Laura Leticia Canul Canul
Expediente 466/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Laura Leticia Canul Canul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo informado por la autoridad responsable, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se les concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó personalmente a la parte quejosa el dos de diciembre de este año; y por oficio a la autoridad tercero interesada, entregado el tres del propio mes y año; sin que a la fecha alguna de las nombradas hubiera hecho manifestación al respecto. Por tanto, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que se les otorgó, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora bien, el veintinueve de octubre de dos mil veinte se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta capital, para el efecto siguiente: "Con plenitud de jurisdicción, esto es, sin que se encuentre constreñida a pronunciarse en sentido positivo o negativo, emitir el acuerdo correspondiente a la solicitud planteada por la aquí quejosa en su escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del juicio laboral 285/2009 de su índice." Posteriormente, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Presidente responsable remitió un oficio que se relacionó mediante proveído de uno de diciembre de este año, del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte dictó un acuerdo en el que dio contestación al escrito de la quejosa de quince de enero de este año, mismo que presentó el dieciséis inmediato siguiente; determinación que hizo del conocimiento de la promovente el veintiséis de noviembre último, mediante notificación personal. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó y, por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veinte. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que adjuntó; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada del oficio y anexo que se proveen, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercero interesada, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclamó de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Presidente responsable, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la agraviada en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 466/2020-I-B, promovido por la quejosa ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Presidene de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional********************TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte********************CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de siete de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual tuvo verificativo previos diferimientos al tenor del acta que antecede********************C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado a la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La omisión de emitir el auto de requerimiento de pago y embargo, solicitado mediante el escrito de quince de enero del año en curso y recibido el día siguiente, en el procedimiento de ejecución de laudo dictado a su favor, en autos del juicio laboral ********************, del índice de dicha Junta********************TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia y conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. En sus conceptos de violación, la parte quejosa expone esencialmente que con la omisión que se atribuye a la autoridad responsable se trasgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Resulta esencialmente fundado dicho concepto de violación como se expondrá a continuación: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya vulneración alega la quejosa, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho******************** Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."********************De la transcripción que antecede se advierte que ese precepto consagra el derecho de seguridad jurídica y administración de justicia, establecida en favor de los gobernados, es decir, consigna como derecho de todo individuo, el de acudir a la jurisdicción del Estado a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, que se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales u órganos con facultades materialmente y formalmente administrativas, como un servicio público en un plazo razonable, en función del necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de las actuaciones administrativas y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de las funciones administrativas realicen las actividades que les correspondan********************Ahora bien, en el presente caso se considera transgredido ese derecho respecto a la quejosa, en virtud que desde el dieciséis de enero de dos mil veinte, presentó un escrito en el que solicitó se emita el auto de requerimiento de pago y embargo en autos del juicio laboral de origen, a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en dicho procedimiento********************Sin embargo, de las constancias del juicio natural remitidas por las autoridades responsables, las cuales se valoran de manera plena de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que hasta la presente fecha, han transcurrido más de tres meses sin que la autoridad responsable hubiese emitido acuerdo alguno respecto de la solicitud de la quejosa********************Por otra parte, no obstante lo señalado por la autoridad responsable en su informe justificado en torno a su excesiva carga de trabajo, la falta de personal y condiciones óptimas para atender los asuntos sujetos a su jurisdicción dentro de los términos y plazos legales********************También lo es, que dichas circunstancias tampoco pueden ser una carga que deban soportar las partes y tener que esperar por un tiempo indefinido el dictado de sus resoluciones o laudos; de ahí que ello, no justifica la dilación en el dictado de la resolución de mérito********************En virtud de lo anterior, se concluye que no se ha cumplido cabalmente con los derechos de seguridad jurídica y administración de justicia pronta y expedita previstos en el artículo 17 Constitucional, por lo que su proceder conculca los derechos humanos de la aquí parte quejosa. Pues de lo anterior se desprende que dicho proceder se traduce en el retardo de la administración de la justicia en los términos de ley, en virtud de la falta indefinida de emitir el acuerdo correspondiente a una solicitud realizada por escrito por una de las partes, en un juicio de naturaleza laboral********************Situación que denota una falta en las funciones que realizan los órganos encargados de ello, por tanto su acto infringe los derechos contenidos en el artículo 17 Constitucional, dado que atentan contra la seguridad jurídica, prontitud y expedites en la administración jurídica tutelada********************Sustenta lo anterior, la tesis consultable a foja 793, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." En consecuencia, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal********************SEXTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo o implique una omisión, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija********************Así, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá realizar lo siguiente: - Con plenitud de jurisdicción, esto es, sin que se encuentre constreñida a pronunciarse en sentido positivo o negativo, emitir el acuerdo correspondiente a la solicitud planteada por la aquí quejosa en su escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del juicio laboral ******************** de su índice********************SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo********************OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello********************Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclama a la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello********************Notifíquese y regístrese.
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