Laura Ortega Cazares

Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
327/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Laura Ortega Cazares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huachinango, Puebla, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese y por lista a la quejosa por ser el que señaló para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Agréguese a los presentes autos el oficio con anexo signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, mediante el cual comunica que dio cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, al remitir copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ***, y remitiendo copia simple de la factura de envío para acreditar tal circunstancia; lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se acordó lo relativo al contenido del oficio de cuenta el cual se recibió vía correo electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, mediante el cual comunica que dio cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, al remitir copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ***; lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante auto de nueve de abril de dos mil veintiuno se tuvieron por recibidas las constancias de mérito. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. ? Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, y al efecto remite copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ***, constancias que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Considerando el volumen de la documental en comento, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales. ? Quejosa cumple prevención. ? Se desecha demanda de amparo. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por la quejosa *** se le tiene dando cumplimiento total al requerimiento efectuado en proveído del dieciocho de marzo del presente año, pues exhibe las copias necesarias de su demanda de amparo y escritos aclaratorios para correr traslado a las partes y aperturar el incidente de suspensión. En consecuencia, con base en las manifestaciones de la quejosa en su demanda y escrito aclaratorio, y las constancias recabadas por este juzgado para mejor proveer sobre la suspensión, se procede a acordar lo conducente. Así del se estima procedente desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se aprecia que la quejosa esencialmente reclama el proveído del doce de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, en el que se le ordenó requerirla para que hiciera entrega del inmueble adjudicado en ese procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, así como su ejecución. Así, respecto a dicho acto oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: *** De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b)5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: 1)Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); 2)Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -indistintamente-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. *** Por su parte, tratándose de procedimientos de remate la última resolución será entendida como que aquella que de forma indistinta ordena la entrega o escrituración del inmueble rematado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 2016, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). *** Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." Sentado lo anterior, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar los antecedentes más relevantes que motivaron el acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del juicio mercantil de origen, y son del tenor siguiente: a) Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil seis, *** en su carácter de endosatario en procuración de *** promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de *** como aval, a quienes reclamó el pago de diversas prestaciones derivadas de la suscripción de un pagaré (fojas 2 a 5 del tomo anexo). b) De la demanda correspondió conocer al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, quien mediante auto del once de agosto siguiente la radicó con el número *** y la admitió a trámite, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a los demandados (fojas 7 y 8 ídem). c) En cumplimiento a lo anterior, el veintinueve de agosto de dos mil seis, el Diligenciario responsable se constituyó en el domicilio señalado para notificar a los demandados, y previo requerimiento de pago -que no se realizó- y embargo de un inmueble, los emplazó a juicio (fojas 9 y 10 ídem). d) El once de septiembre de dos mil seis se tuvo a los demandados formulando su contestación, por lo que se ordenó dar vista al actor (foja 11 ídem). e) Seguidas las etapas procesales respectivas, el diecisiete de abril de dos mil siete se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones (fojas 44 a 47 ídem). f) Por auto del quince de junio siguiente se declaró ejecutoriada la sentencia y se ordenó requerir de pago a los demandados (foja 48 ídem). g) El diez de septiembre de dos mil siete se tuvo al actor promoviendo incidente de liquidación de sentencia (foja 55 ídem), el cual se resolvió el dieciocho de enero de dos mil ocho, en el sentido de aprobar la planilla propuesta por la cantidad de seiscientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos (fojas 58 y 59 ídem). h) Por auto del siete de mayo de dos mil ocho se tuvo al actor nombrando perito valuador de su parte, por lo que se le requirió para que protestara el cargo, y también se requirió a los demandados para que nombraran profesionista de su parte (foja 69 ídem). i) El veinticinco de enero de dos mil diez se tuvo al actor exhibiendo un certificado de gravámenes del inmueble embargado, del que se desprendía la existencia de un coacreedor, por lo que se ordenó notificarle el estado de ejecución del juicio y anunciar la primera almoneda (foja 115 ídem). j) El ocho de diciembre de dos mil diez se llevó a cabo la audiencia de remate en la que se adjudicó a favor del actor el inmueble embargado (fojas 155 vuelta y 157 ídem). k) El veintidós de noviembre de dos mil once se ordenó remitir los autos a la Notaría respectiva a fin de que se tirara la escritura de adjudicación (fojas 170 vuelta y 171 ídem). l) Por auto del cinco de junio de dos mil doce se tuvo a los demandados exhibiendo un certificado de gravámenes del inmueble rematado, del que se desprendían tres embargos, uno de ellos relativo a un juicio de alimentos promovido por *** por lo que se les requirió para que proporcionaran su domicilio a fin de comunicarle el estado de ejecución del juicio (foja 411 ídem), lo cual se reiteró el veintisiete de abril de dos mil quince (foja 583 ídem). m)El diez de diciembre de dos mil trece nuevamente se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública conducente, a fin de que se tirara la escritura de adjudicación, la cual firmaría en rebeldía de los demandados el Juez responsable (foja 590 ídem). n) Después de diversas gestiones para obtener el domicilio de *** por auto del cinco de julio de dos mil dieciocho se ordenó notificarle el estado de ejecución del juicio (foja 704 ídem), lo cual se realizó el dieciséis de octubre siguiente por conducto de quien atendió al Diligenciario (foja 712 ídem). o) Tomando en cuenta que la referida coacreedora no realizó manifestación alguna, por auto del diez de diciembre de dos mil dieciocho se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Uno del Distrito Judicial de Huauchinango a efecto de que se tirara la escritura de adjudicación (foja 717 ídem), y mediante proveído del treinta de mayo de dos mil diecinueve se tuvo al fedatario devolviendo las actuaciones e informado que tiró la aludida escritura (foja 720 ídem). p) Por tanto, el doce de octubre de dos mil diecinueve se ordenó requerir a los demandados para que dentro del plazo de tres días entregaran a la parte actora el inmueble adjudicado, apercibidos que de no hacerlo se decretaría su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública (foja 728 ídem), auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. q) Lo anterior se notificó a los demandados el ocho de marzo de dos mil veintiuno (foja 736 ídem), siendo el estado procesal que guarda el expediente. De los antecedentes narrados, se desprende que en contra de la quejosa se promovió un juicio ejecutivo mercantil, al cual compareció, pues incluso contestó la demanda; asimismo, en tal procedimiento ya se dictó sentencia definitiva, misma que se encuentra firme. Además, se le embargó un inmueble, y dado que no cumplió con lo sentenciado se sacó a remate, por lo que se adjudicó a favor de la parte actora, y también se ordenó remitir los autos a la Notaría respectiva para el tiraje de la escritura correspondiente, la que incluso ya se elaboró En virtud de lo anterior, por auto del doce de octubre de dos mil diecinueve se ordenó requerir a la justiciable para que dentro del plazo de tres días entregara a la parte actora el inmueble adjudicado, pues de no hacerlo se decretaría su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Lo anterior cobra especial relevancia, pues convine recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 13/2016 -que se transcribió en párrafos precedentes-, sostuvo que la Ley de Amparo define a la última resolución del procedimiento de remate como aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; no obstante, la conjunción copulativa "y" pudiera interpretarse en el sentido de que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar esa última resolución; sin embargo, ello provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, por lo que se debe interpretar en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o la escrituración del bien inmueble rematado; de manera que la disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias inherentes al acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, interpretación que se estimó acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, si en el juicio de usucapión *** ya se dictó un proveído en el que se ordenó remitir los autos a una Notaría Pública para el tiraje de la escritura de adjudicación, e incluso ya se elaboró la referida escritura es evidente que ya se dictó la última resolución en el procedimiento de remate. Bajo ese panorama, si la quejosa pretendía reclamar violaciones ocurridas durante el procedimiento de remate, debió controvertir el auto que ordenó remitir los autos a la Notaría para el tiraje de la escritura, pues se insiste que con ese acto culminó el remate. No obstante, la justiciable acude a esta instancia constitucional a fin de controvertir el proveído del doce de octubre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó requerirla para que hiciera entrega del inmueble adjudicado en el juicio de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, la cual si bien es uno de actos con que culmina con la etapa de remate, lo cierto es que en la especie se dictó primero el acuerdo que ordenó el tiraje de la escritura de adjudicación, por lo que fue éste el que puso fin al procedimiento de remate. Entonces, si la orden de entrega del inmueble adjudicado se dictó con posterioridad a que culminó la etapa de remate no puede formar parte del mismo, por lo que debe estimarse que forma parte del procedimiento de ejecución de la sentencia, y para justificar lo anterior, es necesario traer a colación lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, en sesión del veintiséis de agosto de dos mil veinte, que en la parte que interesa dice: *** De la ejecutoria en cuestión derivó la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), visible en la página 293, libro 81, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente en diciembre de dos mil veinte, de rubro y texto siguientes: *** De lo transcrito se desprende que si en un juicio ya se dictó la orden que requiere al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura de adjudicación esa actuación constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, por lo que los actos posteriores como la orden de escrituración en rebeldía del inmueble rematado o la diversa de desalojo de dicho bien, son actos efectuados después del remate. No obstante, forman parte de la ejecución de la sentencia, ya que son tendentes a cumplirla, máxime que los derechos que afectan ya fueron materia del juicio natural y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la fase del remate únicamente resta la materialización mediante la ejecución de la misma, por lo que el Juez debe forzar el cumplimiento, ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien. En el entendido que la coacción que reviste a dichos actos no puede considerarse autónoma a la fase de ejecución de la sentencia, ya que no tiene la misma naturaleza que las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, pues si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo sentenciado, por lo que considerar que la orden de escrituración en rebeldía o la de desalojo del inmueble adjudicado poseen autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Entonces, con base en lo expuesto se puede concluir que el acto reclamado, consistente en el acuerdo del doce de octubre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó requerir a la quejosa para que hiciera entrega del inmueble adjudicado en el juicio ejecutivo mercantil *** con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, es una actuación emitida con posterioridad a la etapa de remate -la cual concluyó con la orden de escrituración del inmueble adjudicado-; sin embargo, como lo sostuvo la Primera Sala forma parte de la etapa ejecutiva del juicio natural, en virtud de que pretende logra el cumplimiento de lo sentenciado. No obstante, el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. Lo anterior se patentiza si se pondera que el inmueble embargado en el juicio natural se adjudicó por la cantidad de un millón quinientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos, y la última liquidación que se promovió se resolvió el uno de abril de dos mil dieciséis, aprobándose por la cantidad de un millón setecientos setenta y siete mil doscientos treinta pesos (fojas 630 y 631 del tomo anexo), por lo que es evidente que aún queda un remanente por cobrar a fin de que se considere cumplida la sentencia. Sin que se soslaye que la orden de entrega del inmueble rematado, pudiera afectar el derecho de posesión de la impetrante; sin embargo, como los sostuvo la Primera Sala en la ejecutoria transcrita, los derechos que se afectan con la orden de desposesión del inmueble adjudicado ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada; en consecuencia, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos ésta, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. Además, el acuerdo reclamado tampoco se considera de imposible reparación en la etapa de ejecución de sentencia, pues con él no se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, o defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia -en lo sustantivo-, pero principalmente, porque la entrega de la posesión del inmueble, se trata de un acto susceptible de ser materialmente reparado al analizarse el cumplimiento de la sentencia, de ahí que tampoco se actualiza la excepción relativa de procedencia del juicio de amparo. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra el acuerdo reclamado, por haberse verificado en la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva. En el entendido que la causa de improcedencia invocada se hace extensiva a la ejecución del acuerdo reclamado, en virtud de que no se le atribuyó algún vicio propio. Finalmente, no se soslaya que la quejosa, en sus conceptos de violación pretende atacar violaciones que estima se cometieron durante la sustanciación del procedimiento de remate efectuado en el juicio mercantil de origen. No obstante, cabe destacar que existe una imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la justiciable, dado que la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver cuestión de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 981, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010501, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. *** Además, si se considerara a las violaciones que la quejosa alega ocurrieron durante la fase del remate como actos reclamados destacados e independientes, de todas formas procedería desechar la demanda, ya que éstas tendrían que combatirse al controvertir la última resolución dictada en el procedimiento de remate, que en la especie lo constituyó el acuerdo que ordenó el otorgamiento de le escritura de adjudicación; sin embargo, la justiciable no reclamó ese proveído. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***. Notifíquese personalmente a la quejosa -mediante listas-.

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