Laura Nayeli Figueroa
Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Laura Nayeli Figueroa
- LAURA NAYELI FIGUEROA y Otros.
- Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE DEJO EL 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO; POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 408/2021, promovido por ..., por sí y en representación de su menor hijo ..., contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 4, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, tocó conocer del asunto al suscrito, quien previa aclaración, admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió informe justificado; señaló al tercero interesado; y fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; el tercero interesado fue emplazado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un proceso de naturaleza familiar, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Familiar de esta Ciudad en el toca ..., que modificó el auto de veinte de febrero de dos mil veinte, dictado en la controversia del orden familiar ..., del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, y en su lugar estableció que las convivencias paterno filiales sería mediante entrega-recepción del menor involucrado, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar las actuaciones que precedieron al acto reclamado: 1. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, la quejosa por propio derecho y en representación de su hijo, promovió controversia familiar contra el tercero interesado, demandando a su favor la guarda y custodia del menor, un régimen de visitas para el padre, y una pensión alimenticia para el niño. La demanda se admitió el veintiséis de abril siguiente. 2. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se decretó provisionalmente la custodia del infante a favor de la peticionaria; y para el padre, se fijó un régimen de convivencias, todos los domingos de las nueve a las dieciocho horas, debiendo recogerlo y entregarlo en el domicilio donde habita con su madre. 3. El veintiocho de enero de dos mil veinte, el tercero interesado, por conducto de su mandatario, solicitó que el menor fuera entregado personalmente por su madre para poder llevar las convivencias, pues alegó intervención de terceras personas y obstáculos para poder llevar las visitas. A lo anterior, recayó el auto de treinta y uno de ese mes y año, en el que se dio vista a la accionante con tales manifestaciones. 4. Esta última se opuso a los señalamientos de su contrario, recayendo el auto de doce de febrero de dos mil veinte, donde se previno a las partes para que se abstuvieran de causarse molestias entre sí y ejecutaran el régimen de visitas y convivencias de manera armónica, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se llevarían en el centro especializado del Poder Judicial de esta ciudad. Para tal efecto, el juez ordenó girar oficio a dicha entidad para que se entrevistara a las partes a fin de determinar la viabilidad de un régimen asistido. 5. El dieciocho de febrero siguiente, el tercero interesado, por conducto de su mandatario, pidió como medida precautoria que se cambiara el lugar donde se recoge y entrega al niño para realizar las visitas, solicitando que fuera en el inmueble del juzgado. Ello, partiendo de que se le comunicó una orden ministerial de cuatro de ese mes y año, en el sentido de abstenerse de causar violencia contra la actora y/o su familia, por lo que para no quedar en incertidumbre -y señalando que él no genera violencia- pidió dicho cambio a fin de evitar riesgos y poder cumplimentar el régimen. A esta petición, recayó el auto de veinte de febrero de dos mil veinte, en el que el juez le ordenó estarse a lo acordado el doce de dicho mes y año. 6. Inconforme, el tercero interesado, interpuso recurso de apelación contra ese acuerdo, el cual se resolvió el diez de septiembre de dos mil veinte, en el toca ... del índice de la Primera Sala Familiar de esta ciudad, quien confirmó el auto impugnado. 7. Contra dicha resolución, el padre del menor promovió amparo indirecto que se tramitó en este órgano jurisdiccional con el número de expediente ..., en donde el seis de abril de dos mil veintiuno, se le concedió la protección constitucional en los siguientes términos: "En consecuencia, ante lo fundado de la acción de amparo, es inconcuso que se vulnera el derecho fundamental de legalidad y el interés superior del niño, por lo que es procedente conceder la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable: a) Deje sin efectos la resolución reclamada de diez de septiembre de dos mil veinte, emitida en el toca ... . b) En su lugar, dicte otra en la que al examinar los motivos de inconformidad del apelante, determine lo que en derecho corresponda, pero observando que en un inicio se solicitó una medida cautelar; y cuya viabilidad deberá determinarse considerando la situación familiar existente -de acuerdo a la información con que cuenta en autos- y que conforme al interés superior del menor, deben procurarse escenarios idóneos para que éste disfrute el régimen de visitas y convivencias, pues es a él a quien debe cuidarse por sobre todo." 8. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el trece de mayo de dos mil veintiuno, la Ad quem dictó nueva sentencia en la que modificó el proveído impugnado para ordenar que la entrega-recepción del menor se realice en el centro de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esta decisión constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. La quejosa sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: a) Dejó de analizar lo manifestado en torno a la existencia de violencia familiar por parte del tercero interesado en contra de la quejosa y de su menor hijo, pues al momento de recogerlo para llevar a cabo la convivencia lo obligaba a irse con él a pesar de que el niño estuviera llorando o asustado. b) Omitió analizar que al juez responsable se le solicitó practicar estudios psicológicos a la pareja del tercero interesado, para determinar si es apta para convivir con el infante. c) Debió considerar que debido a la situación existente con la pandemia generada por el virus Covid-19, resulta riesgoso llevarlo al centro de convivencia y que a su vez, su progenitor lo lleve a su domicilio, pues implica que esté expuesto a un contagio. d) Han transcurrido aproximadamente un año y cinco meses desde la última convivencia que tuvieron el menor y su progenitor, por lo cual el régimen de convivencia decretado, que permite la separación del menor de su madre en un horario de las nueve a las dieciocho horas de cada domingo, podría propiciar daños psicológicos al infante. Además, la Ad quem no se cercioró de si el ambiente en el cual convivirá el menor resulta apto para su sano desarrollo, por lo cual la resolución atenta contra su interés superior. Conforme a lo anterior, refiere que fue excesivo lo determinado en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo 500/2020, que dio origen a la emisión del acto reclamado. Los motivos de disenso a), c) y d) son infundados y el b) es inoperante. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad. En torno al principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para respetar el derecho constitucional de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar los preceptos legales que servirán de sustento a la actuación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. En el caso, contrario a lo alegado en el motivo de disenso a), la Sala responsable sí consideró las manifestaciones y constancias que se han allegado al proceso natural, relativas a los actos de violencia que se han suscitado al momento de llevar a cabo la entrega del menor para llevar realizar la convivencia decretada con su progenitor. Se afirma ello, pues en los argumentos que dieron lugar a la modificación del proveído impugnado, se señaló lo siguiente: "[.] precisado lo anterior, en el agravio expresado por el apelante, argumentó que el Juzgador no tomó en consideración que ambas partes han manifestado que existen recíprocos actos y actitudes de violencia entre ellos, por lo que al decretar la convivencia provisional para con su hijo, ordenando que recogiera al infante en el hogar de la señora ..., existía la posibilidad de que ante cualquier denuncia o manifestación que otra persona realizara en contra del demandado, señor ..., se le hiciera efectivo el apercibimiento decretado por la C. Agente del Ministerio Público, regulado en el escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, emitido por la Procuraduría General de Justifica de la Ciudad de México, Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, en consecuencia, adujo el recurrente que el Juez de origen debió haber ordenado que el régimen de las convivencias se cambiara respecto al lugar de entrega y recepción del hijo de las partes [.] En ese sentido y en relación a lo anterior, de constancias se aprecian indicios de violencia entre las partes, mismos que no pasan inadvertidos para esta autoridad, pues en el escrito de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, la señora ... manifestó que el señor ... fue violento al momento de recoger a su hijo ..., para que se llevara a cabo la convivencia, por lo que se vio obligada a iniciar una carpeta de investigación en contra del señor ... [.] Así también, por escrito presentado con fecha veintiocho de enero, el Licenciado ..., mandatario judicial del señor ... manifestó que su mandante al realizar las convivencias con su hijo e ir a recogerlo a la casa de la señora ..., ésta salía de su domicilio a intervenir con tres o cuatro personas, las cuales el demandado identificaba como el padre, hermano y pareja de la actora, también asentó que los mismos presentaban actitudes hostiles y palabras altisonantes en su contra, en consecuencia, es de observarse que son ambas partes las que manifiestan indicios y actos de violencia al momento de que se lleva a cabo la entrega recepción entre el progenitor y el hijo de las partes, por lo que resulta evidente que el niño ... podría correr algún riesgo, de continuarse con la entrega y recepción en el domicilio de la señora ..., y que incluso se podría poner en peligro el interés superior del infante, cuando lo que se debe ponderar, es garantizar al mismo una sana convivencia con su progenitor y fomentar un adecuado desarrollo. [.]" Como se advierte de dichas transcripciones, la autoridad responsable al modificar el auto primigenio, sí consideró los actos de violencia informados por ambas partes, e incluso determinó que por ello, debía intervenir oficiosamente con fundamento en los artículos 940, 941, 941 Bis y 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, para resolver la litis de apelación. Aunado a lo anterior, la modificación del proveído reclamado tuvo como efecto que ahora la entrega-recepción del menor, se lleve a cabo en el Centro de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial de la Federación; determinación que en este acto se verificará si es apegada al interés superior del infante peticionario, de conformidad con el ordinal 941, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Para determinar lo conducente, es necesario considerar que el interés superior del menor está previsto en el artículo 4 Constitucional que en su parte conducente, dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos; y, que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. La norma mencionada prevé que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado debe proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos; por ende, el derecho a la salud, tanto física como mental, de los menores constituye una garantía individual oponible al Estado, el que tiene la obligación de propiciarla, no sólo en las leyes, sino en todos los actos que realice. Por su parte, los numerales 6, fracción I, 13, fracción IV, 22 y 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen como principios rectores de la protección de los derechos de los menores, los siguientes: - El del interés superior de la infancia; y - El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. Además, en dichas disposiciones se prevé que los infantes tienen derecho a vivir en familia, por lo que se tendrá como prioritaria la necesidad de que aquéllos convivan y mantengan relaciones personales y trato directo con sus progenitores, salvo que conforme la ley y con base en las probanzas allegadas, la autoridad decida que ello es contrario al interés superior del menor. De modo que, atendiendo a tales principios, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún caso, condicionar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, conforme a los numerales 3, 4, 19 y 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene, entre otras, las obligaciones de proteger el derecho que los niños tienen a disfrutar del nivel más alto de salud; de tener como primordial el interés superior de los menores en cualquier decisión que tomen los tribunales; asegurar el bienestar de los menores y adoptar cualquier medida para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención aludida, especialmente, por lo que hace a las medidas para proteger a los infantes contra toda forma de daño a su salud física o mental. Además, los ordinales 3, párrafos uno y dos, 9, párrafo tres, y 18, párrafo uno, de la referida Convención, disponen que en todas las medidas concernientes a los niños que dicten las autoridades jurisdiccionales, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores; tener presentes los derechos y deberes de sus padres o tutores; y, que es necesario respetar el derecho de los niños que estén separados de uno o de ambos progenitores a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor, pues dicho interés debe ser la preocupación fundamental, para proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo de los infantes. Como se advierte, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos de los Niños, reconocen el derecho de éstos a la salud mental; por lo tanto, tal derecho es oponible al Estado y consiste en que éste debe velar por la protección de la salud psicológica de los menores en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, los derivados del ejercicio de la potestad jurisdiccional que trasciendan en la esfera jurídica de los infantes. La interpretación armónica de las disposiciones normativas referidas, permite inferir que tratándose de resoluciones judiciales que afecten de alguna manera a los menores, se debe atender siempre a su interés superior, conforme al cual, las autoridades tienen las siguientes obligaciones: I. Proveer, por los medios más idóneos, las necesidades materiales básicas del menor, así como las de tipo espirituales, afectivas y educacionales; II. Atender los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, III. Mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor, teniendo en cuenta que toda alteración en su entorno puede incidir en su personalidad y en su futuro. Aunado a ello, para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones conflictivo entre varios intereses, por lo que la autoridad jurisdiccional debe examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para emitir una solución estable, justa y equitativa para el menor, cuyos intereses deben imperar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al infante o adolescente. Se cita al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Por otro lado, el derecho de visitas y convivencias entre padres e hijos es un derecho fundamental que permite el pleno ejercicio del derecho al desarrollo y bienestar integral de la familia, pero específicamente, de los infantes, ya que cumple con los objetivos siguientes: a. Enriquece las relaciones humanas espiritual y afectivamente. b. Consagra la pretensión de fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia e implica una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado. c. Regula, promueve, preserva y, en su caso, mejora o reencausa la convivencia familiar respecto de los lazos de los menores. d. Logra una mejor formación del menor, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." Es importante mencionar que el derecho de convivencias se refiere a una institución del derecho de familia imprescindible para conseguir una mejor formación de los menores, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, dado que de él deriva la posibilidad de que el infante o adolescente se relacione con ciertas personas unidas a él por lazos familiares, ya que los acercamientos de las personas son esenciales para su tranquilidad, felicidad y armonía personal, familiar y social. Al respecto, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/33 (9a.), de la Décima Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FINALIDAD. El derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares, en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones humanas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse normalmente. Ello trasciende a las relaciones sociales que alcanzan en los menores una dimensión aun mayor que la simplemente familiar, dado que actualmente se hace indispensable una concepción de relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales." En el caso, se considera que la resolución reclamada no implica una transgresión al interés superior del menor, pues precisamente con base en dicho principio, modificó la forma en que deberá entregarse al infante para que se pueda llevar a cabo la convivencia entre él y su progenitor. Ahora, si bien la quejosa señala que han existido sucesos de violencia, lo jurídicamente relevante es que éstos solo se han surgido al momento de llevar a cabo la entrega-recepción del infante en su domicilio; entonces, es evidente que al haberlo cambiado la Ad quem, para que se realice en el Centro de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial de la Federación, se está implementando un mecanismo con el que se busca erradicar cualquier tipo de acontecimiento agresivo entre los progenitores, que pudiera afectar el sano desarrollo del menor. Es importante señalar que dicha sede, conforme a los artículos 2, 4 y 15 del Acuerdo General 22-44/2018 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el que se establecen las bases generales de organización y funcionamiento del Centro de convivencia familiar supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es la apropiada para propiciar una entrega-recepción del menor en un ambiente adecuado vigilado por personal cualificado para ello, en el cual se evitará exponer al menor a cualquier situación violenta. Además, en las constancias que obran en el expediente, y conforme a lo manifestado por la quejosa, sólo se advierte que los episodios en donde se han generado situaciones violentas, ha sido precisamente al momento de recoger al menor en el domicilio de la quejosa, lo que no es suficiente para impedir la convivencia del progenitor con su menor hijo, pues ello no revela que le pudiera causar un daño físico o emocional, por el contrario, la convivencia del niño con su padre, puede ayudar a que tenga un desarrollo íntegro en su persona tanto a nivel emocional, psicológico y físico. En efecto, atendiendo al "interés superior de la niñez", en todo momento las políticas, acciones y decisiones adoptadas en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así es, el interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y deberes que corresponde a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o custodia sobre ellos, por tanto, la protección de los infantes en México, se ubica por encima de los derechos de los adultos, y cumple en nuestro sistema jurídico una trascendente función social de orden público e interés social. En ese sentido, las convivencias de los padres con sus menores hijos, son un derecho fundamental que tiene como finalidad, regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia de los infantes en el grupo familiar. Conforme a ello, los niños tienen derecho de convivir con sus padres aun en los casos en que éstos hayan perdido la patria potestad sobre ellos; de tal forma que esa prerrogativa está por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente que se orienta en favor del citado menor, aunque también favorezca de manera indirecta a sus ascendientes. Es así que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse manteniendo los lazos afectivos con el padre no custodio. Al respecto, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/32 (9a.), de la Décima Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. Es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo." Además, el derecho de convivencias es importante para conseguir una mejor formación del menor de edad, desde los puntos de vista afectivo y emocional, porque se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, pues de él deriva la posibilidad de que el menor se relacione con ciertas personas unidas a él por lazos familiares e incluso meramente afectivos en situaciones marginales a la familia, habida cuenta que el convivir propicia el trato y la calidez humana, las personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, se conocen mejor; con las convivencias se fortalecen sentimientos afectivos valiosos que colman los fines de la institución familiar de visitas y convivencias, pues los acercamientos de las personas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, felicidad y armonía, personal, familiar y social, máxime cuando se trata de infantes. Así, es dable afirmar que las convivencias se orientan a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre padres e hijos que por algún motivo no pueden vivir juntos y tienden a enriquecerlas espiritual y afectivamente, lo que es en beneficio, sobre todo para el menor. Por lo cual, en el caso, al no existir evidencia de que el menor pudiera sufrir violencia física, emocional y psicológica por parte de su progenitor al momento de su convivencia -en la que le está permitido estar con el menor en un horario de nueve a dieciocho horas los días domingo de cada semana, conforme al auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve-, fue correcto que lo único modificado en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo 500/2020 de este índice, fuera la forma de entrega del menor; sin que ello constituya un exceso en el cumplimiento por parte de la Ad quem. Además, el hecho de que se dejaran de llevar a cabo las convivencias, en este momento no tiene el alcance de que sea modificado el régimen fijado en el proceso natural, pues como se dijo, precisamente la posibilidad de que el progenitor y el infante convivan, permitirá mejorar el sano desarrollo tanto de la familia, como del niño, a la luz de su interés superior. Lo anterior, pues cuando hay separación total del menor de alguno de los padres, se deben tomar las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. En apoyo se cita la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." En esas condiciones, resultan infundados los conceptos de violación a) y d). En diverso aspecto, por lo que hace al motivo de disenso c), constituye un hecho notorio para el suscrito que desde el mes de marzo de dos mil veinte, en nuestro País se han decretado diversas medidas de observancia obligatoria, para evitar que la población esté en situaciones riesgosas ante la posibilidad de contagiarse del virus que causa la enfermedad Covid 19. En efecto, la Ciudad de México desde la fecha señalada, ha pasado en diversas ocasiones por semáforo epidemiológico color rojo, lo que implicó en esos momentos, una serie de restricciones más estrictas para evitar la propagación del virus. No obstante, el diecisiete de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, emitió un Aviso, en cumplimiento al Acuerdo 04-25/2020, pronunciado por dicho órgano, donde determinó que el Centro de Convivencia Familiar Supervisada permanecería abierto por el periodo comprendido entre el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y seis de enero de dos mil veintiuno "en aras de privilegiar a aquellas familias en las que ya exista (sic) avances por cuanto hace a la revinculación Paterno-Filial". En ese sentido, aun cuando la Sala responsable no hiciera mención expresa de la situación de pandemia por la que atraviesa nuestro país, lo cierto es que su actuar, así como el del Centro de convivencia familiar supervisado de esta ciudad, se encuentran vinculados a las decisiones que emitan las autoridades sanitarias y el propio Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en cuanto al funcionamiento y posibilidad de continuar llevando a cabo las actividades ordinariamente. Partiendo de lo anterior y conforme a la secuencia cronológica respecto del comportamiento de la emergencia sanitaria, al momento del dictado del acto reclamado (trece de mayo de dos mil veintiuno) las circunstancias que prevalecían era el establecimiento por parte de la autoridad sanitaria de una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico. Plan que contempló el regreso a las actividades referidas de forma gradual, ordenado y cauto, por regiones, atendiendo a índices de reproducción del virus, el número de casos positivos de contagios, las tasas de mortalidad, la ocupación hospitalaria para la atención de las enfermedades respiratorias en el sistema nacional de salud y a la tendencia en dicha ocupación; siguiendo protocolos sanitarios y conforme a etapas diseñadas para transitar en el semáforo citado. Sin embargo, actualmente, dichas disposiciones han sido superadas, en tanto que la efectividad de las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, han permitido transitar de un semáforo epidemiológico en "color rojo", que limitaba en gran medida las actividades de diversos sectores, a un "semáforo verde" que relaja las prohibiciones para la población, como se advierte del Plan Gradual hacia la nueva normalidad, dispuesto por dicha autoridad. Por estas razones se considera que actualmente, a pesar de que subsiste la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, no existe justificación de otra alternativa para que el menor pueda convivir con su progenitor, con la finalidad de lograr un restablecimiento del estrechamiento de lazos paterno-filiales, por lo que lo más conveniente para el infante conforme su interés superior, es que las convivencias continúen de manera presencial. De ahí que resulte infundado lo alegado en el motivo de disenso c). Ahora bien, con relación al motivo de disenso b), está orientado a combatir un acto distinto al reclamado, por lo cual deviene inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia IV. 2o. 66 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO SUS ARGUMENTOS SE DIRIGEN A COMBATIR UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que, además de desechar el recurso de reclamación, le reitera al promovente que no es legalmente factible la admisión de diversas pruebas en virtud de que, mediante distinto acuerdo, se tuvo por no presentada la demanda fiscal de nulidad, y esta última determinación no fue reclamada en el juicio de amparo, los conceptos de violación que se dirigen a cuestionar la legalidad de la decisión de tener por no presentada la demanda deben considerarse inoperantes, precisamente por no estar relacionados con el acto reclamado." Lo anterior es así, pues si bien es cierto que la peticionaria mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, pidió al juez natural, lo siguiente: "[.] y ante el temor fundado de que mi menor hijo sufra algún mal trato (sic) o agresión por parte de ésta, solicitamos a este Órgano Jurisdiccional ordene, para salvaguardar el interés superior del menor, le sean practicados a ésta, exámenes psicológicos para comprobar si se encuentra apta para poder realizar las convivencias con mi menor hijo [.]" A dicha petición le recayó el proveído de ocho del mismo mes y año, donde se le dio vista al tercero interesado, y una vez que se manifestó al respecto, el veinte siguiente se hizo notar a ambos padres que debía prevalecer el interés superior de su hijo, a sus pretensiones personales, debiendo informarse cualquier situación referente al niño; además, se requirió al padre que acudiera a la entrega y reintegración solo. Ahora bien, la resolución reclamada se ocupó de atender lo inherente al auto recurrido, de veinte de febrero de dos mil veinte, donde se determinaron aspectos distintos a los señalados en el proveído de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que es donde el A quo omitió acordar su petición de examinar psicológicamente a la actual pareja del tercero interesado. Por ello, deviene inoperante el concepto de violación en estudio. Ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por sí y en representación de su menor hijo ..., contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy dieciocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 408/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 408/2021, promovido por ..., por sí y en representación de su menor hijo ..., contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 4, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, tocó conocer del asunto al suscrito, quien previa aclaración, admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió informe justificado; señaló al tercero interesado; y fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; el tercero interesado fue emplazado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un proceso de naturaleza familiar, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Familiar de esta Ciudad en el toca ..., que modificó el auto de veinte de febrero de dos mil veinte, dictado en la controversia del orden familiar ..., del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, y en su lugar estableció que las convivencias paterno filiales sería mediante entrega-recepción del menor involucrado, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar las actuaciones que precedieron al acto reclamado: 1. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, la quejosa por propio derecho y en representación de su hijo, promovió controversia familiar contra el tercero interesado, demandando a su favor la guarda y custodia del menor, un régimen de visitas para el padre, y una pensión alimenticia para el niño. La demanda se admitió el veintiséis de abril siguiente. 2. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se decretó provisionalmente la custodia del infante a favor de la peticionaria; y para el padre, se fijó un régimen de convivencias, todos los domingos de las nueve a las dieciocho horas, debiendo recogerlo y entregarlo en el domicilio donde habita con su madre. 3. El veintiocho de enero de dos mil veinte, el tercero interesado, por conducto de su mandatario, solicitó que el menor fuera entregado personalmente por su madre para poder llevar las convivencias, pues alegó intervención de terceras personas y obstáculos para poder llevar las visitas. A lo anterior, recayó el auto de treinta y uno de ese mes y año, en el que se dio vista a la accionante con tales manifestaciones. 4. Esta última se opuso a los señalamientos de su contrario, recayendo el auto de doce de febrero de dos mil veinte, donde se previno a las partes para que se abstuvieran de causarse molestias entre sí y ejecutaran el régimen de visitas y convivencias de manera armónica, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se llevarían en el centro especializado del Poder Judicial de esta ciudad. Para tal efecto, el juez ordenó girar oficio a dicha entidad para que se entrevistara a las partes a fin de determinar la viabilidad de un régimen asistido. 5. El dieciocho de febrero siguiente, el tercero interesado, por conducto de su mandatario, pidió como medida precautoria que se cambiara el lugar donde se recoge y entrega al niño para realizar las visitas, solicitando que fuera en el inmueble del juzgado. Ello, partiendo de que se le comunicó una orden ministerial de cuatro de ese mes y año, en el sentido de abstenerse de causar violencia contra la actora y/o su familia, por lo que para no quedar en incertidumbre -y señalando que él no genera violencia- pidió dicho cambio a fin de evitar riesgos y poder cumplimentar el régimen. A esta petición, recayó el auto de veinte de febrero de dos mil veinte, en el que el juez le ordenó estarse a lo acordado el doce de dicho mes y año. 6. Inconforme, el tercero interesado, interpuso recurso de apelación contra ese acuerdo, el cual se resolvió el diez de septiembre de dos mil veinte, en el toca ... del índice de la Primera Sala Familiar de esta ciudad, quien confirmó el auto impugnado. 7. Contra dicha resolución, el padre del menor promovió amparo indirecto que se tramitó en este órgano jurisdiccional con el número de expediente ..., en donde el seis de abril de dos mil veintiuno, se le concedió la protección constitucional en los siguientes términos: "En consecuencia, ante lo fundado de la acción de amparo, es inconcuso que se vulnera el derecho fundamental de legalidad y el interés superior del niño, por lo que es procedente conceder la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable: a) Deje sin efectos la resolución reclamada de diez de septiembre de dos mil veinte, emitida en el toca ... . b) En su lugar, dicte otra en la que al examinar los motivos de inconformidad del apelante, determine lo que en derecho corresponda, pero observando que en un inicio se solicitó una medida cautelar; y cuya viabilidad deberá determinarse considerando la situación familiar existente -de acuerdo a la información con que cuenta en autos- y que conforme al interés superior del menor, deben procurarse escenarios idóneos para que éste disfrute el régimen de visitas y convivencias, pues es a él a quien debe cuidarse por sobre todo." 8. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el trece de mayo de dos mil veintiuno, la Ad quem dictó nueva sentencia en la que modificó el proveído impugnado para ordenar que la entrega-recepción del menor se realice en el centro de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esta decisión constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. La quejosa sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: a) Dejó de analizar lo manifestado en torno a la existencia de violencia familiar por parte del tercero interesado en contra de la quejosa y de su menor hijo, pues al momento de recogerlo para llevar a cabo la convivencia lo obligaba a irse con él a pesar de que el niño estuviera llorando o asustado. b) Omitió analizar que al juez responsable se le solicitó practicar estudios psicológicos a la pareja del tercero interesado, para determinar si es apta para convivir con el infante. c) Debió considerar que debido a la situación existente con la pandemia generada por el virus Covid-19, resulta riesgoso llevarlo al centro de convivencia y que a su vez, su progenitor lo lleve a su domicilio, pues implica que esté expuesto a un contagio. d) Han transcurrido aproximadamente un año y cinco meses desde la última convivencia que tuvieron el menor y su progenitor, por lo cual el régimen de convivencia decretado, que permite la separación del menor de su madre en un horario de las nueve a las dieciocho horas de cada domingo, podría propiciar daños psicológicos al infante. Además, la Ad quem no se cercioró de si el ambiente en el cual convivirá el menor resulta apto para su sano desarrollo, por lo cual la resolución atenta contra su interés superior. Conforme a lo anterior, refiere que fue excesivo lo determinado en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo 500/2020, que dio origen a la emisión del acto reclamado. Los motivos de disenso a), c) y d) son infundados y el b) es inoperante. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad. En torno al principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para respetar el derecho constitucional de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar los preceptos legales que servirán de sustento a la actuación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. En el caso, contrario a lo alegado en el motivo de disenso a), la Sala responsable sí consideró las manifestaciones y constancias que se han allegado al proceso natural, relativas a los actos de violencia que se han suscitado al momento de llevar a cabo la entrega del menor para llevar realizar la convivencia decretada con su progenitor. Se afirma ello, pues en los argumentos que dieron lugar a la modificación del proveído impugnado, se señaló lo siguiente: "[.] precisado lo anterior, en el agravio expresado por el apelante, argumentó que el Juzgador no tomó en consideración que ambas partes han manifestado que existen recíprocos actos y actitudes de violencia entre ellos, por lo que al decretar la convivencia provisional para con su hijo, ordenando que recogiera al infante en el hogar de la señora ..., existía la posibilidad de que ante cualquier denuncia o manifestación que otra persona realizara en contra del demandado, señor ..., se le hiciera efectivo el apercibimiento decretado por la C. Agente del Ministerio Público, regulado en el escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, emitido por la Procuraduría General de Justifica de la Ciudad de México, Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, en consecuencia, adujo el recurrente que el Juez de origen debió haber ordenado que el régimen de las convivencias se cambiara respecto al lugar de entrega y recepción del hijo de las partes [.] En ese sentido y en relación a lo anterior, de constancias se aprecian indicios de violencia entre las partes, mismos que no pasan inadvertidos para esta autoridad, pues en el escrito de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, la señora ... manifestó que el señor ... fue violento al momento de recoger a su hijo ..., para que se llevara a cabo la convivencia, por lo que se vio obligada a iniciar una carpeta de investigación en contra del señor ... [.] Así también, por escrito presentado con fecha veintiocho de enero, el Licenciado ..., mandatario judicial del señor ... manifestó que su mandante al realizar las convivencias con su hijo e ir a recogerlo a la casa de la señora ..., ésta salía de su domicilio a intervenir con tres o cuatro personas, las cuales el demandado identificaba como el padre, hermano y pareja de la actora, también asentó que los mismos presentaban actitudes hostiles y palabras altisonantes en su contra, en consecuencia, es de observarse que son ambas partes las que manifiestan indicios y actos de violencia al momento de que se lleva a cabo la entrega recepción entre el progenitor y el hijo de las partes, por lo que resulta evidente que el niño ... podría correr algún riesgo, de continuarse con la entrega y recepción en el domicilio de la señora ..., y que incluso se podría poner en peligro el interés superior del infante, cuando lo que se debe ponderar, es garantizar al mismo una sana convivencia con su progenitor y fomentar un adecuado desarrollo. [.]" Como se advierte de dichas transcripciones, la autoridad responsable al modificar el auto primigenio, sí consideró los actos de violencia informados por ambas partes, e incluso determinó que por ello, debía intervenir oficiosamente con fundamento en los artículos 940, 941, 941 Bis y 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, para resolver la litis de apelación. Aunado a lo anterior, la modificación del proveído reclamado tuvo como efecto que ahora la entrega-recepción del menor, se lleve a cabo en el Centro de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial de la Federación; determinación que en este acto se verificará si es apegada al interés superior del infante peticionario, de conformidad con el ordinal 941, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Para determinar lo conducente, es necesario considerar que el interés superior del menor está previsto en el artículo 4 Constitucional que en su parte conducente, dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos; y, que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. La norma mencionada prevé que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado debe proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos; por ende, el derecho a la salud, tanto física como mental, de los menores constituye una garantía individual oponible al Estado, el que tiene la obligación de propiciarla, no sólo en las leyes, sino en todos los actos que realice. Por su parte, los numerales 6, fracción I, 13, fracción IV, 22 y 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen como principios rectores de la protección de los derechos de los menores, los siguientes: - El del interés superior de la infancia; y - El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. Además, en dichas disposiciones se prevé que los infantes tienen derecho a vivir en familia, por lo que se tendrá como prioritaria la necesidad de que aquéllos convivan y mantengan relaciones personales y trato directo con sus progenitores, salvo que conforme la ley y con base en las probanzas allegadas, la autoridad decida que ello es contrario al interés superior del menor. De modo que, atendiendo a tales principios, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún caso, condicionar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, conforme a los numerales 3, 4, 19 y 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene, entre otras, las obligaciones de proteger el derecho que los niños tienen a disfrutar del nivel más alto de salud; de tener como primordial el interés superior de los menores en cualquier decisión que tomen los tribunales; asegurar el bienestar de los menores y adoptar cualquier medida para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención aludida, especialmente, por lo que hace a las medidas para proteger a los infantes contra toda forma de daño a su salud física o mental. Además, los ordinales 3, párrafos uno y dos, 9, párrafo tres, y 18, párrafo uno, de la referida Convención, disponen que en todas las medidas concernientes a los niños que dicten las autoridades jurisdiccionales, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores; tener presentes los derechos y deberes de sus padres o tutores; y, que es necesario respetar el derecho de los niños que estén separados de uno o de ambos progenitores a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor, pues dicho interés debe ser la preocupación fundamental, para proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo de los infantes. Como se advierte, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos de los Niños, reconocen el derecho de éstos a la salud mental; por lo tanto, tal derecho es oponible al Estado y consiste en que éste debe velar por la protección de la salud psicológica de los menores en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, los derivados del ejercicio de la potestad jurisdiccional que trasciendan en la esfera jurídica de los infantes. La interpretación armónica de las disposiciones normativas referidas, permite inferir que tratándose de resoluciones judiciales que afecten de alguna manera a los menores, se debe atender siempre a su interés superior, conforme al cual, las autoridades tienen las siguientes obligaciones: I. Proveer, por los medios más idóneos, las necesidades materiales básicas del menor, así como las de tipo espirituales, afectivas y educacionales; II. Atender los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, III. Mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor, teniendo en cuenta que toda alteración en su entorno puede incidir en su personalidad y en su futuro. Aunado a ello, para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones conflictivo entre varios intereses, por lo que la autoridad jurisdiccional debe examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para emitir una solución estable, justa y equitativa para el menor, cuyos intereses deben imperar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al infante o adolescente. Se cita al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Por otro lado, el derecho de visitas y convivencias entre padres e hijos es un derecho fundamental que permite el pleno ejercicio del derecho al desarrollo y bienestar integral de la familia, pero específicamente, de los infantes, ya que cumple con los objetivos siguientes: a. Enriquece las relaciones humanas espiritual y afectivamente. b. Consagra la pretensión de fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia e implica una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado. c. Regula, promueve, preserva y, en su caso, mejora o reencausa la convivencia familiar respecto de los lazos de los menores. d. Logra una mejor formación del menor, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." Es importante mencionar que el derecho de convivencias se refiere a una institución del derecho de familia imprescindible para conseguir una mejor formación de los menores, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, dado que de él deriva la posibilidad de que el infante o adolescente se relacione con ciertas personas unidas a él por lazos familiares, ya que los acercamientos de las personas son esenciales para su tranquilidad, felicidad y armonía personal, familiar y social. Al respecto, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/33 (9a.), de la Décima Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FINALIDAD. El derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares, en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones humanas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse normalmente. Ello trasciende a las relaciones sociales que alcanzan en los menores una dimensión aun mayor que la simplemente familiar, dado que actualmente se hace indispensable una concepción de relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales." En el caso, se considera que la resolución reclamada no implica una transgresión al interés superior del menor, pues precisamente con base en dicho principio, modificó la forma en que deberá entregarse al infante para que se pueda llevar a cabo la convivencia entre él y su progenitor. Ahora, si bien la quejosa señala que han existido sucesos de violencia, lo jurídicamente relevante es que éstos solo se han surgido al momento de llevar a cabo la entrega-recepción del infante en su domicilio; entonces, es evidente que al haberlo cambiado la Ad quem, para que se realice en el Centro de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial de la Federación, se está implementando un mecanismo con el que se busca erradicar cualquier tipo de acontecimiento agresivo entre los progenitores, que pudiera afectar el sano desarrollo del menor. Es importante señalar que dicha sede, conforme a los artículos 2, 4 y 15 del Acuerdo General 22-44/2018 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el que se establecen las bases generales de organización y funcionamiento del Centro de convivencia familiar supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es la apropiada para propiciar una entrega-recepción del menor en un ambiente adecuado vigilado por personal cualificado para ello, en el cual se evitará exponer al menor a cualquier situación violenta. Además, en las constancias que obran en el expediente, y conforme a lo manifestado por la quejosa, sólo se advierte que los episodios en donde se han generado situaciones violentas, ha sido precisamente al momento de recoger al menor en el domicilio de la quejosa, lo que no es suficiente para impedir la convivencia del progenitor con su menor hijo, pues ello no revela que le pudiera causar un daño físico o emocional, por el contrario, la convivencia del niño con su padre, puede ayudar a que tenga un desarrollo íntegro en su persona tanto a nivel emocional, psicológico y físico. En efecto, atendiendo al "interés superior de la niñez", en todo momento las políticas, acciones y decisiones adoptadas en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así es, el interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y deberes que corresponde a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o custodia sobre ellos, por tanto, la protección de los infantes en México, se ubica por encima de los derechos de los adultos, y cumple en nuestro sistema jurídico una trascendente función social de orden público e interés social. En ese sentido, las convivencias de los padres con sus menores hijos, son un derecho fundamental que tiene como finalidad, regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia de los infantes en el grupo familiar. Conforme a ello, los niños tienen derecho de convivir con sus padres aun en los casos en que éstos hayan perdido la patria potestad sobre ellos; de tal forma que esa prerrogativa está por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente que se orienta en favor del citado menor, aunque también favorezca de manera indirecta a sus ascendientes. Es así que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse manteniendo los lazos afectivos con el padre no custodio. Al respecto, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/32 (9a.), de la Décima Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. Es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo." Además, el derecho de convivencias es importante para conseguir una mejor formación del menor de edad, desde los puntos de vista afectivo y emocional, porque se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, pues de él deriva la posibilidad de que el menor se relacione con ciertas personas unidas a él por lazos familiares e incluso meramente afectivos en situaciones marginales a la familia, habida cuenta que el convivir propicia el trato y la calidez humana, las personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, se conocen mejor; con las convivencias se fortalecen sentimientos afectivos valiosos que colman los fines de la institución familiar de visitas y convivencias, pues los acercamientos de las personas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, felicidad y armonía, personal, familiar y social, máxime cuando se trata de infantes. Así, es dable afirmar que las convivencias se orientan a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre padres e hijos que por algún motivo no pueden vivir juntos y tienden a enriquecerlas espiritual y afectivamente, lo que es en beneficio, sobre todo para el menor. Por lo cual, en el caso, al no existir evidencia de que el menor pudiera sufrir violencia física, emocional y psicológica por parte de su progenitor al momento de su convivencia -en la que le está permitido estar con el menor en un horario de nueve a dieciocho horas los días domingo de cada semana, conforme al auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve-, fue correcto que lo único modificado en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo 500/2020 de este índice, fuera la forma de entrega del menor; sin que ello constituya un exceso en el cumplimiento por parte de la Ad quem. Además, el hecho de que se dejaran de llevar a cabo las convivencias, en este momento no tiene el alcance de que sea modificado el régimen fijado en el proceso natural, pues como se dijo, precisamente la posibilidad de que el progenitor y el infante convivan, permitirá mejorar el sano desarrollo tanto de la familia, como del niño, a la luz de su interés superior. Lo anterior, pues cuando hay separación total del menor de alguno de los padres, se deben tomar las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. En apoyo se cita la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." En esas condiciones, resultan infundados los conceptos de violación a) y d). En diverso aspecto, por lo que hace al motivo de disenso c), constituye un hecho notorio para el suscrito que desde el mes de marzo de dos mil veinte, en nuestro País se han decretado diversas medidas de observancia obligatoria, para evitar que la población esté en situaciones riesgosas ante la posibilidad de contagiarse del virus que causa la enfermedad Covid 19. En efecto, la Ciudad de México desde la fecha señalada, ha pasado en diversas ocasiones por semáforo epidemiológico color rojo, lo que implicó en esos momentos, una serie de restricciones más estrictas para evitar la propagación del virus. No obstante, el diecisiete de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, emitió un Aviso, en cumplimiento al Acuerdo 04-25/2020, pronunciado por dicho órgano, donde determinó que el Centro de Convivencia Familiar Supervisada permanecería abierto por el periodo comprendido entre el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y seis de enero de dos mil veintiuno "en aras de privilegiar a aquellas familias en las que ya exista (sic) avances por cuanto hace a la revinculación Paterno-Filial". En ese sentido, aun cuando la Sala responsable no hiciera mención expresa de la situación de pandemia por la que atraviesa nuestro país, lo cierto es que su actuar, así como el del Centro de convivencia familiar supervisado de esta ciudad, se encuentran vinculados a las decisiones que emitan las autoridades sanitarias y el propio Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en cuanto al funcionamiento y posibilidad de continuar llevando a cabo las actividades ordinariamente. Partiendo de lo anterior y conforme a la secuencia cronológica respecto del comportamiento de la emergencia sanitaria, al momento del dictado del acto reclamado (trece de mayo de dos mil veintiuno) las circunstancias que prevalecían era el establecimiento por parte de la autoridad sanitaria de una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico. Plan que contempló el regreso a las actividades referidas de forma gradual, ordenado y cauto, por regiones, atendiendo a índices de reproducción del virus, el número de casos positivos de contagios, las tasas de mortalidad, la ocupación hospitalaria para la atención de las enfermedades respiratorias en el sistema nacional de salud y a la tendencia en dicha ocupación; siguiendo protocolos sanitarios y conforme a etapas diseñadas para transitar en el semáforo citado. Sin embargo, actualmente, dichas disposiciones han sido superadas, en tanto que la efectividad de las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, han permitido transitar de un semáforo epidemiológico en "color rojo", que limitaba en gran medida las actividades de diversos sectores, a un "semáforo verde" que relaja las prohibiciones para la población, como se advierte del Plan Gradual hacia la nueva normalidad, dispuesto por dicha autoridad. Por estas razones se considera que actualmente, a pesar de que subsiste la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, no existe justificación de otra alternativa para que el menor pueda convivir con su progenitor, con la finalidad de lograr un restablecimiento del estrechamiento de lazos paterno-filiales, por lo que lo más conveniente para el infante conforme su interés superior, es que las convivencias continúen de manera presencial. De ahí que resulte infundado lo alegado en el motivo de disenso c). Ahora bien, con relación al motivo de disenso b), está orientado a combatir un acto distinto al reclamado, por lo cual deviene inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia IV. 2o. 66 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO SUS ARGUMENTOS SE DIRIGEN A COMBATIR UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que, además de desechar el recurso de reclamación, le reitera al promovente que no es legalmente factible la admisión de diversas pruebas en virtud de que, mediante distinto acuerdo, se tuvo por no presentada la demanda fiscal de nulidad, y esta última determinación no fue reclamada en el juicio de amparo, los conceptos de violación que se dirigen a cuestionar la legalidad de la decisión de tener por no presentada la demanda deben considerarse inoperantes, precisamente por no estar relacionados con el acto reclamado." Lo anterior es así, pues si bien es cierto que la peticionaria mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, pidió al juez natural, lo siguiente: "[.] y ante el temor fundado de que mi menor hijo sufra algún mal trato (sic) o agresión por parte de ésta, solicitamos a este Órgano Jurisdiccional ordene, para salvaguardar el interés superior del menor, le sean practicados a ésta, exámenes psicológicos para comprobar si se encuentra apta para poder realizar las convivencias con mi menor hijo [.]" A dicha petición le recayó el proveído de ocho del mismo mes y año, donde se le dio vista al tercero interesado, y una vez que se manifestó al respecto, el veinte siguiente se hizo notar a ambos padres que debía prevalecer el interés superior de su hijo, a sus pretensiones personales, debiendo informarse cualquier situación referente al niño; además, se requirió al padre que acudiera a la entrega y reintegración solo. Ahora bien, la resolución reclamada se ocupó de atender lo inherente al auto recurrido, de veinte de febrero de dos mil veinte, donde se determinaron aspectos distintos a los señalados en el proveído de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que es donde el A quo omitió acordar su petición de examinar psicológicamente a la actual pareja del tercero interesado. Por ello, deviene inoperante el concepto de violación en estudio. Ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por sí y en representación de su menor hijo ..., contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy dieciocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Laura Gutiérrez Olalde75/2021
- Laura Josefina Villarreal Martín del Campo454/2015
- LAURA JUÁREZ HERNÁNDEZ y Otros.1247/2016
- LAURA MARIANA GONZÁLEZ ROCHA y Otros.434/2016
- LAURA MARINA GONZÁLEZ ROCHA y Otros.336/2016
- Laura Monroy Garcia1300/2023
- Laura Nelly Contreras González868/2023
- Laura Nelly Contreras González1035/2022
- Laura Nelly Contreras González145/2023
- Laura Patricia López Rodríguez1077/2019
- Laura Patricia Medina López6/2021
- Laura Ramírez Calvillo1151/2019