Laura Jacqueline Diaz Alvear

Expediente 1573/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1573/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Laura Jacqueline Diaz Alvear

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****************; por tanto, se provee: Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la normatividad anterior, se considera que el presente asunto carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis a que aluden dichos puntos, ni a consideración de este órgano jurisdiccional tiene alguna transcendencia por la cual deba conservarse el asunto, aunado a que no es de naturaleza agraria para que se clasifique de relevancia documental, tampoco es un juicio federal de jurisdicción voluntaria, para su conservación; entonces, es DESTRUIBLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos seis meses a partir de la fecha del acuerdo de archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF, y acorde con el Manual respectivo. Resulta innecesaria la notificación, al no obrar documentos originales. Toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en el cuadernillo incidental relativo, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  2. Incidental

    Se ordena el archivo del cuadernillo incidental de suspensión por un plazo de seis meses, computados a partir de esta fecha, y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. El presente asunto carece de relevancia documental pues el juicio principal se clasificó en esos términos, además, se negó la medida suspensional tanto provisional como definitiva, el cuadernillo es DESTRUIBLE. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos seis meses a partir de la fecha del archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF y el Manual respectivo. Resulta innecesaria la notificación, al no obrar documentos originales.

  3. Principal

    De la certificación de cuenta, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: La aprobación, expedición y promulgación de la Ley para la Trasparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día tres de junio de dos mil veintiuno, toda vez que la convierte a la industria y a la contratación de publicidad en actividades reguladas y establece a la comisión Federal de Competencia Económica como un órgano regulador de esas actividades; asimismo, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que el expediente principal se encuentra en trámite. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que tiene como objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores. Ahora bien, de la Gaceta Parlamentaria de treinta de abril de dos mil veintiuno, se desprende que la intención de los legisladores fue la expedición de una ley con la finalidad de regular las prácticas comerciales que se llevan a cabo en el mercado de la publicidad, promover la transparencia en beneficio de anunciantes y consumidores finales. Ello, al considerar que la norma se encuentra dirigida a un mercado de gran amplitud e importancia como es el de la publicidad, en el que se coincidió que era preciso contar con normas que contribuyan a la transparencia de los actos jurídicos que se realizan, así como las atinentes a prevenir y evitar prácticas indebidas que afecten su correcto funcionamiento. Pues se estimó que una de las funciones principales de la publicidad, lo constituye el impulso de la competencia entre los diferentes agentes económicos que interactúan en los procesos de contratación, lo que sin duda incide directamente en la disminución del predio final que los consumidores en general pagan por los productos y servicios que se difunden por medio de una representación, visual o escrita, en los espacios publicitarios disponibles en el mercado y, se contempló que la Comisión Federal de Competencia Económica fuera la autoridad competente para procesar las denuncias que deriven de las posibles violaciones que se presenten en el mercado de publicidad. Por lo que, de acuerdo a la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, el presente asunto debe ser analizado por un Juez especializado en competencia económica, dado que la materia de competencia económica tiene relación con las características estructurales del mercado, los hechos o actos de los agentes económicos o de las autoridades que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar la capacidad de los agentes económicos para contender en los mercados. Por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Sede en la Ciudad de México, el juicio principal en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, para la continuación de su sustanciación y resolución, con base en el Acuerdo General 22/2013. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Derivado de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la cual se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado y haber transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su artículo 2°, se requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita su informe, toda vez que ha transcurrido en exceso el término que establece el artículo 117 de la Ley de la materia. Apercibidos que de no hacerlo, con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para su celebración.

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