Laura Gamiño Ortiz

Expediente 1402/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1402/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Laura Gamiño Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Laura Gamiño Ortiz, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que, por un lado se sobreseyó en el juicio; y, por el otro, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el testimonio del toca de apelación I-329/2021; asimismo, al Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, la copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 454/2021; mismos que en su momento adjuntaron a sus respectivos informes justificados. SE ORDENA ARCHIVO Siguiendo con la vista del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la segunda parte de la certificación que antecede, de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se sobreseyó en el presente asunto y se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE LOS AUTOS Vista la razón levantada por el actuario judicial de la adscripción, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a las Agentes del Ministerio Público que formularon la imputación al quejoso, licenciadas ******************** y ********************la resolución con engrose de veintiuno de febrero en curso, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que no señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en tal virtud, en atención al proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, notifíquese a los referidas Ministerio Público la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señalen domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades: y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, en cuanto apoderado de ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en los términos siguientes: "V.- Actos Reclamados. a).- La Resolución de fecha 22 veintidós de septiembre del 2022 dos mil veintidós, y respecto a la notificación el día 4 cuatro de octubre del año 2022 dos mil veintidós, dictada por la Licenciada ********************, Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con visto bueno o autorización del Licenciado ********************, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, decretando el No Ejercicio de la Acción Penal, dentro de la Carpeta de Investigación número ********************, con Número Único de Caso ********************, por el delito de ********************, previsto por el artículo 241, fracción VI y 243 fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán cometido en agravio de ********************. b).- La Resolución formulada en la Audiencia de Tutela de Derechos, sobre Omisiones del Ministerio Público que paraliza la Investigación de la Carpeta de Investigación número ********************, con Número Único de Caso ********************, llevada al cabo a las 09:00 horas del 24 veinticuatro de noviembre de 2022 dos mil veintidós, dentro del cuaderno de antecedentes, registrado bajo el número ********************, que confirma la Resolución de fecha 4 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, dictada por la Licenciada ********************, Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con visto bueno o autorización del Licenciado ********************, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, decretando el No Ejercicio de Acción Penal, dentro de la Carpeta de Investigación número ********************, con Número Único de Caso ********************, por el delito de ********************, previsto por el artículo 241, fracción VI y 243 fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán cometido en agravio de ********************. Los actos reclamados se les atribuyen a las Autoridades señaladas como responsables, ya sea que los ejecuten por sí mismas o a través de sus inferiores jerárquicos, subordinados, policías o cualesquiera otras Autoridades a sus órdenes. c).- También se señala como acto reclamado, los artículos 1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 108 y 109 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVI y XXII, del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículos 1°, 2°, 3°, 4° párrafo I, IV, 5°, 6°, 7°, fracciones I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXII, XXIII, XXVIII, 10°, 11, 12 FRACCIONES I, II, III, IV, X, 14 y 15 de la Ley General de Víctimas, en que la autoridad funda y motiva el no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación que se combate.". En ese libelo, el promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en perjuicio de su representada, los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de dieciséis del mes y año anotados, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el progresivo ********************, y determinó prevenir al ocursante para que acreditara la personalidad con la que se ostenta. Dicho requerimiento quedó solventado en los términos del escrito de veintidós siguiente. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite el asunto, requirió su informe con justificación a la autoridades señaladas como responsables y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. En proveído de tres de enero del actual, reconoció el carácter de autoridades terceras interesadas a las Agentes del Ministerio Público ******************** y ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el trece de febrero de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente a este asunto, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que, de manera destacada, se impugna en este juicio constitucional un acto declarativo emitido por una autoridad jurisdiccional del orden penal que reside dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado Federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo de los artículos 1º, 74, fracciones I y II, 77, fracciones I y II, y 108, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo, se obtienen las siguientes premisas: a) El acto reclamado en el juicio de amparo, es la manifestación de la voluntad, que puede corresponder a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. b) Entre otros, los actos pueden clasificarse en positivos (se traducen en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades); negativos (en los que la autoridad se rehúsa expresamente a acceder a las pretensiones de los individuos), prohibitivos (donde la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos o fijan una limitación que tiene efectos positivos); y, omisivos (en los que la autoridad se abstiene de actuar). c) Por su parte, los conceptos de violación corresponden a todos los razonamientos, apreciaciones valorativas, observaciones y/o calificativos que se hagan valer en el escrito de demanda, sobre la constitucionalidad (en amparo adhesivo) o inconstitucionalidad (en amparo indirecto o directo), de los actos reclamados, que se vinculan con el estudio de fondo del asunto, una vez que se determine la procedencia del juicio de amparo. d) De igual forma, ha sido criterio reiterado del más alto Tribunal de la Nación, que para precisar los actos reclamados, el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad (incluyendo los conceptos de violación), con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido; e, incluso, para tal efecto, puede analizar la totalidad de la información del expediente del juicio. e) Empero, aun cuando para fijar los actos reclamados deben tomarse en cuenta las argumentaciones que a manera de conceptos de violación expone el promovente en su demanda de amparo y ampliación, lo cierto es que en atención a su concepto y relevancia no constituyen lo mismo, porque, el acto reclamado constituye la conducta activa o pasiva que expresamente se combate y los motivos de disenso las razones por las que se considera que esta no se apega a la Constitución General. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/26 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 69, tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual se comparte y establece: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia: La resolución dictada en la audiencia veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cuaderno de antecedentes ********************, formado con motivo de la solicitud de tutela de derechos, respecto del acuerdo de no ejercicio de la acción penal autorizado el veintidós de septiembre de ese año, que se dictó en la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, que se formó a partir de la denuncia presentada por la aquí quejosa, por los hechos que consideró constitutivos del delito cometido por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. De la Agente del Ministerio Público Investigadora y del Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, ambos de la Fiscalía General del Estado: El mencionado acuerdo de no ejercicio de la acción penal autorizado el veintidós de septiembre de ese año, que se dictó en la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************. Lo anterior sin que se ignore el señalamiento de la parte quejosa de combatir también diversos preceptos en los que las autoridades ministeriales fundamentaron y motivaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, pues en realidad ello constituye una de las razones por las que se considera que tal determinación -confirmada por el juez de control- no se apega a la Constitución General. Máxime que de la lectura de sus conceptos de violación se obtiene que pretende evidenciar la falta de fundamentación y motivación del acuerdo descrito y la resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos. De ahí que no se analizaran motivos de disenso para cuestionar la regularidad constitucional de los preceptos que reclama. Lo que denota que más bien no era deseo de la quejosa señalarlo como acto reclamado sino como violación. Ello al margen de que, como ser verá, los efectos de tal determinación de no ejercicio de la acción penal cesaron; siendo este el acto concreto de aplicación. De ahí que resultara innecesario llamar a las autoridades legislativas. Tampoco obsta que la quejosa señale como acto reclamado "la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada por la agente investigadora con visto bueno o autorización del Fiscal especializado", pues en realidad se refiere al acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado en la indagatoria de origen, autorizado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Lo que ya quedó precisado en el inciso B) que antecede. Ello con independencia de las violaciones que aduzca en su demanda, pues constituyen aspectos de fondo que, en su caso, podrán ser sometidos a escrutinio constitucional en este juicio de amparo. Apoyan lo expuesto las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos.". "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Para determinar el precepto que se combate, tratándose de amparo contra leyes, debe atenderse no sólo al capítulo de actos reclamados sino al estudio integral de la demanda y de manera especial a los conceptos de violación que se aduzcan, pues es atendiendo a los razonamientos que se hacen valer como puede determinarse cuál es la norma que se ataca de inconstitucional.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, dado que así lo manifestaron las autoridades responsables en sus informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias relativas a la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, -en las que obra el acuerdo de no ejercicio de la acción penal-, así como un disco óptico que contiene la videograbación de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió confirmar el acuerdo impugnado. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. Resultan aplicables las tesis que se reproducen enseguida: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto se sintetizan brevemente los siguientes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El trece de abril de dos mil veintidós, ********************, por conducto de su apoderado, presentó querella ante la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, por los hechos que consideró delito cometido por servidores públicos en su perjuicio, virtud del no ejercicio de la acción penal dictado y autorizado en la carpeta de investigación número ********************, instruida en contra de ********************, por el delito de daño en las cosas doloso. Ello, al haber sido revocada dicha determinación por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Oral, en audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el cuaderno de antecedentes ******************** (sic), a fin de que se continuara con la investigación. 2. Lo anterior dio lugar a la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la Procuraduría General del Estado, por lo que la Agente investigadora ordenó llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de esclarecer los hechos. 3. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Titular de la Fiscalía Especializada autorizó el no ejercicio de la acción penal decretado por la Agente investigadora, por considerar que los hechos denunciados en la indagatoria de que se trata, no son constitutivos de delito. Esto medularmente porque el Ministerio Público tiene el deber de investigar los hechos con apariencia de delito, teniendo la responsabilidad de dirigir la investigación, lograr el esclarecimiento de los hechos y la identidad de las personas que participaron en ellos o lo cometieron; de modo que al haberse desplegados los actos de investigación pertinentes y recabados los datos de prueba, se llega a la convicción de que no existe una afectación patrimonial al denunciante, al no encuadrar los hechos en un delito previsto en la ley. La agente señalada notificó tal determinación a la interesada el cinco de octubre del año en mención. 4. Inconforme, el dieciocho del mes y año señalados, el apoderado de ******************** solicitó audiencia ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, para controlar aquella actuación, lo que dio lugar al cuaderno de antecedentes ********************. 5. El veinticuatro de noviembre de ese año, tuvo lugar la audiencia de que se trata, en la que, una vez escuchadas a las partes, el Juez de Control resolvió confirmar el acuerdo impugnado. Esto al considerar que el acuerdo de no ejercicio de la acción penal sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues el hecho denunciado -el dictado y autorización del diverso acuerdo de no ejercicio de la acción penal que fue revocado- no puede ser constitutivo de delito. Primordialmente porque los vicios de la determinación asumida por el Ministerio Público -fundamentación y motivación- ya fueron materia de revisión por el Juez de Control, quien resolvió revocarlo para continuar con la investigación, sin que sea necesario que el agente investigador emita un nuevo pronunciamiento, ya que basta con que el juez lo haya dejado sin efectos. Además, dijo, las facultades de investigación del fiscal le permiten dictar y autorizar el citado acuerdo de no ejercicio de la acción penal por los hechos materia de la indagatoria, lo que no puede dar lugar a estimar la existencia un elemento subjetivo -dolo- para violentar el bien jurídico tutelado. Aunado que, por sí solo, el citado acuerdo no puede generar un riesgo o daño del citado bien jurídico, porque su actuación se encuentra sujeta a revisión por un órgano jurisdiccional, quien en la especie resolvió lo conducente. Consecuentemente, el Juez de Control resolvió ratificar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal impugnado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto del acto precisado en el inciso B) del considerado segundo que se reclama a la Agente del Ministerio Público Investigadora y al titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, ambos de la Fiscalía General del Estado, quien esto resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesa" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre dicha causa de inejercitabilidad se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Luego, se puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, para el caso de tener un carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, si se actualiza ese supuesto de inejercicio, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, si es que no puede alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, examinados como un sistema jurídico coherente y no como normas de manera aislada, lleva a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este orden, existe otro supuesto en el que también "cesan los efectos" que se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. De lo anterior se tiene que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos, como de ordinario sucede en la materia administrativa en que la autoridad actúa de manera unilateral. En el mismo sentido, cabe acotar que en materia jurisdiccional la destrucción de los efectos no ocurre en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de tal suerte que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que la resolución de medio de impugnación lo confirme, los efectos del auto recurrido, cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación. Cobra aplicación, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, visible en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Luego, conforme a la relatoría de antecedentes previamente expuesta, se tiene presente que la quejosa reclama de la Agente investigadora y Fiscal especializado responsables el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que decreta el no ejercicio de la acción penal que se emitió dentro de la carpeta de investigación carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************. Sin embargo, es patente que aquella determinación fue sometida a escrutinio de una autoridad jurisdiccional, en concreto, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, en el cuaderno de antecedentes ********************. De modo que dicho órgano jurisdiccional revisor en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, resolvió confirmar el auto impugnado. Así las cosas, debe estimarse que el no ejercicio de la acción penal que se reclama en este juicio de amparo fue sometido a un medio ordinario idóneo de defensa, por lo que lo resuelto en este último es lo que podrá ser sometido a examen constitucional en esta instancia, pues incluso tal acto fue precisado en el inciso A) del considerando segundo de esta sentencia. De ahí que si los efectos del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós fueron procesalmente sustituidos con la resolución que recayó a su impugnación, destruyeron todos sus efectos; entonces, se actualizo la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la Agente del Ministerio Público Investigadora y del titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, ambos de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia que amerite pronunciamiento, ni de oficio se advierte su actualización, lo que se impone es proceder en el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa hace valer los siguientes planteamientos: El acuerdo de no ejercicio de la acción penal no fue precedido de una autorización o visto bueno de autoridad competente; y es incongruente con los hechos denunciados, porque se señala como imputado a "quien resulte responsable" cuando la acusación se presentó en contra de ********************, Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, y ********************, Agente del Ministerio Público Investigador, ambos de la Fiscalía General del Estado. Tampoco tiene en forma concisa antecedentes y puntos a resolver, ni está fundada y motivada. Que no se le entregó copia de la solicitud de autorización del no ejercicio de la acción penal y de la resolución que la autoriza. Que en el considerando segundo del acuerdo [de no ejercicio de la acción penal] únicamente se hace una relación de hechos y se omite advertir que los documentos contienen alteraciones y no existe congruencia con la determinación asumida, de modo que no se sigue la investigación conforme al artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Menos aún el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, acorde a lo previsto en el artículo 327 del código en mención. En el considerando tercero nunca se refiere a los hechos denunciados, esto es, no expone los motivos y fundamentos que llevaran a concluir el no ejercicio de la acción penal. Al considerarse ese extremo se pre juzga y resuelve una acción que no le compete y corresponde. La autoridad ministerial nunca investigó los hechos denunciados sobre la negación de la prestación del servicio público y emite un acuerdo que no se encuentra fundado y motivado. La agente investigadora violentó el debido proceso al no individualizar la acción en contra de las personas señaladas como imputadas, sin esclarecer los hechos. Las autoridades ministeriales se niegan a realizar la investigación que a sus facultades corresponde, incurriendo en ser juez y parte dentro de la misma indagatoria. La resolución emitida por el Juez de Control no se encuentra fundada y motivada, además de que es violatoria de los principios rectores del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, porque el órgano revisor no estaba facultado para imponerse motu proprio de la información que integra la carpeta de investigación, so pena de trastocar el principio de contradicción. Lo anterior es ineficaz. Por regla general la inoperancia de los agravios esgrimidos en un recurso se actualiza cuando se presentó algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, lo cual puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida; o bien, de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, lo que acontece en los supuestos siguientes: a) Al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia recurrida; b) Al introducir argumentos novedosos a la litis del juicio de origen; y, c) Ante la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en la tesis 188/2009 -aplicada por analogía-, localizable en la página 424, Tomo XXX, noviembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUÉLLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". De lo anterior se desprende que uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los agravios en los recursos, se configura cuando dichos motivos de disenso son ineficaces porque no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la resolución recurrida, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la determinación recurrida. En el caso, la ineficacia de las argumentaciones vertidas a título de conceptos de violación en los planteamientos que van de los numerales 1) al 8) surge porque con ellas no se combaten toralmente las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. En concreto, aquellas razones por las cuales el Juez de Control responsable estimó que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, pues el no ejercicio de la acción penal es una facultad del ministerio público que, por sí misma, no genera un dolo, además de su actuación se encuentra sujeta a un órgano revisor, el que en la especie resolvió revocar aquella determinación. De modo que si con sus aseveraciones la parte quejosa pretende evidenciar en esta instancia constitucional la ilegalidad del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el no ejercicio de la acción penal emitido por las autoridades ministeriales, que fue impugnado ante el Juez de Control no así la resolución que lo confirma, es inconcuso que sus manifestaciones se tornan inoperantes. Máxime que conforme a lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia, el juicio de amparo resultó improcedente en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, de modo que existe un impedimento técnico para el que suscribe de abordar los conceptos de violación en su contra. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por otra parte, en torno al planteamiento descrito en el numeral 9) es infundado. Para demostrar tal aserto se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que, en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad, deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales debían ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución materialmente jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Adicionado a lo anterior, el más Alto Tribunal también ha considerado que tratándose de la fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales, se cumple con el requisito si los razonamientos expuestos involucran o conducen a las normas aplicadas, al margen de que éstas se citen expresamente. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.". En el caso, del contenido de la videograbación de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se obtiene que el juez responsable decidió sobre la solicitud planteada por el aquí quejoso respecto del control del acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado y autorizado en la carpeta de investigación de origen. Para ello, se dio cuenta con las partes ahí presentes -apoderado de la víctima y Ministerio Público-, quienes hicieron valer las argumentaciones que estimaron pertinentes. El primero en vía de agravios expuso diversas aseveraciones a fin de evidenciar la ilegalidad de la actuación del ministerio público; mientras que el segundo sostuvo la fundamentación y motivación de su proceder, para reiterar que los hechos materia de la indagatoria no son constitutivos de delito. Por ello, una vez que el juez responsable se allegó en forma oral de los elementos que estimó pertinentes resolvió ratificar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal impugnado. Esto porque consideró que, contrario a la apreciación del apoderado de la víctima, aquí quejosa, tal acuerdo sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues el hecho denunciado -el dictado y autorización del diverso acuerdo de no ejercicio de la acción penal que fue revocado- no puede ser constitutivo de delito. Primordialmente porque los vicios de la determinación asumida por el Ministerio Público -fundamentación y motivación- ya fueron materia de revisión por el Juez de Control, quien resolvió revocarlo para continuar con la investigación, sin que sea necesario que el agente investigador emita un nuevo pronunciamiento, ya que basta con que el juez lo haya dejado sin efectos. Además, dijo, las facultades de investigación del fiscal le permiten dictar y autorizar el citado acuerdo de no ejercicio de la acción penal por los hechos materia de la indagatoria, lo que no puede dar lugar a estimar la existencia un elemento subjetivo -dolo- para violentar el bien jurídico tutelado. Aunado que, por sí solo, el citado acuerdo no puede generar un riesgo o daño del citado bien jurídico, porque su actuación se encuentra sujeta a revisión por un órgano jurisdiccional, quien en la especie resolvió lo conducente. De esta manera, este Juzgador Federal estima que la resolución reclamada en este juicio de amparo sí se apega a las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ello porque la autoridad responsable emitió su pronunciamiento de acuerdo a la litis sometida a su potestad, escuchando los planteamientos de las partes, así como haciendo una relación clara y concisa de las razones y motivos que le llevaron a concluir la ratificación del acuerdo no ejercicio de la acción penal; tal como lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tocante al señalamiento que hace la parte quejosa de violación a los principios del sistema penal acusatorio, al indicar que el juez responsable se impuso motu proprio de la información que integra la carpeta de investigación, también es infundado. Es así porque si bien al resolver sobre el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control se encuentra obligado a respetar los principios de publicidad, oralidad y contradicción previstos en el artículo 20 Constitucional, también lo es que, como órgano revisor, debe allegarse de los elementos necesarios para emitir su resolución. Lo que en la especie acontece a través de la exposición oral de cada una de las partes, es decir, a través de los agravios del recurrente y los argumentos de la autoridad ministerial que sostengan su actuación. Luego, es de destacarse que al resolver la contradicción de tesis 252/2018, la Primera Sala del Alto Tribunal concluyó que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sino que, expuso, debe resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior, dijo, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez juzgar a partir de los elementos que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para acometer la acusación y la defensa, respectivamente. Ello porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. pues conforme al artículo 20, fracción X, constitucional, entre otros, los principios de publicidad, oralidad y contradicción son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado, precede al juicio, por lo que si el Juez consultara la carpeta de investigación, estaría violando tanto su posición institucional en el sistema acusatorio como el principio de contradicción, ya que adoptaría la posición activa que corresponde a las partes. Conclusión que, además, dijo, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento, que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios en la audiencia, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En este sentido, concluyó, cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Esto, enfatizo, porque en términos del artículo 20 constitucional, las argumentaciones y actuaciones probatorias se presentarán, por regla general, de manera oral en las audiencias, regla que rige en las audiencias previas a juicio, como es el caso, y aunque excepcionalmente se acepten determinadas actuaciones escritas, como lo establece el artículo 52 de ese ordenamiento, no es el caso en esta audiencia, pues no está expresamente previsto en el artículo 258 citado, como sí lo está en los casos en que se acepta excepcionalmente, como en el recurso de apelación en términos del artículo 471 del mismo ordenamiento, que establece que ese recurso debe interponerse por escrito y en ese documento expresarse los agravios. Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia 23/2019 que enseguida se transcribe: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse.". Conforme a tales previsiones, contrario a la apreciación de la parte quejosa no existe violación a los principios del sistema penal acusatorio, pues el hecho de que el juez responsable se haya impuesto de la información que las partes le expusieron oralmente en la audiencia, no quiere decir que éste se haya impuesto de la carpeta de investigación. Tanto es así que previo a resolver lo pertinente, el juez responsable cuestionó en diversas ocasiones a los intervinientes sobre los hechos que fueron materia de investigación y los motivos que sustentaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Ello con la finalidad de delimitar la litis en lo que a su potestad corresponde, pues resultaba indispensable conocer aquellos aspectos para emitir una resolución de manera fundada y motivada. De ahí que si el juez no se impuso directamente de los registros de la carpeta de investigación sino que solo analizó los argumentos que integran la litis del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, no se advierte violación alguna contra los derechos fundamentales del quejoso. Por tanto, es infundado el planteamiento relativo. Finalmente, no pasa inadvertido para este Juzgador Federal que la quejosa también argumenta que el juez responsable omitió lo previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque nunca se le solicitó el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, tal aseveración es infundada. El dispositivo en mención es del contenido siguiente: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley.". De lo que se colige que una vez judicializada la carpeta de investigación ante un Juez de Control, el Ministerio Público, el imputado o su defensor, podrán solicitar el sobreseimiento de la causa por las diversas razones ahí enunciadas. Esto invariablemente quiere decir que aquella solicitud se presenta una vez que se verificó la audiencia inicial del proceso penal, en la que se formuló la imputación respectiva, pues dicho precepto se encuentra dentro del Título VI de "Audiencia inicial". De tal suerte que si en la especie no se ha llegado a aquella etapa -por encontrarse la causa en etapa de investigación- no se surte la hipótesis descrita y, en todo caso, son aplicables las disposiciones especiales sobre el no ejercicio de la acción penal y su impugnación, en concreto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que al no abonar el argumento de la quejosa a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por el Juez de Control, debe calificarse como infundado. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio de la peticionario de amparo derechos fundamentales, ni se advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja a su favor, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto y autoridades que quedaron precisadas, por las razones expuestas en considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.LFSL

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 24 NDE FEBRERO DEL 2023, MEDIANTE LISTA NOTIFICO a las Agentes del Ministerio Público que formularon la imputación al quejoso, licenciadas Patricia Hernández Guzmán y Carolina García Rojas la resolución con engrose de veintiuno de febrero en curso, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades: y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, en cuanto apoderado de ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en los términos siguientes: "V.- Actos Reclamados. a).- La Resolución de fecha 22 veintidós de septiembre del 2022 dos mil veintidós, y respecto a la notificación el día 4 cuatro de octubre del año 2022 dos mil veintidós, dictada por la Licenciada ********************, Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con visto bueno o autorización del Licenciado ********************, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, decretando el No Ejercicio de la Acción Penal, dentro de la Carpeta de Investigación número ********************, con Número Único de Caso ********************, por el delito de ********************, previsto por el artículo 241, fracción VI y 243 fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán cometido en agravio de ********************. b).- La Resolución formulada en la Audiencia de Tutela de Derechos, sobre Omisiones del Ministerio Público que paraliza la Investigación de la Carpeta de Investigación número ********************, con Número Único de Caso ********************, llevada al cabo a las 09:00 horas del 24 veinticuatro de noviembre de 2022 dos mil veintidós, dentro del cuaderno de antecedentes, registrado bajo el número ********************, que confirma la Resolución de fecha 4 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, dictada por la Licenciada ********************, Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con visto bueno o autorización del Licenciado ********************, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, decretando el No Ejercicio de Acción Penal, dentro de la Carpeta de Investigación número ********************, con Número Único de Caso ********************, por el delito de ********************, previsto por el artículo 241, fracción VI y 243 fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán cometido en agravio de ********************. Los actos reclamados se les atribuyen a las Autoridades señaladas como responsables, ya sea que los ejecuten por sí mismas o a través de sus inferiores jerárquicos, subordinados, policías o cualesquiera otras Autoridades a sus órdenes. c).- También se señala como acto reclamado, los artículos 1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 108 y 109 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVI y XXII, del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículos 1°, 2°, 3°, 4° párrafo I, IV, 5°, 6°, 7°, fracciones I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXII, XXIII, XXVIII, 10°, 11, 12 FRACCIONES I, II, III, IV, X, 14 y 15 de la Ley General de Víctimas, en que la autoridad funda y motiva el no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación que se combate.". En ese libelo, el promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en perjuicio de su representada, los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de dieciséis del mes y año anotados, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el progresivo ********************, y determinó prevenir al ocursante para que acreditara la personalidad con la que se ostenta. Dicho requerimiento quedó solventado en los términos del escrito de veintidós siguiente. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite el asunto, requirió su informe con justificación a la autoridades señaladas como responsables y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. En proveído de tres de enero del actual, reconoció el carácter de autoridades terceras interesadas a las Agentes del Ministerio Público ******************** y ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el trece de febrero de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente a este asunto, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que, de manera destacada, se impugna en este juicio constitucional un acto declarativo emitido por una autoridad jurisdiccional del orden penal que reside dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado Federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo de los artículos 1º, 74, fracciones I y II, 77, fracciones I y II, y 108, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo, se obtienen las siguientes premisas: a) El acto reclamado en el juicio de amparo, es la manifestación de la voluntad, que puede corresponder a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. b) Entre otros, los actos pueden clasificarse en positivos (se traducen en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades); negativos (en los que la autoridad se rehúsa expresamente a acceder a las pretensiones de los individuos), prohibitivos (donde la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos o fijan una limitación que tiene efectos positivos); y, omisivos (en los que la autoridad se abstiene de actuar). c) Por su parte, los conceptos de violación corresponden a todos los razonamientos, apreciaciones valorativas, observaciones y/o calificativos que se hagan valer en el escrito de demanda, sobre la constitucionalidad (en amparo adhesivo) o inconstitucionalidad (en amparo indirecto o directo), de los actos reclamados, que se vinculan con el estudio de fondo del asunto, una vez que se determine la procedencia del juicio de amparo. d) De igual forma, ha sido criterio reiterado del más alto Tribunal de la Nación, que para precisar los actos reclamados, el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad (incluyendo los conceptos de violación), con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido; e, incluso, para tal efecto, puede analizar la totalidad de la información del expediente del juicio. e) Empero, aun cuando para fijar los actos reclamados deben tomarse en cuenta las argumentaciones que a manera de conceptos de violación expone el promovente en su demanda de amparo y ampliación, lo cierto es que en atención a su concepto y relevancia no constituyen lo mismo, porque, el acto reclamado constituye la conducta activa o pasiva que expresamente se combate y los motivos de disenso las razones por las que se considera que esta no se apega a la Constitución General. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/26 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 69, tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual se comparte y establece: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia: La resolución dictada en la audiencia veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cuaderno de antecedentes ********************, formado con motivo de la solicitud de tutela de derechos, respecto del acuerdo de no ejercicio de la acción penal autorizado el veintidós de septiembre de ese año, que se dictó en la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, que se formó a partir de la denuncia presentada por la aquí quejosa, por los hechos que consideró constitutivos del delito cometido por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. De la Agente del Ministerio Público Investigadora y del Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, ambos de la Fiscalía General del Estado: El mencionado acuerdo de no ejercicio de la acción penal autorizado el veintidós de septiembre de ese año, que se dictó en la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************. Lo anterior sin que se ignore el señalamiento de la parte quejosa de combatir también diversos preceptos en los que las autoridades ministeriales fundamentaron y motivaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, pues en realidad ello constituye una de las razones por las que se considera que tal determinación -confirmada por el juez de control- no se apega a la Constitución General. Máxime que de la lectura de sus conceptos de violación se obtiene que pretende evidenciar la falta de fundamentación y motivación del acuerdo descrito y la resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos. De ahí que no se analizaran motivos de disenso para cuestionar la regularidad constitucional de los preceptos que reclama. Lo que denota que más bien no era deseo de la quejosa señalarlo como acto reclamado sino como violación. Ello al margen de que, como ser verá, los efectos de tal determinación de no ejercicio de la acción penal cesaron; siendo este el acto concreto de aplicación. De ahí que resultara innecesario llamar a las autoridades legislativas. Tampoco obsta que la quejosa señale como acto reclamado "la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada por la agente investigadora con visto bueno o autorización del Fiscal especializado", pues en realidad se refiere al acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado en la indagatoria de origen, autorizado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Lo que ya quedó precisado en el inciso B) que antecede. Ello con independencia de las violaciones que aduzca en su demanda, pues constituyen aspectos de fondo que, en su caso, podrán ser sometidos a escrutinio constitucional en este juicio de amparo. Apoyan lo expuesto las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos.". "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Para determinar el precepto que se combate, tratándose de amparo contra leyes, debe atenderse no sólo al capítulo de actos reclamados sino al estudio integral de la demanda y de manera especial a los conceptos de violación que se aduzcan, pues es atendiendo a los razonamientos que se hacen valer como puede determinarse cuál es la norma que se ataca de inconstitucional.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, dado que así lo manifestaron las autoridades responsables en sus informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias relativas a la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, -en las que obra el acuerdo de no ejercicio de la acción penal-, así como un disco óptico que contiene la videograbación de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió confirmar el acuerdo impugnado. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. Resultan aplicables las tesis que se reproducen enseguida: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto se sintetizan brevemente los siguientes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El trece de abril de dos mil veintidós, ********************, por conducto de su apoderado, presentó querella ante la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, por los hechos que consideró delito cometido por servidores públicos en su perjuicio, virtud del no ejercicio de la acción penal dictado y autorizado en la carpeta de investigación número ********************, instruida en contra de ********************, por el delito de daño en las cosas doloso. Ello, al haber sido revocada dicha determinación por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Oral, en audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el cuaderno de antecedentes ******************** (sic), a fin de que se continuara con la investigación. 2. Lo anterior dio lugar a la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la Procuraduría General del Estado, por lo que la Agente investigadora ordenó llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de esclarecer los hechos. 3. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Titular de la Fiscalía Especializada autorizó el no ejercicio de la acción penal decretado por la Agente investigadora, por considerar que los hechos denunciados en la indagatoria de que se trata, no son constitutivos de delito. Esto medularmente porque el Ministerio Público tiene el deber de investigar los hechos con apariencia de delito, teniendo la responsabilidad de dirigir la investigación, lograr el esclarecimiento de los hechos y la identidad de las personas que participaron en ellos o lo cometieron; de modo que al haberse desplegados los actos de investigación pertinentes y recabados los datos de prueba, se llega a la convicción de que no existe una afectación patrimonial al denunciante, al no encuadrar los hechos en un delito previsto en la ley. La agente señalada notificó tal determinación a la interesada el cinco de octubre del año en mención. 4. Inconforme, el dieciocho del mes y año señalados, el apoderado de ******************** solicitó audiencia ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, para controlar aquella actuación, lo que dio lugar al cuaderno de antecedentes ********************. 5. El veinticuatro de noviembre de ese año, tuvo lugar la audiencia de que se trata, en la que, una vez escuchadas a las partes, el Juez de Control resolvió confirmar el acuerdo impugnado. Esto al considerar que el acuerdo de no ejercicio de la acción penal sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues el hecho denunciado -el dictado y autorización del diverso acuerdo de no ejercicio de la acción penal que fue revocado- no puede ser constitutivo de delito. Primordialmente porque los vicios de la determinación asumida por el Ministerio Público -fundamentación y motivación- ya fueron materia de revisión por el Juez de Control, quien resolvió revocarlo para continuar con la investigación, sin que sea necesario que el agente investigador emita un nuevo pronunciamiento, ya que basta con que el juez lo haya dejado sin efectos. Además, dijo, las facultades de investigación del fiscal le permiten dictar y autorizar el citado acuerdo de no ejercicio de la acción penal por los hechos materia de la indagatoria, lo que no puede dar lugar a estimar la existencia un elemento subjetivo -dolo- para violentar el bien jurídico tutelado. Aunado que, por sí solo, el citado acuerdo no puede generar un riesgo o daño del citado bien jurídico, porque su actuación se encuentra sujeta a revisión por un órgano jurisdiccional, quien en la especie resolvió lo conducente. Consecuentemente, el Juez de Control resolvió ratificar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal impugnado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto del acto precisado en el inciso B) del considerado segundo que se reclama a la Agente del Ministerio Público Investigadora y al titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, ambos de la Fiscalía General del Estado, quien esto resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesa" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre dicha causa de inejercitabilidad se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Luego, se puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, para el caso de tener un carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, si se actualiza ese supuesto de inejercicio, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, si es que no puede alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, examinados como un sistema jurídico coherente y no como normas de manera aislada, lleva a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este orden, existe otro supuesto en el que también "cesan los efectos" que se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. De lo anterior se tiene que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos, como de ordinario sucede en la materia administrativa en que la autoridad actúa de manera unilateral. En el mismo sentido, cabe acotar que en materia jurisdiccional la destrucción de los efectos no ocurre en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de tal suerte que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que la resolución de medio de impugnación lo confirme, los efectos del auto recurrido, cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación. Cobra aplicación, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, visible en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Luego, conforme a la relatoría de antecedentes previamente expuesta, se tiene presente que la quejosa reclama de la Agente investigadora y Fiscal especializado responsables el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que decreta el no ejercicio de la acción penal que se emitió dentro de la carpeta de investigación carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************. Sin embargo, es patente que aquella determinación fue sometida a escrutinio de una autoridad jurisdiccional, en concreto, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, en el cuaderno de antecedentes ********************. De modo que dicho órgano jurisdiccional revisor en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, resolvió confirmar el auto impugnado. Así las cosas, debe estimarse que el no ejercicio de la acción penal que se reclama en este juicio de amparo fue sometido a un medio ordinario idóneo de defensa, por lo que lo resuelto en este último es lo que podrá ser sometido a examen constitucional en esta instancia, pues incluso tal acto fue precisado en el inciso A) del considerando segundo de esta sentencia. De ahí que si los efectos del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós fueron procesalmente sustituidos con la resolución que recayó a su impugnación, destruyeron todos sus efectos; entonces, se actualizo la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la Agente del Ministerio Público Investigadora y del titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, ambos de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia que amerite pronunciamiento, ni de oficio se advierte su actualización, lo que se impone es proceder en el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa hace valer los siguientes planteamientos: El acuerdo de no ejercicio de la acción penal no fue precedido de una autorización o visto bueno de autoridad competente; y es incongruente con los hechos denunciados, porque se señala como imputado a "quien resulte responsable" cuando la acusación se presentó en contra de ********************, Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, y ********************, Agente del Ministerio Público Investigador, ambos de la Fiscalía General del Estado. Tampoco tiene en forma concisa antecedentes y puntos a resolver, ni está fundada y motivada. Que no se le entregó copia de la solicitud de autorización del no ejercicio de la acción penal y de la resolución que la autoriza. Que en el considerando segundo del acuerdo [de no ejercicio de la acción penal] únicamente se hace una relación de hechos y se omite advertir que los documentos contienen alteraciones y no existe congruencia con la determinación asumida, de modo que no se sigue la investigación conforme al artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Menos aún el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, acorde a lo previsto en el artículo 327 del código en mención. En el considerando tercero nunca se refiere a los hechos denunciados, esto es, no expone los motivos y fundamentos que llevaran a concluir el no ejercicio de la acción penal. Al considerarse ese extremo se pre juzga y resuelve una acción que no le compete y corresponde. La autoridad ministerial nunca investigó los hechos denunciados sobre la negación de la prestación del servicio público y emite un acuerdo que no se encuentra fundado y motivado. La agente investigadora violentó el debido proceso al no individualizar la acción en contra de las personas señaladas como imputadas, sin esclarecer los hechos. Las autoridades ministeriales se niegan a realizar la investigación que a sus facultades corresponde, incurriendo en ser juez y parte dentro de la misma indagatoria. La resolución emitida por el Juez de Control no se encuentra fundada y motivada, además de que es violatoria de los principios rectores del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, porque el órgano revisor no estaba facultado para imponerse motu proprio de la información que integra la carpeta de investigación, so pena de trastocar el principio de contradicción. Lo anterior es ineficaz. Por regla general la inoperancia de los agravios esgrimidos en un recurso se actualiza cuando se presentó algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, lo cual puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida; o bien, de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, lo que acontece en los supuestos siguientes: a) Al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia recurrida; b) Al introducir argumentos novedosos a la litis del juicio de origen; y, c) Ante la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en la tesis 188/2009 -aplicada por analogía-, localizable en la página 424, Tomo XXX, noviembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUÉLLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". De lo anterior se desprende que uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los agravios en los recursos, se configura cuando dichos motivos de disenso son ineficaces porque no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la resolución recurrida, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la determinación recurrida. En el caso, la ineficacia de las argumentaciones vertidas a título de conceptos de violación en los planteamientos que van de los numerales 1) al 8) surge porque con ellas no se combaten toralmente las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. En concreto, aquellas razones por las cuales el Juez de Control responsable estimó que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, pues el no ejercicio de la acción penal es una facultad del ministerio público que, por sí misma, no genera un dolo, además de su actuación se encuentra sujeta a un órgano revisor, el que en la especie resolvió revocar aquella determinación. De modo que si con sus aseveraciones la parte quejosa pretende evidenciar en esta instancia constitucional la ilegalidad del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el no ejercicio de la acción penal emitido por las autoridades ministeriales, que fue impugnado ante el Juez de Control no así la resolución que lo confirma, es inconcuso que sus manifestaciones se tornan inoperantes. Máxime que conforme a lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia, el juicio de amparo resultó improcedente en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, de modo que existe un impedimento técnico para el que suscribe de abordar los conceptos de violación en su contra. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por otra parte, en torno al planteamiento descrito en el numeral 9) es infundado. Para demostrar tal aserto se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que, en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad, deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales debían ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución materialmente jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Adicionado a lo anterior, el más Alto Tribunal también ha considerado que tratándose de la fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales, se cumple con el requisito si los razonamientos expuestos involucran o conducen a las normas aplicadas, al margen de que éstas se citen expresamente. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.". En el caso, del contenido de la videograbación de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se obtiene que el juez responsable decidió sobre la solicitud planteada por el aquí quejoso respecto del control del acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado y autorizado en la carpeta de investigación de origen. Para ello, se dio cuenta con las partes ahí presentes -apoderado de la víctima y Ministerio Público-, quienes hicieron valer las argumentaciones que estimaron pertinentes. El primero en vía de agravios expuso diversas aseveraciones a fin de evidenciar la ilegalidad de la actuación del ministerio público; mientras que el segundo sostuvo la fundamentación y motivación de su proceder, para reiterar que los hechos materia de la indagatoria no son constitutivos de delito. Por ello, una vez que el juez responsable se allegó en forma oral de los elementos que estimó pertinentes resolvió ratificar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal impugnado. Esto porque consideró que, contrario a la apreciación del apoderado de la víctima, aquí quejosa, tal acuerdo sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues el hecho denunciado -el dictado y autorización del diverso acuerdo de no ejercicio de la acción penal que fue revocado- no puede ser constitutivo de delito. Primordialmente porque los vicios de la determinación asumida por el Ministerio Público -fundamentación y motivación- ya fueron materia de revisión por el Juez de Control, quien resolvió revocarlo para continuar con la investigación, sin que sea necesario que el agente investigador emita un nuevo pronunciamiento, ya que basta con que el juez lo haya dejado sin efectos. Además, dijo, las facultades de investigación del fiscal le permiten dictar y autorizar el citado acuerdo de no ejercicio de la acción penal por los hechos materia de la indagatoria, lo que no puede dar lugar a estimar la existencia un elemento subjetivo -dolo- para violentar el bien jurídico tutelado. Aunado que, por sí solo, el citado acuerdo no puede generar un riesgo o daño del citado bien jurídico, porque su actuación se encuentra sujeta a revisión por un órgano jurisdiccional, quien en la especie resolvió lo conducente. De esta manera, este Juzgador Federal estima que la resolución reclamada en este juicio de amparo sí se apega a las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ello porque la autoridad responsable emitió su pronunciamiento de acuerdo a la litis sometida a su potestad, escuchando los planteamientos de las partes, así como haciendo una relación clara y concisa de las razones y motivos que le llevaron a concluir la ratificación del acuerdo no ejercicio de la acción penal; tal como lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tocante al señalamiento que hace la parte quejosa de violación a los principios del sistema penal acusatorio, al indicar que el juez responsable se impuso motu proprio de la información que integra la carpeta de investigación, también es infundado. Es así porque si bien al resolver sobre el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control se encuentra obligado a respetar los principios de publicidad, oralidad y contradicción previstos en el artículo 20 Constitucional, también lo es que, como órgano revisor, debe allegarse de los elementos necesarios para emitir su resolución. Lo que en la especie acontece a través de la exposición oral de cada una de las partes, es decir, a través de los agravios del recurrente y los argumentos de la autoridad ministerial que sostengan su actuación. Luego, es de destacarse que al resolver la contradicción de tesis 252/2018, la Primera Sala del Alto Tribunal concluyó que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sino que, expuso, debe resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior, dijo, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez juzgar a partir de los elementos que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para acometer la acusación y la defensa, respectivamente. Ello porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. pues conforme al artículo 20, fracción X, constitucional, entre otros, los principios de publicidad, oralidad y contradicción son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado, precede al juicio, por lo que si el Juez consultara la carpeta de investigación, estaría violando tanto su posición institucional en el sistema acusatorio como el principio de contradicción, ya que adoptaría la posición activa que corresponde a las partes. Conclusión que, además, dijo, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento, que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios en la audiencia, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En este sentido, concluyó, cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Esto, enfatizo, porque en términos del artículo 20 constitucional, las argumentaciones y actuaciones probatorias se presentarán, por regla general, de manera oral en las audiencias, regla que rige en las audiencias previas a juicio, como es el caso, y aunque excepcionalmente se acepten determinadas actuaciones escritas, como lo establece el artículo 52 de ese ordenamiento, no es el caso en esta audiencia, pues no está expresamente previsto en el artículo 258 citado, como sí lo está en los casos en que se acepta excepcionalmente, como en el recurso de apelación en términos del artículo 471 del mismo ordenamiento, que establece que ese recurso debe interponerse por escrito y en ese documento expresarse los agravios. Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia 23/2019 que enseguida se transcribe: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse.". Conforme a tales previsiones, contrario a la apreciación de la parte quejosa no existe violación a los principios del sistema penal acusatorio, pues el hecho de que el juez responsable se haya impuesto de la información que las partes le expusieron oralmente en la audiencia, no quiere decir que éste se haya impuesto de la carpeta de investigación. Tanto es así que previo a resolver lo pertinente, el juez responsable cuestionó en diversas ocasiones a los intervinientes sobre los hechos que fueron materia de investigación y los motivos que sustentaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Ello con la finalidad de delimitar la litis en lo que a su potestad corresponde, pues resultaba indispensable conocer aquellos aspectos para emitir una resolución de manera fundada y motivada. De ahí que si el juez no se impuso directamente de los registros de la carpeta de investigación sino que solo analizó los argumentos que integran la litis del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, no se advierte violación alguna contra los derechos fundamentales del quejoso. Por tanto, es infundado el planteamiento relativo. Finalmente, no pasa inadvertido para este Juzgador Federal que la quejosa también argumenta que el juez responsable omitió lo previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque nunca se le solicitó el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, tal aseveración es infundada. El dispositivo en mención es del contenido siguiente: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley.". De lo que se colige que una vez judicializada la carpeta de investigación ante un Juez de Control, el Ministerio Público, el imputado o su defensor, podrán solicitar el sobreseimiento de la causa por las diversas razones ahí enunciadas. Esto invariablemente quiere decir que aquella solicitud se presenta una vez que se verificó la audiencia inicial del proceso penal, en la que se formuló la imputación respectiva, pues dicho precepto se encuentra dentro del Título VI de "Audiencia inicial". De tal suerte que si en la especie no se ha llegado a aquella etapa -por encontrarse la causa en etapa de investigación- no se surte la hipótesis descrita y, en todo caso, son aplicables las disposiciones especiales sobre el no ejercicio de la acción penal y su impugnación, en concreto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que al no abonar el argumento de la quejosa a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por el Juez de Control, debe calificarse como infundado. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio de la peticionario de amparo derechos fundamentales, ni se advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja a su favor, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto y autoridades que quedaron precisadas, por las razones expuestas en considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.LFSL

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