Laura Lucía Trujillo Cruz
Expediente 935/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2018
Partes del expediente
- Laura Lucía Trujillo Cruz
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por Laura Lucía Trujillo Cruz, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 935/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo. En caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridades Responsables: Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. Jefe de Departamento de Medición, Conexiones y Servicios Zona Centro de la Comisión Federal de Electricidad, residente en esta ciudad. Acto Reclamado: De las autoridades señaladas como ordenadoras se les reclama la orden de revisión, prueba y aseguramiento de la medición con número de notificación 2822. (sic). Este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen. En términos del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Ahora, tratándose de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que a raíz de la llamada reforma energética, se creó un régimen jurídico especial que tutela la actividad de suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, con el objetivo de garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia. Que derivado de ello, la relación que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los consumidores del servicio básico de suministro eléctrico, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, puesto que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a los condiciones de la empresa, por lo que los actos vinculados con la prestación del servicio previstos en el propio contrato, incluido el corte del suministro, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Bajo estas consideraciones, concluyó que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal para resolver la referida contradicción, en la que se precisó, que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo, porque forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Lo que se corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la referida contradicción de tesis. Bajo este contexto, debe destacarse que los actos reclamados en este juicio derivan de lo pactado en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, por lo cual, en el caso no puede considerarse que la autoridad de la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así es, en el caso debe recodarse que los actos reclamados se hicieron consistir en la revisión y aseguramiento del medidor de energía eléctrica y su ejecución que pretende efectuar la señalada como responsable, se estiman derivados del servicio de energía eléctrica de la cuenta que corresponde la quejosa, con motivo de la verificación de equipos o instrumentos de medición instalados en su inmueble. Tales actos son de aquellos pactados o comprendidos dentro del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, cuyo contenido en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este juzgador, al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma que los actos reclamados son de aquéllos comprendidos en el contrato de adhesión porque de las cláusulas CUARTA, NOVENA, DÉCIMA CUARTA y VIGÉSIMA SEGUNDA, se advierte que las partes pactaron su actuación en relación con la verificación de equipos o instrumentos de medición instalados, la posible generación de ajustes por concepto de diferencias de energía eléctrica consumida y no facturada con motivo de fallas en el equipo, el pago de energía e impuestos por ese ajuste, el corte de suministro en caso de no realizar el pago, e incluso el medio para inconformarse en caso de desacuerdo durante este procedimiento. 3.1 Conclusión. Como se advierte, en el caso los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, derivan de lo pactado en el contrato de suministro de energía, por lo que no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Laura Lucía Trujillo Cruz, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Décima Sur Poniente, número 1771, de esta ciudad. Se tiene por autorizado en los términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Alejandro Cruz Albores, por así haberlo señalado la parte quejosa. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por Laura Lucía Trujillo Cruz, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 935/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo. En caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridades Responsables: Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. Jefe de Departamento de Medición, Conexiones y Servicios Zona Centro de la Comisión Federal de Electricidad, residente en esta ciudad. Acto Reclamado: De las autoridades señaladas como ordenadoras se les reclama la orden de revisión, prueba y aseguramiento de la medición con número de notificación 2822. (sic). Este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen. En términos del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Ahora, tratándose de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que a raíz de la llamada reforma energética, se creó un régimen jurídico especial que tutela la actividad de suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, con el objetivo de garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia. Que derivado de ello, la relación que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los consumidores del servicio básico de suministro eléctrico, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, puesto que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a los condiciones de la empresa, por lo que los actos vinculados con la prestación del servicio previstos en el propio contrato, incluido el corte del suministro, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Bajo estas consideraciones, concluyó que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal para resolver la referida contradicción, en la que se precisó, que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo, porque forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Lo que se corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la referida contradicción de tesis. Bajo este contexto, debe destacarse que los actos reclamados en este juicio derivan de lo pactado en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, por lo cual, en el caso no puede considerarse que la autoridad de la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así es, en el caso debe recodarse que los actos reclamados se hicieron consistir en la revisión y aseguramiento del medidor de energía eléctrica y su ejecución que pretende efectuar la señalada como responsable, se estiman derivados del servicio de energía eléctrica de la cuenta que corresponde la quejosa, con motivo de la verificación de equipos o instrumentos de medición instalados en su inmueble. Tales actos son de aquellos pactados o comprendidos dentro del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, cuyo contenido en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este juzgador, al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma que los actos reclamados son de aquéllos comprendidos en el contrato de adhesión porque de las cláusulas CUARTA, NOVENA, DÉCIMA CUARTA y VIGÉSIMA SEGUNDA, se advierte que las partes pactaron su actuación en relación con la verificación de equipos o instrumentos de medición instalados, la posible generación de ajustes por concepto de diferencias de energía eléctrica consumida y no facturada con motivo de fallas en el equipo, el pago de energía e impuestos por ese ajuste, el corte de suministro en caso de no realizar el pago, e incluso el medio para inconformarse en caso de desacuerdo durante este procedimiento. 3.1 Conclusión. Como se advierte, en el caso los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, derivan de lo pactado en el contrato de suministro de energía, por lo que no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Laura Lucía Trujillo Cruz, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Décima Sur Poniente, número 1771, de esta ciudad. Se tiene por autorizado en los términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Alejandro Cruz Albores, por así haberlo señalado la parte quejosa. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
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