Laura Gamiño Ortiz
Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Gamiño Ortiz
- Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Legislativo de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1 Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUIRSE. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 4. Devolución de tomo de pruebas. Por otra parte, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas, que remitió la autoridad responsable Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. 5. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1376/2022, promovido por José Silva Sotelo, en cuanto apoderado jurídico de la quejosa Laura Gamiño Ortiz, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Diputada Julieta García Zepeda, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán; y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: De las Diputadas Julieta García Zepeda, Daniela de los Santos Torres, Liz Alejandra Hernández Morales y María Gabriela Cázares Blanco, en cuanto Presidenta, Primera, Segunda y Tercera Secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. El acuerdo número 266 de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán, que declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por la quejosa, en contra de Arnulfo Torres Delgado y Juan Antonio Magaña de la Mora, en cuanto Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal y Magistrado de la Cuarta Sala Penal, respectivamente, ambos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Oficio número SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1078/22 de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Mesa Directiva de la 75 Legislatura de Michoacán, dirigido al apoderado jurídico de la quejosa, donde se le notifica el acuerdo 266. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Existencia de la norma, acto y omisión reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, ya que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, por sí y en representación de las Diputadas señaladas como responsables, reconoció expresamente los actos que se les atribuyen. Existencia que se corrobora con las constancias remitidas junto con el informe de ley, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, con valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, las autoridades responsables hicieron valer como causa de improcedencia la prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al respecto refieren que el juicio de amparo es improcedente en tanto que actuaron en ejercicio de las facultades constitucionales al resolver de forma soberana o en su caso discrecional al emitir el auto de improcedencia de juicio político. Es fundada la causal de improcedencia antes anotada. En efecto, la fracción VII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)" De lo anterior transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal, de las Cámaras que lo constituyen, los congresos locales o de sus respectivas comisiones, en declaración de procedencia y en juicio político, en uso de las facultades soberanas y discrecionales otorgadas constitucionalmente. Esto es, la causa de improcedencia del juicio de amparo está condicionada a que las Constituciones respectivas confieran a los órganos legislativos mencionados la potestad de resolver de manera soberana o discrecional lo relativo a la elección, suspensión o remoción de funcionarios. Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando quien la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. Será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. Así, las facultades soberanas o discrecionales que en su caso, otorguen las respectivas Constituciones a los órganos legislativos a que se refiere la porción normativa de la Ley de Amparo en estudio, deben de tener como características: La potestad de decidir sin injerencia de terceros -soberanamente-, o la atribución de resolver conforme a su arbitrio y prudencia en la adopción de su decisión -discrecionalmente-; y, Que esa decisión o determinación se encuentre libre de presión y no dependa de una tercera persona u órgano ajeno. De esa manera, entendido el significado de facultad soberana o discrecional, habrá que determinar si todos los actos que se despliegan en un juicio político, derivan de ese tipo de facultades. En principio, debe decirse que el procedimiento de juicio político es una institución fundamental del orden jurídico mexicano que deriva de los principios básicos que definen la estructura política del Estado Mexicano; tiende a proteger y hacer efectivas las disposiciones constitucionales, pues su finalidad es sancionar a los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones hayan realizado actos o incurrido en omisiones que causen perjuicios al interés público y a la función pública del Estado. El juicio político se encuentra previsto en los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido establece: "Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. La leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por los motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. (.) Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo." "Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables." De las citadas disposiciones normativas, se desprende lo siguiente: El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados tienen la facultad para expedir, en el ámbito de su respectiva competencia, las leyes que establezcan las conductas que generen responsabilidades de los servidores públicos. Los órganos legislativos de ambos niveles pueden señalar los procedimientos necesarios para imponer sanciones a los servidores públicos, siempre que cumplan con los mínimos que el mismo Texto Constitucional establece. El juicio político es un procedimiento que se instaurará tanto a nivel federal como a nivel local, cuyo objetivo es fincar responsabilidad política a los servidores públicos por la realización u omisión de actos que produzcan un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Cualquier ciudadano puede formular denuncia respecto de las conductas u omisiones de los servidores públicos que representen perjuicio a los intereses públicos. Las sanciones que se impongan a los servidores públicos derivadas de un juicio político, consistirán en destitución del cargo que desempeñaba, o inhabilitación para ocupar algún otro empleo en el servicio público por un periodo. Las resoluciones de la Cámara de Diputados actuando como órgano acusador, como las de la Cámara de Senadores en los casos en que desempeña funciones de jurado de sentencia, son inatacables. Esto tiene como consecuencia que en su contra no proceda medio de defensa alguno, incluido el juicio de amparo. Ahora, corresponde estudiar su regulación en la Constitución Local del Estado de Michoacán. El artículo 108 de la Constitución local de la entidad, dispone: "Artículo 108. El juicio político es el procedimiento para fincar responsabilidad política a un servidor público. Implica el ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por el Congreso del Estado y sus sanciones serán de carácter eminentemente político y administrativo. Podrán ser sujetos de juicio político, el Gobernador, los Diputados al Congreso, el Auditor Superior, los Magistrados, los Consejeros del Poder Judicial, los Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, y los integrantes o titulares de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, asimismo los integrantes y funcionarios de los ayuntamientos que señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de su encargo, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho públicos (sic) o cuando interfieran indebidamente a favor de partido político o candidato durante los procesos electorales. No procede juicio político por mera expresión de ideas. Las sanciones consistirán en la suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público estatal o municipal de acuerdo a la Ley de la materia. Se dará a conocer el resolutivo del juicio a todos los gobiernos de las Entidades Federativas y a los tres Poderes del Gobierno Federal, para los efectos legales y administrativos correspondientes. El procedimiento de juicio político estará reglamentado por la Ley. Las declaraciones y resoluciones del Congreso erigido en Jurado de Sentencia serán definitivas e inatacables." De la lectura anterior, se observa la facultad conferida al Congreso Estatal de erigirse en jurado de acusación y resolver si procede o no la acusación de un servidor público en el juicio político; asimismo, señala que en contra de la acusación o la sentencia no procede recurso alguno; lo cual permite afirmar que la Constitución Política del Estado de Michoacán, concede facultades soberanas o discrecionales al Congreso Estatal para resolver la remoción de un servidor público en el juicio político, ya que cuentan con la potestad para determinar sobre la responsabilidad política del denunciado. Aunado a que si tal y como lo dispone el numeral antes transcrito, las decisiones tomadas en el juicio político son inatacables, esto se debe al hecho de que el Congreso Estatal cuenta con la facultad para resolver de manera discrecional y soberana, ya que no se permite la injerencia de una tercera persona u órgano en ese procedimiento, característica que resulta propia de ese tipo de facultades. Bajo esa temática, se debe determinar ahora en qué etapa del juicio político se debe ubicar la solicitud que formula un ciudadano ante el Congreso Estatal, y cómo influye en el procedimiento la resolución que debe recaer a esa petición. En relación con el tópico en estudio, cabe señalar que los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, prevé lo siguiente: El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse previa denuncia por escrito. La denuncia de juicio político será ratificada dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales determinarán la procedencia de la denuncia en un plazo de veinte días naturales, esto es: a) si el denunciado está comprendido dentro de los servidores públicos sujetos de Juicio Político; y, b) si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas para proceder. El dictamen respectivo será turnado al Pleno del Congreso, si éste determina la improcedencia del juicio político, mandará archivar el expediente como asunto concluido. Si la denuncia resulta procedente, se notificará al denunciado para que comparezca o informe sobre sus excepciones y pruebas. Posteriormente se abrirá un periodo de valoración de pruebas. Luego se iniciará un plazo de alegatos y otro donde la Comisión Jurisdiccional dictaminará sus conclusiones. Finalmente el Presidente del Congreso citará al Pleno para que se erija en Jurado de Sentencia, donde se resolverá lo conducente y el propio Presidente hará la declaratoria correspondiente. De lo anterior, se desprende que el juicio político es un procedimiento en el que debe resaltarse la importancia de la fase inicial que se origina precisamente con la denuncia de cualquier ciudadano, pues a partir de ésta el Congreso Estatal, por conducto de la comisión respectiva, tendrá que analizar los requisitos básicos de la denuncia, esto es, que la conducta atribuida se ubique dentro de las causas para el juicio político; y que el servidor público denunciado sea sujeto de juicio político, pues a partir de ese análisis preliminar se determinará si procede dar trámite al procedimiento de juicio político. Esto es, en la fase inicial del procedimiento el órgano legislativo correspondiente, a efecto de determinar si procede dar trámite al juicio político, a través de la comisión encargada del análisis previo de la denuncia, se encargará de verificar si se satisfacen los requisitos básicos de procedibilidad, como son fundamentalmente que el servidor público denunciado sea sujeto de juicio político y que la conducta por la cual se formula la denuncia sea de aquéllas que generen una responsabilidad política, en términos de las normas constitucionales respectivas. En consecuencia, en términos de la Constitución Política y legislación del Estado de Michoacán, se puede advertir que planteada una denuncia política y notificada, se hace del conocimiento del Pleno del Congreso, y se turna a las Comisiones de Gobernación y puntos constitucionales, quienes analizan su procedencia para elaborar un dictamen que someten a votación del Pleno del Congreso, quien resuelve su archivo si la denuncia es notoriamente improcedente; por lo que tal resolución constituye el ejercicio de una facultad soberana y discrecional. En el caso particular, de las constancias que acompañaron las autoridades responsables junto con su informe, se observan los siguientes antecedentes: -Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, la aquí quejosa a través de su apoderado jurídico, solicitó -previa investigación- la radicación de juicio político en contra de Arnulfo Torres Delgado, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y Juan Antonio Magaña de la Mora, Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán; por actos de oposición y omisiones de ley que a su juicio constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus empleos como servidores públicos. -El catorce de ese mismo mes y año, se tuvo por radicada la denuncia señalada, ordenándose ratificar por escrito dentro de los tres días siguientes. -Por oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1006/22 de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se turnó a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la denuncia de juicio político de que se trata, a fin de que se determinara la procedencia del mismo. -En sesión celebrada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se reunieron las Diputadas Presidenta e integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Septuagésima Quinta Legislatura, para someter a consideración la Asamblea -entre otras cosas- lo siguiente: "lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que contiene acuerdo, por el que se declara improcedente la denuncia de Juicio Político presentada por la C. Laura Gamiño Ortiz, por medio de su apoderado el C. José Silva Sotelo, en contra de los CC. Arnulfo Torres Delgado y Juan Antonio Magaña de la Mora. Al término de la lectura en uso de la voz la Diputada Presidenta somete a votación el proyecto de dictamen. De lo anteriormente expuesto se llegó al siguiente: ACUERDO. Las Diputadas integrantes de las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por la C. Laura Gamiño Ortiz, por medio de su apoderado el C. José Silva Sotelo, en contra de los CC. Arnulfo Torres Delgado y Juan Antonio Magaña de la Mora, por lo que se instruyeron al Secretario Técnico Licenciado José Manuel López Gómez, realizar el trámite correspondiente para presentarlo a la Presidenta de la Mesa Directiva." -El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, emitió el Acuerdo 266, bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por la C. Laura Gamiño Ortiz, por medio de su apoderado el C. José Silva Sotelo, en contra de los CC. Arnulfo Torres Delgado y Juan Antonio Magaña de la Mora. SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de la C. Laura Gamiño Ortiz, para que haga valer su derecho ante la autoridad competente." De lo anterior, se advierte el procedimiento legislativo seguido desde la presentación de la denuncia de juicio político hasta la etapa en la cual el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, aprobó el dictamen de proyecto de acuerdo que se sometió a su consideración, y resolvió en ejercicio de su facultad soberana y discrecional, la improcedencia del juicio político solicitado por la parte quejosa. Por tanto, en atención a que lo actuado sobre la solicitud de denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos nombrados, presentada por la parte quejosa, así como el dictamen con proyecto de acuerdo aprobado en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, que resolvió improcedente dicha petitoria constituyen actos emitidos en ejercicio de las facultades soberanas y discrecionales que sobre el tema, concede la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Ello, toda vez que el procedimiento del que emanan los actos reclamados constituye un procedimiento autónomo de competencia exclusiva del órgano legislativo a que se hace referencia, cuya finalidad constitucional, es verificar que el denunciado sea sujeto de juicio político y que la conducta denunciada sea de aquélla que genera una responsabilidad política. Todo lo cual, permite evidenciar que el juicio de amparo es improcedente, en tanto que, como ya se dijo, la improcedencia de la denuncia del juicio político decretada por la legislatura local, constituye un acto emitido en ejercicio de las facultades soberanas y discrecionales que sobre el tema, concede la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Cabe indicar que, de resolver en los términos que pretende la parte quejosa, este órgano de control constitucional invadiría la esfera de competencia del Poder Legislativo, violentando con ello la independencia de poderes; aunado a que la solicitud de la parte quejosa es esencialmente política y la resolución respectiva no es más que un acto derivado de ese ejercicio; y como la violación de derechos políticos no da lugar al juicio de amparo. Es aplicable la tesis XXIV.2º.15K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2416, del tenor literal siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN FINAL O CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN O DETERMINACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO. La Ley de Amparo es precisa y categórica en establecer en la fracción VII del artículo 61, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en juicio político, sin establecer algún tipo de condición o circunstancia adicional; por tanto, el hecho de que las Constituciones correspondientes confieran a las Legislaturas la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, al emitir ciertos actos, no constituye una condicionante para estimar actualizada la hipótesis de improcedencia respectiva a los actos emitidos en juicio político, por tratarse de un supuesto nuevo a aquel que establecía la anterior Ley de Amparo, para declaraciones o resoluciones emitidas en elección, suspensión o remoción de funcionarios. En efecto, el actual artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo establece como supuestos de improcedencia, las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, cuando se trate de: a) Declaración de procedencia; b) Juicio Político; y, c) Elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana odiscrecionalmente. En consecuencia, sin conforme a la abrogada Ley de Amparo, contra la decisión que se tomara en el juicio político, era improcedente el juicio de amparo, y la actual ley no hace distinción sobre la etapa o naturaleza de la resolución respectiva, con mayor razón debe considerarse improcedente respecto de las actuaciones previas que motivaron la resolución correspondiente, pues tienen la misma naturaleza política. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra la resolución final, y respecto de cualquier otra actuación o determinación, una vez que se ha emitido el auto de incoación a juicio político, a un servidor público con motivo del ejercicio del cargo conferido". En consecuencia, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente, ello impide el análisis de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro: 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Laura Gamiño Ortiz, en los términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala
- Incidental
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con dos copias simples del libelo constitucional y escrito aclaratorio, tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1376/2022, promovido por Laura Gamiño Ortiz, por conducto de su apodero legal José Silva Sotelo, contra actos de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Legislativo de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 2. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlos por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple del libelo constitucional. Asimismo, deberán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. 3. AUDIENCIA INCIDENTAL. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. 4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL: 4.1. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados: a) El acuerdo número 266, emitido en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, por el Congreso del Estado de Michoacán, que declara improcedente la denuncia de juicio político que presentó, por conducto de su apoderado jurídico, en contra de Arnulfo Torres Delgado y Juan Antonio Magaña de la Mora. b) El oficio número SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1078/2022, de dieciséis de noviembre de la presente anualidad, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Primera, Segunda y Tercera Secretaria del Congreso del Estado, mediante el cual le notificaron el acuerdo 266. 4.2. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado; sin precisar los efectos para los cuales la requiere. 4.3. Interés jurídico suspensional. La pare quejosa adjuntó a su demanda de amparo copia del oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1078/2022, mediante el cual le fue notificado el acuerdo 266, en que se declaró improcedente la denuncia de juicio político que presentó en contra de servidores públicos. Documento que adquiere valor probatorio conforme al numeral 207 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles y adminiculado con las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, las cuales adquieren convicción al tener del artículo 200 de la misma legislación adjetiva, satisfacen su interés indiciario, para efectos de la suspensión provisional. 4.4 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: I. Solicitud de la parte agraviada. La quejosa solicito en demanda la suspensión de los actos reclamados. II. Existencia de los actos reclamados. Para que acredite, dicho tópico, la parte quejosa exhibe copia del oficio y acta que reclama. III. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse. Como quedo manifestado, se reclama un acuerdo emitido por autoridades del Congreso del Estado, que declaró improcedente la denuncia de juicio político presenta por el apoderado jurídico de Laura Gamiño Ortiz, en contra de Arnulfo Torres Delgado y Juan Antonio Magaña de la Mora, asimismo, dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer ante autoridad competente. De ello se advierte que el acuerdo y oficio mediante el cual le fue notificada dicha determinación es de naturaleza negativa, de carácter consumado, y el primero no lleva inmersa una ejecución material susceptible de suspenderse, al no tener efectos ejecutables y no se advierte que de no concederse la medida provisional tenga efectos de imposible reparación. Contrario a ello, de concederse esta medida precautoria, conllevaría efectos restitutorios propios de la materia de fondo a dilucidarse en sentencia definitiva. En apoyo al anterior criterio es de invocar la tesis de jurisprudencia número II.3º J/37, visible en la página 51, Tomo 60 Diciembre de 1992, Materia Común, registrada con el número 217665, de los Tribunales de Circuito Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Asimismo, resulta aplicable a lo determinado, la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". 5. PRUEBAS. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que refiere en su escrito de demanda; la que se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirla en la audiencia incidental. 7. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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