Laura Leal Ponce

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Laura Leal Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que advierte que mediante auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, por lo que se provee: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: La omisión de señalar fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La omisión de emplazar. Actos derivados del juicio laboral 74/2022 que atribuyó a la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Esto, con base en el análisis integral de la demanda de amparo y escrito de desahogo que dieron origen a este juicio de amparo, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, con número de registro 195745, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Establecido lo anterior, en el caso se considera que procede sobreseer en el presente juicio, en atención a las consideraciones siguientes: Marco normativo. La Ley de Amparo en su artículo 81, fracción I, inciso d), establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; es decir, el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma. Sobre la posibilidad de sobreseer fuera de la audiencia constitucional resulta ilustrativa analógicamente la jurisprudencia 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el catorce de febrero de dos mil tres, la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386. Número de registro 184572). Por otra parte, el artículo 63 de la ley de la materia prevé los supuestos en que procede el sobreseimiento en el juicio constitucional, entre ellos, el contenido en su fracción IV, que se refiere en lo que aquí interesa, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Correlacionados dichos preceptos legales se obtiene que excepcionalmente es dable sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional cuando sea patente la inexistencia del acto reclamado. Empero, ello procede únicamente cuando la inexistencia aludida sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; siendo que, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte de forma patente, notaria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en dudad por lo claro, seguro y evidente que es. Apoya esta consideración la tesis I.16o.T.7 K emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Tomo IV, Enero de 2019, página 2646. Número de registro 2019142). Ahora, para estar en aptitud de resolver sobre la existencia de un determinado acto reclamado, deben tenerse en cuenta ciertos parámetros, entre ellos, la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a/J.3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 79, Julio de 1994, Página: 15. Registro 206346). En el mismo orden de ideas, por lo que toca a los actos omisivos, la determinación relativa a su existencia exige el análisis de ciertos presupuestos adicionales, entre ellos, (1) La normatividad que prevé la competencia de la autoridad responsable para determinar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica la parte quejosa; y (2) las condiciones previas y/o el momento procesal en que se situaba el procedimiento o juicio en donde supuestamente se generó la omisión combatida, en relación con la fecha de la presentación de la demanda constitucional. Sobre el particular, resultan aplicables las jurisprudencias y tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (Jurisprudencia 2a./J. 99/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I. Página: 926. Registro: 2018110). "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." (Jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III. Página 2351. Registro 2017654). "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." (Tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, Página: 53. Registro: 196080). "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. (Tesis 2a. CXLI/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366. Registro 197269). Aplicación del marco normativo al caso concreto. 2.1 Cesación de efectos del acto reclamado. En el caso, han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso atribuyó a la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, consistente en la omisión de señalar fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la omisión de emplazar en el juicio laboral 74/2022; por ende, opera la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se considera actualizada, de manera manifiesta e indudable, tal causa de improcedencia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo al numeral antes transcrito deviene el sobreseimiento del juicio de amparo cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquél exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para el estudio de fondo del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, opera dicha causa de improcedencia, respecto al acto señalado en el inciso a), esto es, la omisión de señalar fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 74/2022, y tomando en consideración que el titular de la Junta responsable allegó copia certificada del auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, -a la que se concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, de la Ley de Amparo-; en el que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 74/2022, de ahí que dicha omisión ha cesado en sus efectos. Ello es así, tomando en consideración que la parte quejosa instó el presente juicio el siete de marzo de dos mil veintidós, reclamando la omisión de señalar fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 74/2022; sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisés de abril del año en curso), la Junta responsable señaló fecha para la citada audiencia de ley, cuya omisión se impugna por esta vía. De este modo, es inconcuso que el acto reclamado relativo a la omisión señalada en el párrafo que antecede, ha cesado en sus efectos, pues la abstención combatida a través de este juicio de amparo fue subsanada por la propia autoridad al realizar lo antes señalado. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2.2 Inexistencia del acto reclamado en el inciso b). Sin que pase desapercibido que si bien el acto reclamado respecto de la omisión de emplazar también se le atribuye a la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, lo cierto es, que dentro de sus facultades no es la de emplazar. Conclusión. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, sin que sea necesario otorgar la vista a que se refiere el diverso numeral 117 de la Ley de Amparo, pues las causas de improcedencia y sobreseimiento descubiertas se vinculan con la cesación y la inexistencia de los actos referidos, situaciones que no pueden modificarse con probanza alguna, por la propia naturaleza de lo que se reclama en el presente juicio y lo resuelto por la Junta responsable, de modo que resulta irrelevante que se otorgue oportunidad a la parte quejosa para que manifieste lo que considera pertinente respecto al informe justificado y ofrezca pruebas, pues en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, al tenor de lo resuelto en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las doce horas con cincuenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues se reitera, aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución. Córrase traslado a la parte quejosa con copia autorizada del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el sumario laboral 74/2022. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Por último, no sobra señalar que la determinación aquí alcanzada no implica por sí misma una contravención al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo y al principio pro persona, pues la parte quejosa no está eximida de respetar los requisitos de procedencia o presupuestos de la acción de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 emitida por la Primera Sala de la Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. página 487. Registro: 2005717). Así como la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." (Décima Época, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Página: 325. Registro: 2005917). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo acordó y firma Andrés Dávila Ruíz de Chávez, Secretario en funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en términos del oficio CCJ/ST/240/2022 suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; ante Georgina Trejo López, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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