LAURA GONZÁLEZ ULLOA y Otros.

Expediente 2084/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2084/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • LAURA GONZÁLEZ ULLOA y Otros.
  • JOSÉ RUVALCABA PLASCENCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas; en tal virtud, agréguese el documento de mérito para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que se encuentra pendiente de resolver en cuanto al cumplimiento al fallo protector realizado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, sin que se hubiese realizado manifestación alguna en el plazo concedido como se advierte de la certificación de cuenta; por lo que, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el sumario en que se actúa, el fallo en mención se encuentra cumplido. Así pues, mediante ejecutoria dictada dentro de los presentes autos (fojas 143 a la 167), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las responsables respecto de la esfera jurídica de la parte quejosa, desincorporaran los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, asimismo, para que se le devolviera al peticionario del amparo las cantidades que le fueron descontadas por concepto 53 (fondo de pensiones). Misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, dentro del recurso en revisión 866/2017 de su índice (fojas 199 a la 212). En ese tenor, la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, informaron que se le efectúo la transferencia bancaria consistente por la cantidad de $73,109.00 (setenta y tres mil ciento nueve pesos moneda nacional), así como la notificación al quejoso de la desincorporación de los arábigos destacados en la sentencia de mérito, como se aprecia de las documentales que obran glosadas en el expediente en que se actúa (fojas 231 a la 232 y 234 a la 237). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que de una parte la medida cautelar se concedió y de otra se negó; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el entendido que, una vez transcurrido el plazo de cinco años, contados a partir del presente proveído, se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio STCCNO/250/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión celebrada en dicha fecha, entre otras cuestiones, cesaron los efectos del punto de acuerdo C. CAR 11/2018-111 y, en consecuencia, se determinó que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio y apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, pronuncie las sentencias definitivas dentro de los juicios de amparo de la estadística de este órgano jurisdiccional, los cuales le serán remitidos de manera mensual. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y de conformidad con el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente asunto fue seleccionado para ser remitido al órgano jurisdiccional auxiliar referido, cuyo titular es el licenciado José Dekar de Jesús Arreola; por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, remítase a dicho juzgado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, el expediente en que se actúa, así como sus anexos (en caso de que obren por separado), para que proceda a dictar la sentencia correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El ocho de junio de este año, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el veintiuno siguiente en la que, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Rosa Amara García Peña, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, publicación y aplicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, específicamente los artículos 23 fracción XXIII, 11, 12 y 13. Posteriormente, en veinticinco de julio del año que cursa, causo ejecutoria dicha determinación y en consecuencia se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097006811A15800267, realizado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente...." En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 23, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales. Devolviera a la parte quejosa las contribuciones erogadas por concepto de las disposiciones antes mencionadas, esto es la cantidad de ****. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En atención a lo anterior, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de septiembre de este año, registrado con el número de folio 25665 y suscrito por Alejandro de Ahora Ibarra, Delegado de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinticinco de septiembre de la presente anualidad realizó la entrega del cheque 0000844 a la parte quejosa valioso por la cantidad $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos, con trece centavos 13/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogo la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva, y al efecto remitió el original de la entrega de dicho título mercantil. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y les devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogo a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de ***, por los siguientes conceptos: Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se le tenía que exceptuar algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos tildados de inconstitucionales de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de ****, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos, primero el correspondiente al pago realizado por la parte quejosa el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, y el veinticinco de septiembre siguiente la autoridad responsable realizó la entrega del cheque correspondiente a la parte quejosa, por el cual la responsable en citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al de septiembre, ambos de este año Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el mes de agosto, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre del presente año aún no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha en que el recaudador responsable realizó el pago aludido, pues dicha devolución se llevó a cabo el veinticinco de septiembre de la anualidad en cita, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de agosto del año citado. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de agosto de dicha anualidad fue de 100.492, en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 0.76125; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1.00 de conformidad al último párrafo del numeral 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es dicha cantidad de ***; así, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad ****, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de ***; sin embargo, éste reintegró la diversa de **, es decir, $65.11 (sesenta y cinco pesos con once centavos 11/100 moneda nacional), más de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtener dicho monto, así como los que efectué el quejoso a efecto de devolverlo, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

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