Laura Isabel Sosa Salinas

Expediente 747/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
747/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Laura Isabel Sosa Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad citada en el párrafo que antecede, para que en el improrrogable término de tres días, cumpla con el fallo protector; apercibida que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley reglamentaria del juicio de garantías en vigor, en contra de la sentencia constitucional dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Laura Isabel Sosa Salinas; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Consecuentemente, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días cumpla con la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibida que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 747/2023-IV, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO Con el escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Tribunal Federal (foja 1), ********************, promovió juicio de amparo indirecto en el que le reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "4.1.- De la autoridad señalada como responsable, se reclama, la omisión de calificación de pruebas de audiencia de fecha 31 de enero del 2020, demanda presentada por los suscritos en contra de la empresa denominada Servicios Ejecutivos de Tiendas Sociedad Anónima de Capital Variable (7seven), recibida en la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, y en la cual se demanda el despido injustificado del que fuimos objeto, reclamado la reinstalación de nuestro trabajo en los términos en que viniéramos desempeñando hasta la fecha en que fuimos despedidos injustificadamente, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya realizado lo necesario por la autoridad responsable para la substanciación del juicio en términos de lo que dispone el artículo 685 y 880 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA En auto emitido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés (fojas 3 a 5), se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 747/2023-IV, se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofertadas en el procedimiento administrativo laboral ********************, dentro de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinte. TERCERO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se le dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja ocho, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierten fundados los conceptos de violación formulados por la parte agraviada, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser el impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En efecto, debe destacarse que no obstante que la parte quejosa invoca como derechos humanos violados los contenidas en los artículos 8 y 123 constitucionales, en sus conceptos de violación se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia misma que se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución y no en los preceptos que menciona. Cierto, al efecto refiere que dentro del expediente administrativo laboral ********************, no se señalado fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el citado asunto, en el término que establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que, es a la luz del último de los preceptos constitucionales mencionados en el párrafo que antecede, que se efectuará el estudio del presente asunto. Para el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales con el propósito de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Precisado el alcance jurídico y material del derecho referido, lo procedente es imponerse de los plazos y términos que la legislación obrera establece a partir de que el procedimiento laboral se instaura y específicamente en lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes. Al efecto, el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." Del precepto legal ante transcrito se aprecia, en lo que interesa, que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se llevará a cabo conforme al último párrafo del numeral 875 de la citada legislación y en los términos que prevé el numeral anteriormente transcrito, por lo que una vez concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita o las que deseche y, en caso contrario, la autoridad laboral podrá reservar el pronunciamiento del acuerdo relativo para resolver dentro de los cinco días siguientes. Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa refiere en su escrito de demanda que no se han acordado las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral ******************** y la autoridad responsable fue omisa en desvirtuar lo anterior, es indudable que la omisión de la responsable de dictar el acuerdo que corresponda en relación con las pruebas ofrecidas por las partes contraviene lo dispuesto por el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, así como el diverso 17 constitucional, al reservarse el dictado del acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas, sin que a la fecha haya hecho lo propio, contraviniendo lo dispuesto en el citado numeral de la legislación obrera, lo que evidentemente vulnera en perjuicio de la aquí parte quejosa su derecho de justicia pronta. En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Beatriz Guerrero Pérez, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, de inmediato y con libertad de jurisdicción, proceda a emitir acuerdo que corresponda en relación con las pruebas ofertadas dentro de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, dentro del expediente administrativo laboral ********************. En relación al cumplimiento de esta resolución, no pasa desapercibido que la obligación de la responsable nace a partir de que causa ejecutoria; sin embargo, ello no impide que actúe de inmediato, máxime si se toma en cuenta que el multicitado expediente fue radicado en el año dos mil diecinueve, esto es, hace más de tres años. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis antes invocadas, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado del juicio de amparo en que actúa, se advierte que ha precluido el plazo otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado; habida cuenta que quedó notificada del comunicado 16303/2023, derivado del proveído de veintiocho de junio del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se le requirió su informativa correspondiente, como se advierte del acuse de recibo visible a foja 8; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dicha autoridad, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado de los actos reclamados y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, en atención a que este Juzgado de Distrito no puede obligar a las autoridades responsables omisas a rendir su informe justificado, en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase a la autoridad de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remita copias certificadas de las constancias que acrediten los actos reclamados. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Finalmente, atento a lo anterior, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veintitrés minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

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