Laura Isabel Ortega Corral
Expediente 422/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Laura Isabel Ortega Corral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
."Visto el estado que guardan los autos y como se advierte de la primera certificación, ya transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, contra la resolución dictada que negó el amparo sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. Por consiguiente, ." se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Devolución de constancias. ." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Notifíquese el presente acuerdo por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta en la que constan los motivos por los cuales no pudo notificarse a la quejosa Laura Isabel Ortega Corral, la sentencia con engrose de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele la sentencia mencionada, el presente y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México. Notifíquese por lista a la quejosa en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.----------------------en veintiséis de febrero de dos mil veinte, notifico por medio de lista a la quejosa, el contenido del presente acuerdo en los términos que se visualiza, así como la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil veintiuno de la forma siguiente-----------------ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Al efecto, los temas propuestos son: Que el emplazamiento al incidente reclamado fue realizado por la actuaria notificadora adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Durango, Durango, en veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en el que se dio fe de que el inmueble estaba deshabitado y con una lona con un letrero de "se vende", así como por informes dados a la actuaria por quien dijo ser vecina del "quinientos siete". Que esa diligencia de emplazamiento, no se practicó al tenor de los dispuesto en artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues no fue realizada la notificación en segunda ocasión y al no encontrar a la buscada debió dejarse cédula de notificación. Que la actuaria responsable tiene fe pública, la cual tiene que reunir ciertas características formales en su trabajo y debió precisar las características fisionómicas de la persona que dijo ser vecina, lo cual no hizo, así como demostrar (con una foto) que la casa o domicilio de la buscada estaba deshabitado y con la lona que dice, lo que no hizo. En sustento de sus alegaciones cita los criterios de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SU ILEGALIDAD NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, SINO A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO, AUNQUE EL QUEJOSO CONOZCA DEL JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, Y AUN CUANDO ÉSTA NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA, SI NO TUVO LA OPORTUNIDAD PROCESAL PLENA DE PROMOVER EL REFERIDO INCIDENTE ANTES DE EMITIRSE DICHO FALLO. APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 1/2012 (IOA.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)"; "EMPLAZAMIENTO IRREGULAR.", y, "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." Los anteriores motivos de disenso deben desestimarse y como cuestión previa, se establece que la determinación reclamada constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, pues versa sobre la entrega de la posesión del inmueble rematado y adjudicado, lo que da procedencia al juicio de amparo. Precisado lo anterior y como ya se adelantó, los motivos de queja deben desestimarse pues en ellos se propone la ilegalidad del acto reclamado a partir de la falta de notificación del procedimiento de ejecución, lo cual constituye una violación de índole procesal acaecida en el procedimiento de ejecución en el particular del convenio celebrado en el juicio especial hipotecario. En primer orden, la quejosa no puede considerarse como tercera extraña a juicio, pues compareció y celebró el convenio con la accionante y hoy tercera interesada. Por tanto, no puede tenerse a la impetrante con esa calidad, menos en el procedimiento de ejecución, pues la persona extraña en el juicio de amparo es aquella que no ha figurado en el juicio o procedimiento del que deriva el acto reclamado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, de ahí que si se ostenta con dicho carácter, pero fue parte demandada en el juicio natural, al cual compareció, ello es suficiente para desvirtuar ese carácter de tercero extraño, pues únicamente tienen esa calidad quienes no fueron emplazados o aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Dilucidada la calidad de la quejosa, se hacen las precisiones siguientes para el estudio de la violación procedimental. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de la parte quejosa cuando se resuelva ilegalmente un incidente. Esa infracción debe como característica haber trascendido al resultado de la resolución y dejar en indefensión a la parte quejosa, requisitos intrínsecos a considerar; así como los extrínsecos que pueden traducirse en los de forma, esto es, la preparación de la violación a efecto de poder ser analizable en el amparo. Así las cosas, de no reunirse alguno de los requisitos, el órgano de control constitucional no podrá analizar la citada violación a las leyes del procedimiento. Por ende, si la parte quejosa se duele de que no fue llamada al incidente de ejecución de convenio, es evidente que trascendió al resultado de la resolución reclamada y puede hacerse valer tal circunstancia al impugnar la última resolución acaecida en este. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la tesis XX. 281 K, de registro 210712, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la foja 473, tomo XIV-septiembre de 1994, materia común, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO CONSISTENTES EN QUE AL QUEJOSO NO SE LE RECIBAN LAS PRUEBAS QUE LEGALMENTE HAYA OFRECIDO, O CUANDO NO SE LE RECIBEN CONFORME A LA LEY. DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO AL PROMOVERSE LA DEMANDA CONTRA LA SENTENCIA QUE PONGA FIN AL JUICIO, LAS. Si bien es cierto que el artículo 158 de la Ley de Amparo, dispone entre otras cosas que el juicio de garantías en la vía directa procede contra violaciones al procedimiento, y que la fracción III del numeral 159 del propio ordenamiento legal invocado, establece que tal violación se actualiza cuando no se le reciban al quejoso las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; también lo es, que pasa por alto que en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo en comento, tal violación sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia que ponga fin al juicio, y no en el amparo indirecto o biinstancial." Sin embargo, el suscrito no puede analizar la violación propuesta dado que no se colmaron los requisitos extrínsecos que en el particular versan sobre prepararla para ser analizada en el amparo. Ciertamente, la preparación de la violación implicó agotar el medio de defensa u recurso previsto en la ley ordinaria. En ese aspecto, si se cuestiona la notificación que dio inicio al procedimiento de ejecución de sentencia, ésta debió impugnarse ante la potestad común a través del incidente de nulidad de actuaciones, medio de defensa ordinario que debió agotarse previo a impugnar en amparo la última resolución. En tal virtud, si no se interpuso el citado medio de defensa, la violación procesal propuesta debe desestimarse por haberse consentido y, así, no fue preparada, lo que evidencia que los conceptos de violación son inoperantes. pues ese auto es en el cual el juzgador hace saber a las Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis I.4o.C.122 C, de registro 171448, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2537, tomo XXVI-septiembre de 2007, materia civil, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. MOMENTOS EN QUE OPERA LA PRECLUSIÓN PARA PROMOVERLO. De conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, especialmente el artículo 77 y los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con cualquiera de los siguientes supuestos: a) La siguiente intervención de la parte afectada, dentro del procedimiento al que corresponda la providencia o diligencia impugnable, o b) el dictado de la resolución conclusiva de ese procedimiento, aunque enseguida se inicie otro procedimiento para continuar el mismo proceso jurisdiccional o llevar a cabo la ejecución del fallo. Así, las actuaciones del procedimiento de primera instancia se podrán impugnar en dicho incidente, hasta el momento de la siguiente intervención del afectado durante el desarrollo de la instrucción, pero el derecho a promoverlo se extinguirá si antes de esa participación subsecuente se dicta la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio sin decidir el fondo de la controversia, y en la misma forma ocurrirá con los actos procesales del recurso de apelación, los de la etapa de ejecutorización de sentencia, y los de los procedimientos de ejecución. Esto es, con la intervención inmediata posterior de la parte perjudicada con la actuación nula, sin haber promovido previa o simultáneamente, el incidente, o con la emisión de la actuación final del juzgador en el procedimiento correspondiente, opera la preclusión para promover la nulidad. De este modo, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, que se encuentren en la situación indicada, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva; las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva; las de un procedimiento de ejecución, en la segunda instancia del mismo, si está contemplada, o en el juicio de garantías contra la última resolución, y así sucesivamente. Con base en el criterio interpretativo desarrollado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que concluyen con la práctica de la notificación solicitada, el incidente de nulidad promovido en contra de ésta resulta improcedente, por haberse cerrado esa etapa, aunado a que pueden controvertirse en el proceso contencioso que se ofrezcan como prueba." En ese contexto, debe decirse que esa violación procesal acaecida en el procedimiento de ejecución de sentencia, debió ser impugnada necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Al particular, son aplicable los criterios siguientes: En ese sentido, los criterios que invoca, relacionados el emplazamiento, no son aplicables en la forma que pretende, pues su intención en esa cita es con el fin de acreditar la vulneración a sus derechos fundamentales y como ha quedado demostrado no la hubo, pues la condición para que un criterio sea tesis o jurisprudencia sea invocado, es que sea aplicable al caso en específico lo que no acontece en el particular, de ahí que aun y cuando pudiesen ser obligatorias están sujetas a la condición apuntada y ha quedado evidenciado que no hay hipótesis alguna que en el particular la haga aplicable. El no haber intentado un medio de defensa improcedente, no implica que el juicio de amparo lo sea, atento a que el suscrito tuvo que analizar los conceptos de violación. IX. DECISIÓN Al haberse desestimado los conceptos de violación, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. La negativa anterior, se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la actuaria notificadora adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil del Estado de Durango al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia 105, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, tomo VI-materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni PROTEGE a Laura Isabel Ortega Corral, contra los actos que reclamó de la Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México y de la actuaria notificadora adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil del Estado de Durango. Notifíquese personalmente a las partes una vez que se normalicen las actividades de este juzgado de Distrito, ello con fundamento en el artículo 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus COVID-19, y la circular SECNO/29/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del cinco de diciembre de dos mil veinte al nueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo inicialmente mencionado, pues no se trata de un asunto considerado como urgente, ni es de los substanciados bajo la modalidad de juicio en línea.
- Principal
." agréguese a sus autos el oficio de cuenta, proveniente de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y con el estado procesal que guardan los presentes autos, en el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector y remite copia certificada de la sentencia de treinta de noviembre del año en curso. Asimismo, en proveído de veintiuno de septiembre del año que transcurre, el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, manifestó que se adhería la determinación al cumplimiento dado por la Sala responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con los citados oficios suscritos por las autoridades responsables, dese vista a las partes para que en el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Se les apercibe, que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables, de conformidad en lo previsto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la quejosa, así como al tercero interesado.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 29 DE ENERO DE 2021.
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