Laura Heidi Perez Ruiz

Expediente 1433/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1433/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Laura Heidi Perez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.EDIAZ*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Efecto del amparo. En consecuencia, es innegable que el acto reclamado trasgrede el contenido del numeral 17 de la Carta Magna y, por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, una vez que tenga conocimiento del auto que declare ejecutoriada la presente resolución, dentro del expediente laboral 01/1836/10, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho y en su lugar declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución de la Presidenta de dicha junta y acuerde favorable la petición efectuada por la parte actora, gire el oficio a la autoridad que solicitó, esto es, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que proporcione el número de cuenta o cuentas bancarias a nombre de los condenados y pueda ejecutar el laudo." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, a los terceros interesados Israel Humberto Barroso Cárdenas y Francisco Humberto Barroso Toledo, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el seis de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el siete de septiembre siguiente a este Juzgado por razón de turno, Laura Heidi Pérez Ruiz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ACTO RECLAMADO La resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho dictada en el expediente laboral 01/1836/10. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 1433/2018-IV; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se verificó al tenor del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 73 de la Ley de Amparo; 1º, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar en que residen las autoridades que realizaron los actos reclamados y en el que, además, tienen ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, se precisa que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, por la que se declaró improcedente el recurso de revisión contra la Presidenta ejecutora en el expediente 01/1836/10-JE1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo manifestó al rendir el informe con justificación la Presidenta de la Junta Especial dos en representación del Pleno de la misma, lo que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 01/1836/10-JE1, que acompañó al informe. Dichas constancias ameritan valor probatorio pleno al tratarse de documentos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Al no advertir que se actualice causa de improcedencia alguna, ni que las partes aleguen la existencia de alguna, se procede al estudio de fondo del asunto, estimando esencialmente fundado el concepto de violación cuyo análisis se emprende, como se expondrá más adelante. Por ello, de manera previa a analizar el concepto de violación es necesario tener presente los antecedentes de la resolución reclamada, que se extraen de las actuaciones del juicio laboral 01/1836/10-JE1, valoradas en el considerando tercero. Laura Heidi Pérez Ruiz, el veintiocho de enero de dos mil diez, presentó escrito demandando diversas prestaciones laborales. Luego de la secuela procesal, el veinte de enero de dos mil catorce la responsable dictó laudo condenando a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la parte trabajadora solicitó a la Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informara las cuentas a nombre de los condenados y estar en posibilidad de cumplir el laudo embargándolas. Mediante auto de veintiuno de julio de dos mil quince, la Presidenta ejecutora proveyó la solicitud detallada en el punto que antecede negando acordar de conformidad. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil quince, el apoderado legal de la parte actora en el juicio de origen promovió recurso de revisión contra los actos de ejecución. El nueve de agosto de dos mil dieciocho se declaró improcedente el recurso de revisión contra la Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, al estimar que no se encuentra legitimada para realizar gestión alguna relativa a la investigación de cuentas bancarias a nombre de los demandados, ya que corresponde a la parte actora proporcionar los elementos necesarios para el inicio del procedimiento de ejecución, esto es, que el impulso procesal corresponde a la ejecutante; lo cual constituye el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso alega en el concepto de violación que la autoridad responsable, vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 17 constitucional, al referir que no existe imposibilidad legal para girar oficios con los que se pueda recabar información para poder cumplir el laudo dictado en el juicio laboral de origen; que por el contrario, los artículos 688 y 783 de la Ley Federal del Trabajo establecen que la junta responsable está facultada para dirigirse a autoridades, organismos o dependencias públicas y requerir información que pueda ser de utilidad para esclarecer la verdad. Refiere que la solicitud de enviar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe la existencia de cuentas bancarias a nombre de las personas condenadas en el juicio de origen está dentro de las facultades del Presidente Ejecutor. Que es incorrecto que la Junta confirme el criterio de la Presidenta ejecutora en cuanto a que no puede actuar de manera oficiosa, puesto que fue precisamente la parte ejecutante quien realizó la solicitud de obtener datos para cobrar la condena, ya que al ser una autoridad jurisdiccional puede obtener información útil, lo cual -en cambio- no puede realizar la parte trabajadora. Refiere que en la manera en que actúa la responsable constituye una falta especial para los presidentes de las juntas especiales, como al efecto lo establecen los artículos 643 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, que se trascriben a continuación: "Artículo 643. Son faltas especiales de los Presidentes de las Juntas Especiales: [.] II. No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos;." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Son fundados los anteriores argumentos. El artículo 17 Constitucional prevé el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente el derecho a que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo al ser inherente al derecho a que se administre justicia, habida cuenta que un laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado cuando el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa materialmente al patrimonio del vencedor de manera total y plena. Al respecto conviene citar el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 98/2000 que aparece publicada en la página 489 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo VI. Laboral Primera Parte, del rubro y texto siguientes: "CONDENA EN CONTRA DE LA FUENTE DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IGNORA EL NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PATRÓN, DEBIENDO LA JUNTA LABORAL, EN USO DE SUS FACULTADES PARA MEJOR PROVEER, ORDENAR LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE AQUÉL.- No es posible legalmente decretar en el laudo una condena en contra de la fuente de trabajo, entendida como el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, cuando se desconoce el nombre, razón social o denominación del patrón, en primer lugar, porque sólo las personas físicas y morales son titulares de derechos y obligaciones jurídicas y sólo a ellas puede exigirse el cumplimiento de una condena; en segundo lugar, porque la identidad de la persona responsable de la fuente de trabajo constituye un presupuesto de la acción laboral, sin el cual no puede prosperar. No es obstáculo a lo anterior el que el artículo 951, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo disponga que el requerimiento de pago y embargo para la ejecución de un laudo pueda llevarse a cabo en el domicilio donde se practicó el emplazamiento cuando en la demanda no se haya señalado el nombre del patrón, pues de ello no se sigue que en el laudo pueda establecerse condena contra persona indeterminada. Asimismo, el que conforme a los artículos 712 y 740 del ordenamiento citado, proceda admitir la demanda con el solo señalamiento del domicilio en que se labora o laboró y de la actividad del patrón, cuando el trabajador desconozca el nombre, razón social o denominación de aquél, caso en que procede el emplazamiento en ese domicilio, únicamente hace patente la intención del legislador de evitar que el trabajador quede indefenso por desconocer la identidad de su patrón, permitiéndole ejercer su derecho de acción y ordenándose el emplazamiento con el propósito de que la persona responsable de la fuente de trabajo comparezca al procedimiento. Sin embargo, cuando ello no ocurre así, a fin de respetar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador y evitar que éste quede indefenso cuando el patrón no comparece al procedimiento, por no poderse decretar condena en contra de persona indeterminada, la Junta laboral debe, si advierte en la fase de arbitraje que no compareció la parte demandada y que no existen elementos para determinar su identidad, haciendo uso de la facultad para mejor proveer prevista en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo para decretar, en su caso, la condena en su contra, lo que puede lograr a través del conocimiento que tiene del domicilio en que labora o laboró el trabajador y la actividad a que se dedica el patrón, pues con esos elementos está en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo.". Como se desprende del criterio anterior, nuestro máximo tribunal estableció que previo al dictado del laudo, las juntas laborales, haciendo uso de las facultades para mejor proveer que se encuentran previstas en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, deben ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo, para decretar, en su caso la condena en su contra, lo que puede lograrse a través del conocimiento que tiene del domicilio en que labora o laboró el trabajador y la actividad a que se dedica el patrón, pues con estos elementos está en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo. De igual forma, estimó que no es obstáculo que el artículo 951, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, disponga que el requerimiento de pago y embargo para la ejecución de un laudo pueda llevarse a cabo en el domicilio donde se practicó el emplazamiento cuando en la demanda no se haya señalado el nombre del patrón, pues de ello no se sigue que en el laudo pueda establecerse condena contra persona indeterminada. En ese orden de ideas, si la Corte ha considerado que en caso de ignorarse el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo, en cuyo caso, las juntas laborales, haciendo uso de las facultades previstas en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, deben ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo, girando oficios a autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que lo proporcionen, entonces, si como en el caso, ya existe un fallo definitivo, cuyo cumplimiento resulta incuestionable al haberse constituido un derecho en favor del trabajador actor, por mayoría de razón debe imperar el derecho del que goza la parte trabajadora demandante y por ende, si desconoce la información financiera o bancaria del demandado y ha solicitado al Presidente Ejecutor que gire oficios para obtener datos con la finalidad estar en posibilidad de ejecutar el laudo, no existe razón o impedimento legal alguno para que la responsable haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo pueda girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que proporcione información útil para ejecutarlo y lograr su cumplimiento. Lo antes establecido tiene razón de ser, porque la autoridad laboral está legalmente facultada -y obligada- para hacer cumplir el laudo y, para ello, debe ordenar las diligencias pertinentes para acceder a esto, lo que puede incluir obtener la información relativa a las cuentas bancarias sobre las cuales la parte trabajadora pueda ejecutar el laudo, ya que de no hacerlo, iría en contra del espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador. Máxime que al existir un laudo firme en el juicio laboral de origen, la parte trabajadora tiene ya incorporado un crédito laboral en su favor, con lo cual tiene el derecho de ejecutarlo. Efecto del amparo. En consecuencia, es innegable que el acto reclamado trasgrede el contenido del numeral 17 de la Carta Magna y, por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, una vez que tenga conocimiento del auto que declare ejecutoriada la presente resolución, dentro del expediente laboral 01/1836/10, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho y en su lugar declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución de la Presidenta de dicha junta y acuerde favorable la petición efectuada por la parte actora, gire el oficio a la autoridad que solicitó, esto es, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que proporcione el número de cuenta o cuentas bancarias a nombre de los condenados y pueda ejecutar el laudo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.212 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2081 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA, IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.". Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Laura Heidi Pérez Ruiz, contra el acto reclamado a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, para el efecto que se puntualizó en el considerando último de esta propia resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe hoy veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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