Laura Georgina Figueroa Lugo

Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
783/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Laura Georgina Figueroa Lugo
  • Laura Georgina Figueroa Lugo y Otros.
  • Deysi Magdalena de Atocha Basto Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada emitida en este asunto; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******************, la resolución de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 783/2021-V, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que dice: Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, los autos del presente juicio de amparo indirecto 783/2021, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado a la parte quejosa respecto del acto reclamado al Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades. Segundo. Por medio de diversos oficios, las autoridades responsables informaron sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria o su imposibilidad de cumplir con la misma. Tercero. Mediante auto de cinco de agosto del año en curso, se dio vista a las partes del cumplimiento dado por las autoridades antes citadas a la ejecutoria de mérito, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, este Juzgado Federal, concedió el amparo a favor de las quejosas Deysi Magdalena de Atocha Basto Aguilar y Laura Georgina Figueroa Lugo para los siguientes efectos: ". lo es para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les apliquen, en el presente ni en el futuro. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia de la Novena Época, P./J.112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 19, número de registro 192846, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-1506-1350-100-2021, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron las quejosas por escrito presentado el día cinco del propio mes y año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias. Del examen de las documentales consistente en el oficio número CJ-DCR-JUR-3431-3147-0497-2021, remitido por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, las cuales merecen pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: Se dejó insubsistente oficio CJ-DRC-JUR-1506- 1350-100-2021, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, de la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, en lo relativo a la aplicación los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán. El veintinueve de julio de dos mi veintiuno, las directas quejosas acudieron al Registro Civil del Estado de Yucatán, para formalizar su unión matrimonial, la cual fue inscrita en el libro 04, acta 672, oficialía 01 de Mérida. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Por último, hágase saber a las partes que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, los autos del presente juicio de amparo indirecto 783/2021, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado a la parte quejosa respecto del acto reclamado al Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades. Segundo. Por medio de diversos oficios, las autoridades responsables informaron sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria o su imposibilidad de cumplir con la misma. Tercero. Mediante auto de cinco de agosto del año en curso, se dio vista a las partes del cumplimiento dado por las autoridades antes citadas a la ejecutoria de mérito, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, este Juzgado Federal, concedió el amparo a favor de las quejosas Deysi Magdalena de Atocha Basto Aguilar y Laura Georgina Figueroa Lugo para los siguientes efectos: ". lo es para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les apliquen, en el presente ni en el futuro. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia de la Novena Época, P./J.112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 19, número de registro 192846, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-1506-1350-100-2021, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron las quejosas por escrito presentado el día cinco del propio mes y año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias. Del examen de las documentales consistente en el oficio número CJ-DCR-JUR-3431-3147-0497-2021, remitido por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, las cuales merecen pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: Se dejó insubsistente oficio CJ-DRC-JUR-1506- 1350-100-2021, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, de la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, en lo relativo a la aplicación los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán. El veintinueve de julio de dos mi veintiuno, las directas quejosas acudieron al Registro Civil del Estado de Yucatán, para formalizar su unión matrimonial, la cual fue inscrita en el libro 04, acta 672, oficialía 01 de Mérida. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Por último, hágase saber a las partes que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por las quejosas Deysi Magdalena de Atocha Basto Aguilar y Laura Georgina Figueroa Lugo y tomando en consideración lo que en dicho memorial solicitan, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante, las copias certificadas que solicita y entréguense las mismas a la persona que autoriza previo recibo que otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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