Laura Irela Flores Dias

Expediente 172/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
172/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Laura Irela Flores Dias

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, QUE DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por Laura Irela Flores Días, por su propio derecho, contra actos de la Contadora Pública Emma Aguilar Lagos, en su carácter de Perito Oficial en Materia de Contabilidad de la Coordinadora de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de esta ciudad, y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 172/2017, y fórmese expediente. De conformidad por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual resulta necesario hacer las siguientes precisiones: Del capitulo de los actos reclamados se advierte que la parte quejosa reclama de la "perito oficial en materia de contabilidad, de la Coordinadora de servicios periciales, dependiente de la Fiscalía (Procuraduría) General de Justicia en el Estado. la negativa de realizar el dictamen pericial en materia de contabilidad"; y de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial e Tabares, Sector Costa Azul, reclamo "la omisión de no exigirle a la servidora pública mencionada en el punto que antecede, la realización del dictamen pericial en materia de contabilidad que le solicitó a la referida, y al advertirle cuál es su competencia dentro de una indagatoria, y no lo que acordó en el acuerdo de fecha cuatro del presente mes y año, el que también se señala como acto reclamado.". Del diverso apartado relativo a los antecedentes del acto la peticionaria del amparo, narró que dentro de la averiguación previa TAB/CAZ/04/0739/2015 la perito "en vez de realizar el dictamen en los términos que se le indicó, solo rindió un informe con fecha treinta y uno de enero del presente año, por el cual hace un análisis del contenido del contrato que exhibió y el que se incumplió, para decir, que es de naturaleza mercantil y que por ello se trataba de un asunto de naturaleza civil, orden que no cumplió y desvirtuó, pues se sale de su competencia de acción, y con ello la infracción a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y su reglamento". Del análisis de lo anterior, se obtiene que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye el dictamen emitido por la perito oficial en materia de contabilidad y el acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, por el que se tuvo por recibida dicha opinión experticial; actos emitidos dentro de una indagatoria que aún se encuentra pendiente de una resolución que defina una situación jurídica y contra los cuales el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b) aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." De la interpretación sistemática de los numerales se obtiene que uno de los supuestos que pueden reclamarse en el juicio de amparo indirecto, son los actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, debiéndose entender como tales, de acuerdo a la diversidad doctrinaria, aquellos que son instruidos en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar que los particulares cumplan con las disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Cabe destacar que en dicho supuesto también opera el principio de definitividad, que tiene como objeto determinar la procedencia del juicio de amparo, sólo contra actos o resoluciones definitivas, es decir, la condiciona a la última resolución que pone fin al asunto; ello con la finalidad de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que integran un procedimiento unitario, los que sin duda no quedan sin estudio, pues los mismos se analizan al resolver el amparo que se promueva contra la última resolución del procedimiento de que se trate y excepcionalmente podrán reclamarse aquellos actos dictados en el procedimiento cuando sean de imposible reparación. Sobre este último punto, se tiene que la ley de la materia, define que los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Por analogía, y a falta de disposición expresa, es posible aplicar esas reglas de procedencia para calificar los actos derivados de una averiguación previa, pues esencialmente tiene la naturaleza de un procedimiento y culmina con una resolución que define una situación jurídica. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado consiste en el dictamen emitido por la perito oficial en materia de contabilidad y el acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, por el que se tuvo por recibida dicha opinión experticial; no produce una afectación material a algún derecho sustantivo de la quejosa, tutelado por la Constitución o Tratados Internacionales, como la propiedad, la libertad, la salud, la educación, etcétera, se trata de una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, en tanto que se considera que el acto reclamado es ilegal porque tiene por desahogada una prueba dentro de la averiguación previa; resolución que está enmarcada en disposiciones de carácter adjetivo, es decir, en normas instrumentales que en su oportunidad permitirán la definición del derecho sustantivo en controversia. En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto en el procedimiento que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, aplicando los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda, y dada la naturaleza del acto reclamado por autorizados en términos amplios del artículo 12 a las personas que señala. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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