Laura Lorena Nava Barrera
Expediente 1517/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1517/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laura Lorena Nava Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1517/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el catorce de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, quien autoriza y da fe.
- Principal
SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, determinó que era procedente realizar la separación de demandas, a fin de que se tramitara una demanda por cada una de las quejosas. De ahí que la promovida por LAURA LORENA NAVA BARRERA, fue turnada a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, el veintiocho de ese mes y año, y se registró con el número 1517/2017-V; por lo tanto, en esa fecha se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; y al reclamarse omisión de atención médica y tener efectos positivos, es competente el juez de distrito donde tienen ejecución éstos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa consisten en las omisiones siguientes: De proporcionarle tratamiento médico en su persona, particularmente para atenderla en el padecimiento de desviación de la columna y dolor lumbar excesivo; y De proporcionarle una dieta adecuada. Actos reclamados a las autoridades, Directora General, Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la quejosa, ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que sí han proporcionado a la quejosa el servicio médico general y especializado. En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud, al ser este precisamente el acto reclamado, partiendo de la base de que la quejosa, al estar privada de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarla en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio médico y en qué condiciones. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO.", de ahí que resulte inoperante la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable. CUARTO. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados por los motivos que enseguida se expresan. En efecto contrario a lo sustentado por la peticionaria de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Morelos, las autoridades responsables le han brindado la atención médica necesaria para cada una de sus enfermedades y padecimientos, con lo cual se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en mención, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2, fracciones I a la VII del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. A su vez, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud). Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Salud). De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X. De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis dispone: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.). II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; (.)". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud (.)". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. (.)" "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.)" "Artículo 79. Medidas Terapéuticas Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo conducente. (.)" "Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. (.)" Dichos numerales prevén los derechos que tienen las personas privadas de su libertad dentro de un centro penitenciario, destacando el derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley. Sentado lo anterior y del análisis del expediente clínico de la quejosa, que en copia certificada allegaron las autoridades responsables se arriba a la conclusión de los infundado de los conceptos de violación. En efecto, por cuanto a la omisión de proporcionar a la quejosa una dieta adecuada, son infundados, en virtud de que del expediente médico de la quejosa, remitido en fotocopias certificadas por la autoridad responsable, se advierte que los médicos que le han proporcionado atención médica, le han prescrito la dieta que se ha requerido, según la condición de salud que han apreciado en la persona de la quejosa LAURA LORENA NAVA BARRERA. Así, el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, en que el facultativo la atendió por arritmia, sinusitis, estreñimiento y dermatosis atópica en glúteos (foja 13 del anexo I), se observa que se le prescribió, además de los medicamentos para tratarla, dieta normal, aunque se le recomendó aumentar ingesta de líquidos. En la atención médica del veintidós de julio de dos mil diecisiete (foja 12 del anexo I), al atendérsele exclusivamente por estreñimiento, se le prescribió una dieta alta en fibra hasta por seis meses con la encomienda de incrementar ingesta de líquidos. En tanto que, en la atención médica del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en que se le atendió por dematosis por picadura de un insecto, no se le prescribió dieta especial (foja 11). Mientras que en las valoraciones médicas que se le realizó por el médico tratante el seis de octubre de dos mil diez (foja 11 del anexo I), al ser atendida por piquetes de insecto y vertiginoso, para ese padecimiento no se ordenó dieta especial. Entonces, la dieta que se encuentra vigente para la quejosa, es la prescrita el veintidós de julio de dos mil diecisiete (foja 12 del anexo I), para el tratamiento de estreñimiento, consistente en dieta alta en fibra, hasta por seis meses y que es la que se encuentra vigente, como consta que se le prescribió en la semana del uno al ocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 62 del principal); así como del nueve al dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 61 del principal); donde constan las firmas de la aquí quejosa y que no fueron objetadas. Luego, de los documentos antes descritos, se puede deducir que a la fecha de presentación de la demanda, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se venía proporcionando a la quejosa la dieta alta en fibra para el padecimiento de estreñimiento que, huela decir, no refirió en la demanda seguir padeciendo, como tampoco se lo refirió al medico que la atendió el seis de octubre de dos mil diecisiete (foja 10 del anexo I), ya que ahí sólo indicó al interrogatorio, que acudía por cefalea ocasional acompañada de mareos, y que presentaba lesiones secundarias a piquetes de insecto y el resto interrogado y negado, lo que es relevante para establecer que en esa fecha, inclusive, ya no presentaba los síntomas de estreñimiento. Sin que pase por alto que la quejosa refiriera en la notificación del ocho de noviembre de del año en curso, que no se le ha dado la dieta porque se encuentra baja en peso, sin embargo, debe atenderse en primer término, que a la fecha de presentación de la demanda, se le había estado proporcionando la dieta alta en fibra prescrita. Por otro lado, si actualmente refiere estar baja de peso, ello no necesariamente obedece a que la dieta proporcionada por las responsables, no sea la adecuada, ni se desprende que ninguno de los dos distintos médicos que le proporcionaron consulta médica, tanto el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 11 del anexo I), como posteriormente el seis de octubre de dos mil diecisiete (foja 10 del anexo I), hubieran apreciado un bajo peso como alega la quejosa. A las constancias certificadas del expediente médico de la quejosa, remitidas por la autoridad responsable, por ser documentos públicos, al haber sido emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les otorga plena eficacia probatoria, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, se arriba a la conclusión de que son infundados los conceptos de violación que sostienen que no se le ha brindado una dieta adecuada que, de forma destacada, reclama en la demanda. A igual conclusión se arriba por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades responsables, Directora General, Consejo Técnico y Directora del Departamento de Servicios Médicos, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos, consistentes en la omisión de proporcionarle tratamiento médico en su persona, particularmente para atenderla en el padecimiento de desviación de la columna y dolor lumbar excesivo; ya que de las constancias del expediente médico de la quejosa, se puede arribar a la conclusión de que con anterioridad inmediata a la presentación de la demanda de garantías (dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete), la quejosa no solicitó atención médica para atender dicho padecimiento. En efecto, del expediente médico de la quejosa, remitido en fotocopias certificadas por la autoridad responsable, se advierte que los médicos que le han proporcionado atención médica, le han prescrito atención según las expresiones de las dolencias que hizo la quejosa, y la condición de salud que ellos apreciaron en LAURA LORENA NAVA BARRERA. Así, el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, el facultativo la atendió por arritmia, sinusitis, estreñimiento y dermatosis atópica en glúteos (foja 13 del anexo I), y la quejosa no refirió en forma alguna dolencia en la columna vertebral o zona lumbar. En la atención médica del veintidós de julio de dos mil diecisiete (foja 12 del anexo I), exclusivamente se le atendió por estreñimiento. En tanto que, en la atención médica del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, fue por dermatosis por picadura de un insecto (foja 12 anexo I); sin embargo, se asienta que no presentaba datos de deformidad en la columna vertebral, sin dolor a la digito presión a nivel lumbar y sin edema. Y finalmente en las valoraciones médicas que se le realizó por el médico tratante el seis de octubre de dos mil diez (foja 10 del anexo I), fue atendida por piquetes de insecto y vertiginoso. Pero inclusive en esa valoración médica, se asienta que no presentaba datos de deformidad en la columna vertebral, sin dolor a la digito presión a nivel lumbar y sin edema. Por lo tanto, se aprecia que la quejosa no refirió en ninguna forma padecimientos en columna vertebral ni espalda; tampoco realizó petición alguna al respecto, como lo indica en su demanda; pues ante el requerimiento de veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, en el que se solicitó la totalidad de las peticiones médicas realizadas por la parte quejosa, a la autoridad responsable sólo remitió la relativa a odontología (foja 1 del anexo I), más ninguna respecto a dolor de columna; de ahí que, como se verá, no resulta imputable a la autoridad omisión alguna en ese sentido. Además, en la notificación de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 78 del principal), refirió que ha recibido la atención médica. A las documentales de mérito, se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En ese contexto, si bien la quejosa sostiene en su demanda la atención médica; sin embargo, tal aserto es insuficiente para demostrar que requiere cuidados médicos especiales, pues como se ha relatado anteriormente, de las copias certificadas de su expediente clínico, se puede advertir ha sido atendida en relación a los padecimientos que fueron dictaminados por el médico general tratante, y además, se le ha suministrado diversos medicamentos para cada uno de ellos, por lo que no puede imponerse a capricho de la interno, que sea atendido por un determinado especialista, que, por otro lado, no se demuestra que requiera, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado, en principio, por el referido médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra la quejosa; máxime, que de lo asentado por los médicos que la atendieron, no se advierte la necesidad de ello; amén de que no se aprecia que la quejosa solicitara la intervención de especialistas con base a un padecimiento que ameritara su intervención ni que en sus consultas médicas haya explicado algún síntoma o enfermedad relacionado con las especialidades médicas en estudio. En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de la quejosa reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertirse materia qué suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a LAURA LORENA NAVA BARRERA. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LAURA LORENA NAVA BARRERA, respecto de las autoridades y por los actos identificados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy catorce de febrero de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la notificación que antecede realizada a la quejosa Laura Lorena Nava Barrera, el ocho de noviembre actual respecto al acuerdo dictado el seis de noviembre del año en curso, se desprende que la impetrante realizó las manifestaciones siguientes: "HE RECIBIDO ATENCION MEDICA PERO NO ME HAN DADO LA DITA YA QUE ESTOY BAJA DE PESO" Indíquese a la quejosa que se tienen por vertidas las manifestaciones realizadas, sin perjuicio de su relación en audiencia constitucional, ello conforme al numeral 124 de la ley de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA...
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Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado, es de nueve a diez horas treinta minutos de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.AEC
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