Laura González Rosas

Expediente 1461/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1461/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Laura González Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud (COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos, y Sustancias Químicas de esa Comisión, mediante el cual, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se requirió en auto de veintidós de octubre del año en curso, adjuntando copia certificada del memorándum COFEPRIS-CGJC-UE-10242-2021 de diecinueve de noviembre del año en curso, dirigido a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas; por ello, solicita se conceda prórroga de treinta días para tales efectos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, con copia de la ejecutoria de amparo, requiérase a la autoridad responsable Directora Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria con base en las atribuciones conferidas a la misma. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad demandada en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito, se requiere también al Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos dicha notificación, acredite que ordenaron acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO1". Apercibidas las referidas autoridades que de no acatar lo ya ordenado:  Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, esto es, se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y;  Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no la exime de responsabilidad. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del secretario José Manuel Miguel Santiago, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho; contra actos de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1461/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por **************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este Juzgado de Distrito advierte que al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte promovente carece de interés jurídico y legítimo para impugnar el acto que reclama. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Con la reforma al artículo 107 constitucional, así como la emisión de la nueva Ley de Amparo, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, con lo cual se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues, ya no es menester que la parte quejosa acredite la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o bien que demuestre un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. En efecto, la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando la parte quejosa acredita únicamente el interés simple, más no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los anteriores razonamientos están contenidos en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior, no implica que resulte suficiente un interés simple o jurídicamente irrelevante, como el que tendría cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado; razón por la que el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa en ningún sentido. En tal virtud, se estima que el constituyente permanente mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que la parte quejosa pertenece a ella. Dicho criterio se contiene en la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), consultable en la página 1736, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Por su parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto considera que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de la parte quejosa, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto -en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico-. Esto es, que el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa. Continuando con la definición del interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Dicho criterio se contiene en la tesis P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Con base en lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que a fin de que la demanda de amparo sea procedente, es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa, ya que, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado al no cumplirse con el principio de parte agraviada. Atento a las razones dadas, lo procedente es analizar si en el caso la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo, para lo cual es menester atender al acto reclamado, el cual consiste: "cualquier acto, ya sea positivo o negativo, escrito o verbal, por el que se ordene, mande o tenga como consecuencia o efecto el cese, interrupción, clausura o suspensión de la mina San José en el municipio de San José Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, incluidas sus oficinas administrativas localizada en la Ciudad de México " Sic. Asimismo manifiesta: "Si bien la Quejosa no conoce el contenido completo del Acto Reclamado, sabiendo únicamente de su existencia, el mismo carecería absolutamente de fundamentación y motivación, ya que la mina San José opera conforme a derecho." De lo anterior, se aprecia que el acto por el que se pretende invocar la protección constitucional no se encuentra dirigido a afectar de manera directa los derechos de la parte quejosa, ni tampoco le ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio por la especial situación que tiene. En tal virtud, este Juzgado de Distrito considera que la parte accionante del amparo no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. De lo relatado se aprecia que los actos por los que se promueve la demanda de amparo, no se encuentran dirigidos a afectar de manera directa el derecho de la parte quejosa, ni tampoco le ocasiona un perjuicio o le priva de un beneficio por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. El accionante del amparo justifica su interés legítimo y jurídico, manifestando lo siguiente: . tengo el carácter de trabajadora en las oficinas administrativas de la Ciudad de México de la MINA San José, cuya operación continua me concierne, la medida de que es mi fuente de empleo.. ." Con base en lo expuesto, se concluye que la parte quejosa carece de un interés jurídico y legítimo para promover el presente juicio de amparo, toda vez que no basta que exponga un interés por la salvaguarda de la constitucionalidad y, como consecuencia, del orden legal, para que surja su interés legítimo, pues, como se dijo, para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso, ya que la afectación debe ser apreciable en un parámetro de razonabilidad, y no sustentarse en un supuesto hipotético. En ese sentido, conviene precisar que en todo caso, la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta; esto es, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador, esto es, se reconoce el interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Dicho criterio se contiene en la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 445, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." De ese modo, el interés de la parte quejosa en relación con el acto reclamado no constituye en sí mismo un interés legítimo o jurídico, el cual es requerido para la procedencia del juicio de amparo, además tampoco se advierte su especial situación frente al orden jurídico, ni el trato diferenciado en relación frente al resto de la sociedad, ni mucho menos el beneficio directo que les asistiría en su esfera de derechos de concederse el amparo solicitado. Habida cuenta de que el interés legítimo conlleva un principio de afectación palpable, real y directo; y, en el caso, no se advierte dónde se actualiza éste; además, sostener lo contrario, sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación con cualquier acto de autoridad que no cumpla con el marco constitucional y legal, aunado a que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez que una persona se sienta afectada por las acciones u omisiones de las autoridades. En tal virtud, como se adelantó, la parte quejosa sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades cumplan con sus obligaciones establecidas de manera constitucional y legalmente. Por esas razones este Juzgado estima que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés legítimo ni jurídico, en relación con el acto reclamado; por lo que se estima la improcedencia del juicio. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones por la misma vía, toda vez que conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontraron los nombres de usuario ************** corresponden a *****************, respectivamente, respectivamente. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Al igual, téngase por señalado el teléfono y correo electrónico que se proporciona, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a tener éste para oír y recibir notificaciones, en razón de que no cumple con los requisitos para las notificaciones electrónicas, en atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de Jorge Israel Vázquez Urrutia, Secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano