Laura Margarita Rodríguez Flores

Expediente 330/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
330/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Laura Margarita Rodríguez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el veinte de abril del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en forma personal el veinticinco de los propios mes y año, quedando comprendido dicho plazo del veintisiete siguiente al cuatro de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes Asociación Civil, y otra autoridad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo ********************63 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 1********************/********************0********************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo ********************53, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, ********************0 y ********************1 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso **************************************** del Acuerdo General 1********************/********************0********************0, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 330/********************0********************3. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos ********************1 al ********************6 Ter, del Acuerdo General 1********************/********************0********************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis ********************a. LXXI/********************00******************** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de ********************00********************, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Sobre el particular, es importante acotar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su actualización. No debe perderse de vista que la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de particular equivalentes a los de autoridad que vulneren los derechos fundamentales; de ahí que el Máximo Tribunal ha determinado que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional; por tanto, es de más estricta aplicación en el caso del ejercicio de la facultad contenida en el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, para desechar de plano una demanda. Esas reflexiones se contienen en la tesis ********************a. LXXI/********************00********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XV, Julio de ********************00********************, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" El criterio que subyace en la citada tesis ********************a. LXXI/********************00********************, resulta aplicable en la especie, ya que si bien derivó de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; el contenido de tal normativo es similar al actual 113 del mismo ordenamiento legal en vigor. Precisamente en atención a lo anterior, esto es, a que dada la aplicación estricta del numeral 113 de la Ley de Amparo, sólo se desechará la demanda si la causa de improcedencia que se advierte es manifiesta e indudable. La propia Suprema Corte ha establecido que en ese acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto, no pueden realizarse estudios exhaustivos para justificar que una demanda de amparo debe desecharse, lo anterior, por no ser éste el momento idóneo para ello, en virtud que el motivo de improcedencia no puede ser evidente, claro y fehaciente, si para razonar su actualización, se requirió de un análisis más profundo que, en todo caso, es propio de la sentencia definitiva. Dicho lo anterior, en la especie, la quejosa señala como acto reclamado la orden de entrega de la bodega ********************, propiedad del finado ********************, expedida el quince de abril de dos mil veintitrés, por el Comité Administrativo de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil. En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto por el que se dice afectada la parte quejosa y los hechos plasmados en el escrito de cuenta, de acuerdo a lo precisado previamente, que es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5° fracción II, de la Ley de Amparo. De una interpretación armónica de los numerales en comento, se aprecia que amplían el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues equipara a los particulares como autoridades, cuando éstos realizan actos en los que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que afecten derechos cuando su actuar esté determinado en una norma general. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", ha señalado que las circunstancias que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del gobernado. En ese contexto, los actos reclamados al Comité Administrativo de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, consistente en la orden de entrega de la bodega ********************, propiedad del finado ********************, expedida el quince de abril de dos mil veintitrés, no conforma un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, conviene traer a colación el contenido de los artículos ********************55******************** a ********************556 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, que disponen: "Artículo ********************55********************.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. "Artículo ********************553.- El contrato por el que se constituya una asociación, debe constar por escrito. Artículo ********************554.- La asociación puede admitir y excluir asociados. Artículo ********************555.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. Artículo ********************556.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a esos documentos." De lo antes transcrito, en lo que interesa, se colige que cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Que las asociaciones se regirán por sus propios estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra terceros. Que el poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos. De lo anterior, se advierte que la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, se rige fundamentalmente por sus estatutos, los que no constituyen una norma general y de orden público, que pongan a esa institución en un plano de supra a subordinación respecto de los peticionarios del amparo. Conviene además, partir de la definición doctrinal de lo que es una norma general, para finalmente determinar si los estatutos de la persona moral la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, pueden o no tener el carácter de una norma general. La doctrina ha establecido que las Leyes o Normas Jurídicas, son aquellas disposiciones que emanan del poder público, y que se encuentran constituidas por dos elementos: el material (contenido) y el formal (manera en que se creó). Es de apuntarse, que dentro de sus elementos materiales, existen tres que hacen que las normas jurídicas o leyes, se distingan de cualquier otra disposición que norme o regule una conducta o actividad humana, a saber: su obligatoriedad, su generalidad y su carácter abstracto e impersonal. Hasta aquí, se puede concluir, que las normas jurídicas o leyes, se distinguen de otras por su origen, al surgir del poder público del Estado Mexicano, y por sus características inherentes como son su observancia obligatoria (obligatoriedad) para todas aquellas personas (generalidad) que se encuentren dentro del supuesto material de ésta (abstracción). Lo anterior, pone en evidencia que la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, actúa con base en sus propias disposiciones internas, las cuales rigen únicamente a aquellos individuos [socios o miembros] que tienen [por voluntad propia] el carácter de afiliados o asociados, y que a partir de la aplicación de sus estatutos crea, modifica o extingue, por sí mismo y para sus integrantes, situaciones de derecho, que afectan únicamente el ámbito interno que rige las relaciones o vínculos existentes entre la institución y sus afiliados o asociados, hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre la institución y sus miembros. En tales términos, resulta claro que el acto que se reclama a la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, (solicitud de entrega de la bodega ********************, propiedad del finado ********************, por acuerdo de la Asamblea General) no se despliega a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general, por lo cual no puede estimarse que la nombrada asociación civil sea autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque la relación que entabla con sus afiliados y/o socios, no denota una característica de supra a subordinación. De conformidad con lo antes expuesto, se tiene entonces, que la relación que guarda la promovente, como poseedora de la bodega en mención desde hace nueve años, y la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, no denota el ejercicio directo de atribuciones legalmente conferidas por una norma jurídica, emitida por el poder público del Estado, que tenga el carácter de ser general, obligatoria y abstracta; esto es, en los actos reclamados concretamente por ella, la nombrada asociación señalada como responsable no ejerció facultades de imperio que le hubieran sido dotadas por una norma general de orden público, sino que su relación jurídica es contractual, derivada específicamente del contrato de asociación, que de conformidad con el artículo ********************55******************** del Código Civil en el Estado de Sinaloa, es la reunión de varios individuos, que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Se reitera, los aludidos estatutos no son norma general de orden público, porque no tienen su origen o formación dentro del poder público del Estado (aspecto formal de una norma), sino que forman parte del derecho privado. Surgen a la vida como asociación a través de la celebración de un contrato privado entre varios individuos, quienes convienen reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común y lícito, que no tengan un carácter preponderantemente económico; contrato que debe ser elevado a escritura pública y registrado para surtir efectos contra terceros, siendo que a partir de ese momento, los adherentes a los estatutos obtienen el carácter de asociados y tienen facultades de admitir o excluir a más socios, circunstancia que se encuentra regulada propiamente, como actos del derecho privado, por los artículos ********************55******************** al ********************555 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Lo anterior evidencia que se está en presencia de una relación de coordinación, de igualdad entre asociación y asociados. De manera que si la relación contractual que une a las partes es indicativa de coordinación e igualdad; es manifiesto que no se está ante un acto de autoridad. Sin que obste que la quejosa refiere que ella y sus hijos solamente son los poseedores y encargados de la bodega en cuestión, ya que también refiere, que ésta es propiedad de su concubino, el difunto ********************, quien tiene el carácter de socio en dicha asociación, precisamente porque lo que de ahí se puede inferir es que la posesión del inmueble que dice detentar esta relacionada con el concubinato de la extinta persona, cuya propiedad habrá de definirse en el respectivo juicio sucesorio. Es decir, dicha circunstancia en modo alguno incide en la conclusión alcanzada. No pasa inadvertido por quien esto resuelve el criterio jurisprudencial ********************a./J. 54/********************01******************** (10a.), emitido por la Segunda Sala de la SCJN, Registro: ********************001071, cuyo rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, se considera que en casos excepcionales el citado auto inicial puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que una asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa una determinación tomada por la asamblea respecto los derechos de un asociado, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, y se tiene la certeza y plena convicción de que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en consecuencia, procede desechar la demanda, como en el caso acontece. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial PC.IV.A. J/45 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por ende, no le recae a la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes Asociación Civil, el carácter de autoridad responsable ya que de conformidad con el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que de la orden de entrega reclamada no se desprende que su actuación esté regulada en una ley, ni existe una relación de supra a subordinación, sino que su interactuación con la quejosa lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad. DESECHAMIENTO. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 1° y 5°, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, altos, interior ********************, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 1******************** de la ley de la materia, a los licenciados ******************** y ********************, quienes tienen sus cédulas profesionales ********************511874 y ********************176119, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales ********************78 y ********************79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo **************************************** del Acuerdo General 1********************/********************0********************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes Asociación Civil, y otra autoridad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo ********************63 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 1********************/********************0********************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo ********************53, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, ********************0 y ********************1 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso **************************************** del Acuerdo General 1********************/********************0********************0, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 330/********************0********************3. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos ********************1 al ********************6 Ter, del Acuerdo General 1********************/********************0********************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis ********************a. LXXI/********************00******************** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de ********************00********************, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Sobre el particular, es importante acotar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su actualización. No debe perderse de vista que la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de particular equivalentes a los de autoridad que vulneren los derechos fundamentales; de ahí que el Máximo Tribunal ha determinado que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional; por tanto, es de más estricta aplicación en el caso del ejercicio de la facultad contenida en el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, para desechar de plano una demanda. Esas reflexiones se contienen en la tesis ********************a. LXXI/********************00********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XV, Julio de ********************00********************, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" El criterio que subyace en la citada tesis ********************a. LXXI/********************00********************, resulta aplicable en la especie, ya que si bien derivó de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; el contenido de tal normativo es similar al actual 113 del mismo ordenamiento legal en vigor. Precisamente en atención a lo anterior, esto es, a que dada la aplicación estricta del numeral 113 de la Ley de Amparo, sólo se desechará la demanda si la causa de improcedencia que se advierte es manifiesta e indudable. La propia Suprema Corte ha establecido que en ese acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto, no pueden realizarse estudios exhaustivos para justificar que una demanda de amparo debe desecharse, lo anterior, por no ser éste el momento idóneo para ello, en virtud que el motivo de improcedencia no puede ser evidente, claro y fehaciente, si para razonar su actualización, se requirió de un análisis más profundo que, en todo caso, es propio de la sentencia definitiva. Dicho lo anterior, en la especie, la quejosa señala como acto reclamado la orden de entrega de la bodega ********************, propiedad del finado ********************, expedida el quince de abril de dos mil veintitrés, por el Comité Administrativo de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil. En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto por el que se dice afectada la parte quejosa y los hechos plasmados en el escrito de cuenta, de acuerdo a lo precisado previamente, que es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5° fracción II, de la Ley de Amparo. De una interpretación armónica de los numerales en comento, se aprecia que amplían el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues equipara a los particulares como autoridades, cuando éstos realizan actos en los que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que afecten derechos cuando su actuar esté determinado en una norma general. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", ha señalado que las circunstancias que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del gobernado. En ese contexto, los actos reclamados al Comité Administrativo de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, consistente en la orden de entrega de la bodega ********************, propiedad del finado ********************, expedida el quince de abril de dos mil veintitrés, no conforma un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, conviene traer a colación el contenido de los artículos ********************55******************** a ********************556 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, que disponen: "Artículo ********************55********************.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. "Artículo ********************553.- El contrato por el que se constituya una asociación, debe constar por escrito. Artículo ********************554.- La asociación puede admitir y excluir asociados. Artículo ********************555.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. Artículo ********************556.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a esos documentos." De lo antes transcrito, en lo que interesa, se colige que cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Que las asociaciones se regirán por sus propios estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra terceros. Que el poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos. De lo anterior, se advierte que la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, se rige fundamentalmente por sus estatutos, los que no constituyen una norma general y de orden público, que pongan a esa institución en un plano de supra a subordinación respecto de los peticionarios del amparo. Conviene además, partir de la definición doctrinal de lo que es una norma general, para finalmente determinar si los estatutos de la persona moral la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, pueden o no tener el carácter de una norma general. La doctrina ha establecido que las Leyes o Normas Jurídicas, son aquellas disposiciones que emanan del poder público, y que se encuentran constituidas por dos elementos: el material (contenido) y el formal (manera en que se creó). Es de apuntarse, que dentro de sus elementos materiales, existen tres que hacen que las normas jurídicas o leyes, se distingan de cualquier otra disposición que norme o regule una conducta o actividad humana, a saber: su obligatoriedad, su generalidad y su carácter abstracto e impersonal. Hasta aquí, se puede concluir, que las normas jurídicas o leyes, se distinguen de otras por su origen, al surgir del poder público del Estado Mexicano, y por sus características inherentes como son su observancia obligatoria (obligatoriedad) para todas aquellas personas (generalidad) que se encuentren dentro del supuesto material de ésta (abstracción). Lo anterior, pone en evidencia que la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, actúa con base en sus propias disposiciones internas, las cuales rigen únicamente a aquellos individuos [socios o miembros] que tienen [por voluntad propia] el carácter de afiliados o asociados, y que a partir de la aplicación de sus estatutos crea, modifica o extingue, por sí mismo y para sus integrantes, situaciones de derecho, que afectan únicamente el ámbito interno que rige las relaciones o vínculos existentes entre la institución y sus afiliados o asociados, hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre la institución y sus miembros. En tales términos, resulta claro que el acto que se reclama a la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, (solicitud de entrega de la bodega ********************, propiedad del finado ********************, por acuerdo de la Asamblea General) no se despliega a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general, por lo cual no puede estimarse que la nombrada asociación civil sea autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque la relación que entabla con sus afiliados y/o socios, no denota una característica de supra a subordinación. De conformidad con lo antes expuesto, se tiene entonces, que la relación que guarda la promovente, como poseedora de la bodega en mención desde hace nueve años, y la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, Asociación Civil, no denota el ejercicio directo de atribuciones legalmente conferidas por una norma jurídica, emitida por el poder público del Estado, que tenga el carácter de ser general, obligatoria y abstracta; esto es, en los actos reclamados concretamente por ella, la nombrada asociación señalada como responsable no ejerció facultades de imperio que le hubieran sido dotadas por una norma general de orden público, sino que su relación jurídica es contractual, derivada específicamente del contrato de asociación, que de conformidad con el artículo ********************55******************** del Código Civil en el Estado de Sinaloa, es la reunión de varios individuos, que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Se reitera, los aludidos estatutos no son norma general de orden público, porque no tienen su origen o formación dentro del poder público del Estado (aspecto formal de una norma), sino que forman parte del derecho privado. Surgen a la vida como asociación a través de la celebración de un contrato privado entre varios individuos, quienes convienen reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común y lícito, que no tengan un carácter preponderantemente económico; contrato que debe ser elevado a escritura pública y registrado para surtir efectos contra terceros, siendo que a partir de ese momento, los adherentes a los estatutos obtienen el carácter de asociados y tienen facultades de admitir o excluir a más socios, circunstancia que se encuentra regulada propiamente, como actos del derecho privado, por los artículos ********************55******************** al ********************555 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Lo anterior evidencia que se está en presencia de una relación de coordinación, de igualdad entre asociación y asociados. De manera que si la relación contractual que une a las partes es indicativa de coordinación e igualdad; es manifiesto que no se está ante un acto de autoridad. Sin que obste que la quejosa refiere que ella y sus hijos solamente son los poseedores y encargados de la bodega en cuestión, ya que también refiere, que ésta es propiedad de su concubino, el difunto ********************, quien tiene el carácter de socio en dicha asociación, precisamente porque lo que de ahí se puede inferir es que la posesión del inmueble que dice detentar esta relacionada con el concubinato de la extinta persona, cuya propiedad habrá de definirse en el respectivo juicio sucesorio. Es decir, dicha circunstancia en modo alguno incide en la conclusión alcanzada. No pasa inadvertido por quien esto resuelve el criterio jurisprudencial ********************a./J. 54/********************01******************** (10a.), emitido por la Segunda Sala de la SCJN, Registro: ********************001071, cuyo rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, se considera que en casos excepcionales el citado auto inicial puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que una asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa una determinación tomada por la asamblea respecto los derechos de un asociado, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, y se tiene la certeza y plena convicción de que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en consecuencia, procede desechar la demanda, como en el caso acontece. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial PC.IV.A. J/45 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por ende, no le recae a la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes Asociación Civil, el carácter de autoridad responsable ya que de conformidad con el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que de la orden de entrega reclamada no se desprende que su actuación esté regulada en una ley, ni existe una relación de supra a subordinación, sino que su interactuación con la quejosa lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad. DESECHAMIENTO. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 1° y 5°, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, altos, interior ********************, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 1******************** de la ley de la materia, a los licenciados ******************** y ********************, quienes tienen sus cédulas profesionales ********************511874 y ********************176119, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales ********************78 y ********************79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo **************************************** del Acuerdo General 1********************/********************0********************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. 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