Laura Isela Avilés Jiménez
Expediente 1058/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laura Isela Avilés Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto de veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, remite las documentales que ahí se indican, por lo que se provee al respecto: Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que obran en los mismos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinte de junio del año en curso, registrado con el folio **, así como la notificación respectiva. Por su parte, la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, el día de la fecha hizo del conocimiento que el ocho de agosto de dos mil dieciséis, acordó la promoción de veinte de junio del año en curso, registrado con el folio **; remitiendo para tal efecto copia certificada del citado acuerdo, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable en acordar el escrito presentado el veinte de junio del año en curso, registrado con el folio 010008; y este ya se acordó, como se desprende de las constancias que obran en autos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. Sin que pase desapercibido que no obra la constancia notificación del acuerdo dictado en el juicio natural, en razón de que con la notificación del presente acuerdo se practicará por conducto de este Juzgado, lo anterior en aras de una impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, así como en observancia al principio de celeridad procesal evitando requerimiento y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación al tercero interesado no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el mismo, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Por otra parte, con apoyo en los numerales 119 y 123, de la ley en cita, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no ha transcurrido el plazo de ocho días (establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo), que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa de los informes justificados y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
- Principal
SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIEICISEIS, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...NOTIF
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