Laura Ortiz González

Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
172/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Laura Ortiz González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso d), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, en ese sentido conforme lo previsto en el punto 4.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; por tanto, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Asimismo, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años; por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Ahora, si bien es cierto que de conformidad con el inciso k) de la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, la notificación del presente acuerdo debe realizarse de manera personal, porque aquélla permite que la parte quejosa haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que en auto de diez de los cursantes, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil veintitrés. Por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 172/2023. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. [...] Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, en: La omisión de pago de pensión por fallecimiento, conforme al dictamen ***, de dos de septiembre de dos mil veintidós. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se expone. [...] Ahora bien, de las porciones normativas antes transcritas, se advierte que, tratándose de actos atribuidos a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existen excepciones al principio de definitividad, y no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados antes de acudir al juicio constitucional, cuando concurran las hipótesis de estricta aplicación siguientes: a) Si el acto reclamado carece de fundamentación (fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución (fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); d) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo), y; e) Cuando el quejoso es tercero extraño al procedimiento del cual emana el acto reclamado Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al caso, conviene citar el contenido de los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establecen: [...] En el caso, respecto del acto reclamado procede el juicio de nulidad conforme a la fracción II, del diverso precepto 229, del citado ordenamiento legal. Por tal motivo, el contenido de los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al cual se encuentra sujeto el acto de autoridad que se reclama en esta vía constitucional, previene el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como medio de defensa a través del cual, la impetrante puede obtener los pagos reclamados y con ello, el cumplimiento del dictamen de pensión emitido a su favor. Lo anterior, sin que obste la naturaleza de los efectos derivados del acto reclamado, pues si bien se estima que estos podrían ser susceptibles de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos verídico resulta que la parte quejosa se encuentra obligada a promover dicho medio de defensa ordinario, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. Máxime que la omisión que reclama la parte quejosa no se generó dentro de un juicio y/o procedimiento seguido en forma de juicio para estar en posibilidad de aducir una violación al artículo 17 de la Constitución Federal, esto es, como si se tratase de una dilación y/o paralización de algún procedimiento; por el contrario, su pretensión constitucional subyace del impago de las pensiones por fallecimiento que se adeudan a la peticionaria, derivadas del dictamen emitido en su favor. De ahí que aquélla pretensión deba necesariamente dilucidarse a través del juicio de nulidad respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pues solo mediante la sentencia emitida en el juicio de instancia de referencia, puede vencerse dicha omisión y condenarse a la autoridad a efectuar los pagos respectivos. Lo anterior, pues el derecho subjetivo de la quejosa deriva precisamente del dictamen de pensión ya emitido en su favor, por lo que la exigencia del pago correlativo debe dirimirse en la instancia ordinaria respectiva. Sin que este órgano de control deba asumir alguna otra conducta respecto del desechamiento que se declara, esto es, encausando la pretensión constitucional equívoca de la quejosa mediante la vía ordinaria respectiva, pues ello implicaría extralimitarse en la protección de la tutela judicial efectiva en perjuicio de terceras personas y de los derechos que les corresponden, inobservando la jurisprudencia 2a./J. 125/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1583 del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2002215, que establece: [...] [...] Además, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no planteó en sus conceptos de violación, la falta total de fundamentación de los actos reclamados, así como tampoco de manera exclusiva violaciones directas a la Constitución Federal, sino la ilegalidad de la omisión reclamada, por supuestamente trastocar, incumplir e inobservar disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Sin que se soslaye, que la quejosa refiera que con el acto reclamado se trasgrede en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de la omisión de otorgar el pago de la pensión por jubilación, sin embargo, de lo manifestado en su demanda, así como de las constancias que adjuntó se obtiene que su reclamo no deriva del ejercicio de dicha prerrogativa constitucional de manera autónoma, pues como se dijo, subyace del impago de las pensiones que se adeudan a la peticionaria, derivadas del dictamen emitido en su favor; de ahí que se estime procedente proveer en los términos apuntados. Tampoco se desatiende por el suscrito que la parte quejosa refiera en el apartado relativo a la precisión del acto reclamado, que presentó un escrito solicitando el pago de su pensión, sin embargo, del resto de la demanda no se advierte que formule conceptos de violación tendentes a combatir dicha circunstancia, pues como se ha reiterado en esta determinación el reclamo de la parte quejosa, se circunscribe en el impago de la pensión emitida en su favor. Máxime, que como se apuntó, se duele de cuestiones de la legalidad relacionadas con preceptos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Sostener el criterio contrario propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que establece el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en la vía correspondiente. [...] En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; por notoriamente improcedente. De conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a la parte quejosa por medio de la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, pues el señalado para oír y recibir notificaciones como "los estrados y boletín de este H. Juzgado", no está contemplado en la ley de la materia. Ahora bien, por cuanto hace al correo electrónico que proporciona, no ha lugar a tenerlo como medio para realizar las notificaciones oficiales, puesto que éste no se encuentra previsto como medio legal para tal efecto, en términos de lo que establece el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, téngase en consideración como medio de contacto idóneo para comunicaciones no procesales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. [...]

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