Laura Flores Trujillo
Expediente 413/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Laura Flores Trujillo
Actuaciones
- Principal
CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Esm/SKJG
- Principal
Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual, se desechó la demanda; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. archívese el presente expediente como asunto concluido. se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió adjuntos a su escrito de demanda, en la inteligencia que de no comparecer a recogerlos en el plazo de 90 días, los mismos, serán destruidos junto con el expediente principal dentro de plazo previsto para dicha destrucción en este auto.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** en su carácter de apoderada legal de la directa quejosa ***, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 413/2023-V-A, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E-. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. El cuaderno impreso que se forme en este asunto contendrá las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que se reciban y generen tanto en forma física como electrónica. Determinación que se adopta sin que pase inadvertido que el artículo 3, fracción III y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente tiene validez legal suficiente y constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Sin embargo, la anterior determinación se adopta con el objeto de garantizar en forma efectiva a las partes el acceso a las constancias que integran este expediente, tomando en consideración que del séptimo transitorio del citado Acuerdo General se advierte que se estableció un plazo de cuatro meses para la instalación de dispositivos electrónicos que permitan la consulta de expedientes y la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, y dado que a la fecha no se cuenta con ellos, las partes aún no están en posibilidad de consultar por los medios previstos en dicho Acuerdo las constancias de autos. En el entendido que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Los cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. Fijación del acto reclamado Del escrito inicial de demanda, se desprende que el promovente reclama como acto: La negativa por parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, de pagar a la quejosa pensión por viudez, ante la muerte de su concubino ****. Decisión sobre la instancia constitucional Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Estos preceptos autorizan a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, de registro 221353, de la Octava Época, publicada por el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Materia(s): Común, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Ahora, de la lectura integral de demanda, se desprende que la parte promovente reclama la negativa por parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, de pagar a la quejosa pensión por viudez, ante la muerte de su concubino ****. Luego, debe decirse que del análisis del acto reclamado, los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y las constancias que adjunta a su escrito inicial, obtenemos que la demanda de amparo que nos ocupa deviene notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En la especie, al analizarse la demanda constitucional, de conformidad con jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"; este Juzgado de Distrito, advierte que el promovente combate esencialmente: -La negativa por parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, de pagar a la quejosa pensión por viudez, ante la muerte de su concubino **** Bajo ese tenor, el acto reclamado que alude el quejoso, no es un acto de autoridad, ya que entre parte quejosa ***en su calidad de concubina del fallecido jubilado ****, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una relación de coordinación y no de supra a subordinación; en ese sentido, tal determinación no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que surge de una prestación a que tiene derecho, el fallecido jubilado ****en su calidad de trabajador de Luz y Fuerza del Centro, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. En efecto, los artículos 295 de la Ley de Seguro Social y los numerales 899-A, 899-B y 899-C y 899-D de la Ley Federal de Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia al Tribunal federal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. "Artículo 899-B. Los conflictos individuales de seguridad social, podrán ser planteados por: I. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social; II. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios; III. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a esta Ley o sus beneficiarios; y IV. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener: Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad; Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide; Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. (.)" Entonces, de los preceptos previamente citados, se prevé que el juicio de amparo no es el medio para impugnar tal acto, pues en el caso, el acto reclamado no es un acto de autoridad ya que la negativa a otorgar una pensión por viudez a la quejosa, ante la muerte de su concubino Carlos Hernández Islas, surge de una prestación a que tiene derecho en su calidad de trabajador su concubino fallecido, en la que se entabla una relación de coordinación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. En consecuencia, la quejosa tiene a su alcance la vía laboral, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo existente entre ésta y las autoridades responsables, la cual es de naturaleza obrero patronal, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, la autoridad referida como responsable no actúa con potestad de imperio en los actos que reclama la parte recurrente; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía laboral ante la autoridad correspondiente. Por tanto, no puede estimarse que las autoridades responsables tengan el imperio que reviste a una autoridad, de ahí que este juzgador está imposibilitado a su estudio, por ser un conflicto derivado de un acto realizado entre particulares. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Por tanto, aun cuando esos actos reclamados ocasionaran algún perjuicio al agraviado, no es reclamable a través del juicio biinstancial, ya que a los Tribunales laborales locales y federales se le ha dotado, entre otras facultades, la de conocer y resolver los conflictos que se suscitan entre sus asegurados y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente Es aplicable, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Intervención a las partes en el juicio de amparo. Parte quejosa. a). Domicilio. Toda vez que el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica la parte quejosa en su demanda se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, se tiene como tal la lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 126, fracción III de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la normativa aplicable, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registradas las cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, las cuales en su momento serán localizadas, esto es, cuando lleguen a ejercer su mandato y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que cita. Señalamiento de medios de comunicación remota. Se tiene por señalado el correo electrónico que cita en su demanda, únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Copias y reproducción de constancias. a) Solicitudes de expedición de copias. Hágase del conocimiento a las partes que no será necesario que soliciten la expedición copias de las constancias que integren el expediente electrónico y/o físico. Para el caso de las constancias que integren el expediente electrónico, podrán obtener por sí, copias simples de las que no incluyan la evidencia criptográfica y copias certificadas de las que cuenten con dicha evidencia. Lo anterior, de conformidad al artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que establece que las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Sólo en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Por lo que, a efecto de agilizar el trámite de este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes, hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal: ellos por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE POR LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. esm
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