palmira Sierra Méndez, contra la resolución que declaró cumplida la sentencia de amparo, esto es el acuerdo de veintidós de agosto del año en curso; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la citada quejosa y el segundo punto resolutivo confirmó el auto recurrido. Acúsese recibo. Asimismo, se tiene a la superioridad devolviendo el expediente original del juicio en que se actúa, así como su anexo; en tal virtud, glósense a dicho expediente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Con apoyo en el artículo 18 la fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el mismo en uno de los resolutivos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a la responsable; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que ambos son susceptibles de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, copia certificada de diversas constancias que adjunto a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual, acusa recibo del diverso oficio, con el que se remitió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de veintidós de agosto del año en curso; asimismo, informa que recibió los autos originales del presente juicio, así como su anexo; y, comunica que dicho recurso se registró bajo el número 26/2022, así como que se admitió a trámite el mismo. De lo anterior este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Laura Palmira Sierra Méndez, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido recurso de inconformidad, lo cual hágase saber a las partes. En tal virtud, con apoyo en el citado numeral y en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA AL TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación de dieciocho de agosto del año en curso, en la que se asentó que el término que se le concedió a la parte quejosa mediante proveído de once de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento que informó la responsable respecto a la ejecutoria de amparo, transcurrió y mediante escrito presentado el dieciséis de agosto del año en curso hizo manifestaciones; por tanto, al haber fenecido el plazo este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base en los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, se aprecia que por sentencia dictada el veintidós de junio del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos de la Jueza Primero de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en los términos siguientes: "Séptimo. Efectos de la protección constitucional. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que: 1. La Jueza Primero de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán: a) Deje insubsistente el acto reclamado, consistente en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós; y b) En su lugar, emita uno diverso en el que acceda a regularizar los incrementos de la pensión alimenticia y, de haberse realizado de manera incorrecta en la audiencia veintisiete de mayo de dos mil quince y acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho, proceda a realizar la cuantificación de la pensión alimenticia conforme al incremento que sufrió el salario mínimo general; debiendo justificar sus operaciones aritméticas." Por auto de dos de agosto de la presente anualidad, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en los términos descritos. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Jueza Primero de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, ello en virtud de que el cinco de agosto del presente año, dejó insubsistente el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitió uno diverso en el que regularizó los incrementos de la pensión alimenticia. Lo anterior, señaló que lo hizo tomando como base el salario del deudor alimentario por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) así como los incrementos al salario que obraban en la página electrónica oficial de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que el salario mínimo aumentó del uno al treinta y uno de abril de dos mil quince, por el porcentaje de 4.2% (cuatro punto dos por ciento); del uno de abril al treinta de septiembre de ese año, 2.75% (dos punto setenta y cinco por ciento) y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de ese año, 2.67% (dos punto sesenta y siete por ciento). Así, con apoyo en los porcentajes anteriores cuantificó y describió el monto que resultó del salario del deudor alimentario, durante ese año dos mil quince, ya con los incrementos y posteriormente obtuvo el porcentaje que aumentó el salario en los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno y cuantificó cada uno de esos años, tomando como base para obtener el resultado respectivo el salario inmediato anterior con los incrementos correspondientes, En se tenor, el fallo protector se encuentra cumplido, toda vez que la autoridad responsable regularizó los incrementos de la pensión alimenticia, realizó la cuantificación de la pensión alimenticia conforme al incremento que sufrió el salario mínimo general, conforme a la citada página de internet de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), tal como le indicó en los considerandos de la sentencia y justificó cada una de las operaciones aritméticas, ya que expresó con claridad los porcentajes y resultados que fue obteniendo por cada incremento en los diversos periodos y años que cuantificó. Por tanto, es evidente que la responsable dio cumplimiento con ello, y se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus garantías, por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Lo anterior, sin que sea obstáculo para ello, las manifestaciones hechas por la parte quejosa mediante su escrito presentado el dieciséis de agosto del año en curso, en las que señala que en el auto de cinco de agosto del año en curso, la autoridad responsable, dio cumplimiento de manera incorrecta a la sentencia, toda vez que los porcentajes que señaló de incremento del salario mínimo para los periodos comprendidos del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y del uno de diciembre de dos mil diecisiete y todo dos mil dieciocho, son menores a los que incrementó el salario mínimo conforme a la información de la página de internet de la CONASAMI, ya que en esos años el salario incrementa con base en una metodología distinta, pues es a través del monto independiente de recuperación (MIR) y por consiguiente las cantidades que obtuvo la autoridad en que debieron quedar las pensiones de los años dos mil diecisiete a dos mil veintiuno no se encuentran conforme a derecho. Ahora bien, dichas manifestaciones no impiden tener por cumplida la ejecutoria de amparo, pues lo relativo al porcentaje, método o forma específica por el que debía incrementarse la pensión durante los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, no fue materia de análisis del fallo protector, y, por ende, tampoco de los efectos del mismo, por lo que sobre ese aspecto al no existir un lineamento especifico la autoridad tenía libertad de jurisdicción para realizar la cuantificación respectiva, pues en la ejecutoria de amparo, lo que se le indicó es que en el año dos mil quince, fueron tres incrementos del salario mínimo general, que entraron en vigor el primero de enero, el primero de abril y primero de octubre, todos del año dos mil quince, conforme a la página de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Generales, y en el acto reclamado autos la autoridad responsable únicamente realizó un incremento a la pensión por lo que respecta a ese año, lo que genera que todos los cálculos realizados posteriores a ese año sufran un cambio. Así, como se aprecia lo alegado por la parte quejosa relativo a la metodolgía para cuantificar los incrementos al salario en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, no fue materia de análisis del fallo protector, ni generó efecto o lineamiento alguno, por lo que no pueden ser estudiadas como parte de este cumplimiento, pues la autoridad ya realizó los efectos indicados tal como fue analizado y por tanto, la sentencia se encuentra cumplida. Sin perjuicio de ello, en todo caso esas alegaciones podrán ser materia de un nuevo amparo que promueva contra la determinación respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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