Laura Olivia Soto Armas
Expediente 1280/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Olivia Soto Armas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional en mención, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado en sus términos el despacho 179/2023, que le fue remitido para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado comisionara a quien correspondiera, se constituyera en el domicilio del tercero interesado ******************** y lo emplazara al presente asunto, lo que así hizo y acredita con las constancias que adjunta. Dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente y acúsese recibo de estilo. En ese sentido, atento a lo manifestado por el tercero en cita al momento de ser emplazado, se le tiene por señalado como domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que indicó. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, signada por ********************, por propio derecho, contra actos de la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número III-1280/2023-1. Ahora bien, de una lectura integra a la demanda de amparo se advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de actuación judicial para investigar y brindar seguimiento a la carpeta ******************** se advierte una causa de improcedencia. Al respecto conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la falta de actuación judicial para investigar y dar seguimiento a la carpeta de investigación ******************** que señala se instruye en contra de Alejandro Rojas Rodríguez, porque después de dos años de que presentó a denuncia no se ha podido notificar a este último para que acuda a las instalaciones de la Fiscalía del Estado a responder de sus actos delictivos. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Del precepto legal trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Ello porque el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En este sentido, resulta necesario precisar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 109, fracción XXI, disponen lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De la transcripción que antecede, se desprende que la víctima u ofendido tendrá el derecho de impugnar ante el Juez de control, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; es decir, que de una interpretación sistemática de los citados artículos, se advierte que ante la omisión del Representante Social de actuar como corresponde en la etapa de investigación, existe la obligación de impugnar dicha conducta en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, es requisito indispensable para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto. En ese contexto, como ya quedó precisado, el promovente señala como acto reclamado la falta de actuación judicial para investigar y dar seguimiento a la carpeta de investigación ******************** que señala se instruye en contra de Alejandro Rojas Rodríguez, porque después de dos años de que presentó a denuncia no se ha podido notificar a este último para que acuda a las instalaciones de la Fiscalía del Estado a responder de sus actos delictivos. Actuación que se traduce en omisión de realizar las gestiones necesarias de investigación dentro de la citada carpeta de investigación, pues al no gestionar la localización del indiciado, se ha paralizado o suspendido su integración; por ende, previo a instar el juicio de amparo, debió hacer valer el recurso ordinario previsto en el artículo 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el cual podía hacer cesar la abstención del Representante Social, constitutiva del acto reclamado, pues es precisamente este medio de defensa el que prevé la ley ordinaria; por tanto, es inconcuso que el amparo impetrado resulta improcedente. Se afirma lo anterior, pues de no considerar que procede un medio de defensa previo a promover el juicio de amparo, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación, pues ante la autoridad ordinaria, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente atendiendo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en tanto que al acudir directamente al juicio de amparo, por su naturaleza no se pueden cumplir los principios establecidos, ya que no se prevé una audiencia en la que se encuentren presentes todas las partes y se emitan de manera oral los conceptos de violación, lo que sí podría efectuarse ante el Juez de Control. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 945, registro digital 2017641, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En ese sentido, al no haberse agotado el principio de definitividad, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la ley en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, y por autorizados a los de ******************** únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y se le tiene proporcionando únicamente como medio de contacto el correo electrónico ********************. Notifíquese personalmente.
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