Laura Luz Vazquez
Expediente 896/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laura Luz Vazquez
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito de demanda promovida por ***, por su propio derecho, contra actos que reclama de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, por violación a las garantías consagrada en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 896/2017-VII.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el acto reclamado en el libelo constitucional de mérito se hace consistir en la determinación contenida en el oficio ASF/ST/684 de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, emitido por la autoridad señalada como responsable, donde omitió dar trámite a su denuncia de hechos en contra de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) actualmente denominado Instituto Nacional del Suelo Sustentable cuya restructuración se realizó mediante decreto por el Ejecutivo Federal y que fuere publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, misma que fue radicada bajo el número de oficio 10,499/2017 a efecto de fiscalizar la cuenta pública de dicha dependencia y rinda cuentas sobre el uso de los recursos públicos federales. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el diverso numeral 5°, fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; la víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. En ese orden, debe precisarse que por interés jurídico se entiende el derecho que asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo un acto que es violatorio de garantías individuales que afecten sus garantías o derechos humanos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales, a través del juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la Tesis de Jurisprudencia número VI. 3° J/26, visible en la página 117, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época, Instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Así como la diversa Tesis de Jurisprudencia número 854, localizable en la página 582, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de título y contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En tanto que el interés legítimo ha sido definido como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, tal y como se puede apreciar en la tesis que a continuación se reproduce. INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Décima Época, registro 2002812, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, materia común, página 822. Por ello, en el amparo promovido contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, o en un procedimiento seguido en forma de juicio que afecten a personas extrañas a él, debe cumplirse con el requisito fundamental consistente en la afectación del interés jurídico o legítimo de la parte quejosa que le cause el acto reclamado; entendida esa afectación como aquella que vulnera los derechos sustantivos de que la parte solicitante del amparo es titular; no por una determinación aislada, sino acorde a la interpretación relacionada con los artículos 107 fracciones I, III inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 5° y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo; disposiciones que permiten determinar que aun cuando se trate de terceros extraños al procedimiento, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, necesariamente, es la demostración plena del interés jurídico o legítimo que en suma, no es otra cosa que la titularidad del derecho afectado por la autoridad, que corresponda al promovente del amparo; y en el segundo caso, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Cabe destacar además, que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que violen garantías individuales el cual se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, según lo disponen los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal y 5° de la Ley de Amparo. De ahí que el concepto de parte debe entenderse como la persona que excita la actividad del órgano de control constitucional con la finalidad de obtener el amparo, respecto de un derecho público subjetivo del que es titular, y cuya violación atribuye a las autoridades responsables que emiten, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado, el cual puede ser de carácter positivo (consistente en un hacer) o negativo (cuando se trata de una omisión). Así, al ejercer la acción constitucional, el promovente insta la actividad de los órganos de amparo con la finalidad de hacer cesar la violación de su derecho público subjetivo y en su caso, obtener la restitución de la garantía o derecho violado. En este orden de ideas, puede acontecer que en la tramitación del juicio de amparo la parte accionante no demuestre que es titular del derecho que dice le es vulnerado, o bien, que demostrándolo, éste sea o no violado por parte de las autoridades responsables. En el primer caso, el promovente del amparo carece de interés jurídico, precisamente por no demostrar que es el titular del derecho público subjetivo cuya violación alega, actualizándose en ese supuesto, la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Mientras que en el segundo supuesto, puede actualizarse la hipótesis de que aun existiendo el derecho público subjetivo del accionante (interés jurídico), el acto de la autoridad efectivamente incida en su esfera de derechos, caso en el cual, habrá de analizarse sí ese acto fue emitido en contravención o no de las normas constitucionales, a fin de determinar si existió o no violación de derechos fundamentales, para también en su caso, conceder o negar la protección constitucional solicitada, según corresponda. Fijado lo anterior, en el caso concreto, del escrito de demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la determinación contenida en el oficio ASF/ST/684 de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, emitido por la autoridad señalada como responsable, donde omitió dar trámite a su denuncia de hechos que presentó la quejosa; lo que se traduce a un mero interés simple de esta última respecto del juicio de garantías, pues su pretensión de denunciar hechos para que se fiscalice la cuenta pública de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) actualmente denominado Instituto Nacional del Suelo Sustentable y que rinda cuentas sobre el uso de los recursos públicos federales, no trae una afectación de interés legítimo ni jurídico; de ahí que bajo esta premisa es que debe desecharse la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia que emitiera la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Tesis 2ª/J 57/2017, libro 43, junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, registro 2014433 que indica: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. De lo anterior se desprende entonces que el acto reclamado que hace valer la quejosa se traduce a una afectación al interés simple; luego entonces, no puede ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el artículo 5 fracción II segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, por su propio derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Ahora bien, se tiene a la promovente señalando como domicilio en el ubicado en calle *** en esta ciudad. Finalmente, téngase como autorizados de la peticionaria de amparo al licenciado ***, en los términos más amplios de la primera parte del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a ***, en términos restringidos del citado numeral por no cubrir tales requisitos. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XII en relación con el artículo 5 fracción II segundo párrafo, y 113 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Laura Garcia Rodriguez873/2018
- Laura Iliana Mandujano Gonzalez459/2018
- Laura Iliana Mandujano Gonzalez764/2018
- Laura Irma Rafaela Calderon Silva112/2015
- Laura Isabel Ayala Moreno434/2023
- Laura Lopez Martinez500/2022
- Laura Morales Tenorio479/2016
- Laura Morales Tenorio552/2016
- Laura Morales Tenorio506/2016
- Laura Morales Tenorio590/2016
- Laura Morales Tenorio877/2019
- Laura Morales Tenorio614/2016