Laura Fracisca Pérez Huerta
Expediente 474/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Laura Fracisca Pérez Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por desechada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notificación personal
- Principal
I. Cumple prevención. Vista el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el ocho de los actuales, la quejosa ***, compareció a este órgano jurisdiccional y ratificó el contenido y firma del escrito recibido el veintinueve de julio del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado; con el cual desahoga el requerimiento que se le realizó en proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis (fojas 11 a 14). II. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMICION QUE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLESE RECLAMA: Alteración, destrucción, y uso indebido, de la evidencia asegurada consistente en un vehículo Marca Ford, Tipo Pick-Up, Modelo 1989, Color Negro, Placas EX67071, Serie No. 1FTEX15Y9KKA40896; que fue asegurado como instrumento del delito de Homicidio, perpetuado por el C. RAÚL BRIONES BRIONES, en perjuicio de mi hoy finado hijo JORGE PEDRO PÉREZ HUERTA.". "a).- De la autoridad responsable denominada Ministerio Público Adscrito al Juzgado responsable, se reclama la omisión de preservar adecuadamente el vehículo Marca Ford, Tipo Pick-Up, Modelo 1989, Color Negro, Placas EX67071, Serie No. 1FTEX15Y9KKA0896; que como instrumento y evidencia del delito fue asegurado por el Ministerio Publico Investigador; y que en los términos del artículo 225 del Código de Procedimientos Penales del Estado, corresponde asegurar y preservar adecuadamente, a la autoridad Investigadora, y que en el caso le subsiste tal responsabilidad al Ministerio Público Adscrito, dada la consignación de la averiguación previa, juntamente con el vehículo descrito anteriormente, mediante auto de fecha 17 de junio del 2014. Omisión que ha traído como consecuencia la destrucción parcial del vehículo. b).- De la autoridad responsable denominada C. Juez de Primera Instancia en Materia penal, con residencia en Sabinas, Coahuila, se reclama la omisión de acordar el aseguramiento adecuado, del vehículo Marca Ford, Tipo Pick-Up, Modelo 1989, Color Negro, Placas EX67071, Serie No. 1FTEX15Y9KKM0896; en los términos del artículo 296 fracción IV, del Código de Procedimientos Penales del Estado, a fin de preservar adecuadamente el vehículo descrito anteriormente, como objeto y evidencia del delito; igualmente como secuestro de oficio, para garantizar la reparación del daño, en los términos del articulo 283 del mismo Código Procesal. Omisión que ha traído como consecuencia la destrucción parcial del multicitado vehículo. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar el contenido de los citados preceptos legales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es la causa penal 125/2014, de donde emana el acto reclamado), el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos jurisdiccionales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, que con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la actual Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no contempla aquellos actos intraprocesales, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable; ocasionar el retardo grave del fallo definitivo; provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: *** Asimismo, por las razones que la informan, la jurisprudencia que a la letra dice: *** En ese contexto, como se dijo, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de actos de imposible reparación. Luego entonces, si en el caso concreto se reclama la omisión de preservar adecuadamente el vehículo ***; que fue asegurado como instrumento del delito de homicidio, perpetuado por ***, en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de ***; y la omisión de acordar el aseguramiento adecuado del aludido automotor, es evidente que dichos actos sólo producen efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme. Por tanto, las consecuencias de dichas omisiones no revisten el carácter de imposible reparación. Inclusive, las violaciones que en su caso se llegaren a cometer con el dictado de la resolución que por esta vía se combate, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si la sentencia que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del peticionario de amparo, pero de no ser así, este último podrá reclamarlo en amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I y 171, de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..." Por tanto, si los actos reclamados en este asunto, corresponde a unos dictados dentro de juicio, con carácter intraprocesal, que no tienen una ejecución de imposible reparación, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubican en la hipótesis normativa contenida en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que alude a la afectación material de algún derecho sustantivo reconocido, que amerite su inmediato análisis constitucional, porque sus consecuencias, de momento, no son susceptibles de afectar inmediatamente y de modo irreversible alguno de los derechos fundamentales. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I.7º.T.J/21 emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tomo 75, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, página cuarenta y uno, registro 213003, materia laboral, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: *** Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el escrito presentado a nombre de ***, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de julio del presente año, ello para estar en aptitud de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo. Empero, toda vez que la firma que aparece al calce del ocurso de cuenta, difiere notoriamente de la que fue asentada en la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo; requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en horas y días hábiles (de lunes a viernes de nueve a quince horas), comparezca a este Juzgado de Distrito y ante la presencia judicial, previa exhibición de su identificación oficial vigente, ratifique o no, según sea el caso, el escrito de referencia, así como la firma que obra en el mismo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho escrito, con las consecuencias legales que ello contrae.
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