Laura Nataly Jaureguí Sánchez
Expediente 2529/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2529/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2022
Partes del expediente
- Laura Nataly Jaureguí Sánchez
Actuaciones
- Principal
Se tienen por recibidos los escritos firmados de manera electrónica por Luis Gabriel Piña Flores autorizado en amplios términos de la tercera interesada Laura Paola González Polit por medio del cual ofrece como pruebas de su parte, las documentales consistentes en la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el recurso de queja 220/2021 y, el Oficio 1101/D.J./2021/2-213 de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Zapopan, Jalisco (presentado por la autoridad responsable en el incidente de suspensión 2700/2019 del índice de este Juzgado de Distrito) probanzas, que de manera digital anexó a su escrito de cuenta. Con motivo de lo anterior, se tienen como pruebas documentales, los anexos que de manera digital acompaña a su escrito de cuenta; las cuales, en términos del numeral 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturalizada, lo anterior, toda vez que, el promovente formula sobre ellas, la protesta de ser copia íntegra e inalterada de los documentos originales. Por otro lado, se tiene al promovente realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos; los cuales conforme a lo dispuesto por el numeral 144 de la Ley de Amparo serán tomados en cuenta en el desahogo de la audiencia incidental.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Téngase por recibido el comunicado signado por la Secretaria del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, con el cual, informa que de autos del juicio de amparo 518/2020, de su índice, no se advierte la recepción del oficio 24085/2020 relativo al proveído de once de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente sumario; asimismo, señala que el quejoso en su juicio es Juan Ramón Carrillo Santiago. Antecedentes. Ahora, en atención a lo informado por el órgano jurisdiccional de mérito, así como al estado de autos del presente juicio, conviene señalar los antecedentes del citado proveído dictado por este juzgado, mismos que son los siguientes: - En proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se recibió el oficio 18097/2020 signado por la secretaria del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mismo que contiene inserto el auto de ocho de diciembre de esa anualidad, emitido en el juicio de amparo 518/2020-III de su índice, promovido por Juan Ramón Carrillo Santiago, el cual es del tenor literal siguiente: En consecuencia, en atención a su contenido, se ordenó remitir copia simple de las constancias que envió el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, como anexo a su promoción registrada con el número de orden 23806, proveída en auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, toda vez que son las únicas constancias con las que se cuenta. Asimismo, se hizo la precisión de que no resulta dable certificar dichas constancias, toda vez que los secretarios adscritos a este órgano jurisdiccional carecen de facultades para hacerlo, al no ser actuaciones de este juicio de amparo, ni emitidas por este juzgado federal. Aunado a ellos, se solicitó al juzgado en comento, que de no tener impedimento legal o material, devolviera las constancias que le fueron enviadas, relativas a José Carlos Satinas Guzmán. - Finalmente, en diverso auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, se desprende que se ordenó reexpedir el oficio 24085/2020 de once de diciembre de dos mil veinte dirigido al Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante nuevo comunicado que se girara en dicha determinación, del cual obra glosado su acuse de recibo en el expediente electrónico relativo, empero del mismo no se advierte que se hubiese adjuntado la promoción a la que se hace referencia en el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte. Se remite oficio y documento. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, mediante el comunicado que se gire en la presente determinación, se ordena enviar al Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el oficio 24085/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, al cual se adjunte promoción registrada con el número de orden 23806, proveída en auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, a fin de que se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en el juicio de amparo 518/2020-III de su índice, promovido por Juan Ramón Carrillo Santiago, esto en relación a su oficio 18097/2020. Se solicita devolución. Finalmente, se hace la atenta súplica al juzgado en comento, que de no tener impedimento legal o material, una vez que provea lo conducente en el sumario de su índice, devuelva las constancias que le fueron enviadas, a fin de continuar con la secuela procesal del presente juicio de amparo, instaurado por José Carlos Salinas Guzmán. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mich
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se tiene que el doce de enero de dos mil veintidós, se concedió a la responsable Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco prórroga de diez días para que remita diversas constancias; sin que a la fecha obre el acuse correspondiente al comunicado derivado. Determinación. En ese orden, se instruye al actuario para que practique la diligencia de la cual se habla o, en su defecto, de ya haberlo hecho, agregue la constancia correspondiente a este cuaderno. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Karla Raquel Pedroza Coronado, que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/Maa
- Principal
Notifíquese personalmente. Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a los terceros interesados Michael Corona Gudiño y Ma. Livier Lara Ballin, la resolución autorizada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 739/2021, promovido por Roberto Lomelí Briones, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por propio derecho Roberto Lomelí Briones promovió juicio de amparo directo contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, en el que señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por razón de turno, correspondió conocer de la citada demanda, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en donde fue registrada con el número de juicio de amparo directo 136/2021; posteriormente, en proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia legal para conocer de los presentes autos, pues, consideró que, la resolución reclamada no constituye sentencia definitiva o resolución que hubiere puesto fin al juicio y, ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado en turno. Demanda de amparo que correspondió conocer a este juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por lo que fue registrado con el número 739/2021. SEGUNDO. Admisión y trámite. Previa prevención cumplida, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se omitió requerir a la responsable por su informe justificado al haberlo rendido ante el Tribunal Colegiado que conoció inicialmente, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se emplazó al tercer interesado y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado. Debido a que se reclama un acto que deriva de una autoridad jurisdiccional en materia civil, que tiene su residencia, dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la Ley de Amparo, de una lectura íntegra de la demanda de amparo y las diversas constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, pronunciado por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el toca 69/2021, por el que declaró inadmisible el recurso de queja procesal interpuesto por el peticionario de amparo contra la interlocutoria dictada por la Jueza por Ministerio de ley del Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el veinticuatro de febrero del año en curso, que a su vez resuelve como infundada la diversa queja presentada por el amparista en el juicio 43/2018 en contra del Secretario de Acuerdos adscrito a ese órgano jurisdiccional. Precisión que se hace en estricto cumplimiento a las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Resulta cierto el acto reclamado, pues, así lo reconoció la sala responsable al rendir su informe justificado. Certeza del acto reclamado que se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia de la acción constitucional. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, previo análisis que se haga de los conceptos de violación, técnicamente es menester examinar si resulta procedente la acción constitucional, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable señala que no advierte causal alguna de improcedencia; sin embargo, de manera posterior, hace referencia a la extemporaneidad de la demanda de amparo, materia del presente juicio y para sustentar dicha causal invoca la tesis con registro digital 2003249 rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, GENERA EL CORRESPONDIENTE AL DE SUS ACLARACIONES:" La referida causal de improcedencia, se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo (...)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En la especie, de las constancias que integran el toca 69/2021, génesis del acto reclamado, queda de manifiesto que, por acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, resolvió no admitir el recurso de queja planteado por Roberto Lomelí Briones, contra la interlocutoria de veinticuatro de febrero del año en curso, por las razones ahí precisadas, proveído que constituye el acto reclamado. Determinación notificada vía electrónica, al quejoso el veinticinco de marzo de la presente anualidad, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, surtió efectos a las doce horas del día siguiente. Por lo tanto, si presentó la demanda de amparo el treinta de marzo de dos mil veintiuno, es claro que fue en el plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia aludida por la responsable. Consiguientemente, al no advertirse diversa causal de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes respecto de dichas autoridades que analizar, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a las partes en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Una vez analizado el único concepto de violación expuesto en la demanda de amparo, debe decirse que resulta infundado. En síntesis, el quejoso aduce que la Sala responsable infringe en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política Federal, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, el artículo 5 fracción II, apartados a, b, y d de la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, específicamente el derecho humano de acceso efectivo a la justicia. De igual forma, refiere que la responsable es omisa en atender lo dispuesto por el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por lo que, no se cumple con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención Americana de derechos humanos, pues el acto reclamado inhibe la violación en que incurrió el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Décimo de lo Civil del Estado de Jalisco, aunado a que, considera que en la resolución recurrida en queja, la jueza de primera instancia incurrió en exceso, pues tergiversa la ley al imponerle una multa, lo que establece un antecedente en perjuicio de las personas que denuncien el actuar de un secretario de acuerdos de un juzgado y dicho criterio fue ratificado por la responsable. Motivos de disenso que resultan infundados, como enseguida se evidenciara. El derecho de acceso efectivo a la justicia, a que alude el quejoso, está previsto en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme al citado derecho, toda persona puede acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. Del análisis del acto reclamado, se advierte que este no infringe el acceso efectivo a la justicia a que tiene derecho el quejoso, pues su emisión no restringió su facultad a acudir ante un tribunal independiente e imparcial a plantear una pretensión o defenderse alguna cuestión; sin embargo, en el caso, no se cumplió con el requisito de procedencia del recurso de queja procesal previsto en el artículo 428, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad que establece: "Artículo 428. Si el escrito en que se haga valer un recurso no satisface los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo inmediato anterior o es extemporáneo, el juzgador ante o por conducto del cual se interponga, lo desechará de plano, sin sustanciación alguna. El fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme. La parte contraria desde que tenga conocimiento de los agravios formulados por el recurrente y hasta antes de resolverse un recurso, podrá alegar en relación al mismo lo que a su derecho corresponda". En efecto, la sala responsable determinó no admitir el recurso de queja interpuesto por Roberto Lomelí Briones, contra la interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno pronunciada por la Juez Décimo de lo Civil por Ministerio de Ley del Estado de Jalisco, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 428, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, en el que, de manera expresa establece que, el fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible. Lo anterior, en atención a que, en la resolución recurrida en queja, génesis del acto reclamado, se resolvió el diverso recurso de queja promovido por el aquí quejoso contra el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Décimo de lo Civil del Estado de Jalisco, que de conformidad con lo dispuesto en el aludido artículo 428, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco es irrecurrible, por lo que, contrario a lo que alega la parte quejosa fue emitido conforme a derecho. Para entender el sentido de la presente resolución, resulta necesario insertar la imagen del acto reclamado: De lo precedente resulta innegable que el auto combatido no trasgrede en perjuicio del quejoso el derecho de acceso efectivo a la justicia a que alude la parte quejosa, pues, resulta congruente con las constancias de autos, claro y preciso, además de que se encuentra debidamente fundado en lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado y motivado de acuerdo con su texto. En la especie, el acto reclamado deriva de un recurso de queja interpuesto contra la interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, que resuelve un diverso recurso de queja, supuesto en contra del cual, no procede la queja de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 428 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. De ahí que, en el caso en estudio, no se está en el supuesto de confirmar o revocar la resolución recurrida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco que cita el quejoso. Para sustentar lo anterior, se transcribe el contenido de los artículos 424 y 428 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales establecen: "Artículo 424. Los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto el que se confirmen, revoquen o modifiquen las resoluciones impugnadas; y el recurso de queja, que se confirmen o revoquen los actos procesales efectuados con exceso o defecto en la ejecución de una resolución". "Artículo 428. Si el escrito en que se haga valer un recurso no satisface los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo inmediato anterior o es extemporáneo, el juzgador ante o por conducto del cual se interponga, lo desechará de plano, sin sustanciación alguna. El fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme. La parte contraria desde que tenga conocimiento de los agravios formulados por el recurrente y hasta antes de resolverse un recurso, podrá alegar en relación al mismo lo que a su derecho corresponda." Por ende, en lo que aquí interesa, queda de manifiesto que, tratándose de un fallo que resuelve o desecha los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme, de ahí que, una determinación en sentido contrario por parte de la sala responsable, se opondría a la voluntad del legislador estatal y, daría lugar a una cadena interminable de recursos, toda vez que la admisión o el desechamiento de un segundo recurso de queja daría lugar a su vez a la interposición de un tercer recurso, y así sucesivamente, lo que sería contrario al artículo 17 constitucional, en cuanto exige prontitud y expeditez en la impartición de justicia. Se afirma lo anterior, toda vez que las vías procesales regulan el acceso a la justicia en condiciones que el legislador consideró óptimas, las que se ejercen de acuerdo a las acciones formuladas y a las pretensiones exigidas en cada juicio, por lo que, se encuentran dotadas de determinadas y diferentes características, plazos y reglas. Por ende, la circunstancia de que la sala responsable no admitiera el recurso de queja intentado por el peticionario de amparo contra la resolución dictada en un diverso recurso de queja, no transgrede derecho alguno del quejoso, pues persigue una finalidad constitucionalmente legítima, ya que tiene por objeto evitar una cadena interminable de recursos, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, se invoca la tesis de la literalidad siguiente: "REVOCACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE O LA DESECHA. El artículo 1334 del Código de Comercio establece como regla general que el recurso de revocación es procedente en contra de los autos y decretos pronunciados por el Juez, en tanto que de lo previsto en el último párrafo del artículo 1335 del mismo ordenamiento, se desprende que es irrecurrible la determinación en que se decida si se concede o no la revocación. Ahora bien, aunque esta última disposición parecería no referirse al trámite del recurso sino a la decisión de fondo que le recae, la misma solución debe hacerse extensiva a la primera hipótesis, esto es, la revocación es improcedente cuando se trata del desechamiento o admisión a trámite de un recurso de revocación, porque aceptar lo contrario daría lugar a una cadena interminable de recursos, toda vez que la admisión o el desechamiento de una segunda revocación daría lugar a su vez a la interposición de un tercer recurso, y así sucesivamente, lo que sería contrario al artículo 17 constitucional, en cuanto exige prontitud y expeditez en la impartición de justicia". Sin que en el caso resulte aplicable la tesis aislada invocada por el quejoso de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO", pues, como se precisó previamente, en el caso en estudio, no existen diversas posibilidades de interpretación y solución a un mismo problema, que obligara a la responsable a optar por la que protegiera en términos más amplios al quejoso, pues, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 428 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de manera precisa establece: "El fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme" y, en atención a dicha determinación la sala responsable determinó la no admisión del segundo recurso de queja. Por otro lado, tampoco le asiste razón alguna en cuanto a lo argumentado por el quejoso, en el sentido de que el juez responsable infringió en su perjuicio el artículo 5, fracción II, apartado a), b), y d) de la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que establece: "Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: . II. De la certeza jurídica: a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. ." Entre otros, el citado numeral establece la obligación de garantizar a las personas adultas mayores el derecho de certeza jurídica que implica recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados, a recibir el apoyo de las instrucciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos, además de tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. Sin embargo, del análisis del acto reclamado no se advierte violación alguna respecto de los derechos antes enlistados, pues si bien es cierto, en los autos de la queja 69/2021, génesis de lo reclamado, se precisó que dicho asunto está relacionado con derechos de adultos mayores, la no admisión del recurso de queja interpuesto contra la interlocutoria pronunciada en diverso recurso de queja el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por parte de la sala responsable, obedece al hecho de que existe prohibición expresa para ese supuesto en el artículo 428 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación obligatoria a todo gobernado en la entidad, con independencia de su condición o estatus. Es decir, aun cuando los adultos mayores pueden ser sujetos a un trato especial, esto no es suficiente para estimar por sí, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad suficiente para dejar de cumplir con los requisitos legales mínimos de acceso a la justicia. En apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, se invoca la tesis de la literalidad siguiente: "ADULTOS MAYORES. SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD NO CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA DEJAR DE OBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO LO ES LA COMPETENCIA. El Alto Tribunal del País ha precisado que conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. En esas circunstancias, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial protección lo cual, incluso, se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han marcado una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: a) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; b) seguro social, asistencia y protección; c) no discriminación en el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; d) servicios de salud; e) ser tratado con dignidad; f) protección ante el rechazo o el abuso mental; g) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y, h) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, dicha condición de vulnerabilidad no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia, ya que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, incluido el protocolo y la Ley General de las Personas con Discapacidad (abrogada), aunado a que las cuestiones de competencia son de interés general, y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados; es decir, las reglas de competencia son de orden público e irrenunciables, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, pues derivan del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de suerte que la competencia legal, junto con otros requisitos de procedencia, constituyen los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado para la realización de la jurisdicción, esto es, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Por tanto, el ser un adulto mayor no puede llevar a que la autoridad responsable declare procedente lo improcedente y actúe al margen de la ley. Sin que resulten óbice por lo determinado, los medios de convicción ofertados por el quejoso, como anexo de su escrito de demanda, consistente en copia simple de clave única a nombre de Roberto Lomelí Briones y copia certificada de algunas constancias que integran el expediente 43/2018; ello, en razón de que tal copia certificada del expediente 43/2018, a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, únicamente se acredita, las constancias ahí contenidas, entre los que se encuentra el escrito del primer recurso de queja interpuesto por Roberto Lomelí Briones contra actos del Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Décimo de lo Civil del Estado de Jalisco, la resolución pronunciada al resolver dicho medio de impugnación y, el recurso de queja interpuesto contra la aludida resolución. Referente, a la clave única a nombre de Roberto Lomelí Briones, dicho medio de convicción carece de valor probatorio al haber sido exhibido en copia simple. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer " Finalmente, se debe señalar que, resulta infundado el concepto de violación expuesto por el quejoso, en el sentido de que, con motivo del acto reclamado, la autoridad responsable confirmó el exceso en que incurrió la jueza de primera instancia, quien en contravención a la ley, le impuso una multa estableciendo un precedente en relación con las personas que denuncian la actuación de un secretario. A efecto de sustentar tal aseveración, se debe precisar que, al determinar la no admisión del recurso intentado, la Sala responsable válido el actuar de la jueza de primera instancia al imponer una multa al peticionario de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que establece: "Artículo 455. Si la queja no resulta apoyada en hecho cierto, si no estuviere fundada en derecho, o procediera otro recurso ordinario contra la resolución reclamada, será desechada por la sala o el juez, imponiéndose al quejoso y a su abogado patrono, multa hasta del importe de ciento ochenta días de salario mínimo. La que resulte fundada dejará sin efecto el acto procesal impugnado". Determinación que se estima correcta, pues de las actuaciones y anexos del juicio en que se actúa, queda de manifiesto que, de manera correcta, haciendo uso de las facultades que le confiere el numeral previamente inserto, después de resolver como infundada la diversa queja presentada por el amparista en el juicio 43/2018 en contra del Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de manera fundada y motivada la jueza de origen impuso al quejoso la sanción pecuniaria de referencia. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer y sin que se advierta en su perjuicio alguna violación manifiesta de la ley que lo dejara sin defensa, de modo que hubiera lugar a suplir la deficiencia de los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Lomelí Briones, contra el acto que reclama de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, por los motivos precisados en el penúltimo considerando de esta sentencia.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Laura Livier Olide Jiménez666/2023
- Laura Macías García186/2022
- Laura Margarita de la Cruz Mojica1833/2021
- Laura Margarita De La Cruz Mojica1565/2021
- Laura Margarita de la Cruz Mójica998/2023
- Laura Margarita de la Cruz Mójica1013/2023
- Laura Paola González Polit1506/2018
- Laura Paola González Polit1898/2019
- Laura Patricia Magallón Haro2063/2019
- Laura Patricia Magallón Haro2261/2019
- Laura Patricia Magallón Haro2345/2019
- Laura Patricia Sosa Murillo2551/2019