LAURA NATALY LESMA CANEDO y Otros.
Expediente 1169/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- LAURA NATALY LESMA CANEDO y Otros.
- Laura Nataly Lesma Canedo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, se ordena su archivo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida a favor de ********************, por lo cual fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 1169/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones correspondientes Personalidad. No es necesario acreditarla al reclamar actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y referir la parte promovente que la parte agraviada se encuentra incomunicada e imposibilitada para presentar la demanda por sí. Esto encuentra plena y legal justificación, tomando en cuenta la teleología del artículo 15 de la Ley de Amparo, consistente en facilitar el acceso a la vía constitucional al inconforme que se halla imposibilitado para instar, directamente, la acción de amparo y, a la par, evitar que quede en estado de indefensión, no solo por la naturaleza tan grave de los actos ahí especificados, sino igualmente por la especial circunstancia en la que está la directa parte quejosa. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis del Pleno y de la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "LIBERTAD INDIVIDUAL. Cuando se trata de ataques a la libertad individual, y aquél a quien perjudica el acto, está imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo en su nombre, aunque sea menor de edad, o mujer casada, sin la intervención de sus legítimos representantes; en otros términos, cualquiera persona puede promover en nombre del quejoso, y es ilegal por tanto, exigir que cuando el amparo se promueve por quien se dice progenitor del quejoso, se exija al promovente que compruebe ese carácter." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXI. Página: 123.) "LIBERTAD PERSONAL, ATENTADOS CONTRA LA. Conforme al artículo 4o., de la ley orgánica del juicio de garantías, puede promover amparo contra el detenido ilegalmente, y además, incapacitado para solicitarlo su representante o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, y un pariente y hasta una persona extraña, en los casos que lo permita le ley; y el artículo 17 de la ley antes mencionada concede esa facultad a cualquiera persona cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, debiendo los Jueces del Distrito dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, una vez habida, ordenar que se le requiera para que, dentro de tres días, ratifique la demanda y sólo que no lo haga desecharla: pero no deben repelerla de plano." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXV. Página: 4078.) PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El artículo 9o., de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de la pena de muerte, de ataques a la libertad individual, de destierro de algún acto de los enumerados en el artículo 22 de la Constitución, y el individuo a quien perjudica el acto, está imposibilitado para promover el juicio de amparo, podrá hacerlo otro, en su nombre, aun cuando sea menor de edad o mujer casada sin la intervención de sus legítimos representantes y debe entenderse que esa personalidad subsiste para continuar el juicio de garantías, mientras subsista la imposibilidad del agraviado, para promover." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXI. Página: 1852.) Improcedencia. En este asunto se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al tratarse de actos que son materia de otro amparo pendiente de causar ejecutoria, promovido por la propia quejosa contra idénticas autoridades y actos reclamados. A efecto de justificar tal aserto, conviene tener presente el texto del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en el cual se establece la causal de improcedencia de que se trata, que, por cierto, se complementa con la diversa fracción XI de ese numeral. Dichos preceptos legales son del tenor que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." De acuerdo con el precepto legal de que se trata, la causal de improcedencia ahí establecida es lo que comúnmente se denomina como litispendencia, y para que se surta se requiere la existencia de otro juicio de amparo que esté pendiente de resolución, ya que la finalidad que persigue esa causal es evitar que se dicten fallos contradictorios sobre la propia controversia, porque no es lógico ni jurídico que en varios juicios se examine el mismo acto, dado que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Lo anterior significa, en otras palabras, que esa causal opera cuando las leyes o actos reclamados en algún juicio de amparo, sean materia de un distinto juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el propio quejoso contra las mismas autoridades responsables, aun cuando las violaciones sean diversas, pues esta cuestión resulta ajena en la configuración de la causal de que se trata. Desde luego, esta causal encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio cuando el propio quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, la causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Luego, si uno de los fines de la causal de improcedencia es evitar que los jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el propio problema jurídico, sin duda tienen la obligación de asegurarse de que al aplicarla el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otros juicios. Por tanto, por disposición expresa del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio relativo es improcedente siempre que se actualicen las hipótesis jurídicas siguientes: a) La ley o el acto que se reclamen en un juicio de amparo sean materia de otro juicio constitucional. b) El juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión. c) Ambos juicios estén promovidos por el propio inconforme, contra las mismas autoridades y los actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sobre el particular, cabe invocarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 39, Tercera Parte. Página: 28.) "LITISPENDENTIA EN EL AMPARO. Como el juicio de amparo no resuelve controversias de particulares, sino que es el medio establecido por la Constitución, para remediar las violaciones de garantías individuales, y mantener en equilibrio el régimen federal, es evidente que este juicio no puede ser equiparado a un pleito sostenido ante los tribunales comunes, por lo cual no puede existir litispendencia, tratándose de un juicio de garantías y uno ordinario." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 27.) "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 205-216, Primera Parte. Página: 142.) "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." (Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: P./J. 24/2014 (10a.). Página: 265.) Importa acotar que las hipótesis jurídicas deben concurrir necesariamente para que surja la causal de que se trata, porque ninguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo puede estar apoyada en pruebas que resulten ser insuficientes, ya que si no se acreditan a plenitud los extremos cuya demostración se requiera en términos del ordenamiento legal correspondiente, no se debe considerar actualizada la causal relativa, aun cuando exista algún indicio que pueda dar lugar a una presunción relativa a esa actualización. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia doscientos veintinueve, sustentada por la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento ochenta y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete al dos mil, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, que indica lo que sigue: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." A juicio de este juzgador, en la especie se surte la causal de improcedencia de que se trata, justamente, porque en este juicio se involucran los actos materia del diverso 1166/2022, del índice de este juzgado, promovido por la aquí parte quejosa en contra de los propios actos reclamados de idénticas autoridades, el cual se encuentra en trámite. Con lo anterior queda claro que, en este caso, se satisfacen todos los elementos indispensables para la actualización de la causal que aquí nos ocupa, pues, aparte de que en los juicios fueron promovidos por la parte quejosa y se impugnaron los propios actos a las mismas autoridades, debe tenerse presente que se halla en trámite. Al respecto, cabe citar las tesis de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 16, Tercera Parte. Página: 58.) Desechamiento. En congruencia con esto lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Domicilio. No, pues designó la notificación electrónica. Notificación y consulta electrónica. Se autoriza para que a la parte quejosa consulte el expediente electrónico y se le notifiquen vía electrónica los acuerdos de carácter personal, en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para lo cual se le tiene señalando como usuario lic.francisco.ramirez.r. Notificación por lista. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que estos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio1. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.cjf. gob.mx/micrositios/DGGJ/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.1 Comunicación no procesal. Luego por lo que respecta al correo electrónico y teléfono proporcionados, téngaseles únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, del que se advierte que la utilización del correo electrónico y teléfono, solo serán utilizados como medios de contacto entre esta y el personal jurisdiccional. Exhortación juicio en línea. Atento a lo establecido en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Formación del expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y de conformidad los numerales 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto se instruye a la oficial de partes, actuarios y secretarios que incorporen al expediente electrónico todas las constancias que reciban y generen con motivo de sus funciones, debidamente firmados con su firma electrónica FIREL, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el aplicativo institucional de firma electrónica no está autorizado para incorporar actuaciones al expediente electrónico, pues el SISE cuenta con los mecanismos para plasmar dicha firma. Formación del expediente físico. Fórmese el expediente físico solo con las constancias presentadas físicamente por las partes y con las constancias de notificación generadas físicamente, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 22, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consulta. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, que se presenten físicamente, para los efectos legales conducentes. Compensación. Para tal fin, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, tenga a bien realizarla, para lo cual, se hace de su conocimiento lo siguiente: 1. Se recibió a las cinco horas con cuarenta y cinco minuto del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 2. Recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado de demandas electrónicas, asignándosele el orden 13627. 3. ********************, por conducto de ********************. 4. Sin señalamiento de tercero interesado, sin anexos y sin copias. 5. Acto reclamado: a) La privación de la libertad de los quejosos y traslado a algún centro de internamiento, sin haber cometido delito ni falta administrativa. b) La incomunicación. c) La inminente deportación, expulsión, repatriación, salida del país, o cualquiera análoga que implique el traslado en contra de su voluntad a otro país. d) La orden de trasladar a otro centro de migración. 6. Autoridad responsable Encargado de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez y otros. 7. Asunto urgente. Notifíquese vía electrónica. Así, lo acuerda y firma el licenciado José Armando Zozaya Solórzano, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua y el licenciado Hugo Roberto Vázquez Almonte, Secretario que da fe y certifica que la promoción origen de este auto y este, en sí, están incorporados al expediente electrónico. Doy fe.-
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