Laura Gregoria Marin García
Expediente 2007/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2007/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Laura Gregoria Marin García
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de once de noviembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por**********, contra actos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley
- Principal
Villahermosa, Tabasco; once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite el juicio de amparo 1931/2022 II 11 de su índice, del que se advierte que mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, consideró que, a quien corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por **********, es a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de aprovechar el conocimiento previo y evitar resoluciones contradictorias (antecedente 1393/2022). Acúsese de recibo. Nos avocamos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional acepta la competencia para conocer y resolver el presente asunto, dado que tal como lo hace valer el homólogo declinante, en este Juzgado se tramita el juicio de amparo 1393/2022, en el cual, tal como se precisará más adelante, se reclaman actos derivados del juicio laboral 57/2016, que tramita el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y; por ende, nos avocamos al conocimiento del asunto. Hágase del conocimiento de dicha situación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que realice los ajustes en relación con la carga de trabajo respecto a los turnos de los asuntos y, remita a este Órgano Jurisdiccional la papeleta de turno correspondiente. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2007/2022 II 2. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 1131 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1********** Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 188643, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Novena Época, Octubre de 2001, página 803, cuyo rubro y texto son: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso Laura Gregoria Marín García, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que el acto reclamado consiste en: a) La omisión de las autoridades responsables de programar el pago de la cantidad de $307,494.49 (trescientos siete mil, cuatrocientos noventa y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) cantidad a la que fue condenada en el laudo de veintiocho de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 57/2016 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Desechamiento de demanda. En el caso, respecto del acto reclamado precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, este último a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esa ley. A su vez, el artículo 5, fracción II del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Sentado lo anterior, es de destacar que el (1)Presidente Municipal, (2)Sindico de Hacienda, (3)Director de Finanzas, (4)Director de Programación y Presupuesto, y el (5)Cabildo, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, no pueden tener el carácter de responsables en el juicio biinstancial que promueve la parte quejosa, toda vez que el incumplimiento a un laudo derivado de un juicio laboral en el que figuran como parte demandada, no constituye un acto de autoridad, porque los tribunales burocráticos estatales cuentan con los instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de sus laudos. Sobre el tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las contradicciones de tesis 422/2010, 425/2013 y 116/2014, se ha pronunciado respecto a si la autoridad demandada en un juicio laboral con el carácter de patrón y condenada al pago de diversas prestaciones, al omitir dar cumplimiento en forma voluntaria al pago de las cantidades líquidas determinadas en el incidente de liquidación aperturado en virtud de las condenadas establecidas en un laudo, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo. De las citadas contradicciones el Alto Tribunal estimó que: A) Conforme al artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, no puede decretarse en contra de la Federación o de las entidades federativas mandato de ejecución ni providencia de embargo, además de que están exentas de prestar las garantías; por tanto, era evidente que no pueden ser entes de ejecución forzosa, lo cual coloca a los particulares en un plano de desigualdad, al impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, de ahí que, el proceder contumaz de la autoridad demandada y condenada como patrón equiparado en un juicio laboral, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la omisión de cumplimiento, únicamente puede ser subsanado mediante el juicio de amparo (contradicción de tesis 425/2013). B) Del marco legal aplicable del Estado de Veracruz, se desprende la existencia de un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, contemplando el forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas; por ello, existe un plano de igualdad, ya que el cumplimiento a un laudo por parte de la autoridad demandada en un juicio laboral, se desarrolla por el tránsito de un procedimiento concreto y frente a la ausencia en el cumplimiento del laudo, el mismo puede ser forzosamente ejecutado mediante el embargo de sus bienes (propios o privados), de ahí que la omisión de la autoridad enjuiciada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (contradicción de tesis 425/2013). C) Conforme al sistema normativo previsto en las legislaciones de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, relacionado con la ejecución de los laudos dictados por los tribunales de trabajo burocráticos (el cual es esencialmente igual al de la legislación del Estado de Tabasco como se verá enseguida), se establece que un procedimiento en el que sobresale la facultad que se otorga para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo, de ahí que, su incumplimiento puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan y como consecuencia no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (contradicción de tesis 116/2014). Como puede observarse de los referidos criterios, para determinar si la autoridad demandada en un juicio con el carácter de patrón y condenada al pago de diversas prestaciones, al omitir dar cumplimiento al fallo en forma voluntaria, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo, la Corte Nacional consideró: 1. No es autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el marco jurídico que rige el procedimiento prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas o bien la imposición de multas o medidas de apremio. Así, el incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan. 2. Sí es autoridad para efectos del amparo, cuando la legislación aplicable prohíba obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en favor del trabajador. De las mencionadas ejecutorias derivaron los siguientes criterios jurisprudenciales: Jurisprudencia 2ª/J.85/2011, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XXXIV, julio de 2011, Decima Época, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (Época: Novena Época, Registro: 161652, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 201, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 85/2011, página 448). Jurisprudencia 2ª/J.31/2014, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 966, Tomo II, Libro 6, Mayo de 2014, Decima Época, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." (Época: Décima Época, Registro: 2006389, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 31/2014 (10a.), página 966). Jurisprudencia 2ª/J.79/2014 (10ª), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 699, Tomo II, Libro 9, Agosto de 2014, Decima Época, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." (Época: Décima Época, Registro: 2007066, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 79/2014 (10a.), página 699). En el caso, para determinar si la omisión de los entes (1)Presidente Municipal, (2)Sindico de Hacienda, (3)Director de Finanzas, (4)Director de Programación y Presupuesto, y el (5)Cabildo, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, son actos o no de autoridades para efectos del amparo, se debe traer a colación el marco jurídico aplicable en la ejecución del laudo emitido por el tribunal burocrático local. En esa medida, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, dispone lo siguiente: "CAPÍTULO III DE LOS MEDIOS DE APREMIO ARTÍCULO 128.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer multas hasta de siete días de salario mínimo general vigente en el Estado, tratándose de los trabajadores y los titulares de las Entidades Públicas a que se refiere esta Ley. ARTÍCULO 129. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas; para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. CAPÍTULO IV EJECUCIÓN ARTÍCULO 130. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTÍCULO 131. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior; sin que, por ello, se omita el cumplimiento de dicho auto." Conforme a los criterios sustentados en las jurisprudencias antes citadas y el marco jurídico aplicable de la legislación del Estado de Tabasco, que resulta esencialmente igual a la de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, se puede apreciar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, cuenta con un procedimiento específico para dar ejecución a las sentencias emitidas, similar al de las legislaciones de los diversos estados que a saber es: 1. La facultad que se otorga para imponer multas (artículo 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco). Lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2014, estimó como un medio eficaz y suficiente para conseguir el cumplimiento de los laudos y ante ello la demandada como patronal no tenía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ante la omisión de cumplir con la condena. 2. La obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos (artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco). 3. El deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo (artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco). 4. Obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo (artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco). Tales circunstancias conllevan, al sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de origen y, por ende, la falta de cumplimiento de dicho laudo por parte del demandado, no se reconoce como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al encontrarse en los supuestos de la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 antes invocada, por identidad jurídica sustancial, cuyo rubro es el siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". De ahí que si, en el caso concreto, el origen de la relación entre los entes (1)Presidente Municipal, (2)Sindico de Hacienda, (3)Director de Finanzas, (4)Director de Programación y Presupuesto, y el (5)Cabildo, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, y la ahora parte quejosa dimanan de un vínculo contractual y el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de índole laboral; esto es, en un plano de igualdad; mas no de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, las anteriormente mencionadas como autoridades responsables, no tienen ese carácter, al no encontrarse revestidos sus actos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es aplicable lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 34/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página 478, Libro 53, Tomo I, número de registro 2016588, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice lo siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por tanto, se sostiene que se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por Laura Gregoria Marín García. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** toda vez que si bien es cierto, de la certificación de cuenta se colige que no se encontró su respectiva cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales de Derecho (REGPROF), que los acrediten como licenciados en derecho, también resulta verdad que la quejosa es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes
- Laura Elena Barahona Gomez576/2016
- Laura Elena Barahona Gomez375/2020
- Laura Falcon Peréz1295/2015
- Laura Gonzalez Calzada219/2022
- Laura Gregoria Marin Garcia1526/2018
- Laura Gregoria Marin García1393/2022
- Laura Gregoria Marin Garcia709/2021
- Laura Hernández Felix1100/2021
- Laura Hernandez Felix711/2016
- Laura Isabel Hernández Colorado1991/2015
- Laura Ivonne Priego Martinez1021/2021
- Laura Ivonne Priego Martínez1321/2022