Laura Jassibe Gonzalez Cuevas

Expediente 1146/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 34 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1146/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Laura Jassibe Gonzalez Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. Con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria dictada en este incidente. Háganse las notaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de la secretaría se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, este expediente es DEPURABLE después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, devuélvanse al juez responsable los dos de constancias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil 157/2009 y de un cuaderno de pruebas; que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, especializado en materia mercantil, seguido ante autoridades con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado el Juez Octavo familiar y de conclusión en asuntos del Séptimo Civil del Distrito judicial del centro, reconoció parcialmente la existencia del acto reclamado, consistente en el emplazamiento a la parte quejosa, cuya diligenciación fue verificada por el ejecutor o actuario responsable, y así se corrobora con las constancias que se remitieron como justificación al informe. De ahí que ante ese reconocimiento del Juez en mención y su adhesión por parte del actuario de su adscripción, el acto se tiene por CIERTO. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. ... QUINTO. ANTECEDENTES 1.- De la lectura de las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe, se desprende que ante el entonces juzgado séptimo de lo civil, se radicó la demanda promovida por RODRIGO GONZÁLEZ ALVARADO, endosatario en propiedad de IRENE YOLANDA CUEVAS CÓRDOVA, en contra de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, como deudora principal y LAURA JASSIBE GONZALEZ CUEVAS, en su calidad de aval, a quien aquel, demandó el pago en numerario por un monto hasta de CUATROCIENTOS MIL PESOS.. 2.- En auto de dos de marzo de dos mil nueve, se radicó dicha demanda con el número 157/2009 y decretó se emplazara a juicio a las demandadas en mención, sita en calle los Ángeles número ciento dos, colonia California, perteneciente a la agencia municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca. 3.- En cumplimiento al mandamiento del juez del juzgado de su adscripción, con fecha catorce de abril de dos mil nueve, el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito judicial del centro, se constituyó hasta el domicilio de las demandas, sita en calle los ...Oaxaca, donde entendió la diligencia con una persona del sexo femenino, de tez morena, como de un metro sesenta centímetros de estatura y quien dijo responder al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien le refirió ser madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZALEZ CUEVAS, a quien, por no encontrarse en ese momento, dejó cita de espera para las dos de la tarde del día siguiente. 4.- Nuevamente, a las dos de la tarde del día quince de abril de dos mil nueve, el diligenciario se constituyó hasta el domicilio reseñado en el párrafo que antecede en busca de ..., a quien, por no haberla encontrado, emplazó mediante cédula de notificación que dejó el poder de la misma persona que la atendió el día anterior, es decir, por conducto de ..., persona con quien, en seguida, entendió diligencia de embargo del bien inmueble donde se encontraba constituido, a solicitud que hizo la parte actora, por supuesto. 5.- En vista de que la parte demandada no dio contestación a la demanda se siguió el juicio natural en sus demás trámites y con fecha tres de noviembre de dos mil nueve dictó sentencia condenatoria contra las demandadas, y, por supuesto, una vez que quedó firme se decretó la ejecución forzosa de la resolución, a saber, el remate del bien inmueble embargado propiedad de la deudora principal. SEXTO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 19171995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACION. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone que el acto reclamado es atentatorio de sus derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 de la Constitución, porque nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior es así, pues refiere en ningún momento fue emplazada al juicio ejecutivo mercantil número 157/2009 del índice del Juzgado señalado como autoridad responsable, lo que le causa un perjuicio irreparable en sus derechos y posesiones, pues no se le dio la oportunidad de defensa. OCTAVO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOILACIÓN. Los conceptos de violación resultan INFUNDADOS. En primer término, los artículos 14 y 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se estiman infringidos, establecen "ARTÍCULO 14.- [.] "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". [.] "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." [.] Los numerales en mención, contienen, fundamentalmente el derecho de audiencia del que todo gobernado de la Nación es garante, y por supuesto, que cuando se patentice un acto de molestia exista mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora, el derecho de audiencia, en resumen, se sustenta, conforme a la tesis de jurisprudencia 47/1995, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FORMALIDAES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", en: 1.- La notificación del inicio del procedimiento. 2.- La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. 3.- La oportunidad de alegar; y, 4. El derecho a oír resolución Pues bien, contrario a lo reseñado por la parte quejosa, de los antecedentes del acto reclamado, no se ve que el actuario responsable haya infringido su derecho humano a una debida y adecuada defensa, pues, conforme al artículo 1393 y posterior del Código de Comercio, aplicable en la fecha de la actuación realizada (abril de dos mil nueve) se advierte que su actuación se ajustó al texto de dicha norma, que a la letra dice: "Art. 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos". Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. Como se ve, su lectura permite vislumbrar que el diligenciario judicial en la primera búsqueda, se constituirá hasta el domicilio señalado por el actor como del demandado. No encontrándolo, pero cerciorado de ser el domicilio del demandado, le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso que comprenda entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Si no aguarda se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. Al término de la diligencia de embargo, se emplazará al demandado. Bajo s prescripciones legales apuntadas, es de señalarse que en la diligenciación de su encomienda, por parte del juez del juzgado de su adscripción, el entonces actuario del Juzgado Séptimo de lo Civil, realizó lo siguiente: "CITA DE ESPERA. En San Juan Chapultepec, Oaxaca, de Juárez, Oax., siendo las quince horas del día catorce del mes de abril del año dos mil nueve, el suscrito pasante de derecho JESÚS RICARDO SALDAÑA NICOLÁS, en funciones de Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, estando asociado de la parte actora RODRIGO GONZÁLEZ ALVARADO, legalmente constituidos que nos encontramos en el domicilio señalado como de la parte demandada LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA Y LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, quien vive en este domicilio, mismo que se ubica en calle los Ángeles, número ciento dos, colonia California, Oaxaca. Debidamente cerciorado que efectivamente este es el domicilio de la parte demandada por así constar en las esquina de la calle una placa que indica su nombre, en la pared frontal de domicilio que se actúa se tiene una placa que marca el número ciento dos, por lo que procedo a tocar la puerta , saliendo de su interior una persona del sexo femenino, quien dijo responder al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien no se identifica y quien es una persona de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, de tez morena, de complexión robusta, de cabello corto color café, de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura, y agrega vivir actualmente en esa casa ser una de las demandadas que se buscan y madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS quien habita en ese domicilio y que ella no cuenta con identificación en ese momento y que su hija no se encuentra en ese momento siendo posible encontrarla al día siguiente como a las dos de la tarde.- Acto seguido procedo en términos del artículo 1393 del Código de Comercio en vigor, y por conducto de la persona por medio de la cual se entiende la presente diligencia, a dejar cita de espera a la parte demandada ya citada para que espere al suscrito en este su domicilio a las catorce horas del día quince de abril de dos mil nueve, debiendo identificarse con documento idóneo apercibiéndole que en caso de no estar presente, la diligencia respectiva será practicada con la persona que se encuentre en ese momento, quien dice recibir la cita de espera y que no firma por ser su voluntad. Con lo que se da por terminada la presente diligencia, misma que se cierra y autoriza. Doy fe (Rúbricas del ejecutor y de la parte actora). Al día siguiente, a las catorce horas del día quince de abril de dos mil nueve, el ejecutor hizo constar haberse constituido en el domicilio ubicado en calle los Ángeles, número ciento dos, colonia California, Oaxaca. Debidamente cerciorado que efectivamente este es el domicilio de la parte demandada por así constar en las esquina de la calle una placa que indica su nombre, en la pared frontal de domicilio que se actúa se tiene una placa que marca el número ciento dos, por lo que procedo a tocar la puerta, saliendo de su interior una persona del sexo femenino, quien dijo responder al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien no se identifica y quien es una persona de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, de tez morena, de complexión robusta, de cabello corto color café, de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura, y agrega vivir actualmente en esa casa ser una de las demandadas que se buscan y madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS quien habita en ese domicilio. Después notifica a la parte demandada mediante cédula de notificación y le requiere cubra el pago de la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por concepto de suerte principal que se le demanda y al no haberlo cubierto procedió el actuario, a petición de la parte actora, a embargar el bien inmueble donde se encontraba constituidos, cuyo domicilio ya fue descrito. Al final, después de haber trabado embargo sobre el bien inmueble señalado por la parte actora, emplazó a juicio a la demandada para que en el plazo de ocho días comparezca ante el juzgado de su adscripción, a contestar la demanda. Como se ve, lo anterior permite vislumbrar que el diligenciario judicial en la primera búsqueda, se constituyó hasta el domicilio señalado por el actor como de la parte demandada, en búsqueda de la ahora quejosa. No encontrándola, pero cerciorado de ser el domicilio de dicha demandada, por haber descrito la nomenclatura del domicilio buscado como de la parte demandada, y como además así se lo expresó LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien refirió habitar el mismo, en el cual habita también LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, procedió por no estar presente la última, a dejar citatorio fijándole las catorce horas del quince de abril de dos mil nueve, para que lo esperara. Así, llegada la hora y día citados en la cita y al no haber esperado la demandada al actuario, éste procedió a practicar la diligencia de embargo con LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, persona que dijo vivir en el domicilio hasta donde se realizó la diligencia. Al término de la diligencia de embargo, emplazó a la demandada para que compareciera al juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra. De lo anterior, como se ve, al ajustarse la actuación del diligenciario judicial a los preceptos transcritos de la ley que regula las actuaciones reclamadas, el acto, contrario a lo cuestionado por la quejosa, no puede estimarse sea inconstitucional. Por supuesto, debe reseñarse que en la audiencia Constitucional, se desahogó la prueba testimonial a cargo de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA y NAYIR GUILLERMO CABRERA OSORIO, cuyas respuestas de la primera, no son susceptibles de generar convicción en el ánimo de este juzgador para considerar que el domicilio de la codemandada de nombre LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, era uno distinto al en que se constituyó el ejecutor responsable, a saber en calle los Ángeles, número ciento dos, colonia California, Oaxaca, pues en este punto, debe decirse, dicho testimonio es parcial, no sólo porque la declarante es madre de la aquí quejosa, sino, sobre todo, porque la deponente tendría un interés directo que se declare la inconstitucionalidad de la notificación reclamada, en la medida en que ella misma es la deudora principal en los autos del juicio natural y ello, por sí, no da credibilidad a su deposición de que la quejosa vivía en un domicilio distinto. De igual modo, las respuestas otorgadas por el segundo de los deponentes, no son suficientes para considerar que la notificación reclamada sea inconstitucional; menos aún, si se toma en cuenta que el ateste, no respondió de manera concreta, cuál era el domicilio de la quejosa en el año dos mil nueve, para considerar siquiera, que, efectivamente, el ejecutor se habría constituido en un domicilio en que no vivía la codemandada en el juicio natural LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, ahora quejosa, Con respecto a la inspección realizada por el secretario, debe reseñarse antes de su calificación, que de los autos se advierte que en la diligencia realizada los días catorce y quince de abril de dos mil nueve, el ejecutor responsable refirió haberse constituido hasta el ya reseñado domicilio de las demandadas en el juicio natural, y que al tocar a la puerta, salió una persona del sexo femenino, quien no se identificó y describió como una persona de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, de tez morena, de complexión robusta, de cabello corto color café, de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura, y agrega vivir actualmente en esa casa ser una de las demandadas que se buscan y madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS quien habita en ese domicilio. Ahora, de la inspección judicial realizada por el secretario, dos son las características que se enfatizan se hagan patentes en los puntos materia de la prueba, a saber, si LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, es morena o no y su estatura. Pues bien, aunque el secretario plasmó que la persona que se sujetó a la inspección, no es morena, se patentizó que es morenaclara, y que, aunque su estatura fluctúa entre un metro con cuarenta centímetros y un metro cincuenta, a diferencia de lo reseñado por el actuario responsable, de que la persona con quien entendió la diligencia medía como un metro con sesenta centímetros, estos no son elementos determinantes para establecer que la diligencia no habría sido entendida por la referida LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, ya que lo determinante fue que el actuario, dotado de fe pública, señaló y describió haberse constituido en el inmueble señalado como de la parte demandada; que la persona con quien entendió la diligencia le refirió que ella habita en ese lugar, que responde al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, y que su hija, la ahora quejosa, no se encontraba, pero que podía encontrarla a las dos de la tarde del día siguiente. En ese entendido, como los medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa no son suficientes para desvirtuar la fe pública del actuario responsable, es de concluir que el acto consistente en la falta de notificación al procedimiento del que derivan los actos reclamados no es violatoria de los derechos humanos de la justiciable, en cuyo caso, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. NOVENO. TRANSPARENCIA. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... en los términos del considerando octavo contra los actos reclamados al Juez y ejecutor adscrito al Juzgado Octavo familiar y de conclusión en asuntos del Séptimo Civil del Distrito judicial del centro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DENTRO DE LOS DOS DÍAS SEÑALADOS PARA ELLO, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, especializado en materia mercantil, seguido ante autoridades con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado el Juez Octavo familiar y de conclusión en asuntos del Séptimo Civil del Distrito judicial del centro, reconoció parcialmente la existencia del acto reclamado, consistente en el emplazamiento a la parte quejosa, cuya diligenciación fue verificada por el ejecutor o actuario responsable, y así se corrobora con las constancias que se remitieron como justificación al informe. De ahí que ante ese reconocimiento del Juez en mención y su adhesión por parte del actuario de su adscripción, el acto se tiene por CIERTO. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. ... QUINTO. ANTECEDENTES 1.- De la lectura de las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe, se desprende que ante el entonces juzgado séptimo de lo civil, se radicó la demanda promovida por RODRIGO GONZÁLEZ ALVARADO, endosatario en propiedad de IRENE YOLANDA CUEVAS CÓRDOVA, en contra de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, como deudora principal y LAURA JASSIBE GONZALEZ CUEVAS, en su calidad de aval, a quien aquel, demandó el pago en numerario por un monto hasta de CUATROCIENTOS MIL PESOS.. 2.- En auto de dos de marzo de dos mil nueve, se radicó dicha demanda con el número 157/2009 y decretó se emplazara a juicio a las demandadas en mención, sita en calle los Ángeles número ciento dos, colonia California, perteneciente a la agencia municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca. 3.- En cumplimiento al mandamiento del juez del juzgado de su adscripción, con fecha catorce de abril de dos mil nueve, el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito judicial del centro, se constituyó hasta el domicilio de las demandas, sita en calle los ...Oaxaca, donde entendió la diligencia con una persona del sexo femenino, de tez morena, como de un metro sesenta centímetros de estatura y quien dijo responder al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien le refirió ser madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZALEZ CUEVAS, a quien, por no encontrarse en ese momento, dejó cita de espera para las dos de la tarde del día siguiente. 4.- Nuevamente, a las dos de la tarde del día quince de abril de dos mil nueve, el diligenciario se constituyó hasta el domicilio reseñado en el párrafo que antecede en busca de ..., a quien, por no haberla encontrado, emplazó mediante cédula de notificación que dejó el poder de la misma persona que la atendió el día anterior, es decir, por conducto de ..., persona con quien, en seguida, entendió diligencia de embargo del bien inmueble donde se encontraba constituido, a solicitud que hizo la parte actora, por supuesto. 5.- En vista de que la parte demandada no dio contestación a la demanda se siguió el juicio natural en sus demás trámites y con fecha tres de noviembre de dos mil nueve dictó sentencia condenatoria contra las demandadas, y, por supuesto, una vez que quedó firme se decretó la ejecución forzosa de la resolución, a saber, el remate del bien inmueble embargado propiedad de la deudora principal. SEXTO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 19171995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACION. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone que el acto reclamado es atentatorio de sus derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 de la Constitución, porque nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior es así, pues refiere en ningún momento fue emplazada al juicio ejecutivo mercantil número 157/2009 del índice del Juzgado señalado como autoridad responsable, lo que le causa un perjuicio irreparable en sus derechos y posesiones, pues no se le dio la oportunidad de defensa. OCTAVO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOILACIÓN. Los conceptos de violación resultan INFUNDADOS. En primer término, los artículos 14 y 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se estiman infringidos, establecen "ARTÍCULO 14.- [.] "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". [.] "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." [.] Los numerales en mención, contienen, fundamentalmente el derecho de audiencia del que todo gobernado de la Nación es garante, y por supuesto, que cuando se patentice un acto de molestia exista mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora, el derecho de audiencia, en resumen, se sustenta, conforme a la tesis de jurisprudencia 47/1995, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FORMALIDAES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", en: 1.- La notificación del inicio del procedimiento. 2.- La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. 3.- La oportunidad de alegar; y, 4. El derecho a oír resolución Pues bien, contrario a lo reseñado por la parte quejosa, de los antecedentes del acto reclamado, no se ve que el actuario responsable haya infringido su derecho humano a una debida y adecuada defensa, pues, conforme al artículo 1393 y posterior del Código de Comercio, aplicable en la fecha de la actuación realizada (abril de dos mil nueve) se advierte que su actuación se ajustó al texto de dicha norma, que a la letra dice: "Art. 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos". Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. Como se ve, su lectura permite vislumbrar que el diligenciario judicial en la primera búsqueda, se constituirá hasta el domicilio señalado por el actor como del demandado. No encontrándolo, pero cerciorado de ser el domicilio del demandado, le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso que comprenda entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Si no aguarda se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. Al término de la diligencia de embargo, se emplazará al demandado. Bajo s prescripciones legales apuntadas, es de señalarse que en la diligenciación de su encomienda, por parte del juez del juzgado de su adscripción, el entonces actuario del Juzgado Séptimo de lo Civil, realizó lo siguiente: "CITA DE ESPERA. En San Juan Chapultepec, Oaxaca, de Juárez, Oax., siendo las quince horas del día catorce del mes de abril del año dos mil nueve, el suscrito pasante de derecho JESÚS RICARDO SALDAÑA NICOLÁS, en funciones de Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, estando asociado de la parte actora RODRIGO GONZÁLEZ ALVARADO, legalmente constituidos que nos encontramos en el domicilio señalado como de la parte demandada LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA Y LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, quien vive en este domicilio, mismo que se ubica en calle los Ángeles, número ciento dos, colonia California, Oaxaca. Debidamente cerciorado que efectivamente este es el domicilio de la parte demandada por así constar en las esquina de la calle una placa que indica su nombre, en la pared frontal de domicilio que se actúa se tiene una placa que marca el número ciento dos, por lo que procedo a tocar la puerta , saliendo de su interior una persona del sexo femenino, quien dijo responder al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien no se identifica y quien es una persona de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, de tez morena, de complexión robusta, de cabello corto color café, de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura, y agrega vivir actualmente en esa casa ser una de las demandadas que se buscan y madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS quien habita en ese domicilio y que ella no cuenta con identificación en ese momento y que su hija no se encuentra en ese momento siendo posible encontrarla al día siguiente como a las dos de la tarde.- Acto seguido procedo en términos del artículo 1393 del Código de Comercio en vigor, y por conducto de la persona por medio de la cual se entiende la presente diligencia, a dejar cita de espera a la parte demandada ya citada para que espere al suscrito en este su domicilio a las catorce horas del día quince de abril de dos mil nueve, debiendo identificarse con documento idóneo apercibiéndole que en caso de no estar presente, la diligencia respectiva será practicada con la persona que se encuentre en ese momento, quien dice recibir la cita de espera y que no firma por ser su voluntad. Con lo que se da por terminada la presente diligencia, misma que se cierra y autoriza. Doy fe (Rúbricas del ejecutor y de la parte actora). Al día siguiente, a las catorce horas del día quince de abril de dos mil nueve, el ejecutor hizo constar haberse constituido en el domicilio ubicado en calle los Ángeles, número ciento dos, colonia California, Oaxaca. Debidamente cerciorado que efectivamente este es el domicilio de la parte demandada por así constar en las esquina de la calle una placa que indica su nombre, en la pared frontal de domicilio que se actúa se tiene una placa que marca el número ciento dos, por lo que procedo a tocar la puerta, saliendo de su interior una persona del sexo femenino, quien dijo responder al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien no se identifica y quien es una persona de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, de tez morena, de complexión robusta, de cabello corto color café, de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura, y agrega vivir actualmente en esa casa ser una de las demandadas que se buscan y madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS quien habita en ese domicilio. Después notifica a la parte demandada mediante cédula de notificación y le requiere cubra el pago de la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por concepto de suerte principal que se le demanda y al no haberlo cubierto procedió el actuario, a petición de la parte actora, a embargar el bien inmueble donde se encontraba constituidos, cuyo domicilio ya fue descrito. Al final, después de haber trabado embargo sobre el bien inmueble señalado por la parte actora, emplazó a juicio a la demandada para que en el plazo de ocho días comparezca ante el juzgado de su adscripción, a contestar la demanda. Como se ve, lo anterior permite vislumbrar que el diligenciario judicial en la primera búsqueda, se constituyó hasta el domicilio señalado por el actor como de la parte demandada, en búsqueda de la ahora quejosa. No encontrándola, pero cerciorado de ser el domicilio de dicha demandada, por haber descrito la nomenclatura del domicilio buscado como de la parte demandada, y como además así se lo expresó LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, quien refirió habitar el mismo, en el cual habita también LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, procedió por no estar presente la última, a dejar citatorio fijándole las catorce horas del quince de abril de dos mil nueve, para que lo esperara. Así, llegada la hora y día citados en la cita y al no haber esperado la demandada al actuario, éste procedió a practicar la diligencia de embargo con LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, persona que dijo vivir en el domicilio hasta donde se realizó la diligencia. Al término de la diligencia de embargo, emplazó a la demandada para que compareciera al juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra. De lo anterior, como se ve, al ajustarse la actuación del diligenciario judicial a los preceptos transcritos de la ley que regula las actuaciones reclamadas, el acto, contrario a lo cuestionado por la quejosa, no puede estimarse sea inconstitucional. Por supuesto, debe reseñarse que en la audiencia Constitucional, se desahogó la prueba testimonial a cargo de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA y NAYIR GUILLERMO CABRERA OSORIO, cuyas respuestas de la primera, no son susceptibles de generar convicción en el ánimo de este juzgador para considerar que el domicilio de la codemandada de nombre LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, era uno distinto al en que se constituyó el ejecutor responsable, a saber en calle los Ángeles, número ciento dos, colonia California, Oaxaca, pues en este punto, debe decirse, dicho testimonio es parcial, no sólo porque la declarante es madre de la aquí quejosa, sino, sobre todo, porque la deponente tendría un interés directo que se declare la inconstitucionalidad de la notificación reclamada, en la medida en que ella misma es la deudora principal en los autos del juicio natural y ello, por sí, no da credibilidad a su deposición de que la quejosa vivía en un domicilio distinto. De igual modo, las respuestas otorgadas por el segundo de los deponentes, no son suficientes para considerar que la notificación reclamada sea inconstitucional; menos aún, si se toma en cuenta que el ateste, no respondió de manera concreta, cuál era el domicilio de la quejosa en el año dos mil nueve, para considerar siquiera, que, efectivamente, el ejecutor se habría constituido en un domicilio en que no vivía la codemandada en el juicio natural LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS, ahora quejosa, Con respecto a la inspección realizada por el secretario, debe reseñarse antes de su calificación, que de los autos se advierte que en la diligencia realizada los días catorce y quince de abril de dos mil nueve, el ejecutor responsable refirió haberse constituido hasta el ya reseñado domicilio de las demandadas en el juicio natural, y que al tocar a la puerta, salió una persona del sexo femenino, quien no se identificó y describió como una persona de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, de tez morena, de complexión robusta, de cabello corto color café, de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura, y agrega vivir actualmente en esa casa ser una de las demandadas que se buscan y madre de la demandada LAURA JASSIBE GONZÁLEZ CUEVAS quien habita en ese domicilio. Ahora, de la inspección judicial realizada por el secretario, dos son las características que se enfatizan se hagan patentes en los puntos materia de la prueba, a saber, si LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, es morena o no y su estatura. Pues bien, aunque el secretario plasmó que la persona que se sujetó a la inspección, no es morena, se patentizó que es morenaclara, y que, aunque su estatura fluctúa entre un metro con cuarenta centímetros y un metro cincuenta, a diferencia de lo reseñado por el actuario responsable, de que la persona con quien entendió la diligencia medía como un metro con sesenta centímetros, estos no son elementos determinantes para establecer que la diligencia no habría sido entendida por la referida LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, ya que lo determinante fue que el actuario, dotado de fe pública, señaló y describió haberse constituido en el inmueble señalado como de la parte demandada; que la persona con quien entendió la diligencia le refirió que ella habita en ese lugar, que responde al nombre de LAURA GUADALUPE CUEVAS OLIVERA, y que su hija, la ahora quejosa, no se encontraba, pero que podía encontrarla a las dos de la tarde del día siguiente. En ese entendido, como los medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa no son suficientes para desvirtuar la fe pública del actuario responsable, es de concluir que el acto consistente en la falta de notificación al procedimiento del que derivan los actos reclamados no es violatoria de los derechos humanos de la justiciable, en cuyo caso, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. NOVENO. TRANSPARENCIA. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... en los términos del considerando octavo contra los actos reclamados al Juez y ejecutor adscrito al Juzgado Octavo familiar y de conclusión en asuntos del Séptimo Civil del Distrito judicial del centro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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