Laura Lorena Rivera Salazar
Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Laura Lorena Rivera Salazar
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano judicial ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo legal de cinco días concedido a la parte promovente, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por Silvia Torres Sánchez, quien adujo comparecer como apoderada jurídica de Laura Lorena Rivera Salazar. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente de forma electrónica.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil veintiuno. Ténganse recibidos los escritos remitidos electrónicamente por Silvia Torres Sánchez, quien aduce comparecer en su carácter de apoderada jurídica de la directamente agraviada Laura Lorena Rivera Salazar, mediante los cuales pretenden acatar la prevención ordenada en autos. Ahora bien, atento al contenido de los ocursos de cuenta, dígasele a la signante que por el momento es improcedente su solicitud; lo anterior, toda vez que de la documental que acompaña, consistente en la determinación de diecinueve de agosto del año próximo pasado, dictada dentro del expediente laboral de origen, no constituye un documento idóneo para tenerle acreditada su personería, puesto que del contenido mismo, no se desprende tal carácter. No es óbice a lo anterior, la circunstancia que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el Tribunal señalado como responsable incurrió en un error en el auto de radicación del controvertido natural, al asentar un nombre distinto en lugar de Laura Lorena Rivera Salazar; ello, pues es menester contar con los documentos idóneos que establezcan su legitimación para la interposición del presente juicio de derechos humanos y tal circunstancia es una carga procesal de las partes, dentro de la contienda en que se trabaja. Lo anterior es así, pues se reitera que la parte promovente intentó la acción constitucional precisamente bajo la hipótesis normativa contenida en el artículo 11 de la Ley de Amparo y, según el contenido de dicho numeral, como se indicó en el proveído de veintidós de marzo del año en curso, tal circunstancia debe encontrarse debidamente acreditada en autos, se insiste, como carga procesal de la parte promovente. De ahí que se estime que no da cabal cumplimiento con la prevención de que se trata; y, como consecuencia, subsiste el requerimiento y apercibimiento contenidos en el auto preventivo. En la inteligencia que la parte agraviada deberá acatar dicha prevención, dentro del término de cinco días inicialmente otorgado, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanudará al siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve vía electrónica Silvia Torres Sánchez, quien aduce comparecer como apoderada jurídica de Laura Lorena Rivera Salazar y anexo que se acompaña; contra una omisión que atribuye al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 213/2021-III. Pues bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, y a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, de forma electrónica, cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Se acredite la personería con que Silvia Torres Sánchez aduce comparecer, esto es, como apoderada jurídica de la directamente agraviada Laura Lorena Rivera Salazar. Ello, en la medida en que la aludida promovente refirió tener tal carácter reconocido ante la autoridad designada como responsable e instó la acción constitucional bajo esa hipótesis normativa; no obstante, vista la documental que acompaña, consistente en la determinación de doce de marzo del año en curso, dictada dentro de los autos del expediente laboral 496/2018/M-2, del índice de la autoridad designada como responsable, la cual manifestó bajo protesta de decir verdad, corresponde a la digitalización del original de dicho documento, se advierte que únicamente se le reconoció tal carácter, es decir, de apoderada jurídica, respecto de Humberto Ramos Moreno. Por ende, la presente prevención emerge a efecto de que se establezca la legitimación de la aludida promovente para la interposición del presente juicio de derechos humanos, pues no obstante que se ostenta como apoderada jurídica de la directamente agraviada, es menester contar con los documentos idóneos de donde se corrobore dicha circunstancia, acorde a lo reseñado por el artículo 11 de la Ley de Amparo, y así evitar que el amparo se promueva por persona que no está facultada para ello, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, pues se verían sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Circunstancia la anterior que deviene en una irregularidad que debe ser subsanada en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, las partes en el juicio y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través de los usuarios que se proporcionan, así como las notificaciones personales que deriven del presente asunto por la misma vía, respecto al primero de los usuarios proporcionados, esto es, "sts73". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Finalmente se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados para las subsecuentes comunicaciones en relación al presente asunto. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente electrónicamente; por su parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ariana Torres Armijo y Jesús Armando Almendarez Loredo, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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