Laura Gamiño Ortiz
Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Gamiño Ortiz
- Fernando Sánchez Martínez, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Se autoriza vinculación. Visto el oficio signado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que guarda relación con el diverso ******************** de su índice. Por tanto, se comisiona a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita, para que haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo ********************, para efectos de su vinculación con el diverso ********************. Lo anterior se ordena hacer del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes.
- Principal
De la certificación de inicio y del estado de autos, se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. En esa virtud, como se trata de un asunto concluido y no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de ********************En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarla al expediente.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, en la que Laura Gamiño Ortiz, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: 1) Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Por los actos que se hacen consistir en: La resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el cuaderno de antecedentes 000185/2021, NUC 1003-2021-04844, en la que el Juez mencionado declaró improcedente la impugnación hecha valer por la parte quejosa, en contra de la declinatoria de competencia realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para conocer de la denuncia presentada en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortés, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, la cual quedó registrada con el número de carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, por los delitos de negligencia, desvío o abuso de autoridad y corrupción. Lo anterior, ya que consideró no estar facultado para revisar cualquier tipo de decisiones del Ministerio Público, además que la declinatoria de competencia es una decisión interna, meramente administrativa, que orgánicamente obedece a la distribución de cargas laborales al interior de la Fiscalía. Así pues, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno correspondiente con el número III-366/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas. Ahora, cabe referir que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Antecedentes del asunto. Ahora, para mejor comprensión de lo que se expondrá, conviene hacer la relación de antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la quejosa en la demanda de amparo nos ocupa, como se verá a continuación: 1) El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la quejosa Laura Gamiño Ortiz, por conducto de su apoderado jurídico, presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortes, con cargo de Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, lo cual dio origen a la carpeta de Investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, por el delito de negligencia, desvío o abuso de autoridad y consecuentemente corrupción. 2) El diez de marzo de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, declinó competencia en razón de la materia en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. 3) Posteriormente, la peticionaria del amparo presentó impugnación contra la determinación mencionada de la cual conoció el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, por lo que se formó el cuaderno de Antecedentes número 00185/2021, NUC 1003-2021-04844. 4) En seis de abril de dos mil veintiuno, el Juez mencionado determinó improcedente dicha impugnación, bajo el argumento que no era factible convocar a una audiencia para revisar la decisión de declinar competencia por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que no está facultado para revisar cualquier tipo de decisión del Ministerio Público, pues la resolución que se pretendió someter a revisión es una decisión interna, meramente administrativa, que orgánicamente obedece a la distribución de cargas laborales al interior de la Fiscalía. Ubicación del acto reclamado acorde a la naturaleza de la autoridad responsable. Con la anterior narración de antecedentes, es oportuno tomar una pausa para, de igual manera, ubicar en qué etapa procesal surge el acto reclamado; lo anterior, a fin de determinar las reglas de procedencia de la acción constitucional intentada. Para efectos del juicio de amparo, el procedimiento empieza con la presentación de la demanda y culmina con la emisión de la sentencia; por ello, la propia ley de la materia estipula la posibilidad de impugnar actos dictados antes, durante y fuera del procedimiento. Así, la Constitución Federal en el numeral 107, fracción III, inciso b), prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en tratándose de actos fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo en el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. De lo que se advierte, la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos antes, durante o después de concluido el procedimiento, siempre que se trate de actos de imposible reparación. Ilustran al respecto los criterios siguientes: Jurisprudencia 1a./J. 23/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 200392, de rubro y texto: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS. Siendo los medios preparatorios a juicio, determinadas diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, y que las mismas no forman parte del juicio, ya que como su nombre lo indica preparan, pero no son el mismo, aunque sirvan de apoyo a la acción o excepción que se intente, la falta de emplazamiento a tales medios preparatorios, debe estimarse como un acto ejecutado fuera de juicio, ya que éste debe entenderse como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma hasta que se dicta sentencia definitiva, y contra esa irregularidad es procedente el amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, habida cuenta que la falta de emplazamiento resulta ser una violación que de resultar fundada deja sin defensa al quejoso ante tales diligencias previas. Sin que sea obstáculo para su procedencia el que la falta de emplazamiento no sea un acto de imposible reparación, pues no se trata de actos realizados dentro del juicio como lo establece la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, interpretada a contrario sensu". Jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2003301, de contenido: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". Jurisprudencia 1a./J. 55/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 182599, de contenido: "MEDIDAS PROVISIONALES. LAS DICTADAS POR EL JUEZ DEL PROCESO VINCULADAS A LA RESTITUCIÓN DE INMUEBLES RELACIONADOS CON EL DELITO DE DESPOJO, SON SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADAS POR EL INCULPADO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. La resolución emitida en el incidente sobre restitución provisional de un inmueble materia del delito de despojo a favor del ofendido, encuadra dentro del concepto de acto de ejecución irreparable, dado que es patente que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del procesado poseedor del mismo, en tanto le priva de la facultad de usarlo y disfrutarlo todo el tiempo que dure el proceso, lo cual no sería susceptible de repararse, pues aun cuando exista la posibilidad de que dicha medida pudiera ser modificada o revocada por alguna causa superveniente, como sería el caso de que se concediera al inculpado la protección constitucional contra la resolución de la Sala que confirmó el auto de formal prisión decretado al quejoso; de que pudiera prosperar algún incidente de desvanecimiento de datos; de que el afectado fuera absuelto en la sentencia definitiva; o bien, de que se le pudiera conceder el amparo promovido en la vía directa, en caso de serle adversos los fallos de primera y segunda instancias, esto no le restituiría de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que esté en vigor la medida precautoria". Jurisprudencia 1a./J. 6/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 164629, de contenido: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo". Con base en lo hasta aquí expuesto, en el caso a estudio, tenemos que el acto reclamado se emitió fuera de juicio. Lo anterior es así, dado que en el presente asunto el acto reclamado se emitió en un procedimiento de impugnación ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en su carácter de Juez de Control, con base en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, resolvió improcedente que ese órgano de control convoque a una audiencia para revisar la decisión de declinar competencia por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a la Fiscalía, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para conocer de la denuncia presentada en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortés, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, la cual quedó registrada con el número de carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, por los delitos de negligencia, desvío o abuso de autoridad y corrupción, ya que la resolución que se pretendió someter a revisión es una decisión interna, meramente administrativa, que orgánicamente obedece a la distribución de cargas laborales al interior de la Fiscalía. Es decir, la indagatoria de origen se encuentra en el inicio de la etapa de investigación, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la clasificación de las etapas del procedimiento penal y, al ser así, es obvio que el acto impugnado se emitió fuera de juicio. Génesis del acto reclamado como elemento a ponderar para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el caso, como quedó precisado en apartados anteriores, el acto reclamado se emitió fuera de juicio; ahora, para poder asumir una determinación sobre el tema de la procedencia, es necesario establecer, como ya se dijo, que el acto reclamado se dictó dentro de un procedimiento de impugnación ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en su carácter de Juez de Control, con base en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedimiento que tiene por objeto revisar las determinaciones del Ministerio Público que se emiten en la etapa de investigación inicial, de lo que se sigue que es un acto intraprocesal, respecto del cual la procedencia del juicio de amparo estaría condicionada a que se viole algún derecho sustantivo. Para decidir si en el caso se viola algún derecho sustantivo, por tratarse de una resolución emitida en un medio de impugnación, primero se tendría que establecer que con la inadmisión de ese medio, el acto que se pretendió impugnar quedará firme [declinatoria de competencia], de manera que los efectos materiales en realidad los produce el acto primigenio y, por tanto, en la medida en que el acto original viole derechos sustantivos será procedente el juicio de amparo. El acto reclamado fue dictado fuera de juicio, mismo que no es de imposible reparación dado que no afecta derechos sustantivos. Con base en lo ya narrado, conviene ahora destacar el contenido de la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, así como el arábigo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, que respectivamente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Artículo 107 Constitucional. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". De lo que se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados fuera de juicio, ya sea cuando se trata de procedimientos conclusivos (como la determinación de una responsabilidad administrativa o fiscal o el no ejercicio de la acción penal, que definen alguna cuestión que impedirá que ese procedimiento continúe, como la caducidad o prescripción del ejercicio de una atribución), o bien, cuando no teniendo esa característica, entonces per se tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 22/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". De igual forma, cobra aplicación a lo antes precisado, la jurisprudencia 3a. 43 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". En la especie, el acto reclamado, como se asentó, se hizo consistir en lo siguiente: La resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el cuaderno de antecedentes 000185/2021, NUC 1003-2021-04844, en la que el Juez mencionado declaró improcedente la impugnación hecha valer por la parte quejosa, en contra de la declinatoria de competencia realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para conocer de la denuncia presentada en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortés, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, la cual quedó registrada con el número de carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, por los delitos de negligencia, desvío o abuso de autoridad y corrupción. Lo anterior, ya que consideró no estar facultado para revisar cualquier tipo de decisiones del Ministerio Público, además que la declinatoria de competencia es una decisión interna, meramente administrativa, que orgánicamente obedece a la distribución de cargas laborales al interior de la Fiscalía. De ahí que, al inadmitirse la impugnación que hizo valer la parte quejosa, la declinatoria de incompetencia por cuestión de materia realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para conocer de la denuncia presentada en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortés, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, que pretendió combatir quedó incólume y, al ser así, los efectos materiales en realidad los produce objetiva y jurídicamente dicho acto primigenio, el cual no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, ya que sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales, como enseguida se expondrá. Como quedó establecido en párrafos precedentes al desecharse la impugnación que hizo valer la solicitante del amparo en contra de la declinatoria de incompetencia realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para conocer de la denuncia presentada en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortés, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, por los delitos de negligencia, desvío o abuso de autoridad y corrupción, es obvio que dicha declinación quedó firme. Sin embargo, dicho acto no puede considerarse como de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos de la directa quejosa, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales, toda vez que sus consecuencias se reducen únicamente a la remisión de la carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021 a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, pero ello no implica determinación de la inacción o archivo de la acción penal, tampoco que se le imponga una carga a la quejosa y, al ser así, no existe afectación en la esfera jurídica de la solicitante del amparo respecto a la transgresión de alguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues al quedar incólume la resolución del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la cual se declaró legalmente incompetente para conocer de hechos posiblemente constitutivos de un delito y ordenó remitir la carpeta de investigación iniciada a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, por virtud de la decisión de declarar improcedente la solicitud contenida en el acto reclamado en este asunto, esta potestad federal considera que éste no es reclamable en amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, pues se reitera, con ese actuar no se está en presencia de una determinación que produzca la inacción o archivo de la indagatoria de origen, que son las situaciones jurídicas que, entre otras, podrían revelar la lesión a un derecho sustantivo de la parte quejosa; de ahí la improcedencia del juicio de amparo en estudio. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por analogía jurídica, la jurisprudencia 40, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Bajo esa tesitura, se estima actualizada la referida causa de improcedencia antes invocada, al tratarse la determinación impugnada de un acto dictado fuera de juicio, que no es de imposible reparación. Habida cuenta, no se soslaya que en el presente asunto también se actualiza una diversa causal de improcedencia, en contra de la resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, que declaró improcedente la impugnación hecha valer por la quejosa, por virtud de la cual quedó firme la declinatoria de competencia realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado para conocer de la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, específicamente la establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dispositivos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Ello, atendiendo a la interpretación sistemática -sentido estricto- que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de esos preceptos en relación con el artículo 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales indican la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. Dicha interpretación sustenta que los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. La mencionada causal también se actualiza, ya que en el caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguno de los supuestos establecidos por el Alto Tribunal, porque si bien en el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, declinó competencia en razón de la materia a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al considerar que corresponde a este último, conocer de los hechos denunciados en la carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, la cual fue impugnada por la solicitante del amparo y desechada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en su carácter de Juez de Control, con base en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se encuentra firme, pues a la demanda de amparo no obra documento alguno que ponga de manifiesto que a la fecha de presentación de la demanda, algún agente de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la haya aceptado; por tanto, no puede considerarse como un acto definitivo que afecte de manera cierta, actual o inminente la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Se invocan como apoyo a lo expuesto en el apartado anterior, por similitud jurídica, las tesis de jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) y P./J. 29/2015 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respectivamente establecen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo". Es decir dicha improcedencia también se justifica en el presente asunto, ya que aún no está acreditado que la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, haya admitido o rechazado la competencia declinada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; máxime que ninguno de los numerales de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, establece la obligación a cargo del fiscal declinado de aceptar esa competencia y al ser así, también está en condiciones de rechazarla por las razones y fundamentos que para ello considere. De ahí que al no ser definitiva dicha declinatoria, sería lógico pensar que dicha circunstancia tampoco ocasionaría afectación a la esfera jurídica de la quejosa y, con base en ello, podría actualizarse la causal de incompetencia invocada, en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. En ese contexto, se considera que la resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en el cuaderno de antecedentes 000185/2021, NUC 1003-2021-04844, en la que declaró improcedente la impugnación hecha valer por la parte quejosa, en contra de la declinatoria de competencia realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en favor de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para conocer de la denuncia presentada en contra de la licenciada Itze Zuitlaltzin Flores Cortés, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, la cual quedó registrada con el número de carpeta de investigación 1003202104844, expediente MOR/053/22562/2021, por los delitos de negligencia, desvío o abuso de autoridad y corrupción, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que, pueda ser sometido a estudio constitucional. Sin que se pase por alto que la promovente del amparo, manifieste en el primer párrafo de la página 6 de su demanda de amparo, apartado relativo a los conceptos de violación, que considera indebida la determinación emitida por el Juez de Control en la que se consideró legal la declinatoria de incompetencia en razón de la materia, ya que los hechos que se investigan son delitos de los cuales debe de conocer exclusivamente, por su competencia, la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, toda vez que esa Fiscalía no existe en el organigrama de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Sin embargo, de la búsqueda que la secretaria encargada del presente asunto realizó en internet, concretamente en la página www.congresomich.gob.mx en donde se puede consultar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y, de ella se obtuvo que el artículo 23, prevé la estructura orgánica de dicha dependencia, en donde se localiza la Fiscalía de Asuntos Internos, en su fracción X. Lo antes expuesto invalida el argumento de la quejosa y, por ende, dicha manifestación no es obstáculo para determinar la improcedencia de la demanda de amparo. Desechamiento. Por todo lo antes expuesto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción IV, primer párrafo de la Ley de Materia y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. En ese orden, con fundamento en numeral 113 de la misma legislación, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos fundamentales de cuenta. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contraria al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Domicilio. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Abasolo número 368, centro histórico de esta ciudad y autorizando únicamente para ese efecto a José Silva Sotelo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionan en dos turnos; a saber: (i) turno matutino presta servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hace de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas e integración al expediente electrónico. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).
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