Laura Montiel Morales
Expediente 1340/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Laura Montiel Morales
- Laura Montiel Morales y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental. Por tanto, de conformidad el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Laura Montiel Morales, Lilia Montiel Morales, Rocío Montiel Morales, Yolanda Montiel Morales, Martin Montiel Mortales y Lilia Karina Montiel Morales, todos por propio derecho, quienes solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de las autoridades que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez de Primera Instancia Comisionada como Juez Supernumeraria del Juzgado Primero de lo familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Notificador del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Actos reclamados El acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 695/1992, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Leovigildo Montiel Yáñez, denunciado por Ambrocia Morales Vega, Rocío, Martin, Lilia Laura, Emma, Yolanda y Jerónimo de apellidos Montiel Morales, en el que se declaró que la sentencia dictada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ha causado ejecutoria y su notificación. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese bajo el número 1340/2021-IV, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todo los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: El acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 695/1992, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Leovigildo Montiel Yáñez, denunciado por Ambrocia Morales Vega, Rocío, Martin, Lilia Laura, Emma, Yolanda y Jerónimo de apellidos Montiel Morales, en el que se declaró que la sentencia dictada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ha causado ejecutoria y su notificación. En ese orden, debe decirse que la parte quejosa refiere que no fue debidamente notificada de la sentencia dictada en el juicio sucesorio de origen, dictada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que no tuvo la oportunidad de promover lo que en derecho correspondiera, además, aduce que el auto de once de junio de dos mil veintiuno, que reclama no le fue notificado debidamente, por tanto, procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Sin que se advierta la actualización de alguna excepción al referido principio de definitividad, ya que no se reclamó un acto que importe peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación etcétera o alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional; asimismo, el acto combatido no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación al proceso o cualquiera otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; el amparo no fue promovido por una persona extraña al juicio, pues los quejosos son parte en el expediente natural. Además, aun y cuando el acto reclamado le pueda causar daños de difícil reparación, no la exime de agotar los recursos que tenga a su alcance para obtener la revocación o modificación del acto reclamado, ya que el principio de definitividad es de observancia obligatoria en el juicio de garantías, lo cual implica que previamente a la presentación de la demanda de garantías, el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir a solicitar la protección constitucional. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DESIGNACION REPRESENTANTE COMÙN Por otra parte, con fundamento en lo establecido por el primer párrafo, del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Laura Montiel Morales. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, así como a las demás personas que indica, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS TECNOLOGICOS De conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que refiere, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE VEINTISISTE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ...Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Laura Montiel Morales, Lilia Montiel Morales, Rocío Montiel Morales, Yolanda Montiel Morales, Martin Montiel Mortales y Lilia Karina Montiel Morales, todos por propio derecho, quienes solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de las autoridades que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez de Primera Instancia Comisionada como Juez Supernumeraria del Juzgado Primero de lo familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Notificador del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Actos reclamados El acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 695/1992, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Leovigildo Montiel Yáñez, denunciado por Ambrocia Morales Vega, Rocío, Martin, Lilia Laura, Emma, Yolanda y Jerónimo de apellidos Montiel Morales, en el que se declaró que la sentencia dictada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ha causado ejecutoria y su notificación. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese bajo el número 1340/2021-IV, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todo los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: El acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 695/1992, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Leovigildo Montiel Yáñez, denunciado por Ambrocia Morales Vega, Rocío, Martin, Lilia Laura, Emma, Yolanda y Jerónimo de apellidos Montiel Morales, en el que se declaró que la sentencia dictada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ha causado ejecutoria y su notificación. En ese orden, debe decirse que la parte quejosa refiere que no fue debidamente notificada de la sentencia dictada en el juicio sucesorio de origen, dictada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que no tuvo la oportunidad de promover lo que en derecho correspondiera, además, aduce que el auto de once de junio de dos mil veintiuno, que reclama no le fue notificado debidamente, por tanto, procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Sin que se advierta la actualización de alguna excepción al referido principio de definitividad, ya que no se reclamó un acto que importe peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación etcétera o alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional; asimismo, el acto combatido no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación al proceso o cualquiera otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; el amparo no fue promovido por una persona extraña al juicio, pues los quejosos son parte en el expediente natural. Además, aun y cuando el acto reclamado le pueda causar daños de difícil reparación, no la exime de agotar los recursos que tenga a su alcance para obtener la revocación o modificación del acto reclamado, ya que el principio de definitividad es de observancia obligatoria en el juicio de garantías, lo cual implica que previamente a la presentación de la demanda de garantías, el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir a solicitar la protección constitucional. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DESIGNACION REPRESENTANTE COMÙN Por otra parte, con fundamento en lo establecido por el primer párrafo, del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Laura Montiel Morales. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, así como a las demás personas que indica, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS TECNOLOGICOS De conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que refiere, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa. .." Lo anterior para los efectos conducentes.
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