Laura Larraga González

Expediente 838/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
838/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Laura Larraga González
  • Titular de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; glósese el cuaderno original, con la indicación de que también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto; además, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver los autos del juicio de amparo 838/2018-VI, promovido por Laura Larraga González, contra actos del Titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado, Laura Larraga González, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal y pidió la suspensión del acto de las autoridades que hizo consistir en: "III.- LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. q) TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Con domicilio ubicado en calle Madero 100 Zona Centro de Esta Ciudad Capital. ACTO RECLAMADO I -El reducir el ingreso de mis ahorros, prestaciones laborales y demás al aplicarme mediante engaño y/o error el cambio de fideicomiso sin causa que funde y motive para ello, y sin existir justificación y motivación que funde su acto. r) TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Con domicilio ubicado en Boulevard Manuel Gómez Azcárate 150, Himno Nacional Segunda Sección, 78369 San Luis, S.L.P ACTO RECLAMADO I -El reducir el ingreso de mis ahorros, prestaciones laborales y demás al aplicarme mediante engaño y/o error el cambio de fideicomiso sin causa que funde y motive para ello, y sin existir justificación y motivación que funde su acto. s) TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Con domicilio ubicado en jardín hidalgo 11, zona centro, 22000 de esta Ciudad Capital. ACTO RECLAMADO I -El reducir el ingreso de mis ahorros, prestaciones laborales y demás al aplicarme mediante engaño y/o error el cambio de fideicomiso sin causa que funde y motive para ello, y sin existir justificación y motivación que funde su acto. t) FONDO DE CAPACITACIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.NT.E Con domicilio ubicado en Av. Himno Nacional No. 1800, Col. Burócrata. C.P. 78270. San Luis Potosí ACTO RECLAMADO I -El reducir el ingreso de mis ahorros, prestaciones laborales y demás al aplicarme mediante engaño y/o error el cambio de fideicomiso sin causa que funde y motive para ello, y sin existir justificación y motivación que funde su acto. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de agosto de dos mil dieciocho, mientras que su escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el trece siguiente, esto es, al quinto día hábil. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la reducción del ingreso de sus ahorros, prestaciones laborales y demás, al aplicarle un cambio de fideicomiso. CUARTO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables Titular de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Titular de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Titular de la Secretaria de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 26, a través del cual informa que el domicilio de dicho sindicato no corresponde al Fondo de Capacitación Social de los Trabajadores al Servicio de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, aquí señalado como autoridad responsable. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, en particular la copia simple de la carta de adhesión que acompañó la quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 10 de autos), se advierte que la denominación correcta de la autoridad que señalo la parte quejosa como "FONDO DE CAPACITACIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S.N.T.E.", es Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En tal virtud, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, que dispone el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su intención aclarar la denominación del fondo referido, para que se tenga como correcto al Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De ser así, y en virtud que los artículos 381, 385 y 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establecen que la institución fiduciaria es a quien corresponde la defensa del patrimonio fideicomitido, y atendiendo que en el Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le asiste tal carácter al Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, según se advierte de la copia simple de la carta de adhesión que acompañó la quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 10 de autos). En consecuencia, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de quince días siguiente a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, manifieste si es su intención ampliar su escrito de demanda respecto del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cuyo caso, este último, en términos de los preceptos antes citados, al no constituir una persona moral (pública o privada), sino un contrato y corresponde a la denominación que se dio al fondo integrado por el patrimonio fideicomitido, para identificarlo; se tendrá como autoridad inexistente al no adecuarse a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo Resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 42/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 197, que dispone: "FIDUCIARIA. A ELLA CORRESPONDE LA DEFENSA DEL BIEN FIDEICOMITIDO, NO A LA FIDEICOMISARIA, QUIEN DEBE CONTAR CON PODER OTORGADO POR AQUELLA PARA TAL EFECTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 346, 352 y 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y si en el contrato de fideicomiso de que se trata se establece expresa y categóricamente que cuando exista necesidad de defender la propiedad o posesión del bien fideicomitido, la representación del fideicomiso la tendrá un mandatario con poder otorgado por la institución fiduciaria, debe concluirse que corresponde a ella llevar a cabo la defensa del patrimonio fideicomitido, por ser quien tiene todos los derechos y acciones que se requieren para el cumplimiento del fideicomiso, por lo cual, podrá presentarse el fiduciario como titular a juicio como actor o demandado, así como vender, alquilar, ceder y realizar demás actos relativos, pues tales derechos y acciones no pueden circunscribirse a los actos ordinarios tendientes a la consecución de los fines de aquél, sino que también deben comprender los actos cuya finalidad sea la defensa del patrimonio fideicomitido frente al actuar de quienes alteren, obstaculicen o imposibiliten el cumplimiento de estos fines, pues ello implica en su sentido amplio, llevar a cabo el objeto del fideicomiso. Por tanto, el fideicomisario en la hipótesis de que se trata carece de legitimación para defender la propiedad o posesión de los bienes fideicomitidos". De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, cuatro copias para las autoridades responsables ya señaladas, una para el agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, y una más para la nueva autoridad responsable que señale. Apercibida que en caso de no desahogar las anteriores prevenciones, se continuará la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 26, a través del cual informa que el domicilio de dicho sindicato no corresponde al Fondo de Capacitación Social de los Trabajadores al Servicio de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, aquí señalado como autoridad responsable. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, en particular la copia simple de la carta de adhesión que acompañó la quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 10 de autos), se advierte que la denominación correcta de la autoridad que señalo la parte quejosa como "FONDO DE CAPACITACIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S.N.T.E.", es Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En tal virtud, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, que dispone el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su intención aclarar la denominación del fondo referido, para que se tenga como correcto al Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De ser así, y en virtud que los artículos 381, 385 y 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establecen que la institución fiduciaria es a quien corresponde la defensa del patrimonio fideicomitido, y atendiendo que en el Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le asiste tal carácter al Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, según se advierte de la copia simple de la carta de adhesión que acompañó la quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 10 de autos). En consecuencia, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de quince días siguiente a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, manifieste si es su intención ampliar su escrito de demanda respecto del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino Sección 26, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cuyo caso, este último, en términos de los preceptos antes citados, al no constituir una persona moral (pública o privada), sino un contrato y corresponde a la denominación que se dio al fondo integrado por el patrimonio fideicomitido, para identificarlo; se tendrá como autoridad inexistente al no adecuarse a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo Resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 42/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 197, que dispone: "FIDUCIARIA. A ELLA CORRESPONDE LA DEFENSA DEL BIEN FIDEICOMITIDO, NO A LA FIDEICOMISARIA, QUIEN DEBE CONTAR CON PODER OTORGADO POR AQUELLA PARA TAL EFECTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 346, 352 y 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y si en el contrato de fideicomiso de que se trata se establece expresa y categóricamente que cuando exista necesidad de defender la propiedad o posesión del bien fideicomitido, la representación del fideicomiso la tendrá un mandatario con poder otorgado por la institución fiduciaria, debe concluirse que corresponde a ella llevar a cabo la defensa del patrimonio fideicomitido, por ser quien tiene todos los derechos y acciones que se requieren para el cumplimiento del fideicomiso, por lo cual, podrá presentarse el fiduciario como titular a juicio como actor o demandado, así como vender, alquilar, ceder y realizar demás actos relativos, pues tales derechos y acciones no pueden circunscribirse a los actos ordinarios tendientes a la consecución de los fines de aquél, sino que también deben comprender los actos cuya finalidad sea la defensa del patrimonio fideicomitido frente al actuar de quienes alteren, obstaculicen o imposibiliten el cumplimiento de estos fines, pues ello implica en su sentido amplio, llevar a cabo el objeto del fideicomiso. Por tanto, el fideicomisario en la hipótesis de que se trata carece de legitimación para defender la propiedad o posesión de los bienes fideicomitidos". De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, cuatro copias para las autoridades responsables ya señaladas, una para el agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, y una más para la nueva autoridad responsable que señale. Apercibida que en caso de no desahogar las anteriores prevenciones, se continuará la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

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