Laura Morales Martinez

Expediente 33/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
33/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Laura Morales Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Declaración de estado Se tiene a la vista el estado procesal de autos y la primera certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo, así como el artículos 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Archivo del asunto. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículo VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada en el juicio en que se actúa, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, por lo que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dicha documentación podrá ser depurada junto con el expediente. NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda Visto el escrito de desahogo signado por ********* por propio derecho y por el que expresa que tiene el carácter de albacea en el juicio intestamentario *********de los bienes de *********, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 33/2019. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pronunciamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo. De la lectura de la demanda, esta juzgadora considera que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente respecto de los actos reclamados, toda vez que estos son actos en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. La Ley de Amparo dispone que el juicio proceda contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación (artículo 107, fracción V de ese ordenamiento). La propia ley puntualiza que se entiende por "efectos de imposible reparación" aquellos que "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". Conforme al proceso legislativo de la Ley de Amparo, la lógica de esta disposición es que sólo de manera extraordinaria proceda el juicio de amparo indirecto en contra de actos suscitados dentro de otro procedimiento judicial. Esto obedece a que debe privilegiarse el trámite expedito y sin interrupciones del juicio de origen y, en caso de que se considere alguna violación o agravio en éste, lo idóneo es que en contra de la decisión final se promueva juicio de amparo directo. Además, en éste pueden también plantearse violaciones al proceso, siempre que se hayan preparado (es decir, agotado los medios ordinarios en el juicio), en términos de lo previsto en la propia Ley de Amparo. Así pues, sólo en casos extraordinarios puede aceptarse la procedencia del amparo indirecto en contra de actos en juicio, y es cuando el acto reclamado sea de imposible reparación, por afectar materialmente derechos humanos sustantivos de rango constitucional. Esto no sucede en el caso presente, por lo que el juicio propuesto por la parte quejosa es improcedente. En el caso, la quejosa señala como actos reclamados los acuerdos de siete y dieciséis, ambos de noviembre y cinco de diciembre, todos de dos mil dieciocho, dictados por el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de otorgamiento y entrega de escritura en el expediente 1107/2017. Y que al respecto, el auto de siete de noviembre en mención refiere a no tener por reconocida la personalidad de la parte quejosa; el proveído de dieciséis de noviembre citado, consiste en el desechamiento del recurso de apelación y el diverso de cinco de diciembre que se refiere a que la autoridad responsable tuvo por no ofrecidas las pruebas que exhibió la parte quejosa. Al respecto, por lo que se refiere al proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho por el que no reconoció la personalidad de la parte demandada en el juicio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y ha determinado que el acuerdo por el que se tiene por contestada en sentido negativo no constituye un acto de imposible reparación por el que proceda el amparo indirecto, pues al ser de naturaleza procesal, es una violación que puede ser reparada al momento de resolver el juicio de origen, pues aplicado en el caso en concreto al no haberse reconocido la personalidad en el primer auto dictado y que por consecuencia se tuvo contestada la demanda en sentido negativo, así como los diversos que por la misma causa no obtuvo a su favor las peticiones en cuanto al recurso de apelación interpuesto ni del ofrecimiento de las pruebas, no son motivo de actos que sean de imposible reparación que causen perjuicio a derechos sustantivos, por lo que es importante señalar la tesis jurisprudencial 1ª./.J. 54/2011 (9ª), con número de registro 160910, que señala: DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. En virtud de lo anterior, a criterio de esta juzgadora los actos respecto de los que se duele la hoy quejosa no tienen una ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no son una resolución que afecte materialmente derechos sustantivos. Los actos que se combaten en este juicio de amparo son aquéllos que versan sobre la personalidad en el juicio natural, si bien es cierto anteriormente a la legislación vigente de la Ley de Amparo, por jurisprudencia se aceptaba la posibilidad de impugnar en amparo indirecto las resoluciones que dilucidaban respecto de la personalidad en los juicios ordinarios, también lo es que el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar dicha tesis y la nueva intención del legislador con la ley vigente, concluyó que el amparo en este caso es improcedente. Este criterio se plasmó en la tesis P./J.37/2014, con número de registro 2006589, la cual establece lo siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. También cobra aplicación la tesis IV.2º.C. J/2 (10ª.), con número de registro 2006338, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que señala: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Ahora, conforme al primer pronunciamiento citado del pleno debe considerarse que los juicios de amparo presentados al momento de la ley de amparo vigente deberán prescindir de la aplicación de la tesis anterior, pues se incurriría en desacato a este nuevo pronunciamiento, pues uno de los requisitos señalados como indispensables es que afecte materialmente derechos sustantivos; por lo que debe y calificarse como carácter formal o adjetiva a todos los temas concernientes a la personalidad en los juicios ordinarios. Aunado que, aquéllas decisiones mencionadas por el juez responsable podrían obtener una sentencia favorable en la decisión final del juicio de origen, incluso son consideradas como violaciones meramente procesales. Respecto del segundo criterio sustentado por los tribunales colegiados de circuito, señala diversos supuestos considerados como aquéllos en los que son considerados como derechos sustantivos y que de afectarse serían de imposible reparación, tales como un embargo, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, arresto, entre otros; por lo que al caso en concreto, no reúne el requisito correspondiente para impugnar y reparar de manera inmediata las violaciones reclamadas. Efectivamente, las consecuencias del acto reclamado se traducen en que el juicio de origen siga en todas sus etapas procesales, quedando el juzgador de origen obligado a dictar sentencia que resuelva dicho juicio, la cual puede ser favorable a sus intereses. Así, que las violaciones de las que hoy se queja, resultan consideradas como unas violaciones procesales. De resultar esto último, quedarían inmediatamente reparadas las violaciones que por esta vía combate la quejosa. Por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente, por no causar a la parte quejosa una afectación de imposible reparación, en ese sentido, se desecha de plano. Fundamento: Artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo; así como la jurisprudencia V.2o. J/68, con número de registro 231983, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO)". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de enero de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda Vista la razón de cuenta con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 33/2019. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I de la Ley de Amparo. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de proveer respecto de su admisión y procedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de que sea notificada del presente proveído, complemente la demanda como a continuación se indica: En el capítulo correspondiente a 'acto reclamado', la promovente hace referencia a los autos dictados por el Juez ********** de lo Civil en la Ciudad de México, correspondientes a ********** de dos mil dieciocho, ********** de dos mil dieciocho y ********** de dos mil dieciocho, respectivamente. Asimismo de la narrativa de hechos y antecedentes menciona de qué tratan los dos primeros proveídos reclamados, sin embargo, no así por lo que atiende al de ********** de dos mil dieciocho. Por tanto, la promovente deberá indicar si es su deseo señalar como acto reclamado el auto de **********, y en su caso, de optar por reclamarlo, tendrá que narrar los hechos que correspondan a ese acuerdo; asimismo deberá confirmar a quién se lo atribuye y aunado a ello cuando tuvo conocimiento de éste. Del mismo modo deberá señalar con precisión cuando tuvo conocimiento de los diversos actos que se reclaman, en el entendido de que se trata de los autos de **********. Por otro lado, en relación con la personalidad con la que se ostenta con el carácter de albacea en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********** y atento al contenido de las copias que anexa a la demanda del juicio de amparo, se advierte la orden de albacea a su nombre respecto del intestado abierto a bienes de ********** en el diverso juicio ********** y no así respecto del ********** del que nos ocupa a bienes de **********; en este sentido, deberá manifestar la relación que guardan los expedientes de mérito y en su caso anexar aquél documento del que se aprecie su carácter de albacea a bienes de **********. Lo anterior, en la inteligencia que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Dígase a la inconforme que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, cuya fijación está reservada para la parte directamente agraviada, lo que implica que el desahogo a esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su apoderado facultado para ello. Sirve de apoyo por las razones que la informan la 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1,002,562, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Por otro lado, se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito-. En razón de lo anterior, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por no presentada. Fundamento: Artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, ubicado en **********. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados Téngase como autorizados en términos restringidos a ********** por no tener debidamente registrada su cédula ante el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Así como, a las demás personas que menciona sólo para oír y recibir notificaciones. Fundamento: Artículo 24 de la Ley de Amparo. Consulta de determinaciones Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://serviciosenlineapjf.cjf.gob.mx. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.

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