Laura Magaly Molina Cantú
Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Laura Magaly Molina Cantú
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Laura Magaly Molina Cantú, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente 509/2019, de su índice, en dos tomos y del incidente de reducción de pensión alimenticia, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
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mesa 6 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 828/2020-6, promovido por Laura Magaly Molina Cantú, por su propio derecho y en representación de los menores con iniciales L.J.L.M. y R.A.L.M., contra actos del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el veintinueve siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Laura Magaly Molina Cantú, por su propio derecho y en representación de los menores con iniciales L.J.L.M. y R.A.L.M., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en los autos del incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del expediente 509/2019, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 828/2020-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En tres de diciembre de dos mil veinte, se emplazó al presente asunto mediante lista de acuerdos al tercero interesado Luis Jesús Lanz González. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÒN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para la audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, que declara improcedente el recurso de reconsideración que interpuso en contra del punto cuarto del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia provisional deducido del expediente 509/2019, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó consistentes en copias certificadas del expediente 509/2019 del índice del juzgado responsable (dos tomos) y copia certificada del incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del citado juicio de origen, mismos que se tuvieron a la vista y obran bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Laura Magaly Molina Cantú, demandó en la vía ordinaria civil, Juicio de Divorcio Incausado, en contra de Luis Jesús Lanz González, a quien les reclamó diversas prestaciones, entre ellas una pensión provisional para sus menores hijos. 2. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en esta Ciudad, quien por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la admitió y registró con el número 509/2019 de su índice, en dicho proveído se ordenó emplazar a la parte demandada a efecto de que en el término de nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra; así también decretó como pensión alimenticia provisional para los menores, el veinte por ciento (20%) por cada menor, siendo un total del cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado como producto de su trabajo, como Oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa. 3. Por diverso escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, Laura Magaly Molina Cantú, amplió su escrito de demanda, la cual mediante proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, el juzgado responsable admitió dicha ampliación, ordenado correrle traslado a la parte demandada. 4. Mediante auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el juzgado responsable decretó como pensión alimenticia provisional para la actora Laura Magaly Molina Cantú, el quince por ciento (15%) del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado como producto de su trabajo, como Oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa. 5. En diligencia de dieciséis de julio de dos mil diecinueve se emplazó a juicio al demandado Luis Jesús Lanz González. 6. Por auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, el demandado Luis Jesús Lanz González, promovió incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, al cual se le dio trámite, ordenándose formar cuadernillo por cuerda separada. 7. En diverso auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, el demandado Luis Jesús Lanz González, promovió recurso de apelación, en contra del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, admitiéndose dicho recurso en efecto devolutivo. 8. Dentro de los autos del incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, promovido por el demandado Luis Jesús Lanz González, que deriva del juicio de origen, en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio entrada a dicha incidencia, ordenándose correr traslado a Laura Magaly Molina Cantú, a fin de que en el plazo de tres días diera contestación a la misma; de igual forma, en dicho auto, el juzgado responsable declaró procedente la inaplicabilidad de las medidas de apremio decretadas al demandado en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, hasta en tanto fuera resuelto el citado incidente. 9. En diligencia de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se emplazó a la referida incidencia a Laura Magaly Molina Cantú. 10. Inconforme con el dictado del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, Laura Magaly Molina Cantú, lo impugnó mediante el recurso de apelación, el cual fue tramitado en efecto devolutivo. 11. Después, en el punto cuarto del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable determinó no acordar favorable lo peticionado por el abogado patrono de la actora, en el sentido de regularizar dicha incidencia, al haber decretado la inaplicabilidad de las medidas de apremio establecidas al demandado en proveídos de veintinueve de mayo y veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 12. Posteriormente, Laura Magaly Molina Cantú, inconforme con el dictado del referido auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, lo impugnó mediante el recurso de reconsideración, ordenándose dar vista al demandado, a fin de que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera. 13. Finalmente, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, la juez responsable dictó sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Ahora, y como cuestión previa, conviene señalar que en la controversia de origen se encuentran inmiscuidos dos menores de edad; sin embargo, en el caso en análisis este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, no advierte que opera en favor de alguna de las partes la suplencia de la queja deficiente. En ese tenor, en su primer concepto de violación la quejosa Laura Magaly Molina Cantú, manifestó que la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, emitida en el incidente de reducción de la pensión alimenticia provisional deducido del expediente 509/2019, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, es ilegal ya que la juez responsable declaró inoperante el primero de los agravios que expuso al hacer valer su recurso de reconsideración en contra del punto cuarto del proveído dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, señalando que no se había formulado ninguna consideración legal, razonamiento lógico-jurídico o explicación de que forma el referido acuerdo le causaba agravios. Agregando la citada impetrante que contrario a ello, sí expuso los agravios que le causaron la emisión de la resolución reclamada, pues además aduce que la autoridad responsable es formalista y rigorista en contra de los acreedores alimentarios, favoreciendo la estrategia dilatoria y evasiva del demandado en el juicio natural, para no pagar la pensión alimenticia decretada, ya que en vez de presionar al demandado a que cumpla con dicha pensión, le concede el beneficio de no aplicarle consecuencias a su conducta contumaz. Para robustecer su motivo de inconformidad la quejosa citó la siguiente tesis: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÈS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD." Dicho motivo de disenso es infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo antes expuesto, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que contrario a lo manifestado por la impetrante, la juez responsable correctamente determinó declarar inoperante su primer agravio, con motivo de que la recurrente no combatió con ninguna consideración legal, o razonamiento jurídico, el hecho de por qué el punto cuarto del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, le causaba agravios. Esto es, por que la decisión de la juez responsable de no regularizar el procedimiento de origen, con motivo de que existe tramitado el recurso de apelación en contra del referido punto cuarto de ese acuerdo le causaba molestia, siendo que, la quejosa solo reiteró los argumentos en los que fundó su solicitud para que se regularizara el procedimiento, dentro de la incidencia de reducción de pensión alimenticia provisional de origen, por lo que hacía al punto cuarto del referido acuerdo. Ciertamente, la autoridad responsable manifiesta que la quejosa recurrente tenía la obligación de debatir las consideraciones y fundamentos legales con los que se emitió el acuerdo recurrido, a fin de desvirtuar los argumentos con los que concluyó no regularizar el citado juicio natural, toda vez que, como lo indicó, se encuentra tramitado el recurso de apelación en contra del referido punto combatido, por lo que señaló, que la quejosa deberá estarse a lo que en su momento resuelva el tribunal correspondiente. En efecto, al no combatir la impetrante en su primer agravio señalado en su recurso de reconsideración, con argumentos y razonamientos jurídicos que evidenciaran el mal actuar de la responsable, al no querer regularizar el punto cuarto del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en donde se decretó la inaplicabilidad de las medidas de apremio al demandado, con motivo de que anteriormente ya interpuso recurso de apelación en contra del referido punto combatido en el citado acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo que, se estima que fue correcta la determinación de la responsable de declarar inoperante dicho agravio. De ahí lo infundado del motivo de disenso analizado, y lo inaplicable de la tesis inserta. Por otra parte, en su segundo motivo de disenso la quejosa manifestó que la resolución reclamada le causa agravio, toda vez que dicha decisión es arbitraria e ilegal, pues va contra los acreedores alimentarios, en donde se encuentran dos menores de edad, pues la responsable no reconsideró dicha determinación de no aplicar los medios de apremio, ante la negativa del demandado de cumplir con la pensión alimenticia provisional, argumentando que se encuentra en trámite el recurso de apelación que interpuso en contra del punto cuarto del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve. Concluyendo la impetrante que en virtud que el citado recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo, no tiene el alcance de suspender las actuaciones del expediente de origen, ni de la incidencia que deriva de él, por lo que aduce que la juez responsable no tenía impedimento legal alguno u obstáculo procesal para dejar de aplicar al demandado las medidas de apremio ya mencionadas, ni para no regularizar el procedimiento, con motivo de que se encuentra en trámite un recurso de apelación pendiente de resolver. En apoyo a dichos argumentos, la impetrante citó la siguiente tesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL HECHO DE QUE EL REPRESENTANTE DEL MENOR NO CUESTIONE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL JUEZ, RESPECTO A LA FIJACIÓN DE AQUELLA, NO IMPLICA QUE PRECLUYÓ ESE DERECHO, ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA CONGRUENTE CON EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." Ahora bien, dicho motivo de disenso también es infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo antes expuesto, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima de esa manera, porque como bien lo precisó la juez responsable en la resolución reclamada, el nueve de agosto de dos mil diecinueve se radicó el incidente de reducción de pensión alimenticia provisional promovido por el demandado Luis Jesús Lanz González, en el cual en su punto cuarto se determinó procedente la inaplicabilidad de las medidas decretadas, hasta en tanto fuera resuelto dicho incidente; lo anterior, tomando en consideración que, si bien existen menores de edad involucrados en la litis, sus derechos se encontraban salvaguardados ya que previamente a ello, se había decretado el pago de una pensión alimenticia por parte del demandado. En efecto, en autos del juicio natural del cual deriva la presente incidencia de reducción de pensión alimenticia, se encuentra decretado el pago de pensión alimenticia por cada menor, siendo el veinte por ciento (20%) por cada uno, haciendo un total del cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado como producto de su trabajo, como Oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa; asimismo, se encuentran garantizados los derechos de la quejosa (conyuge), pues también se encuentra fijada como pensión alimenticia a su favor el quince por ciento (15%) del salario y demás prestaciones que obtenga el citado demandado en su ocupación de Oftalmólogo. Dicha circunstancia, pone en evidencia que tanto los menores, como la quejosa cuentan con una pensión alimenticia decretada en su favor; por tanto, no se encuentran en peligro de subsistencia, es por ello, que como bien lo estableció la juez responsable en la resolución reclamada, el punto cuarto del acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que se determinó procedente la inaplicabilidad de las medidas decretadas al demandado, no le causa perjuicio, dado que sus derechos alimenticios se encuentran a salvo. Aunado a ello, es de notarse que la quejosa Laura Magaly Molina Cantú, solicita la regularización del juicio de origen, con motivo de la inaplicabilidad de las medidas de apremio decretadas al demandado, señalando que no existe impedimento legal para aplicar dichas medidas en contra del citado demandado; sin embargo, como ciertamente lo señala la juez responsable en su resolución, dicha solicitud no puede ser estudiada bajo una simple petición de regularización, ya que ante ello, lo procedente es impugnar dicha determinación a través del recurso de apelación, como bien en su momento procesal lo promovió la impetrante de mérito. En ese tenor, si la quejosa interpuso el recurso de apelación en contra del punto cuarto, del proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la incidencia de reducción de pensión alimenticia provisional, en la que se determinó procedente la inaplicabilidad de las medidas decretadas al demandado, y luego solicitó la regularización del asunto, respecto del citado punto cuarto, del ya mencionado acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dicha petición es improcedente como bien lo indicó la responsable, pues la quejosa, al haber promovido primero dicho medio de impugnación en contra de esa determinación, deberá estarse a lo que resuelva en su momento el tribunal correspondiente. Pues como bien estableció la juez responsable en la resolución combatida, si existe inconformidad respecto de las actuaciones que se emiten, para ello existen recursos que pueden hacerse valer respetando los plazos señalados; por tanto, si en su momento la quejosa promovió el recurso de apelación, en contra del acuerdo que se duele, deberá estarse a lo resuelto en dicho medio de impugnación. Es por ello que se confirma lo infundado del segundo concepto de violación expresado por la impetrante y se desestima las tesis que invocó en apoyo a su argumento, toda vez que como ya se expuso en párrafos que anteceden la impetrante deberá estarse a lo que resuelva el tribunal correspondiente, respecto del recurso que promovió. Por las relatadas consideraciones, al declararse infundados los conceptos de violación analizados, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Laura Magaly Molina Cantú, por su propio derecho y en representación de los menores con iniciales L.J.L.M. y R.A.L.M., contra el reclamado y la autoridad responsable precisadas en el resultando PRIMERO; por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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EN CUMPLIMIENTO A LOS AVISOS DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. mesa 6 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 828/2020-6, promovido por Laura Magaly Molina Cantú, por su propio derecho y en representación de los menores con iniciales L.J.L.M. y R.A.L.M., contra actos del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el veintinueve siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Laura Magaly Molina Cantú, por su propio derecho y en representación de los menores con iniciales L.J.L.M. y R.A.L.M., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en los autos del incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del expediente 509/2019, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia.AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 828/2020-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En tres de diciembre de dos mil veinte, se emplazó al presente asunto mediante lista de acuerdos al tercero interesado Luis Jesús Lanz González. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÒN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para la audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, que declara improcedente el recurso de reconsideración que interpuso en contra del punto cuarto del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia provisional deducido del expediente 509/2019, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó consistentes en copias certificadas del expediente 509/2019 del índice del juzgado responsable (dos tomos) y copia certificada del incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del citado juicio de origen, mismos que se tuvieron a la vista y obran bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Laura Magaly Molina Cantú, demandó en la vía ordinaria civil, Juicio de Divorcio Incausado, en contra de Luis Jesús Lanz González, a quien les reclamó diversas prestaciones, entre ellas una pensión provisional para sus menores hijos. 2. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en esta Ciudad, quien por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la admitió y registró con el número 509/2019 de su índice, en dicho proveído se ordenó emplazar a la parte demandada a efecto de que en el término de nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra; así también decretó como pensión alimenticia provisional para los menores, el veinte por ciento (20%) por cada menor, siendo un total del cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado como producto de su trabajo, como Oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa. 3. Por diverso escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, Laura Magaly Molina Cantú, amplió su escrito de demanda, la cual mediante proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, el juzgado responsable admitió dicha ampliación, ordenado correrle traslado a la parte demandada. 4. Mediante auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el juzgado responsable decretó como pensión alimenticia provisional para la actora Laura Magaly Molina Cantú, el quince por ciento (15%) del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado como producto de su trabajo, como Oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa. 5. En diligencia de dieciséis de julio de dos mil diecinueve se emplazó a juicio al demandado Luis Jesús Lanz González. 6. Por auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, el demandado Luis Jesús Lanz González, promovió incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, al cual se le dio trámite, ordenándose formar cuadernillo por cuerda separada. 7. En diverso auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, el demandado Luis Jesús Lanz González, promovió recurso de apelación, en contra del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, admitiéndose dicho recurso en efecto devolutivo. 8. Dentro de los autos del incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, promovido por el demandado Luis Jesús Lanz González, que deriva del juicio de origen, en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio entrada a dicha incidencia, ordenándose correr traslado a Laura Magaly Molina Cantú, a fin de que en el plazo de tres días diera contestación a la misma; de igual forma, en dicho auto, el juzgado responsable declaró procedente la inaplicabilidad de las medidas de apremio decretadas al demandado en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, hasta en tanto fuera resuelto el citado incidente. 9. En diligencia de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se emplazó a la referida incidencia a Laura Magaly Molina Cantú. 10. Inconforme con el dictado del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, Laura Magaly Molina Cantú, lo impugnó mediante el recurso de apelación, el cual fue tramitado en efecto devolutivo. 11. Después, en el punto cuarto del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable determinó no acordar favorable lo peticionado por el abogado patrono de la actora, en el sentido de regularizar dicha incidencia, al haber decretado la inaplicabilidad de las medidas de apremio establecidas al demandado en proveídos de veintinueve de mayo y veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 12. Posteriormente, Laura Magaly Molina Cantú, inconforme con el dictado del referido auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, lo impugnó mediante el recurso de reconsideración, ordenándose dar vista al demandado, a fin de que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera. 13. Finalmente, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, la juez responsable dictó sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Ahora, y como cuestión previa, conviene señalar que en la controversia de origen se encuentran inmiscuidos dos menores de edad; sin embargo, en el caso en análisis este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, no advierte que opera en favor de alguna de las partes la suplencia de la queja deficiente. En ese tenor, en su primer concepto de violación la quejosa Laura Magaly Molina Cantú, manifestó que la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, emitida en el incidente de reducción de la pensión alimenticia provisional deducido del expediente 509/2019, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, es ilegal ya que la juez responsable declaró inoperante el primero de los agravios que expuso al hacer valer su recurso de reconsideración en contra del punto cuarto del proveído dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, señalando que no se había formulado ninguna consideración legal, razonamiento lógico-jurídico o explicación de que forma el referido acuerdo le causaba agravios. Agregando la citada impetrante que contrario a ello, sí expuso los agravios que le causaron la emisión de la resolución reclamada, pues además aduce que la autoridad responsable es formalista y rigorista en contra de los acreedores alimentarios, favoreciendo la estrategia dilatoria y evasiva del demandado en el juicio natural, para no pagar la pensión alimenticia decretada, ya que en vez de presionar al demandado a que cumpla con dicha pensión, le concede el beneficio de no aplicarle consecuencias a su conducta contumaz. Para robustecer su motivo de inconformidad la quejosa citó la siguiente tesis: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÈS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD." Dicho motivo de disenso es infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo antes expuesto, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que contrario a lo manifestado por la impetrante, la juez responsable correctamente determinó declarar inoperante su primer agravio, con motivo de que la recurrente no combatió con ninguna consideración legal, o razonamiento jurídico, el hecho de por qué el punto cuarto del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, le causaba agravios. Esto es, por que la decisión de la juez responsable de no regularizar el procedimiento de origen, con motivo de que existe tramitado el recurso de apelación en contra del referido punto cuarto de ese acuerdo le causaba molestia, siendo que, la quejosa solo reiteró los argumentos en los que fundó su solicitud para que se regularizara el procedimiento, dentro de la incidencia de reducción de pensión alimenticia provisional de origen, por lo que hacía al punto cuarto del referido acuerdo. Ciertamente, la autoridad responsable manifiesta que la quejosa recurrente tenía la obligación de debatir las consideraciones y fundamentos legales con los que se emitió el acuerdo recurrido, a fin de desvirtuar los argumentos con los que concluyó no regularizar el citado juicio natural, toda vez que, como lo indicó, se encuentra tramitado el recurso de apelación en contra del referido punto combatido, por lo que señaló, que la quejosa deberá estarse a lo que en su momento resuelva el tribunal correspondiente. En efecto, al no combatir la impetrante en su primer agravio señalado en su recurso de reconsideración, con argumentos y razonamientos jurídicos que evidenciaran el mal actuar de la responsable, al no querer regularizar el punto cuarto del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en donde se decretó la inaplicabilidad de las medidas de apremio al demandado, con motivo de que anteriormente ya interpuso recurso de apelación en contra del referido punto combatido en el citado acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo que, se estima que fue correcta la determinación de la responsable de declarar inoperante dicho agravio. De ahí lo infundado del motivo de disenso analizado, y lo inaplicable de la tesis inserta. Por otra parte, en su segundo motivo de disenso la quejosa manifestó que la resolución reclamada le causa agravio, toda vez que dicha decisión es arbitraria e ilegal, pues va contra los acreedores alimentarios, en donde se encuentran dos menores de edad, pues la responsable no reconsideró dicha determinación de no aplicar los medios de apremio, ante la negativa del demandado de cumplir con la pensión alimenticia provisional, argumentando que se encuentra en trámite el recurso de apelación que interpuso en contra del punto cuarto del auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve. Concluyendo la impetrante que en virtud que el citado recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo, no tiene el alcance de suspender las actuaciones del expediente de origen, ni de la incidencia que deriva de él, por lo que aduce que la juez responsable no tenía impedimento legal alguno u obstáculo procesal para dejar de aplicar al demandado las medidas de apremio ya mencionadas, ni para no regularizar el procedimiento, con motivo de que se encuentra en trámite un recurso de apelación pendiente de resolver. En apoyo a dichos argumentos, la impetrante citó la siguiente tesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL HECHO DE QUE EL REPRESENTANTE DEL MENOR NO CUESTIONE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL JUEZ, RESPECTO A LA FIJACIÓN DE AQUELLA, NO IMPLICA QUE PRECLUYÓ ESE DERECHO, ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA CONGRUENTE CON EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." Ahora bien, dicho motivo de disenso también es infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo antes expuesto, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima de esa manera, porque como bien lo precisó la juez responsable en la resolución reclamada, el nueve de agosto de dos mil diecinueve se radicó el incidente de reducción de pensión alimenticia provisional promovido por el demandado Luis Jesús Lanz González, en el cual en su punto cuarto se determinó procedente la inaplicabilidad de las medidas decretadas, hasta en tanto fuera resuelto dicho incidente; lo anterior, tomando en consideración que, si bien existen menores de edad involucrados en la litis, sus derechos se encontraban salvaguardados ya que previamente a ello, se había decretado el pago de una pensión alimenticia por parte del demandado. En efecto, en autos del juicio natural del cual deriva la presente incidencia de reducción de pensión alimenticia, se encuentra decretado el pago de pensión alimenticia por cada menor, siendo el veinte por ciento (20%) por cada uno, haciendo un total del cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado como producto de su trabajo, como Oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa; asimismo, se encuentran garantizados los derechos de la quejosa (conyuge), pues también se encuentra fijada como pensión alimenticia a su favor el quince por ciento (15%) del salario y demás prestaciones que obtenga el citado demandado en su ocupación de Oftalmólogo. Dicha circunstancia, pone en evidencia que tanto los menores, como la quejosa cuentan con una pensión alimenticia decretada en su favor; por tanto, no se encuentran en peligro de subsistencia, es por ello, que como bien lo estableció la juez responsable en la resolución reclamada, el punto cuarto del acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que se determinó procedente la inaplicabilidad de las medidas decretadas al demandado, no le causa perjuicio, dado que sus derechos alimenticios se encuentran a salvo. Aunado a ello, es de notarse que la quejosa Laura Magaly Molina Cantú, solicita la regularización del juicio de origen, con motivo de la inaplicabilidad de las medidas de apremio decretadas al demandado, señalando que no existe impedimento legal para aplicar dichas medidas en contra del citado demandado; sin embargo, como ciertamente lo señala la juez responsable en su resolución, dicha solicitud no puede ser estudiada bajo una simple petición de regularización, ya que ante ello, lo procedente es impugnar dicha determinación a través del recurso de apelación, como bien en su momento procesal lo promovió la impetrante de mérito. En ese tenor, si la quejosa interpuso el recurso de apelación en contra del punto cuarto, del proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la incidencia de reducción de pensión alimenticia provisional, en la que se determinó procedente la inaplicabilidad de las medidas decretadas al demandado, y luego solicitó la regularización del asunto, respecto del citado punto cuarto, del ya mencionado acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dicha petición es improcedente como bien lo indicó la responsable, pues la quejosa, al haber promovido primero dicho medio de impugnación en contra de esa determinación, deberá estarse a lo que resuelva en su momento el tribunal correspondiente. Pues como bien estableció la juez responsable en la resolución combatida, si existe inconformidad respecto de las actuaciones que se emiten, para ello existen recursos que pueden hacerse valer respetando los plazos señalados; por tanto, si en su momento la quejosa promovió el recurso de apelación, en contra del acuerdo que se duele, deberá estarse a lo resuelto en dicho medio de impugnación. Es por ello que se confirma lo infundado del segundo concepto de violación expresado por la impetrante y se desestima las tesis que invocó en apoyo a su argumento, toda vez que como ya se expuso en párrafos que anteceden la impetrante deberá estarse a lo que resuelva el tribunal correspondiente, respecto del recurso que promovió. Por las relatadas consideraciones, al declararse infundados los conceptos de violación analizados, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Laura Magaly Molina Cantú, por su propio derecho y en representación de los menores con iniciales L.J.L.M. y R.A.L.M., contra el reclamado y la autoridad responsable precisadas en el resultando PRIMERO; por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. Ahora bien, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las doce horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. En atención de lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente, por lo que para el verificativo de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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