Laura Nallely Lozano Mariles
Expediente 139/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Laura Nallely Lozano Mariles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia por la que, por una parte sobreseyó y en otra negó el amparo en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Notifíquese.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en este juicio de garantías promovido por ******************** contra los actos que reclamó del Ayuntamiento del Municipio de Durango a través de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas de esta capital de Durango, del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, que se precisan en el considerando tercero de esta sentencia, salvo el que se refiere a la recaudación del impuesto reclamado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra lo actos que reclamó al Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, así como al Ayuntamiento del Municipio de Durango a través de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas de esta capital de Durango, respecto del acto consistente en la recaudación, por las razones que se precisan en el último considerando de este fallo.
- Principal
agréguese el oficio número SMA/SJ/1226.10/2020 que remite la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, en el que manifiesta que no cuenta con la opción reimpresión de los recibos expedidos, cuando el contribuyente realiza el pago, es decir, se imprime el recibo original que es el que se le entrega al contribuyente y ante esa autoridad solo queda el registro del pago efectuado, por el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que está imposibilitado para remitir, certificadas de los recibos oficiales de ingresos que se hayan generado por el pago del impuesto predial por ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2020. Asimismo, comunica que en los archivos de la Subsecretaría Jurídica del Ayuntamiento del Municipio de Durango, encargado de dar trámite a los juicios de amparo, no se encontró juicio promovido por la ahora quejosa por ejercicios fiscales anteriores.
- Principal
a fin de resolver lo que en derecho corresponda y ante una posible causa de improcedencia, este juzgador estima necesario requerir a la impetrante Laura Nallely Lozano Mariles para que dentro del término de cinco días, computado de manera legal, manifieste a este juzgado, si con anterioridad al catorce de enero de dos mil veinte, ha realizado el pago del impuesto predial respecto del inmueble objeto del tributo. Cabe señalar sobre la trascendencia de la verdad en la información Por tanto, en el caso de que se encuentre en curso el procedimiento básico de ejecución de una sentencia dictada en amparo contra leyes, es factible concentrar en el mismo, a petición de la parte quejosa, sus demás pretensiones relacionadas con la ampliación de la ejecutividad de la sentencia, ya que ese mecanismo legal tiene como objetivo obtener, de manera oficiosa, el cumplimiento de lo resuelto en el juicio, así como de todo acto de aplicación emitido hasta antes de que adquiera definitividad la sentencia protectora. En otras palabras, cuando se tramita de manera oficiosa el procedimiento básico de ejecución de sentencia en amparo contra leyes, y se solicita la ampliación de los efectos de la sentencia hacia otros actos diversos del primer acto de aplicación, constituye una obligación de la autoridad que conozca del amparo indirecto incorporar dentro del trámite relativo la gestión de la insubsistencia de todo acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional en perjuicio del quejoso, siempre y cuando sea posterior al primer acto de aplicación y anterior a la fecha en que adquirió definitividad la protección constitucional que le fue otorgada. Lo propio debe observarse si el órgano que conoció del juicio de amparo no obtuvo el cumplimiento con relación al primer acto de aplicación reclamado, y encontrándose el asunto ya radicado ante el superior, para los efectos de la apertura y trámite del incidente de inejecución respectivo, la parte quejosa formula la misma petición de ampliación de los efectos de la sentencia; caso en el cual, quien conozca de dicho incidente, deberá devolver los autos al órgano jurisdiccional que se los envió, para que éste incorpore dentro de las gestiones relacionadas con el acatamiento del fallo, la petición de insubsistencia de los diversos actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, siempre y cuando -se insiste- los mismos hubieran acaecido con anterioridad a la concesión del amparo en sentencia firme. No está por demás enfatizar que los actos de aplicación cuya petición de insubsistencia deberá atender el Juez primario, sólo podrán ser aquellos dictados con posterioridad al primer acto de aplicación reclamado, en tanto que si fueran anteriores a éste, ello implicaría que el quejoso faltó a la verdad con la que debió conducirse, al haber ocultado en su demanda la existencia de actos de aplicación previos al reclamado, por lo que la solicitud formulada en esos términos, en su caso, además de ser inatendible, deberá ameritar que se dé vista al Ministerio Público para los efectos de la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 211 de la Ley de Amparo (actualmente prevista en el numeral 261, fracción I, de la Ley de Amparo) [.]" Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de amparo constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" No obstante lo anterior, requiérase a la Dirección de Municipal de Administración y Finanzas, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado de manera legal, informe a este juzgado, si en años anteriores al presente ejercicio fiscal ***, realizó el pago del impuesto predial del inmueble ubicado en *** zona centro de esta ciudad y, en caso afirmativo, remita las constancias debidamente certificadas que acrediten tal cuestión; apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo nacional vigente (Medida de Actualización), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción II, en relación al artículo 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior, guarda armonía con la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, al resolver el amparo en revisión administrativo 71/2018, derivado del juicio de amparo indirecto 96/2018 de este propio juzgado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dos de diciembre de dos mil veinte.
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