Laura Hernández Enríquez
Expediente 1693/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Laura Hernández Enríquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
R E S O L U C I Ó N Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1693/2023-II-A, promovido por Laura Hernández Enríquez, y ... TERCERO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que no se ejecute la sentencia dictada en el expediente 173/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del distrito judicial de Lerma, Estado de México, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la ejecutoria dictada en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia. Medida cautelar que se concede, en virtud de que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen Lo anterior no significa que este juzgado se pronuncie en relación con el fondo del asunto, pues su propósito es cumplir con el objeto de la suspensión del acto reclamado, que es el de mantener viva la materia del amparo y evitar al agraviado el perjuicio de la ejecución del mismo, hasta en tanto se resuelve y dicta la sentencia definitiva que decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, impidiendo, además, que el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal, cuando en un Estado de derecho, debe promoverse la tutela cautelar como condición para la eventual restitución real en caso de que un acto de autoridad resulte inconstitucional. No obstante, tomando en consideración la cantidad por la que se condenó a la parte demandada aquí quejosa en el juicio ordinario civil 173/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del distrito judicial de Lerma, Estado de México, que asciende a la cantidad de $480,480.00 (cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por lo que, ésta servirá de base para establecer cuánto es lo que en su caso, debe exhibirse para los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada por la suspensión concedida. Para lo anterior, es importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para determinar qué debe entenderse por los daños y perjuicios que prevé en la actualidad el artículo 132 de la Ley de Amparo, es necesario remitirse a los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal. Concepto de daños Así, por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo que le acarrea al tercero no disponer desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme a la referida resolución interlocutoria; de manera que no es equivalente al monto total de la condena en la resolución referida, porque la caución que se otorga en el juicio de amparo no es una vía alternativa para lograr la ejecución de la resolución jurisdiccional que constituye el acto reclamado. Una vez que quede firme la resolución interlocutoria deberá ejecutarse, atendiendo a las disposiciones aplicables del juicio de origen. Por lo tanto, la indemnización por concepto de "daño" derivado de la suspensión en el amparo, sólo responde por la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que debió recibir el tercero por virtud de la condena durante el lapso que duró el juicio de amparo, por no haber podido disponer de éste. Concepto de perjuicios Por su parte, los perjuicios son la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo período produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero. Conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado consista en una condena líquida o estimable en dinero, la autoridad competente, al fijar el monto de la caución para conceder la suspensión, debe limitarse a calcular, sobre el monto de la condena, los daños, entendidos como la depreciación o pérdida del valor adquisitivo que esa cantidad sufra durante la tramitación del juicio de amparo, así como los perjuicios, entendidos como los rendimientos que ésta pudiese aportar durante el mismo lapso, atendiendo a una tasa que refleje las condiciones del mercado. Por lo que debe entenderse que la Ley de Amparo, al referirse tanto a los daños como a los perjuicios, persigue que se reparen tanto la pérdida o menoscabo que al tercero interesado le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure el juicio de amparo, de determinada suma económica, como de la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica tal cantidad. Así, los daños y perjuicios que se pueden ocasionar al tercero interesado con la medida cautelar decretada son de garantizarle los daños y perjuicios ocasionados por la parte quejosa con motivo del incumplimiento de la sentencia. ... Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que en resolución de uno de marzo de dos mil diecinueve, se condenó a la parte aquí quejosa a pagar la cantidad de $480,480.00 (cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal en juicio ordinario civil 173/2016, del índice de la responsable. Cálculo daños Con base en los parámetros anteriores se determinará el importe de la garantía para reparar los posibles daños, entendidos como la depreciación o pérdida del valor adquisitivo que esa cantidad sufre durante la tramitación del juicio de amparo. Así, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de la sentencia de uno de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 173/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del distrito judicial de Lerma, Estado de México, resulta dable colegir que el daño radica en que seguirá con dicha afectación durante el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, por lo cual, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. ... Atento a lo anterior, el elemento tiempo de duración de la suspensión se fija al tomar en cuenta que el trámite del juicio de amparo indirecto en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito, incluido el trámite del recurso de revisión (por ser durante todo este tiempo que estará vigente la medida cautelar), resulta que el promedio aproximado es de seis meses. Ahora bien, como ya se estableció, para calcular los posibles daños, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse como factor, por tanto, debe considerarse el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al periodo de diciembre de dos mil veintidós a octubre de dos mil veintitrés (última fecha de actualización en el sistema). Con los anteriores datos se acude a la calculadora de inflación contenida dentro del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la que se obtiene un porcentaje inflacionario entre los meses de diciembre de dos mil veintidós a octubre de dos mil veintitrés del 0.32 % mensual, como se comprueba de la siguiente reproducción: Obtenido el porcentaje inflacionario de que se trata (0.32%) se multiplica por la cantidad $480,480.00 (cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), como suerte principal, arroja la cantidad de $1,537.53 (mil quinientos treinta y siete pesos 53/100 moneda nacional), y multiplicado por 6, que son el número de meses aproximados que podría durar el juicio de amparo indirecto, de lo que se obtiene el total de $9,225.18 (nueve mil doscientos veinticinco pesos 18/100 moneda nacional). Cálculo perjuicios En esta fecha que se provee sobre la suspensión definitiva (veintisiete de noviembre dos mil veintitrés), la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días fue de 11.5040 %, que se obtuvo de la información contenida en la página oficial de Banxico, Banco Central, Banco de México, correspondiente a la fecha indicada y que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, para obtener la cantidad por los posibles perjuicios que se pueden llegar a ocasionar durante el plazo en que estará vigente la suspensión, se deben realizar las siguientes operaciones: La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a veintiocho días, correspondiente al veintisiete de noviembre del año en curso, consistente en 11.5040 %, se multiplica por la cantidad de $480,480.00 (cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que constituye el valor de lo requerido en el juicio de origen, de lo que se obtiene como resultado $55,274.41 (pesos 41/100 moneda nacional). A su vez, esta última cantidad que dividida entre doce (número de meses del año), da como resultado la cantidad de $ 4,606.20 (cuatro mil seiscientos seis pesos 20/100 moneda nacional), que multiplicada por 6, que corresponde al número de meses en que aproximadamente se resolverá el juicio de amparo, da como resultado $27,637.20 (veintisiete mil seiscientos treinta y siete pesos 20/100 moneda nacional). En consecuencia, las cantidades que integran la garantía son las siguientes: Por daños $9,225.18 (nueve mil doscientos veinticinco pesos 18/100 moneda nacional). Por perjuicios $27,637.20 (veintisiete mil seiscientos treinta y siete pesos 20/100 moneda nacional). Por tanto, el monto de la garantía que deberá exhibir la parte quejosa para que la medida suspensional provisional decretada surta efectos, asciende a la cantidad de $36,862.38 (treinta y seis mil ochocientos sesenta y dos pesos 38/100 moneda nacional). Cantidad que deberá presentar la parte recurrente ante este juzgado federal dentro del plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, en términos de lo establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo; lo que podrá realizar en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) a efecto de resarcir los posibles perjuicios que se ocasionaren a la parte tercera interesada en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. En el entendido de que si la parte quejosa decide hacerlo mediante póliza de fianza, la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción de este juzgado de distrito y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si opta por hacerlo mediante billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito, y la relativa a que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo de la Administración de Justicia. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a lo anterior, dejará de tener eficacia la medida cautelar concedida, asimismo, se hace de su conocimiento que la misma no surtirá efectos si el acto tildado de inconstitucional proviene de autoridad diversa a la aquí señalada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede al quejoso Laura Hernández Enríquez, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada en el considerando segundo, en los términos expuestos en el diverso último esta resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Agréguense los oficios signados por el Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, a través de los cuales, rinden sus informes justificados, asimismo, comunica que hace suyas todas aquellas copias certificadas de lo actuado en el exhorto 61/2018, que adjunte el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, como pruebas a los informes citados; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, intégrense los oficios signados por los Jueces Tercero y Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y Notificadora y Actuario adscritos, respectivamente, por medio de los cuales rinden sus informes previos; por tanto, tómense en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, intégrese el oficio signado electrónicamente por la Jueza Segundo Civil del distrito judicial de Lerma, Estado de México, por medio del cual rinde su informe previo; por tanto, el mismo tómese en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva.
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